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22abr11
El revolcón a la Comisión de Acusaciones
La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes vive días cruciales. Por un lado, entre el cúmulo de investigaciones que tiene represadas, hay dos que han acaparado la atención mediática: las investigaciones previas contra el expresidente Álvaro Uribe por la llamada ‘yidispolítica’ y por los abusos de las ‘chuzadas’ del DAS.
Pero simultáneamente desde muchos sectores, políticos y académicos, la inoperancia de la Comisión ha sido blanco de críticas. Más allá del pesado lastre, de ser llamada la comisión de absoluciones, hay quienes proponen su eliminación.
Por eso, los 17 representantes que hoy la integran, muchos de ellos novatos en el Congreso, tienen la responsabilidad de cambiar la historia.
Más allá que los resultados de sus investigaciones sean concluyentes, o arrojen las conclusiones que más satisfagan a la opinión pública, mantener la función de la Comisión es el principal reto, más aún cuando allí se investigan a los funcionarios aforados que constituyen las más altas dignidades del Estado.
Esa circunstancia ha motivado a que los miembros de la Comisión hayan diseñado un conjunto de reformas que tienen como propósito elevar su trascendencia.
Unas reformas que le plantearon al ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, para que este la incluya en la reforma a la justicia que el gobierno presentará en el Congreso el próximo 20 de julio.
El propósito es que la Comisión tenga más dientes para adelantar los juicios especiales que ordena la Constitución. Garantizar la independencia de los procesos, e incluso aumentar las competencias de la comisión.
La propuesta no deja de ser controvertida, precisamente porque la opinión pública podrá calificar como excesivas las pretensiones de una comisión que históricamente ha quedado en deuda.
Expedir medidas de aseguramiento
Hoy, los funcionarios aforados y que son investigados por la Comisión de Acusaciones no pueden ser detenidos, ni siquiera en la comisión flagrante de un delito. El Congreso no tiene la capacidad de ordenar arrestos ni expedir medidas de aseguramiento.
La propuesta es que en caso de “flagrante delito” los aforados serán aprehendidos y puestos a “inmediata” disposición de la Comisión de Acusaciones.
Gonzalo Pinzón, secretario de la Comisión, defiende esta propuesta al señalar que hay una descompensación con los demás ciudadanos del común pues en materia penal las investigaciones deberían funcionar como cualquiera que adelante la Fiscalía o la Corte Suprema de Justicia”.
Juicios especiales, con doble instancia
Actualmente, la Comisión de Acusaciones sólo tiene la función de investigar y acusar ante la plenaria de la Cámara de Representantes, instancia encargada de juzgar y calificar la investigación y determinar las sanciones.
La propuesta es que además de las funciones actuales, la Comisión tenga la capacidad de “juzgar los delitos y sancionar en primera instancia”, para que la plenaria de la Cámara de Representantes sea la segunda instancia para los funcionarios aforados.
Investigar a vicepresidente, procurador y contralor
La propuesta de reforma a la justicia planteada por la Comisión de Acusaciones también pretende que en esta célula se investiguen al Vicepresidente de la República, al Procurador General y al Contralor General. Una propuesta polémica en la medida que el Procurador y el Contralor son funcionarios elegidos en el seno del Congreso de la República.
Gonzalo Pinzón considera que en la actual legislación “hay vacíos” sobre el fuero de estos tres funcionarios.
Hoy, la Comisión de Acusaciones investiga al Presidente de la República, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura, así como al Fiscal General.
Fuero para representantes investigadores
Una de las recientes controversias políticas se ha producido porque la Corte Suprema investiga a congresistas, y el Congreso es quien investiga a los magistrados. En ese sentido, con el propósito de garantizar “mayor independencia”, la Comisión de Acusaciones propone que sus miembros no sean investigados por la Corte Suprema.
Sería una especie de fuero. La propuesta señala que los 17 representantes de esta Comisión sean investigados por una Sala Especial Judicial la cual estaría conformada por dos conjueces de la Corte Suprema de Justicia, dos conjueces del Consejo de Estado, tres conjueces de la Corte Constitucional y tres conjueces de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Según Pinzón, esta propuesta busca que la investigación para las demandas de pérdida de investidura de los miembros de la Comisión no sean conocidas por el Consejo de Estado, y las investigaciones penales no sean conocidas por la Corte Suprema de Justicia. “Con esa sala especial judicial se busca la independencia de los procesos judiciales que se adelantan en el Congreso”.
Eduardo Enríquez Maya, constitucionalista y senador conservasdor, sostiene que más allá de la reformas, la Comisión de Acusaciones debe atender una sugerencia de la Corte Suprema de Justicia y es que esté conformada, exclusivamente, por los más calificados juristas que hagan parte de la Cámara de Representantes.
La propuesta está en manos del Gobierno que aún no se ha pronunciado sobre su conveniencia. Probablemente sea objeto de discusión el próximo 21 de mayo, fecha en la que el ministro del Interior adelantará un último intento por concertar con las altas cortes, y los partidos políticos, la reforma a la justicia para presentarla en el próximo periodo legislativo.
[Fuente: Revista Semana, Bogotá, 22abr11]
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