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06jul10
Victorias políticas, derrotas jurídicas: una marca del Gobierno Uribe
Termina el segundo período de Álvaro Uribe, el Presidente más popular de la historia reciente del país. Pero, con la llegada del 7 de agosto, no llega el punto final de su obra. La fecha es un signo de puntos suspensivos, pues la banda presidencial le será entregada a Juan Manuel Santos, quien promete cuidar su legado.
Un balance de los resultados de la era Uribe fluctúa entre las victorias políticas del mandatario -quien logró mantener altos índices de popularidad hasta el final de su mandato- y las derrotas en el campo legal; algunas de estas derrotas son consecuencia, precisamente, de pasar por alto las reglas de juego en aras de conseguir los objetivos.
Dentro de los logros del Gobierno se cuentan el debilitamiento Farc, la disolución de los grupos paramilitares, el combate al narcotráfico, el mejoramiento del clima para la inversión extranjera, todo enmarcado en su política de seguridad democrática.
Pero dentro de sus fracasos están los procesos a integrantes de su gabinete, a funcionarios, militares y congresistas que defendió, y el hundimiento de proyectos a causa de los protuberantes vicios con los que se promovieron, entre otros.
De la decepción a la reelección
El discurso de Uribe de mano dura contra las Farc y contra la corrupción caló en una sociedad desencantada por el frustrado proceso de paz de la era de Andrés Pastrana. Por esta razón, Uribe ganó la primera elección en 2002, y se convirtió en el primer Presidente en llegar a la Casa de Nariño en la primera vuelta electoral (la segunda vuelta electoral fue instaurada con la Constitución de 1991).
Tras los primeros dos años de gobierno, Uribe se empeñó en promover una nueva reelección Presidencial con el argumento de que en un solo período no alcanzaría a terminar la tarea que se había propuesto. Atrás fue quedando su promesa de acabar con la corrupción en la política, y por el contrario, el Gobierno pasó a ser protagonista de graves escándalos como la parapolítica, la yidispolítica y las 'chuzadas', entre otros.
Así, en el telón de fondo, la democracia colombiana transcurrió encerrada en una paradoja: muchos de los fines legítimos del Gobierno fueron conseguidos al precio de la desinstitucionalización del Estado.
Fue por esta razón que en la recta final del Gobierno, mientras se alistaba el candidato oficialista, Juan Manuel Santos, a sucederlo, surgió un duro contendor. Antanas Mockus encarnó el descontento con los esguinces a la Ley de un sector de la población. No obstante, el uribismo logró contener el entusiasmo de quienes reclamaban logros pero sin "tomar atajos".
Ahora, Santos, el candidato del uribismo, asumirá la Presidencia con una propuesta de continuidad de las políticas más exitosas del Gobierno saliente. No obstante, su mensaje ha sido mucho más conciliador y de menos confrontación con los poderes públicos, lo que podría ahorrarle derrotas jurídicas como las que le ha tocado asumir al Gobierno saliente.
Vale la pena echar un vistazo a la recurrente marca que selló estos ocho años de Uribe: varios de sus logros están salpicados de manchas; algunas tan protuberantes que amenazan la sustentabilidad de la paz que con tanto ahínco persiguió.
Como lo describe la politóloga y periodista María Teresa Ronderos en su artículo 'El Pacificador', publicado por la revista Gatopardo:
"El presidente Uribe salvó a Colombia de un abismo de desesperanza. Pero no supo encaminar al país hacia una paz sustentable. Evitó que el Estado colombiano sucumbiera, pero socavó la institucionalidad democrática que había sobrevivido todos los embates violentos del último cuarto de siglo".
Estatuto antiterrorista
Era uno de los bastiones del Gobierno para combatir a los grupos ilegales. Pero, aunque nació tras el ataque terrorista al club de El Nogal, muy pronto polarizó a la opinión pública entre quienes creían que era una apuesta de derecha dura, que restringía los derechos individuales, y quienes consideraban que era necesario dotar a la Fuerza Pública de mayores herramientas en la lucha contra el terrorismo.
Este proyecto fue, durante los primeros dos años del gobierno de Uribe, el caballito de batalla entre los partidarios del Presidente y sus más enconados opositores. Después de un difícil trámite en el Congreso fue aprobado en diciembre de 2003 el acto legislativo que reformaba la Constitución para concederles facultades de policía judicial a las Fuerzas Militares, un viejo anhelo del estamento castrense.
Ex constituyentes, columnistas, ONG de derechos humanos y la ONU cuestionaron desde el empadronamiento, hasta las interceptaciones y las capturas sin orden judicial incluidas en la ley. Finalmente, el 30 de agosto de 2004, la Corte Constitucional lo declaró inexequible por un vicio de trámite, pues de sólo 83 representantes a la Cámara, de los 84 que completan el quórum decisorio, votaron la polémica iniciativa.
Las personas afines al Gobierno criticaron a la Corte aduciendo que estaba legislando. Esa respuesta comenzó a mostrar la posición que asumiría el Gobierno frente al poder judicial, cuando éste no estuviera de acuerdo con sus posturas.
Primera reelección
Todavía no se conoce toda la verdad sobre cómo fue que el Congreso aprobó el proyecto de reelección presidencial, en 2004. La ex congresista Yidis Medina se autoincriminó en el delito de cohecho. Aceptó haber recibido coimas a cambio de su voto favorable al acto legislativo que cambió la Constitución para permitir la reelección presidencial inmediata.
Por la misma razón fue condenado el ex representante Teodolindo Avendaño, quien se ausentó de la votación del proyecto en la Comisión primera de la Cámara de Representantes, el día que ésta célula legislativa lo iba a votar. Según lo pudo comprobar la Corte Suprema de Justicia, Avendaño recibió a cambio la administración de una notaría que después vendió.
No obstante, a pesar de estas dos condenas por cohecho, los funcionarios oferentes de las prebendas no han sido sancionados. El ex ministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt afronta un juicio por su presunta responsabilidad en los hechos.
A la par surgió otro escándalo conocido como "la feria de las notarias". El ex Superintendente de Notariado y Registro Manuel Guillermo Cuello Baute, le entregó información a la justicia sobre cómo, presuntamente, se asignaron notarías a políticos a cambio de sus votos a favor de la reelección. Por los hechos también están investigados varios congresistas de la coalición oficialista.
Parapolítica
El jefe paramilitar desmovilizado Salvatore Mancuso dijo en una ocasión que el poder de las AUC había logrado conquistar el 30 por ciento del Congreso. No estaba lejos de la realidad: 107 congresistas tienen procesos judiciales, 21 fueron condenados y varios están en etapa de juicio. También fueron condenados 3 gobernadores y 16 son procesados.
La mayoría de estos políticos pertenecían al uribismo. Entre los procesados hay 4 jefes de partidos. Uno de ellos es Mario Uribe Escobar, jefe de Colombia Democrática y primo del mandatario. La investigación en su contra fue el detonante de los embates del Gobierno a la justicia. Según el magistrado Julio Valencia Copete, en una ocasión Uribe lo llamó para preguntarle por el caso de su primo. El Presidente rechazó la sindicación y demandó al magistrado por injuria y calumnia, quien se ha ratificado en su denuncia.
En varias ocasiones el Jefe de Estado argumentó persecuciones de la justicia y defendió a los congresistas y funcionarios salpicados por sus nexos con paramilitares, entre ellos, ex integrantes del DAS que están en etapa de juicio. Además, la coalición de Gobierno ha hecho intentos por cambiar el mecanismo de juzgamiento de los congresistas, con el argumento de que no tienen garantías, pues por ser aforados no tienen una doble instancia. Las investigaciones continúan.
'Raúl Reyes'
La Operación Fénix fue el nombre del bombardeo ordenado por el Presidente Uribe a un campamento de las Farc en territorio ecuatoriano. El golpe a las Farc no contó con el permiso del presidente de ese país, Rafael Correa, razón que llevó a la región a un conflicto diplomático.
La comunidad internacional rechazó la violación de la soberanía de Ecuador tras el ataque al campamento de 'Raúl Reyes', el 1 de marzo de 2008. En el hecho, considerado como exitoso por el Gobierno, murieron 25 personas, entre ellas varios extranjeros.
Tras el rifirrafe, Uribe se comprometió a respetar las fronteras y pidió perdón. No obstante, las relaciones diplomáticas con Ecuador quedaron averiadas, y hasta ahora, no se han restablecido.
Además, el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos y hoy Presidente electo tiene abierto un proceso ante la justicia del vecino país. El Gobierno colombiano ha alegado que la demanda no procede porque la actuación es responsabilidad del Estado colombiano y no solo de la cartera de Defensa.
Aunque es improbable que la demanda contra Santos pase a mayores, la actuación del gobierno colombiano quedó en entredicho por la consecución de sus objetivos, independientemente de sus métodos.
Falsos positivos
Uno de los escándalos más graves del Gobierno surgió cuando se descubrió que agentes del Estado estaban ejecutando inocentes para mostrar resultados contra la insurgencia.
El oscuro episodio ha sido bautizado por la prensa con el eufemismo de "falsos positivos". Aunque las ejecuciones extrajudiciales siempre han existido en el país, en septiembre de 2004 fue cuando se destapó la olla. El extraño caso de once jóvenes de Soacha que aparecieron muertos en Ocaña, Norte de Santander, en una lista de dados de baja por el Ejército fue el comienzo de un proceso que involucra a militares de todos los rangos.
El Presidente tampoco ha ahorrado esfuerzos para defender a los militares, pues considera que no tienen todas las garantías en los procesos. En su criterio, hay quienes se aprovechan de la situación para deslegitimar al Ejército y bajarle la moral.
Sin embargo, Uribe también ordenó la destitución de 27 oficiales cuando se descubrió que sí hubo negligencia para evitar las ejecuciones, hecho aplaudido por la comunidad internacional.
Sectores de oposición endilgan la responsabilidad sobre las ejecuciones a una directiva del ministerio de Defensa, en ese entonces dirigido por Camilo Ospina, que estableció recompensas para los militares, por guerrilleros muertos. En los últimos años se han registrado más de 2 mil denuncias por ejecuciones de civiles presentados como insurgentes.
A pesar de que el actual Gobierno implementó una política de derechos humanos para hacer la guerra, la imagen de la Fuerza Pública está desmejorada por sus garrafales errores y consecuentes investigaciones de la Justicia.
Segunda reelección
"Son violaciones sustanciales a los principios democráticos", fueron las palabras que usó la Corte Constitucional para referirse a los vicios de procedimiento del referendo que buscaba instaurar la segunda reelección presidencial.
Los vicios de trámite fueron siete, entre los cuales está la violación a los topes de financiación de la iniciativa.
El representante de los promotores de la iniciativa, Luis Guillermo Giraldo, aceptó los cargos ante la justicia penal por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica. Ahora busca un acuerdo con la justicia, pues él intentó burlar a los organismos del Estado que revisaron las cuentas del referendo.
A pesar de que Uribe no era el responsable de la aprobación del proyecto, sí participó en su defensa. Por ejemplo, el Gobierno emitió un decreto para que la Cámara discutiera en horas extras el proyecto.
Además, desde varios medios de comunicación defendió lo que llamó "el Estado de opinión", una suerte de salvaguardia de la "voluntad popular" que estaba, según las encuestas, a favor de la reelección.
Por haber participado en una de las votaciones de la iniciativa están demandados 86 congresistas, por el delito de prevaricato. Según el demandante, el representante Germán Navas Talero, ellos estaban advertidos de que no podían participar en la votación pues la iniciativa no cumplía con los debidos requisitos.
A pesar de todas las movidas políticas para aprobar la consulta, al final, fue declarada inconstitucional pues sus impulsores se valieron de varios atajos, sin importar las consecuencias.
[Fuente: Revista Semana, Bogotá, 06jul10]
Gobierno del Presidente Uribe Vélez
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