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29jun10
Gobierno prepara nombramiento de Fiscal General y reforma a la justicia mediante decreto de excepción.
El presidente Álvaro Uribe Vélez decretaría en las próximas horas el Estado de Excepción en Colombia, con la intención de nombrar Fiscal General de la Nación y aplicar una reforma a la justicia que incluiría la creación de jueces nacionales de garantías y el aumento de penas para algunos delitos.
El Ejecutivo colombiano, que desde el año 2005 sostiene un fuerte enfrentamiento con el poder judicial por el procesamiento de políticos y funcionarios comprometidos en la conformación de una empresa criminal en conjunto con grupos paramilitares, y que en las últimas semanas ha agudizado sus críticas a jueces y fiscales por el encarcelamiento del jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Ministerio de Hacienda, Mario Aranguren, decretaría el estado de Conmoción Interior con la excusa de evitar la excarcelación de delincuentes. Sin embargo, la medida estaría dirigida a nombrar en propiedad al Fiscal General de la Nación, cuyo cargo se encuentra en interinidad desde hace diez meses.
Conforme a la legislación colombiana, el fiscal se nombra de una terna enviada por el Presidente a la Corte Suprema. En esta ocasión la primera terna fue calificada inviable por la Corte, y la segunda, integrada hace ya casi de un mes, está en estudio, pero ninguno de los candidatos ha obtenido los 16 votos mínimos necesarios para ser nombrado Fiscal.
En las últimas semanas el presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, ha propuesto que la figura del Fiscal dependa en forma exclusiva del Ejecutivo, lo que permitiría mantener el control sobre procesos como el del escándalo por la puesta en marcha de un modelo de contrainteligencia desde la policía secreta colombiana (Departamento Administrativo de Seguridad, DAS) para el control social masivo de la oposición, la justicia, el periodismo independiente y los defensores de derechos humanos.
De acuerdo con el artículo 213 de la Constitución Política colombiana, el gobierno sólo puede decretar el estado de excepción en caso de "en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días". De igual manera, establece que el Gobierno tendrá las facultades "estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos".
El gobierno Uribe ha decretado la conmoción interior en dos ocasiones anteriores, agosto de 2002 y octubre de 2008. La primera de ellas fue declarada exequible por la Corte Constitucional, que en todo caso limitó los alcances de los decretos de excepción al recordarle al Ejecutivo que las medidas adoptadas al amparo del estado de excepción deben ser "las estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos”, criterio constitucional desarrollado en los artículos 8 al 14 de la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción (principio de justificación expresa a la limitación de cada derecho, principio de finalidad, principio de necesidad, principio de motivación, de incompatibilidad con las leyes ordinarias, principio de proporcionalidad, principio de no discriminación y principio de subsidiaridad)". En el caso de la segunda, la Corte Constitucional declaró su inexequibilidad absoluta.
En diciembre de 2009, el Gobierno acudió a la figura del estado de emergencia social para decretar un nuevo estado de excepción, el cual también fue declarado inconstitucional, pero la vigencia de los decretos de la misma fue extendida por la propia Corte Constitucional, en una sentencia criticada por diversos juristas en Colombia.
De acuerdo con las informaciones obtenidas por Radio Nizkor, los nuevos decretos de excepción fueron consultados con el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien ha mostrado firme lealtad a las políticas del Gobierno Uribe, con excepción de la declaratoria de la emergencia social en diciembre pasado.
[Fuente: Radio Nizkor, Bogotá, 29jun10]
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