EQUIPO NIZKOR |
|
07feb10
No, no todo vale
Ha sido un verdadero alivio institucional la ponencia radicada esta semana por el magistrado Humberto Sierra Porto en su examen constitucional a la ley que convoca al referendo reeleccionista.
Y no solamente porque su conclusión de que la Corte Constitucional debe declararla inexequible por las flagrantes irregularidades que se cometieron en su trámite sea un obstáculo, sólido y en derecho, al paso victorioso, y por todos los medios, legales e ilegales, que llevaba la posibilidad de un tercer período consecutivo del presidente Uribe. Más importante, quizás, es que este concepto constituye una luz de esperanza sobre la buena salud de las instituciones nacionales ante la pretensión de imponer en el país la tiranía de las mayorías. Las reglas de juego de nuestro acuerdo de convivencia han vuelto a tener un respiro esta semana.
El énfasis en los vicios de forma, que el Procurador soslayó de manera olímpica en su reciente concepto, era inaplazable. El país asistió atónito a toda suerte de escándalos y triquiñuelas empleadas para tramitar y aprobar la ley que convoca al referendo que reelegiría, por segunda vez consecutiva, al presidente Uribe. Y bajo el prurito de que el referendo respondía al deseo de las mayorías, se imponía impunemente la tesis de que todo vale, al paso que el Procurador le aplicaba la máscara legal que le hacía falta. Aun cuando el concepto del magistrado ponente no necesariamente resulte en la inconstitucionalidad del referendo, muy difícil les resultará a sus compañeros de la Corte doblarles el espinazo a los argumentos jurídicos allí planteados.
La pregunta por la que firmaron cerca de cuatro millones de colombianos fue modificada sustancialmente en el Congreso y de una reelección que inicialmente estaba prevista para 2014 se transitó a una que ocurriría en 2010. Quizás sea cierto que eso era lo que querían quienes firmaron, pero eso no fue lo que firmaron. Los promotores del referendo sobrepasaron, también, los topes máximos de dinero en la recolección de firmas hasta llegar a una suma de $2.046 millones, bastante superior a los $334 millones permitidos. Bien advierte Sierra Porto en su concepto lo que validar esta irregularidad representaría: que la expresión ciudadana entre a depender en adelante del dinero que tengan los promotores de cualquier iniciativa. Ya en el Congreso, cinco representantes a la Cámara del Partido Cambio Radical, dos días antes de la votación que definía el futuro del referendo, practicaron sin pudor alguno el transfuguismo para evadir la orden antirreeleccionista que su partido les había impartido. Y en la medianoche del 16 de diciembre, para más desmanes, se convocó a sesiones extras a través de decreto y no hubo publicación en la Gaceta Oficial como es de rigor para el trámite de las leyes.
Al margen de estos cuatro ejemplos de irrespeto a los procedimientos y las normas en los que el magistrado detuvo su atención, el documento entero discute cerca de 20 vicios, algunos juzgados como insubsanables. Inquieta entonces, ante tan evidentes violaciones a las normas legales, que sean aún tan numerosos los colombianos que tildan de política, que no jurídica, la posición del magistrado.
Falta ver, claro está, si la Corte Constitucional acoge la tesis del magistrado ponente o asume el camino de los malabarismos jurídicos para validar la del Procurador. Pero, más allá de si se toman el tiempo necesario para estudiar en derecho la decisión trascendental que tienen en sus manos o si ceden ante la presión por los tiempos que hagan posible el referendo reeleccionista, lo cierto es que al menos esta semana las instituciones y nuestro arreglo democrático han tenido un bienvenido respiro. Ojalá que no sea pasajero.
[Fuente: Editorial, El Espectador, Bogotá, 07feb10]
 | This document has been published on 19Feb10 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |