Equipo Nizkor - La batalla del siglo.

A Álvaro Uribe lo acusan de tantas cosas que por lo general ni él ni sus seguidores las toman muy en serio. Sin embargo, la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso de Iván Cepeda le crea un problema grave. A diferencia de la mayoría de las acusaciones anteriores, esta vez no se trata de un chisme, sino de la posibilidad de un proceso penal. Y como tiene que ver con hechos ocurridos antes y después de su presidencia, no le corresponden a la ineficaz y politizada Comisión de Acusación de la Cámara, sino a la Corte Suprema.

Como se sabe, el expresidente había denunciado al senador Iván Cepeda por hacerle un montaje con dos supuestos falsos testigos para involucrarlo con el paramilitarismo. Uribe, a su turno, consiguió dos contratestigos que lo defendieron de esas denuncias y acusaron a Cepeda de visitar presos en la cárcel para ofrecerles dádivas y protección a cambio de hablar mal de Uribe. En un giro inesperado la corte archivó el caso contra Cepeda y solicitó abrirle una investigación al expresidente precisamente por el mismo cargo: manipulación de falsos testigos. En otras palabras, Uribe pasó de denunciante a denunciado.

Paradójicamente, lo que Uribe decía que Cepeda había hecho tiene algo de cierto. El senador del Polo Democrático efectivamente se reunió con paramilitares presos quienes le habían dirigido cartas para solicitarle una entrevista personal. Era claro que se trataba de denunciar al expresidente por sus supuestos nexos con el paramilitarismo cuando era gobernador de Antioquia. También es verdad que Cepeda después de escucharlos les ofreció ayuda respecto a su seguridad personal y los puso en contacto con una ONG para que los apoyara financieramente.

Iván Cepeda se defiende y aclara que hizo esas visitas a las cárceles como senador y miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Según él, trataba de averiguar el estado de las mismas en temas como hacinamiento y otros. Da a entender que no hizo por iniciativa propia sus contactos con los presos que acusaron a Uribe, sino que ellos lo contactaron cuando vieron el debate que el senador hizo en el Congreso sobre la situación carcelaria del país.

Eso puede ser verdad, pero también es cierto que Cepeda, al encontrar esa mina de oro, la convirtió en su prioridad. Él y Álvaro Uribe se odian de tiempo atrás y la posibilidad de echarle agua sucia al expresidente era el banquete de sus sueños. Como esos testigos en el pasado ya habían denunciado a Uribe sin mayor éxito, lo único que se requería era potenciarlas a nivel nacional para que la Fiscalía les parara bolas, y eso fue lo que hizo el senador. Como por estar condenados los testigos no tenían derecho a beneficios judiciales, lo que hicieron fue pedir protección para ellos, sus familias y mejores condiciones de reclusión. Cepeda les trasladó esos requerimientos a las entidades correspondientes.

La Corte Suprema de Justicia en su investigación escuchó los testimonios de todos los involucrados y pudo confirmar todos esos hechos. Sin embargo, concluyó que la actuación de Cepeda no constituía un delito. Es decir que aunque fuera verdad que había visitado a los presos, que los había animado a dar sus testimonios y que los había puesto en contacto con una ONG, eso no significaba que lo que estos dijeron fuera falso.

Para la Corte Suprema de Justicia, el expresidente Uribe sí pudo haber manipulado testigos. En su providencia de 219 páginas, que incluyen el contenido de interceptaciones telefónicas, testimonios de presos y versiones de otros testigos, el alto tribunal llegó a la conclusión de que los que acusaban a Cepeda no decían la verdad. También la corte estableció que Uribe sí conocía a algunas de las personas mencionadas como supuestos cómplices suyos en la fundación de un bloque paramilitar. Además, registraron que era extraño que un testigo clave de Uribe, un campesino de nombre Óscar Monsalve, exadministrador de la finca Guacharacas, hubiera recibido docenas de llamadas el día que iba a testificar ante la corte, y que esas conversaciones hubieran desaparecido en forma inexplicable de la sala de interceptaciones. La providencia de la corte puntualiza que el teléfono del expresidente nunca fue interceptado y que su aparición en algunas conversaciones obedecía a que sus interlocutores sí lo estaban pero legalmente, pues sobre ellos recaían sospechas.

La corte deduce de la suma de todos estos hechos que los testigos del expresidente Uribe mintieron deliberadamente. El principal abogado de Uribe, Jaime Granados, presentó un recurso de reposición en el cual rechaza las conclusiones de la corte y le pide que vuelva a estudiar el caso. Ese trámite durará una o dos semanas, pero como esa decisión depende de los mismos magistrados que pidieron abrir la investigación, es poco probable que cambien de opinión. Si llegan a confirmar la decisión original, le compulsarían copias del expediente a la misma corte para que inicie en forma el proceso.

Uno de los protagonistas en este importante capítulo en la historia de Colombia es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado José Luis Barceló. Fue él quien desde la Sala de Instrucción presentó la ponencia que tiene al expresidente en problemas. Coincidencialmente, también él falló a favor de Uribe en 2010 ante una denuncia por injuria y calumnia que el periodista Daniel Coronell había instaurado contra el expresidente.

Barceló jugará un papel clave en todas las etapas que pueda tener ese proceso. Si el recurso de reposición del expresidente Uribe lo convence a él y a los otros dos magistrados de la Sala de Instrucción, Luis Hernández y Fernando Castro, de que la primera conclusión fue equivocada, archivarían el caso y ahí terminaría el asunto. De no ser así, le correspondería a Barceló iniciar una investigación preliminar para ver si hay que abrir formalmente un proceso contra el expresidente. Si se llega a esta etapa, Uribe sería llamado a indagatoria, momento en el cual en teoría se le podría dictar o no una medida de aseguramiento preventiva. Obviamente esto no va a suceder. Si las explicaciones de Uribe no son satisfactorias, Barceló presentaría acusación formal contra el expresidente.

De ahí en adelante el caso pasaría a los otros seis magistrados de la Sala Penal quienes tendrían la responsabilidad de llevar a cabo el juicio. En la actualidad esa sería la última instancia que absolvería o condenaría a Uribe.

Ahora bien, como se trata de un caso tan importante en la historia, es probable que acabe tramitado por otra vía que le brindaría mayores garantías al expresidente. El Acto Legislativo 01 de 2018 aprobó crear una doble instancia para los aforados. Es decir, para algunas personas que ocupan altas dignidades. Esa medida tiene su origen en la controversia que produjo el hecho de que los congresistas acusados de parapolítica no tuvieran la posibilidad de apelar sus condenas.

Por esto nacieron dos salas en la Corte Suprema de Justicia, una de instrucción que se ocupará de investigar y acusar, y una de juzgamiento que, como su nombre lo indica, lo juzgaría. Estas salas comenzarán a operar en menos de seis meses, y es seguro que el magistrado Barceló, por prudencia y para maximizar garantías, no va a tomar determinaciones aceleradas hasta que no entren en funcionamiento.

Si ese juicio desemboca en una condena, la decisión podría ser apelada ante la Sala Penal de la misma corte. En la etapa inicial del proceso Barceló sería el hombre clave, pues la Sala hoy tiene la doble condición de investigadora y jueza. Y cuando cambien las reglas del juego y entre en vigencia la doble instancia, la Sala Penal, en la cual él tiene gran influencia, tendrá la última palabra.

Como se ven las cosas hoy Uribe podría ser juzgado por manipulación de testigos y falsa denuncia contra persona determinada. Estos tienen penas de cárcel, pero a ese escenario no se va a llegar. Los colombianos no están dispuestos a aceptar que Timochenko esté buscando la Presidencia y Álvaro Uribe esté tras las rejas. Si esto llegara a suceder, habría serios problemas de orden público. Aun sin condena, el solo hecho de que Uribe llegue a ser llamado a indagatoria generaría un terremoto político. La mitad del país lo cree inocente y objeto de una persecución política, independientemente de las pruebas. Y la otra mitad cree que es culpable, también sin importar si hay pruebas o no.

Y es que en este asunto se mezcla lo jurídico con lo político. Aunque la providencia de la Corte Suprema parece bien sustentada, la fecha de su presentación ha generado suspicacias. El hecho de que se haya proferido a tres semanas de las elecciones ha hecho pensar a muchos que podía haber una intención política. En privado los magistrados argumentan que, después de una investigación de tres años y medio y ante la solicitud conjunta de los abogados de las dos partes de acelerar la decisión, ajustar esta al proceso electoral sí hubiera sido un cálculo político.

Otro argumento político invocado es la disputa histórica entre Uribe y la Corte Suprema de Justicia que llevó a un choque de trenes sin precedentes durante su gobierno. El entonces presidente acusó a la corte de persecución política y esta lo acusó a él de espionaje con grabaciones y chuzadas. Sin embargo, la corte con la cual Uribe peleó no es la misma de hoy. Incluso si el proceso que se inicia llega a prolongarse, esta corte para ese momento ya habría sido parcialmente renovada.

Es difícil anticipar en qué pueda terminar todo esto. La Corte Suprema de Justicia considera sólido el acervo probatorio. Sin embargo, de ahí a que condene a Uribe hay mucho trecho. El equipo jurídico del expresidente incluye a los mejores penalistas del país y para ellos la batalla apenas comienza. Y no la librarán solamente en los estrados judiciales, sino también ante la opinión pública.

24feb18

La batalla del siglo

[Fuente: Revista Semana, Bogotá, 24feb18]

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