 | Este documento ha sido publicado el 22feb04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights |
EQUIPO NIZKOR |
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12feb04
Declaración de la Convergencia Campesina, negra e indígena sobre el viaje del presidente Uribe a Europa.
El presidente de Colombia Alvaro Uribe Vélez realizo una gira por Europa, mientras en Colombia proyecta y realiza un conjunto de medidas tendientes a institucionalizar el resultado de años de violencia y terror contra los pobladores del campo. Dentro de ellas destacan las reformas constitucionales, con las que se pretende por ejemplo eliminar la acción de tutela para proteger derechos colectivos económicos, sociales y ambientales; el recorte de las facultades de control de la Corte Constitucional; las facultades judiciales a las fuerzas militares y de policía y las detenciones sin orden judicial. Pero además se destacan las medidas tendientes a legalizar el despojo de tierras e institucionalizarlo.
El gobierno de Uribe ha liquidado el Instituto de Reforma Agraria INCORA, ha logrado que se derogue en forma callada y sin debate la ley 200 de 1936 que era la principal conquista del movimiento campesino durante el siglo XX y que permitía exigir el cumplimiento de la función social de la propiedad de la tierra. La nueva ley permite en cambio que se extingan los bienes de campesinos por oponerse al actual orden económico y social y ha eliminado la orden de la ley que estaba vigente para que las tierras en que se extinga el domino de los narcotraficantes fueran entregadas para reforma agraria, permitiendo las propuestas que se hacen ahora para que se entreguen a los paramilitares, que como lo han demostrado las investigaciones de la fiscalía italiana y otras, también son parte del narcotráfico. Otra ley nueva facilita la prescripción adquisitiva de dominio a los paramilitares y latifundistas que se han apoderado de las tierras de los desplazados.
Esto ocurre en momento en que las organizaciones agrarias de Colombia afrontamos una ola represiva y criminal que afecta gravemente a nuestros líderes y a nuestras bases. El señor presidente viaja por Europa tratando de ocultar la responsabilidad que les compete al estado y a los paramilitares en esta situación y sin comprometerse a garantizaros el derecho a la vida a la organización y a la disidencia. El gobierno colombiano insiste en decir que solamente grupos ilegales son responsables de la violencia en Colombia y oculta la responsabilidad que tienen tanto el estado como grupos con poder económico, tanto por acción como por omisión.
Durante el gobierno de Uribe ha sido reprimida la lucha de las organizaciones agrarias con todos los métodos hasta los asesinatos múltiples. Es el caso de lo ocurrido a los campesinos ocupantes de la hacienda La Manigua, en Cajamarca (Tolima), propiedad de un diplomático colombiano. El 2 de noviembre pasado 23 de estos campesinos fueron masivamente detenidos por tropas que se identificaron como integrantes del Ejército; 18 de estos campesinos siguen desaparecidos y 5, entre ellos Ricardo Espejo, fiscal del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Tolima, fueron encontrados el 6 de noviembre torturados y asesinados brutalmente.
Son demasiados los ejemplos de compañeros asesinados o desaparecidos durante este gobierno, como represalia contra su justa lucha. Hacemos mención de los hermanos Cesar Augusto, José Rafael y Ramón Fonseca del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Atlántico, retenidos y luego descuartizados con motosierras en el municipio de Ponedera el 3 de diciembre pasado. Un año antes, también en el Atlántico, cinco dirigentes de los desplazados de la organización Anuc-ur, fueron asesinados como represalia a su participación en la movilización del 16 de septiembre y fue desaparecido el 22 de octubre de 2002 el dirigente de Fensuagro Víctor Manuel Jiménez Fruto.
De especial gravedad fue la masacre cometida contra los indígenas de Betoyes (Arauca) en mayo del 2003, la cual sigue en la total impunidad. También las masacres de que han sido víctimas los indígenas de Riosucio (Caldas), en una de las cuales, el 8 de junio pasado, fue muerto su destacado dirigente, Gabriel Cartagena. El 23 de febrero en tadó (Chocó) los indígenas embera Evelio Sanapi y Fernando Antibia fueron asesnados por una patrulla del batallón "Alfonso Manosalva". El 11 de agosto fue asesinado el dirigente histórico de los de Mesetas (Meta); Moisés Corpus. El 26 de noviembre fueron retenidos, torturados y asesinados los indígenas arhuaco, Dwiarunsingumu Arroyo y Julián Crespo.
El 31 de diciembre fue asesinado el indígena Nasa Olmedo Ul Secué por tropas del batallón Pichincha. Meses de hostigamientos, desplazamientos forzados y asesinatos han sufridolos pueblo Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada.
Las comunidades negras de la Costa Pacífica y la cuenca del Atrato también han sufrido muchas violaciones de los derechos humanos durante el actual gobierno, como la masacre del 14 de junio pasado en Sabaletas, municipio de Buenaventura (Valle), en la cual murieron 7 personas y fueron heridas 11.
La Asociación Nacional de Mujeres Campesinas negras e Indígenas ha sufrido una descomunal persecución. Su dirigentes Nora Cecilia Velásquez fue secuestrada y torturada el 21 de julio de 2003; luego el 1 de agosto de 2003 estuvo también secuestrada Blanca Nubia Díaz y el 2 de septiembre su hijo Rubén Antonio. Durante los secuestro fueron amenazadas las dirigentes de Anmucic, especialmente Leonora Castaño.
El sindicato de los trabajadores del INCORA, Sintradin, ha sido cruelmente perseguido por oponerse a esta media. Fueron asesinados tres de sus dirigentes: Severo Bastos, Mario Sierra, Rodrigo gamboa y Jairo Vera. Otro dirigente Fannor Banguero fue herido de varios balazos. Están presos Luis Jesús Rodríguez, Diógenes Contreras quien se destacó por su labor en los programas de reconocimiento de la propiedad de tierras indígenas y Alonso Campiño, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, seccional Arauca, quien sufre una grave lesión en la cadera. Otros líderes minusválidos están en la cárcel, como Hernado Tavera de la ANUC-UR Santander y Luis Angel Perdomo, coordinador de derechos humanos de la Organización Regional Indígena del valle del Cauca.
Las detenciones masivas se han convertido en la forma de eliminar a los sobrevivientes de la guerra sucia y de desplazar a quienes han logrado permanecer en sus regiones. En el norte del Tolima primero y luego en Arauca, Sucre, Chairá, Cauca, Valle, Putumayo, Suroccidente del Tolima y otros lugares del país, centenares de campesinos y también indígenas han sido detenidos, mostrados en la televisión como "terroristas" o "auxiliares de la guerrilla". Los fiscales o jueces que se atreven frecuentemente a dejarlos libres por falta de pruebas o hasta de cusaciones formales, corren el riesgo de ser despedidos, como ocurrió al fiscal que ordenó la libertad de dirigentes campesinos de Sucre.
Todo el liderazgo campesino y social del norte del Tolima, la dirección sindical de Arauca, el liderazgo campesino de Sucre o el indígena de valle y Putumayo ha sido víctima de esta nueva política que pretende criminalizar a los movimientos sociales mientras a la vez se convierte n héroes a los paramilitares y sus financiadores y beneficiarios, cuyos crímenes se proyecta dejar en la impunidad mediante la llamada "ley de alternatividad penal".
Existe el serio peligro de que la violencia y el despojo sean institucionalizados en Colombia. Esto ya está teniendo graves consecuencias en América latina, en la medida en que los poderes económicos sienten que una nueva vía para la impunidad se abre. El rechazo mundial a los crímenes de las dictaduras militares chilena y argentina y de la dictadura civil uruguaya, puede ser evadido con un modelo como el de los paramilitares colombianos, creados por el estado pero que como ilegales firmarían un acuerdo de falsa "paz", que garantiza que quedarán impunes los crímenes que han permitido desplazar y quitar sus tierras a miles de campesinos, exterminar a dirigentes populares sindicales, indígenas, afros y campesinos e imponer nuevas leyes laborales y agrarias.
Ya vemos como en los países vecinos se tiende a extender el modelo colombiano de liquidación de los líderes populares. Ochenta líderes campesinos que apoyaban la ley de reforma agraria en Venezuela fueron asesinados, al igual que ahora dos dirgentes sindicales bolivarianos y un cooperativista. Las bandas armadas de los latifundistas de Brasil han asesinado a 43 líderes de los trabajadores rurales sin tierra. En Ecuador hace 5 años los paramilitares colombianos asesinaron al principal líder de izquierda y a un dirigente sindical. Ahora se pone en marcha un plan de asesinatos de líderes populares ecuatorianos y ha sido realizado un atentado contra el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador Leonidas Iza en el cual fue gravemente herido su hijo. En Panamá, el 10 de enero del 2003 los paramilitares colombianos mataron a cuatro líderes de la comunidad indígena Kuna de Paya.
Si se consolida el proyecto del presidente colombiano de impunidad para el modelo de extermino de líderes populares, desplazamiento de la población rural y despojo de las tierras de las comunidades, se habrá dado una señal para aplicarlo en los países vecinos y en toda América latina para detener la lucha contra el neoliberalismo, los tratados de libere comercio y por el derecho a la tierra.
En contraste, las organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas, tanto las que pertenecemos a esta Convergencia, como las demás, aprobamos el 7 y 8 de abril de 2003 un programa común alterno para Colombia que denominamos el Mandato Agrario en el cual reclamamos el derecho a la vida digna, a la tierra y a la soberanía alimentaria, exigimos la protección de la producción agropecuaria nacional y rechazamos el ALCA y el tratado de libre comercio bilateral con Estados Unidos. Llamamos a los pueblos y gobiernos de Europa así como a las organizaciones sindicales y populares, a las mujeres, a los jóvenes a las iglesias, a los intelectuales, a movilizarse para apoyar este Mandato como alternativa de paz a la propuesta de las transnacionales, el latifundio especulativo y el gobierno colombiano.
Les llamamos a exigir al gobierno y al congreso colombiano debatir y aprobar el proyecto de ley agraria 107 de 2002 redactado por las organizaciones campesinas, presentado por dos congresistas indígenas, Gerardo Jumí y Lorenzo Almendra; dos congresistas dirigentes del movimiento sindical, Alexander López y Wilson Borja; u congresista del movimiento comunal, Venus Silva; y el representante Gustavo Petro. Les llamamos también a exigir que el gobierno y el congreso colombiano tengan en cuenta los análisis y las recomendaciones del documento de Julio de 2003, de la LXXV Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano, "Tierra de todos, tierra de paz".
Llamamos a la Comunidad Europea, a los gobiernos, a los parlamentarios y especialmente a los movimientos sociales de Europa, a rechazar la institucionalización del modelo de extermino y despojo aplicado en Colombia por los poderes económicos y a rechazar en consecuencia el proyecto de ley de "alternatividad penal". En este sentido apreciamos con cariño el boicot que parlamentarios europeos hicieron al discursos del presidente Uribe.
Les llamamos a exigir al gobierno colombiano que el estado colombiano deje de violar los derechos humanos por acción o por omisión y aplique las recomendaciones de Naciones Unidas para la vigencia de los derechos humanos en Colombia. Les llamamos a exigir a ambas partes una solución negociada al conflicto armado colombiano y a exigir tanto a la guerrilla como al gobierno que respeten el derecho internacional humanitario y suscriban un compromiso para respetar a la población civil y sus organizaciones.
Les llamamos a demandar que la cooperación internacional para Colombia no sea para la guerra y en cambio privilegie programas directamente gestionados por las comunidades rurales y urbanas y sus organizaciones que les permitan adelantar sus planes de vida digna y autónoma. Les llamamos a no cooperar con proyectos que condicionen los subsidios a la subordinación de los campesinos, indígenas o negros a los grandes propietarios o empresarios dentro de asociaciones o alianzas necesariamente inequitativas. Les llamamos a apoyar los proyectos de los resguardos indígenas, comunidades negras, reservas campesinas, cooperativas autónomas y no súbditas de empresarios, asociaciones de mujeres y de jóvenes.
Llamamos finalmente a los movimientos sociales europeos a apoyar activamente la movilización nacional agraria que llevaremos acabo en una jornada del segundo semestre de este año, en apoyo del Mandato Agrario.
Bogotá, 12 de febrero de 2004
Convergencia Campesina Negra e Indígena.
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