EQUIPO NIZKOR |
|
18sep05
La Unión Europea no traga entero.
Una cosa es el protocolo, y otra, muy distinta, el aplauso. Uribe ha tratado de hacernos comer lo que en Europa no han podido digerir: la ley de impunidad. Cuando regresó de la gira por Europa, el Presidente se daba golpecitos en los hombros, creyendo que había nombrado a Zapatero y a Blair, encargados de los negocios políticos del Gobierno con los paras, ante la Unión Europea. No alcanzó a descansar en el Ubérrimo, cuando Moratinos, ministro de Relaciones Exteriores de España, se reunía con sindicatos y ONG que le reiteraron lo que días después el New York Times, y Le Figaro afirmaron: Colombia claudicó ante el narcotráfico y el paramilitarismo. Moratinos salió incómodo y preocupado, dicen los que asistieron; sabía que vender la Ley de Justicia y Paz ante el Parlamento europeo no era fácil porque allí mandan los debates públicos y no las órdenes de los gobiernos. Es, sin duda, una de las instituciones más democráticas del mundo. Pues bien, por ahí no ha podido pasar la tal ley. En primer lugar, porque la izquierda europea tiene una amplia representación, en segundo lugar, porque las ONG no son catalogadas como apéndices del terrorismo y, por último, porque toma a pecho las declaraciones hechas por Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Pero no es sólo un foro, es también una instancia que aprueba fondos públicos europeos para programas de desarrollo. Esa es la espinita que al Gobierno se le atravesó. A Uribe le tienen sin cuidado tanto las declaraciones que lo descalifican como las que él mismo hace en los Consejos Comunitarios, sabe que la cosa es con plata contante y sonante. Y el Parlamento europeo se ha negado a soltar un centavo para el programa de desmovilizados.
Las dudas sobre la bondad de la ley, que alega el Gobierno colombiano, han ido creciendo. La pieza maestra la puso Michael Fruhling, director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, cuando declaró oficialmente que la norma contradice tratados internacionales que el país ha firmado. La UE acogió esta posición y ha encargado a sus funcionarios aclarar esta contradicción. El Parlamento tomó en cuenta también, y muy especialmente, el llamado de 150 ONG –75 europeas, 68 colombianas, ocho suramericanas y cuatro internacionales, como la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura– para que no apoye la desmovilización porque “contraviene las normas del derecho internacional, obstruye el camino para un genuino proceso de esclarecimiento de graves crímenes y la reconciliación que contribuya al establecimiento de una paz duradera en Colombia”.
El 6 de septiembre pasado se reunió el Comité por América Latina del Consejo de la Unión Europea (Colato). Alemania y España apoyaron al Gobierno colombiano, pero Italia, Dinamarca, Finlandia y Holanda exigieron una verificación creíble sobre el desmonte del paramilitarismo, y una evaluación de la ley por parte de la ONU y la OEA. Francia estuvo en contra del apoyo al programa de desmovilización. En el fondo, la Unión Europea teme involucrarse en la legalización de los paramilitares y en la consolidación de la impunidad, lo que refleja no sólo la repulsión de la izquierda sino un prudente escepticismo de los inversionistas europeos, que saben que la paz con la que alardea Uribe es mediática y no representa una garantía firme para sus capitales en Colombia. El revés diplomático sufrido por Colombia en Bruselas puede repercutir en el Congreso norteamericano, y en particular en el Senado, que se ha mostrado reticente a la aprobación de los 100 millones de dólares que pidió Bush para la desmovilización. Por eso Uribe insistirá, en su nueva gira por los EE.UU, en mostrar la eficacia de los acuerdos de Ralito, y repetirá las cifras de desmovilizados que nadie cree y que exagera sin vergüenza. Sumadas las cifras que va publicando el Gobierno, se habrían entregado unos 23.000 combatientes, pero la verdad real no se conoce. La Fiscalía se ha abstenido de publicar el número de desmovilizados. Sin duda, callará el Presidente sobre el efecto económico colateral que ha tenido Ralito: el lavado de unos 21.400 millones de dólares que se ha hecho en el último año y medio –el verdadero origen del “Huracán Cambiario” de que habla el Ministro de Hacienda–, según investigadores de El Tiempo, y que permite que en Montería se compren verdes a 1.500 pesos. Con la plata que entra por la puerta de Ralito está pasando lo que los Extraditables ofrecieron en su momento: pagar la deuda externa. El Banco de la República compra dólares baratos y con ellos abona a sus acreedores. Negocio redondo. Un ciudadano del común podría preguntarle a cualquier parlamentario europeo o congresista norteamericano: ¿Y con ese chorro de dólares que le entra al país, para qué mendigar unos centavos en Bruselas y en Washington?
[Fuente: Por Alfredo Molano, El Espectador, Bogotá, Col, 18sep05]
 | This document has been published on 27sep05 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |