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13abr13


En el país asesinan a un líder de restitución cada mes


El Estado gasta más de $1.490 millones en distintos esquemas para protegerlos.

A las seis de la mañana del pasado martes, Éver Antonio Cordero, líder de víctimas de Valencia (Córdoba), se dirigía a la plaza del pueblo para convocar a la comunidad a marchar por la paz. En ese momento 2 hombres en moto lo abordaron y le descargaron 5 tiros -cuatro en la cabeza y uno en el hombro izquierdo- con los que segaron su vida y dejaron huérfanos a 11 hijos, el mayor, de 18 años y la menor, de 2.

El hecho, que se produjo el mismo día en que parte del país marchó por la paz, motivó una contundente respuesta del presidente Juan Manuel Santos a quienes cometen estos crímenes.

"Los vamos a considerar objetivos de alto valor y vamos a ir detrás de ellos con todo lo que tenemos a nuestro alcance (...) Mientras yo sea Presidente los voy a perseguir sin tregua ni cuartel. Donde estén", dijo el mandatario.

Adicionalmente, Santos anunció la creación de "toda una estructura" dedicada "exclusivamente" a la "protección de reclamantes y líderes de víctimas" y a la "persecución de aquellas personas que están amenazando y, por supuesto, asesinando a estos ciudadanos".

De acuerdo con Gerardo Vega, director de Forjando Futuro, fundación que agrupa a víctimas del conflicto, desde el 2008 han sido asesinados 64 líderes de restitución de tierras en el país, es decir, en promedio uno al mes en los últimos cinco años. "Urabá, con 16 asesinatos, es donde más crímenes ha habido", precisó.

Carmen Palencia, directora de Tierra y Paz, organización de líderes de restitución de tierras, señaló como victimarios a quienes "tienen tierra de personas que están reclamando y no quieren entregarla. Empresarios, comerciantes y ganaderos están financiando grupos paramilitares para que asesinen y amenacen", dijo Palencia, quien ha sido víctima de 7 atentados, el más reciente en octubre pasado.

La líder, quien recordó haber conversado con Cordero tan solo 8 días antes de su asesinato, afirmó que la modalidad más común para estos crímenes es el sicariato. "En Antioquia, hasta hace un tiempo no los asesinaban a tiros sino que simplemente los torturaban, los mataban a golpes y luego los hacían aparecer como muertos en accidentes de tránsito", contó Palencia.

Ante este panorama, desde noviembre de 2011 la Unidad de Protección vela por la vida de estas personas, y actualmente invierte más de 1.490 millones de pesos al mes en el cuidado de 495 líderes de restitución y reclamantes de tierras.

Andrés Villamizar, director de esa entidad, dijo que "la labor" de Cordero fue "verdaderamente heroica" porque prefirió pedir protección para otras personas pero "nunca" para sí mismo. "Él era una persona muy tranquila, con excelentes relaciones en su municipio, no tenía problemas con nadie y que sepamos no había recibido amenazas", agregó Villamizar.

Aunque Vega reconoció "avances" como la tarea de la Unidad de Protección, su clamor va en otro sentido: "Hay que pasar de perseguir a los autores materiales a identificar a quienes están detrás de ellos", pidió el líder social.

Tierra a cambio de líderes

Gerardo Vega, de la Fundación Forjando Futuros, afirmó que otra de las modalidades para asesinar a los líderes de restitución de tierras es convencer a algún reclamante de que le devolverán sus predios a cambio de que entregue a estas personas. "Eso pasó en Urabá en el caso de David Goes, un líder de restitución asesinado. Tenían a una campesina a quien le dijeron que le devolverían la tierra a cambio de entregar a líderes de restitución, entre ellos a Goes, a quien le hicieron la celada. Ella lo confesó en la Fiscalía y hoy está condenada", afirmó el líder social.

[Fuente: Por Juan Francisco Valbuena, El Tiempo, Bogotá, 13abr13]

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