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12feb07
Sigue el ataque a la libertad de expresión en Colombia, temor por la vida de Fredy Muñoz ante nuevos montajes.
La Fiscalía General colombiana ordenó la última semana recapturar al corresponsal del canal multinacional Telesur en Colombia, Fredy Muñoz, y distribuyó, inclusive, una supuesta foto del periodista junto a un grupo de guerrilleros, con un fusil en la mano. El supuesto Muñoz de la foto, señalado por la Fiscalía tiene, a todas luces, un cuerpo demasiado grande y una cabeza demasiado pequeña para ese cuerpo de más de cien kilos. Grotesco. Y más aún, cuando el abogado de Muñoz, Tito Gaitán, indicó que aún no ha sido notificado de la decisión del la Fiscalía General y ni siquiera ha tenido acceso al expediente, que no aparece.
La decisión se produce en momentos especiales, cuando los principales periódicos de Colombia denunciaron este viernes una campaña de decisiones y maniobras judiciales para restringir la libertad de prensa y el derecho a la información por parte de personas y empresas implicadas en denuncias de corrupción. Así, los 31 periódicos de la Asociación Nacional de Diarios (Andiarios) publicaron un editorial conjunto titulado "El acoso judicial," para denunciar la situación con ocasión del Dí­a del Periodista en Colombia.
Las autoridades acusan a Muñoz de terrorismo y rebelión, pero para la mayoría de los colombianos conocedores de este tipo de actos, la sindicación del reportero se inscribe dentro de una serie de ataques a Telesur, desde antes de su lanzamiento, y una cortina de humo para ocultar los grandes escándalos de la narcopolítica y del paraestado colombianos.
Extraño todo este procedimiento, sobre todo el hecho de que las decisiones las haya notificado la Fiscalía General a través de los medios de comunicación. Y porque sean los máximos funcionarios de la misma quienes hayan encabezado esta nueva ofensiva contra Muñoz.
Extraño porque se da en momentos en que Fredy Muñoz era amenazado de muerte por las paramilitares Aguilas Negras, que acusaban a los periodistas independientes de "sapos" por visibilizar sus crímenes y genocidios.
Extraño porque se da en momentos en que otros periodistas de la corresponsalía de Telesur en Bogotá eran presas de amedrentamiento, acoso y, posiblemente, intento de secuestro, hechos que fueron comentados a la Fiscalía General.
Extraño porque todo hace pensar que se trata de una operación política coordinada que involucra al más alto gobierno, la que además no debe deslindarse de la visita de la canciller Araujo –otra vez el mismo apellido: ¿será casualidad?- el lunes a Venezuela y de la posición de Caracas en relación a las fumigaciones en la frontera con Ecuador.
¿Casuales casualidades?
Previamente, y ante pedidos de Telesur, la Fiscalía General había decidido la nulidad de la prisión preventiva de Muñoz por falta de consistencia en el expediente elaborado por la fiscalía de Cartagena, que acusaba al periodista de los delitos de rebelión y terrorismo, y de ser explosivista del Frente 37 de las FARC, responsable de supuestos actos cometidos entre 2000 y 2002. Muñoz trabaja en Telesur desde noviembre de 2005.
El Fiscal General colombiano Mario Iguarán notificó que en las investigaciones iniciadas a raíz de la liberación del ex ministro Fernando Araujo, en manos de la FARC, el fiscal especializado de Cali enviado por él, Iván Aguirre Benavides, halló entre los documentos contenidos en ocho morrales que según él habían –convenientemente- abandonado los guerrilleros, una foto de Fredy Muñoz con uniforme de las FARC. La misma que apareció el sábado 10 de febrero en el diario El Tiempo de Bogotá. Por ello, aseguró, dictó la nueva orden de captura.
Fue el propio vicefiscal general, Guillermo Mendoza, quien reveló a la prensa que existen nuevas pruebas contra Muñoz por su presunta participación en actos insurgentes con las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2002. Estas nuevas pruebas serían unos exámenes médicos que comprobarían la existencia de cicatrices en el cuerpo del periodista colombiano, que estarían ocasionadas por la manipulación de artefactos explosivos, hecho que había sido desechado por la medicatura forense. Tras ser liberado, a Muñoz no se le realizaron nuevos exámenes.
El abogado defensor no pudo dar con el expediente de Muñoz en toda la semana, después que el informativo televisivo de Noticias Uno anunciara –tras el pitazo dado "por altísimos funcionarios de la Fiscalía"- la nueva orden de captura.
El expediente, tal como había sido pedido por Telesur, había sido trasladado a Bogotá, a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General, sacado de los fiscales de la costa atlántica, generalmente comprometidos con los organismos de seguridad y las estructuras paramilitares. Desde el jueves 8 el expediente está a cargo del fiscal Geovanny Alvarez Santoyo, quien en la tarde del viernes estaba analizando el caso con Iguarán, sin conocer donde reposaba el paginario del expediente.
Expertos juristas señalaron la irregularidad de una redefinición de la situación jurídica de Muñoz (no es el momento procesal para ello), y también la irregularidad que supone el hecho de que un fiscal de apoyo (quien además es de Cali, cuando el proceso estaba en Bogotá) se precipitara a tomar decisiones, sin esperar siquiera que se asignara el proceso al nuevo fiscal titular, en un claro desplazamiento de éste.
Tras ser arrestado el 19 de noviembre pasado a su regreso a Bogotá de Caracas, donde asistió a unos talleres de su profesión en Telesur, Muñoz fue liberado el 9 de enero último, luego que un fiscal delegado revocara la medida de aseguramiento (prisión preventiva) en su contra. El fiscal de segunda instancia sostuvo que no había pruebas para mantenerlo detenido y por ende ordenó su excarcelación de la prisión El Bosque, en Barranquilla, capital del norteño departamento de Atlántico.
La Fiscalía reconoció entonces que las pruebas producidas por los organismos de seguridad (el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y el departamento de inteligencia de la Armada en Cartagena) y el ente investigador para arrestarlo en noviembre pasado no tenían fuerza ni capacidad suficiente para sostener una medida de aseguramiento.
Si bien el joven periodista fue liberado, el proceso siguió, y los organismos de seguridad y la Fiscalía tuvieron tiempo para preparar nuevos montajes. Desde que Muñoz fue detenido, el 19 de noviembre pasado en Bogotá, diversas entidades de prensa, organizaciones de derechos humanos y medios latinoamericanos denunciaron que el proceso contra el corresponsal no sólo dejaba en evidencia las amenazas que sufre la libertad de prensa en Colombia, sino también el ataque directo contra el canal multiestatal latinoamericano Telesur.
Cuando Muñoz fue liberado, el abogado advirtió: ''hay que estar atentos a que no haya ningún tipo de ánimo revanchista por parte de los organismos de seguridad que prefabricaron este caso'', como la inteligencia militar naval o la policía secreta DAS. También Muñoz fue claro en este sentido, al denunciar que los testigos, funcionarios judiciales y órganos de seguridad y de inteligencia que actuaron en su contra fueron los mismos que formaron parte del proceso que se le siguió al sociólogo colombiano y profesor universitario Alfredo Correa de Andreis, asesinado hace poco más de dos años en Baranquilla. La detención y las acusaciones que llevaron al procesamiento de Correa de Andreis por el delito de ''rebelión'', en junio de 2004, y que terminaron con su propia muerte en manos de sicarios, fueron similares a las que sufre actualmente el corresponsal de Telesur.
Los señalamientos contra el reportero se basaron en los testimonios de tres presuntos ex guerrilleros de las FARC, quienes habrían identificado a Muñoz como el insurgente conocido con el alias de Jorge Eliécer. Sin embargo, esos mismos acusadores reconocieron posteriormente haber sufrido presiones por parte de la Fiscalía para imputar al periodista.
Desde que se conoció su arresto, Organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales, así como asociaciones de periodistas de todas las latitudes calificaron el hecho como una violación a la libertad de expresión. Estimaron que era una retaliación contra el periodista por visibilizar con sus compañeros de Telesur actos de corrupción y el escándalo de la parapolítica -los nexos de los paramilitares con la oligarquía nacional y el gobierno-, no sólo para controlar las regiones, sino también el aparato estatal en Colombia.
Aram Aharonian/TeleSUR
Caracas, 12 de febrero de 2007
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