EQUIPO NIZKOR |
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13feb07
Fredy Muñoz Altamiranda denuncia su situación ante la campaña de acoso del Gobierno colombiano.
COMUNICADO
Como lo advertimos, un nuevo montaje ha sido el resultado de la campaña de criminalización contra la prensa libre, la libertad de expresión y la democratización informativa que avanza en el continente con la expansión de teleSUR.
El pasado 31 de enero nuestros abogados lograron que la Fiscalía General de la Nación trasladara el proceso que se me sigue por rebelión y terrorismo, desde Cartagena de Indias hasta la ciudad de Bogotá.
Proceso que quedó pendiendo de un hilo con el fracaso de las pruebas que se adjuntaron, y que consistían en testimonios contradictorios de llamados “testigos marionetas”, y en “informes de inteligencia” vacíos y sin valor probatorio.
Un día después de que mis abogados me notificaran el traslado del proceso, el 1 de febrero pasado, una amenaza de muerte llegó hasta mi correo electrónico, firmada por un grupo paramilitar identificado como las “águilas Negras”. En este correo se nos llama “sapos comunistas disfrazados de periodistas” y se nos conmina a esperar la muerte.
Posterior a esa amenaza algunos medios de comunicación comenzaron a difundir el domingo 4 de febrero una supuesta determinación de la Fiscalía que ordenaba una nueva captura contra mí, salida desde organismos del nivel central de esa institución. El montaje ya se había fraguado.
De forma súbita, intempestiva y oportuna para este organismo, una supuesta fotografía mía en compañía de guerrilleros de las FARC aparece “abandonada” por los insurgentes en el mismo lugar donde estuviera secuestrado el ex ministro Fernando Araújo, y que sólo hasta hoy, un mes y medio después se da a conocer. Han ligado de manera inescrupulosa este suceso, el más significativo y sensible para la opinión pública en los últimos meses, con la persecución y los señalamientos en mi contra.
Esta fotografía ha sido llamada por la Revista Cambio como la prueba “reina”, y dicen de ella los organismos de inteligencia, que ha sido tomada a principios del año 2006, cuando es probada mi vinculación permanente al canal teleSUR.
Otro medio asegura, en medio de una irresponsable ambigüedad, que dicha foto fue tomada en abril de 2005, tiempo en el que es de público conocimiento que me encontraba en la fase de entrega del documental “El tren que llegaba a Calamar” para la serie “Trópicos” de Telecaribe. Seriamente, he visto y he hecho, mejores montajes fotográficos que éste.
Qué manera tan burda e irresponsable de revivir una criminalización que comenzó en los primeros días de mayo de 2005 cuando estos mismos organismos de inteligencia colombianos, incentivados por los Estados Unidos, “confundieron” el estribillo de la canción “Tieta” de Caetano Veloso y cantado en un promocional de teleSUR por una joven brasilera, con una apología al grupo español ETA, calificado internacionalmente como terrorista.
Y continuó con las declaraciones del congresista norteamericano Connie Mack sobre el dinero y esfuerzo que dedicarían desde Washington para contener y bloquear a teleSUR, cuando no se había puesto al aire un solo informe periodístico aún.
Este giro que toma ahora la persecución, abonado con un montaje fotográfico y con la publicación irresponsable por parte de la revista Cambio de información escrita con mala fe, y probadamente falsa, es además una grave violación de la reserva sumarial, de la presunción de inocencia y de nuestro derecho a la defensa, agredido con estas supuestas pruebas que se “practicaron” a espaldas de nuestros abogados.
Insiste esta revista en decir, entre otras mentiras, como ya lo dijo en noviembre pasado, que en “mi” apartamento se encontraron membretes de las FARC, cuando el mismo expediente y la resolución del Fiscal de Segunda instancia que me concedió la libertad, aclaran que ni el apartamento que allanaron era mi vivienda, ni en el acta de allanamiento consta que se encontrara membrete alguno. Pero este es el resultado del compromiso de algunos medios de comunicación del país con organismos militares y de inteligencia, que de manera irresponsable publican lo que les llega a las manos, sin ningún rigor ni ética periodística, y con evidente intención de causar daño.
Estamos frente a la forma más especializada de coerción de la libertad de prensa y de criminalización de la diversidad informativa. Así como los Estados Unidos mantienen acusados a periodistas árabes, refugiados en Francia, de ser parte de la red “Al Qaeda” y de participar en la terrible tragedia del 11 de septiembre, sólo por entrevistar e informar sobre las particularidades y acciones de este grupo, aquí en Colombia se pretende detener la anunciada expansión de teleSUR con montajes como este.
A nuestros abogados se les ha negado el acceso al expediente, que dio una vuelta por la ciudad de Cali, inexplicable para muchos juristas consultados. Aún no he sido notificado de la publicitada orden de captura. Creimos que la filtración era la excepción y parece ser la regla, cuando se indaga un poco en el pasado de los funcionarios judiciales comprometidos en este montaje.
El DAS de Barranquilla manejado por el paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40 es quien hace la captura. Antes había capturado a Alfredo Correa de Andreis, amigo y maestro, y a una docena más de activistas sociales, estudiantes, sindicalistas, gestores culturales y maestros.
Es probada la participación de paramilitares y de agentes de esta entidad en el repudiado crimen de Alfredo Correa, y otros más detallados con sangre fría en el famoso computador de Jorge 40, hallado en poder de alias “Don Antonio” un militar retirado al servicio del paramilitarismo.
El fiscal Manuel Hernando Molano Rojas, un fiscal no especializado, y delegado ante la llamada Unidad de Reacción Inmediata del DAS en el Atlántico, recibe mi indagatoria y al final de ella le pide disculpas a mi abogado por las “irregularidades cometidas” y me dice textualmente: “A ti los que te quieren joder (sic) son los de la Armada”.
El proceso llega entonces a manos de la fiscal tercera especializada de Cartagena, Miriam Martínez Palomino, (responsable de capturas masivas denunciadas por la defensoría del pueblo de Bolívar, que terminaron en la absolución de los capturados) quien está seriamente involucrada con grupos paramilitares, tal y como lo denunciaron abogados litigantes de Cartagena en una comunicación del año 2004.
Estos abogados, cansados de la corrupción y de la entrega de la Fiscalía al paramilitarismo, denunciaron en un comunicado que Miriam Martínez Palomino, en compañía de Demóstenes Camargo de ávila, -hoy jefe de los fiscales especializados de Cartagena, y quien en su momento acusó a Alfredo Correa de Andreis y a dirigentes como Amaury Padilla Cabarcas- los fiscales Pedro Díaz Pacheco y Jesús García Castillo, encabezados por el director seccional de la fiscalía de Cartagena, Jaime Cuesta Ripoll, están comprometidos con el paramilitarismo.
A mediados del año 2004 este grupo de funcionarios judiciales estuvieron reunidos, dice el comunicado, en una finca en San Jacinto, Bolívar, del ex senador conservador Rodrigo Barraza, finca a la cual llegó una patrulla de la policía que se enfrentó a tiros con ellos, y que luego de reducirlos los hallaron acompañados por los cabecillas paramilitares, Antonio Orozco Ochoa, alias “el comandante”, y álvaro Rodríguez Pérez, alias “don Rodri”, más ocho paramilitares que les servían de escoltas.
En poder de este contubernio fiscalía-paramilitarismo, se encontraron copias de todos los expedientes de las personas que han sido detenidas en la región, sindicados de rebelión y terrorismo.
Sin embargo este suceso fue disuelto por una orden de la Fiscalía General, en cabeza en su momento de Luis Camilo Osorio, a quien se le atribuyen ahora, luego de las primeras versiones libres de los cabecillas paramilitares, las más tenebrosas alianzas con estas organizaciones de ultraderecha.
De las manos de estos fiscales fue sacado el proceso que hoy, luego de un inexplicable paso por la ciudad de Cali, piensa revivirse al peso de montajes como los expuestos por algunos medios del país.
Hago un llamado a organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, a Organizaciones No Gubernamentales, a las asociaciones defensoras de la libertad de prensa, al periodismo independiente, a agremiaciones de medios, a asociaciones de usuarios de medios, y a toda la colectividad crítica y activa de nuestro continente, a vigilar de cerca el devenir de esta situación.
Niego públicamente, como lo afirman de forma tendenciosa los organismos de inteligencia y sus medios áulicos, que haya salido del país. Desde el pasado 1 de febrero y debido a las graves y recurrentes amenazas contra mi vida, me resguardo de ellas, y trato de que mi familia lo haga también, dentro de mi país. A pesar de todas estas circunstancias, mis abogados no han dejado de asistir el proceso.
Quiero llamar la atención de la Defensoría Nacional del Pueblo para que garantice nuestro derecho a la vida, al debido proceso, a la libre expresión y al buen nombre; el mío, el de mi familia y el de mis colegas de teleSUR en Colombia, e intervenga en medio de tantas y tan alevosas amenazas.
Fredy Muñoz Altamiranda, Corresponsal de teleSUR en Colombia
13 de febrero de 2007
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