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08mar10
Declaración ante las graves amenazas contra la Corte Suprema colombiana
El pasado jueves 4 de marzo de 2010, la Fiscalía General de Colombia informó al pleno de la Corte Suprema de Justicia sobre el descubrimiento de un nuevo plan de exterminio contra algunos magistrados de ese alto tribunal.
Ese mismo día, la Sala Plena de la Corte emitió un comunicado en el que denunció la existencia de una "estrategia de amedrentamiento" contra la corporación, así como la "discreta apatía" de las otras ramas del poder público colombiano frente a la gravedad de los hechos conocidos, que no pueden ser considerados como un "episodio cualquiera", dada la importancia de los procedimientos que se sustancian ante la Corte en la actualidad en contra de políticos, paramilitares y narcotraficantes por la comisión de crímenes contra la humanidad en ese país.
La Corte solicitó la solidaridad de la sociedad civil en defensa de la labor de los jueces y el Estado de Derecho en Colombia, amenazados una vez más por la acción de las mal llamadas "fuerzas oscuras" que intentan impedir el enjuiciamiento de los responsables de graves crímenes cometidos en Colombia.
En atención a lo anterior, manifestamos nuestro respaldo a la Corte en estos momentos con relación a las amenazas y agresiones sistemáticas contra el máximo tribunal de la justicia ordinaria en Colombia, por considerar que éstas tienen su origen en lo que hemos denominado el ataque del Poder Ejecutivo contra la Corte Suprema de Justicia.
[Ver información cronólogica ordenada desde mayo de 2006 en la página especializada http://www.derechos.org/nizkor/colombia/justicia/justiciamain.html#csANTECEDENTES Y CONTEXTO DE LA SITUACIÓN
1) Desde el año 2005, los magistrados e investigadores de la Corte Suprema se convirtieron en objetivo de espionaje ilegal y acciones de "inteligencia ofensiva" por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), policía secreta de Colombia, dependiente jerárquica y funcionalmente del presidente Álvaro Uribe Vélez.
Coincidieron dichas acciones criminales contra la Corte con el inicio de las investigaciones a congresistas, ex congresistas, gobernadores y otros servidores públicos por sus nexos con el paramilitarismo, lo que en derecho internacional se conoce como integración en empresa criminal conjunta y que en Colombia se ha dado en denominar como el proceso de la "parapolítica".
2) En noviembre de 2006 comenzaron las llamadas amenazantes contra la Corte. En aquel momento el objetivo de los insultos y amedrentamientos fue uno de los magistrados auxiliares del magistrado Alfredo Gómez Quintero, de la Sala Penal.
3) En febrero de 2007, el ex presidente de la Corte, magistrado Yesid Ramírez Bastidas, recibió diversas llamadas amenazantes.
4) En mayo de 2007, varios magistrados de la Sala Penal recibieron nuevas llamadas de amenazas e intimidaciones.
5) En julio de 2007, cuando la Corte emitió una importante sentencia en la que sentó jurisprudencia respecto a la diferenciación jurídica entre los delitos políticos y los delitos cometidos por los grupos paramilitares, el alto tribunal fue blanco de fuertes señalamientos verbales por parte del presidente Álvaro Uribe, en un enfrentamiento inédito en la institucionalidad colombiana.
6) Entre septiembre y octubre de 2007, tras la vinculación mediante indagatoria del senador Mario Uribe, primo hermano del presidente Álvaro Uribe, al proceso de la "parapolítica", se gestó en la Casa de Nariño un nuevo montaje contra la Corte Suprema a través de un paramilitar conocido con el alias de Tasmania, quien después se retractaría de sus acusaciones contra la Corte (http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/ivan1.html) y, en particular, contra el magistrado auxiliar Iván Velásquez, principal investigador de ese proceso.
7) En octubre de 2007, se recibieron llamadas en las que desconocidos amenazaban con detonar una bomba en el colegio donde estudia la hija de la magistrada de la Sala Penal, María del Rosario González de Lemos, lo que obligó a evacuar el centro educativo. No obstante, desde el ejecutivo y algunos organismos de seguridad del Estado aún hoy se duda de la veracidad de dicha amenaza, pese a que la Procuraduría General de la Nación ha establecido que ésta sí se produjo. Meses después, el vehículo del esquema de seguridad de la magistrada González fue saboteado.
8) En noviembre de 2007, la Policía Nacional le retiró el esquema de seguridad en forma injustificada al magistrado auxiliar Iván Velásquez, jefe de la comisión de investigadores de los procesos de la "parapolítica". Ante las denuncias de la Corte, el servicio de seguridad le fue devuelto.
9) En enero de 2008, el presidente Álvaro Uribe Vélez interpuso denuncia por injuria y calumnia contra el magistrado César Julio Valencia Copete, a la sazón presidente de la Corte Suprema de Justicia, por declaraciones concedidas al diario El Espectador, en un claro ataque contra la independencia judicial y la libertad de expresión.
10) El 10 de abril de 2008, la Corte, de conformidad con la doctrina del derecho penal internacional, conceptuó en sentencia de segunda instancia que el concierto para delinquir con fines de paramilitarismo constituye un crimen contra la humanidad.
11) En agosto de 2008, altos funcionarios de la Presidencia de la República, entre quienes se encontraban el secretario jurídico Edmundo del Castillo, y de prensa, César Mauricio Velásquez, así como varios miembros del DAS, se reunieron en la sede presidencial con portavoces y miembros del paramilitarismo, quienes desde el mes de diciembre de 2007 buscaban perjudicar penalmente una vez más a los miembros de la Corte Suprema por sus investigaciones sobre la "parapolítica" (http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/paz/paras4.html).
12) En septiembre de 2008, el presidente Álvaro Uribe atacó nuevamente a la Corte Suprema, esta vez por haberle concedido el beneficio de prisión domiciliaria a la ex congresista Yidis Medina, quien confesó haber aceptado prebendas y sobornos por parte de altos funcionarios del Ejecutivo a cambio de su voto favorable a la reelección, hecho que generó nuevas investigaciones contra congresistas y funcionarios del Estado, proceso conocido como de la "yidis-política". Por su parte, el ministro del Interior, Fabio Valencia, acusó al entonces presidente de la Corte, Francisco Ricaurte, de "obrar de mala fe", por sus críticas al proyecto de reforma de la justicia, que buscaba la creación de una "supercorte" para investigar a políticos y altos funcionarios del Estado.
13) En febrero de 2009, la revista Semana denunció que el DAS llevó a cabo durante varios años labores de espionaje contra magistrados de las altas cortes, periodistas y líderes de la oposición.
14) En agosto de 2009, la Corte denunció nuevas amenazas en su contra, esta vez a través del envío de un sufragio con intimidaciones al entonces presidente de la Sala Penal de esa corporación, magistrado Julio Enrique Socha Salamanca. De igual manera, se conocieron informaciones respecto a posibles atentados contra los magistrados. Todo esto sucedió dos meses después de la condena a dos ex congresistas por la "yidis-política".
15) En septiembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia sentó jurisprudencia frente al delito de concierto para delinquir con fines de paramilitarismo, anteriormente calificado como crimen contra la humanidad, en el caso de los llamados "parapolíticos" http://www.radionizkor.org/colombia/#cch1. La Sala Penal determinó, de acuerdo con la doctrina internacional, que éstos pertenecieron a una "estructura criminal integrada por un número plural de personas articuladas de manera jerárquica y subordinada a una organización criminal", y que "quien así participó, inclusive valiéndose de su función, también debe responder penalmente por el conjunto de crímenes que se le atribuyen a los comandantes o jefes de los bloques, frentes o unidades que hacían parte de la asociación criminal". Esta jurisprudencia incidirá necesariamente en los juicios que, por nexos con grupos paramilitares, se sustancian ante la Corte contra altos funcionarios del Estado y políticos, nueve de cada diez de los cuales pertenecieron a la coalición que llevó a Álvaro Uribe Vélez a la Presidencia de la República.
16) Durante todo el año 2009, se conocieron detalles inéditos de las labores de inteligencia y contrainteligencia ejercidas contra la Corte Suprema de Justicia por parte del Grupo de Observación Verificación Nacional e Internacional (GONI), creado dentro del DAS desde el año 2005. Se supo, por ejemplo, que el DAS llevaba un estricto control de las rutinas de los magistrados, sus gustos y debilidades, los miembros de su familia y círculos de amistades más cercanas. También se conocieron interceptaciones telefónicas de conversaciones entre el magistrado Iván Velásquez y un alto funcionario de la embajada norteamericana, realizadas por miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
17) Por las amenazas y ataques contra la Corte Suprema, en la actualidad tres magistrados de esa corporación, María del Rosario González de Lemos, Julio César Valencia Copete e Iván Velásquez, cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
HECHOS RECIENTES
18) Desde diciembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia ha impuesto nuevas condenas en el denominado proceso de la "parapolítica". El 3 de diciembre, la Corte condenó a cuarenta años de prisión al ex gobernador de Sucre y ex consejero de la Embajada de Colombia en Chile con el actual Gobierno, Salvador Arana Sus, por el homicidio del ex alcalde de El Roble, Edualdo Díaz, ocurrido en el año 2003. Igualmente, la Corte compulsó copias para que se investigue al ex funcionario por los crímenes contra la humanidad cometidos por el grupo paramilitar de Rodrigo Mercado Pelufo, alias "Cadena".
19) El 15 de diciembre de 2009 el ex representante conservador Gonzalo García Angarita fue condenado a siete años y medio de prisión por sus nexos con el paramilitarismo en el departamento del Tolima.
20) El 26 de enero de 2010 la Corte condenó al ex senador Vicente Blel Saad a siete años y medio de prisión por sus nexos con los paramilitares del Bloque Norte, comandados por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, en el departamento de Bolívar.
21) El 27 de enero de 2010, la Corte condenó a dos paramilitares a penas de 40 y 20 años de prisión por la masacre de cuatro indígenas Kankuamos, y ordenó a la Fiscalía General de la Nación investigar por los mismos hechos al jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Igualmente, solicitó se investiguen en forma expedita los más de 50 asesinatos de indígenas de la etnia Kankuama ocurridos desde el año 2002.
22) El 01 de febrero de 2010, la Corte dio inicio al juicio contra el ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera Cotes, por el homicidio de dos sindicalistas, un defensor de derechos humanos y una periodista, ocurridos en el año 2003. En el marco de este proceso, la opinión pública ha conocido que el DAS entregaba semanalmente informes sobre la actividad sindical al presidente de la República, y que el ex subdirector del DAS, señor José Miguel Narváez, hoy preso y llamado a juicio como gestor e impulsor del grupo que dentro del DAS realizó espionaje ilegal a más de 300 personas, fue nombrado a solicitud del presidente Álvaro Uribe Vélez.
23) El 02 de febrero de 2010, la Corte condenó al ex representante Dixon Ferney Tapasco, a siete años y medio de prisión por sus nexos con grupos paramilitares en el departamento de Caldas.
24) El 11 de febrero de 2010, la Corte ordenó la exclusión del paramilitar Libardo Duarte, alias Bam-Bam, de la jurisdicción excepcional creada por la ley 975 de 2005, mal llamada de Justicia y Paz, al comprobar que éste había confesado la comisión del delito de homicidio con posterioridad a su "desmovilización" de las Autodefensas Unidas de Colombia, y envió el caso a la justicia ordinaria, pese a las solicitudes en sentido contrario realizadas por el Gobierno nacional y la Fiscalía General de la Nación.
25) El 16 de febrero de 2010, la Corte Suprema negó la libertad del ex presidente del Congreso de la República, el conservador Luis Humberto Gómez Gallo, llamado a juicio por sus nexos con paramilitares y narcotraficantes en el departamento del Tolima.
26) El 17 de febrero de 2010, la Corte negó la extradición a los Estados Unidos del jefe paramilitar Edwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino, quien está siendo investigado por las masacres de Manpujan y Las Brisas, en las cuales se probaron 663 víctimas de desplazamiento forzado, 7 por toma de rehenes, 11 por homicidio y tortura. La Corte, en el marco de este procedimiento de extradición, consideró que cuando los hechos pueden revestir el carácter de crímenes contra la humanidad, tienen éstos, en su calidad de crímenes graves bajo el derecho penal internacional, preeminencia sobre los delitos de narcotráfico. [Ver texto completo de la sentencia en http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/vecino.html ]
27) El 23 de febrero de 2010, la Corte condenó a la pena máxima de 40 años de prisión al ex senador Álvaro García Romero por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y el homicidio de ocho personas en la denominada masacre de Macayepo, y concluyó que el ex congresista, "en su condición de representante del pueblo sucreño ante el legislativo, cuyo compromiso a no dudarlo era el de dar aviso a las autoridades de esa incursión paramilitar que a la postre no sólo toleró sino auspició dado el apoyo que brindaba al grupo armado ilegal de tiempo atrás".
28) El 24 de febrero de 2010, la Corte Suprema de Justicia emitió resolución de acusación (llamamiento a juicio) por concierto para delinquir contra el ex senador Mario Uribe Escobar, primo hermano del presidente Álvaro Uribe Vélez, y gran aliado suyo a lo largo de su carrera política. La Corte consideró que Mario Uribe Escobar tomó parte activa en el plan de expansión política del paramilitarismo, con el propósito de obtener una "representación nacional a través de aliados que o bien llegarían por primera vez al Congreso, o estándolo, coadyuvarían a la afirmación de sus propósitos". [Ver texto completo de la sentencia en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/mariou.html]
29) También el 24 de febrero de 2010, la Corte reafirmó su jurisprudencia en el sentido de que los llamados "falsos positivos", esto es, ejecuciones extrajudiciales sistemáticas cometidas por miembros de las fuerzas militares, deben ser conocidos por la justicia ordinaria, y por ello anuló una sentencia de un tribunal militar y envió el proceso a la Fiscalía General de la Nación.
30) El 3 de marzo, varios medios de comunicación colombianos informaron que la Corte Suprema de Justicia ordenó la investigación contra el general retirado y actual embajador en República Dominicana, Mario Montoya, por sus presuntos nexos con el paramilitarismo. Sin embargo, fuentes de la Corte niegan que dicha decisión se haya producido y consideran que la publicación de la misma hace parte de una estrategia de desinformación.
31) El 4 de marzo 2010, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, hizo público el informe sobre su visita a Colombia en septiembre de 2009. En el mismo, la Relatora se mostró "particularmente preocupada" por "las amenazas contra las más altas autoridades judiciales del país", en referencia a los ataques sufridos por la Corte Suprema de Justicia.
ANTE ESTOS HECHOS, CONSIDERAMOS:
32) No cabe duda de que los actos intimidatorios y las amenazas sistemáticas que desde hace varios años se han cernido sobre la Corte Suprema colombiana corresponden a una estrategia que busca atemorizar al máximo tribunal de justicia. Este tribunal es el encargado de investigar y juzgar a congresistas y ex congresistas, así como a altos funcionarios del Estado, en procesos que apuntan a develar el accionar de una vasta empresa criminal que, en alianza con narcotraficantes y paramilitares, desde el año 2002, se hizo con el control de grandes porciones de las tres ramas del poder público en Colombia.
33) En este contexto, hacemos responsable al Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Álvaro Uribe Vélez de la protección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y sus familias, así como de cualquier fallo en los esquemas de seguridad que como consecuencia puedan permitir la materialización de las graves amenazas a las que la Corte se encuentra expuesta.
34) Al tiempo que manifestamos nuestro respaldo a la Corte Suprema, expresamos nuestro deseo de que ésta no claudique en la búsqueda de la verdad y la justicia frente a los graves hechos que investiga y juzga. Se trata de un reto que la Corte debe asumir con coherencia frente a la jurisprudencia nacional e internacional en casos que suponen la aplicación del tipo penal de crímenes contra la humanidad y la determinación de responsabilidades penales individuales sobre la base de la pertenencia a organización criminal según aparece configurada en la jurisprudencia producida en aplicación del derecho penal internacional vigente, así como la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.
35) En el caso particular del juicio contra Jorge Noguera, llamamos a la Corte Suprema a garantizar al máximo el principio de publicidad de la etapa de juicio y no acceder a la solicitud de la defensa de que las sesiones sean declaradas secretas.
36) Igualmente, solicitamos a la Corte no ceder ante las presiones de quienes pretenden convertir en secretos testimonios que han sido recabados en juicio, pues aunque las sesiones pueden celebrarse a puerta cerrada en forma excepcional, lo dicho en ellas es, y debe ser, de carácter público. Así lo establecen el Código de Procedimiento Penal colombiano y las normas de derecho internacional que hacen al respeto de los derechos humanos en la administración de justicia.
En el caso de noticias relacionadas con procesos judiciales, la vinculación del derecho a la libertad de expresión con el régimen democrático se extiende a la posibilidad efectiva de acceder al proceso, a los debates del juicio y a la sentencia que lo culmina, máxime en un caso de tan alta importancia como es el primer procesamiento contra el sistema de inteligencia colombiano.
37) Solicitamos a los gobiernos miembros de la Unión Europea, y especialmente al Gobierno español, que asuman la responsabilidad política y jurídica de haber protegido durante años la estructura organizada por el Presidente Uribe.
38) Esta estructura, según los indicios racionales y los elementos de prueba suficientes que surgen del proceso al sistema de contrainteligencia y de los procedimientos contra senadores y representantes procesados, imputados y, en muchos casos condenados, reúne las condiciones para ser calificada de "empresa criminal conjunta".
39) Sin el apoyo explícito, y muchas veces agresivo, de la diplomacia española, hubiera sido imposible mantener en silencio este tipo de actividades, las cuales fueron apoyadas con la justificación doctrinal de la lucha contra el terrorismo, lo que, a su vez, permitió establecer de facto un estado de excepción en el que las organizaciones paramilitares y del narcotráfico asumieron, también de facto, el control político del estado.
40) Solicitamos al Departamento de Estado que revise en profundidad la política de cooperación denominada "Plan Colombia" para ajustarla a los estándares internacionales de respeto a las libertades civiles y los derechos humanos, así como al derecho internacional aplicable, revisando en profundidad y de manera racional las políticas de lucha contra el narcotráfico, pues éstas han demostrado su total ineficacia y falta de funcionalidad en su pretendida lucha contra el crimen organizado.
De la misma forma, se deberían retirar las fuerzas militares desplazadas en territorio colombiano y proceder a no instalar las bases militares previstas en los acuerdos suscritos con el poder ejecutivo colombiano por no reunir estos acuerdos las condiciones previstas por el derecho interno colombiano y el derecho internacional.
41) Recordamos que el tipo de políticas como las llevadas adelante por el Ministerio de Exteriores de España, con la colaboración necesaria de la Comisión Europea, así como las llevadas adelante por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, violan los principios de no injerencia reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas - especialmente en sus artículos 2.4 y 2.7- y tienen como consecuencia fortalecer lo que hemos denominado el "estado de excepción global", el cual pone en duda la propia existencia de la organización de las Naciones Unidas tal cual fue concebida en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional celebrada en San Francisco el 26 de junio de 1945.
Charleroi, San Francisco y Bogotá, 8 de marzo de 2010
Gregorio Dionis,
Presidente del Equipo Nizkor y director de Radio Nizkor
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