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10oct08
Gobierno declara conmoción interior por paro judicial
PARA HACER frente al paro de trabajadores de la rama judicial, que lleva 37 días y evitar así la salida masiva de presos de las cárceles, el Gobierno Nacional decretó el estado de conmoción interior.
El presidente Álvaro Uribe dijo que tomó la decisión tras ser advertido de que la parálisis de los juzgados podría llevar a la excarcelación de peligrosos presos. La medida regirá por 90 días.“El gobierno no es irresponsable para arreglar un paro a cualquier costo ni asumir compromisos salariales que no se puedan asumir en el futuro, pero el gobierno tampoco ha sido indolente frente a la situación”, señaló.
Esta es la segunda ocasión en que Uribe -en el poder desde agosto de 2002- recurre a declarar conmoción interior, uno de los tres estados de excepción contemplados por la Constitución.Uribe justificó la decisión al señalar que, por la huelga, su país “afronta una grave perturbación del orden público y social, porque la administración de justicia no se encuentra funcionando de manera normal y adecuada, lo cual atenta contra la estabilidad institucional”.
Argumentó que como consecuencia del cese de actividades en la justicia “han quedado en libertad más de 2.720 personas capturadas por la sindicación de delitos de homicidio, lesiones personales, hurto y tráfico de estupefacientes”.
Los trabajadores agrupados en Asonal, que habían entrado en huelga desde el 3 de septiembre para exigir mejoras salariales, rechazaron la decisión adoptada por el Ejecutivo.
“Es una medida desafortunada e inconstitucional porque para decretarlo se requieren condiciones precisas que aquí no se cumplen”, dijo a periodistas Fabio Hernández, presidente del sindicato.El lunes, el gobierno había decretado un aumento salarial de 4% para los empleados judiciales y de 2% para los jueces y fiscales, en un intento por conjurar la protesta pero la medida fue rechazada por Asonal.
La huelga ha impedido definir la situación de 90.500 procesos judiciales, mientras que las pérdidas económicas fueron estimadas en 126.700 millones de pesos, según estimaciones divulgadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
El ministro del Interior, Fabio Valencia, a su vez, explicó que “se faculta al Consejo Superior de la Judicatura para crear, suprimir, trasladar y nombrar, y posesionar, a funcionarios que garanticen la prestación del servicio público de la justicia”.Dijo que se dictan medidas para descongestionar, mediante atribuciones de competencia a los notarios para todos los procesos de jurisdicción voluntaria, incluidos los de adopción.
Así mismo, modificar el Código de Procedimiento Civil, que permita conjurar los efectos originados por el paro, que han agravado la congestión de los despachos judiciales.
Facultades
De acuerdo con el decreto, el organismo adquiere la facultad de nombrar o despedir a los funcionarios, con el fin de que se garantice el servicio de la justicia. También podrán suspender a los trabajadores que no cumplan con su labor en forma injustificada. También se autoriza a los jueces para que rechacen de plano una demanda por falta de fundamentos y se dará facultades a los notarios para que entren a fallar en procesos de jurisdicción voluntaria, entre otras medidas.
El gobierno advirtió que la decisión de declarar la Conmoción interior fue concertada con diferentes sectores públicos, como la Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso.
El fiscal General, Mario Iguarán, le advirtió al presidente Álvaro Uribe que si el paro judicial continuaba, habrían podido quedar en libertad, entre otros delincuentes, al autores del asesinato del niño Luis Santiago, en Chía, el narcotraficante Miki Ramírez o los responsables del crimen de la hermana del ex presidente César Gaviria, Liliana Gaviria, o de personas relacionadas con la toma al Palacio de Justicia.
Hoy, el Gobierno Nacional emitirá nuevos decretos con fuerza de Ley, con nuevas medidas que permitan descongestionar los despachos. Uno de ellos buscaría reducir las penas de algunos delitos para que la Policía se encargue de esos procesos, a través de la llamada Ley de Pequeñas Causas, que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, así como la ampliación de términos.
El presidente Álvaro Uribe advirtió que la declaratoria del Estado de Excepción no cierra las puertas al diálogo con Asonal y reiteró que el gobierno aún mantiene la voluntar para buscar recursos que permitan incrementar los salarios de los trabajadores de la justicia, pero a partir de mayo del próximo año.
“Gobierno se apresuro”
Hubiera valido la pena esperar un poco más, antes de tomar una determinación tan trascendental como la conmoción interior para conjurar los efectos del paro, dijo el vicepresidente del Consejo de Estado, Rafael Lafont.
Explico que lo aconsejable hubiera sido que las partes siguieran negociando para evitar estas medidas extremas. “No es bueno, ni alentador, ni estimulante observar que la justicia se altere por cualquier circunstancia, ya que es un impacto, por lo que abogamos a que se encuentre un punto de acuerdo”, dijo el magistrado.
Recordó que el Presidente de la República solamente podrá expedir, durante los 90 días de estado de excepción, decretos relacionados con el origen de la conmoción interior.
A su vez, las centrales obreras del país rechazaron la decisión del Gobierno, por considerar que es un problema laboral que debe ser discutido en la Comisión de Políticas Salariales y Laborales.El vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (Cut), Fabio Arias, dijo que “esto significa que los problemas de carácter laboral no se resuelven concertando, sino que el gobierno acude a métodos dictatoriales y autoritarios, para resolver un asunto que tenía solución desde hace un año”.
Por su parte, el secretario de la Confederación General del Trabajo (Cgt), Julio Roberto Gómez, dijo que lamentaba no compartir la figura de conmoción interior, porque ésta situación polariza los conflictos laborales como los que adelanta la rama judicial y los corteros de caña.
Señaló que antes de la conmoción interior la dirigencia sindical le había enviado una comunicación al presidente Uribe, para solicitar una reunión extraordinaria de la Comisión de Políticas Salariales y Laborales, que había sido convocada para el 15 de octubre y resolver los conflictos laborales.
[Fuente: El Nuevo Siglo, Bogotá, Col, 10oct08]
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