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10oct08
El presidente Uribe justifica el estado de excepción en la huelga de los empleados del sector judicial
Con el fin de hacerle frente al paro que desde hace 37 días llevan a cabo los empleados del sector judicial en todo el país, el Gobierno nacional decretó el estado de conmoción interior durante 90 días y, al amparo de ella, estableció las primeras medidas tendientes a restablecer la normalidad del servicio en los juzgados, otorgándole facultades extraordinarias al Consejo Superior de la Judicatura que le permitan crear, suprimir, trasladar y posesionar a nuevos funcionarios que garanticen la prestación del servicio público de la justicia.
Dentro de esas decisiones iniciales se les otorgan atribuciones de competencia a los notarios para todos los procesos de jurisdicción voluntaria, incluidos los de adopción, y se otorgan también facultades a la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura para suspender a aquellos funcionarios del sector que de manera injustificada se abstengan de prestar el servicio.
Asimismo, se modificará el Código de Procedimiento Civil de tal manera que se puedan conjurar los efectos originados por el paro, principalmente lo que tiene que ver con la congestión de los despachos judiciales. El Gobierno anunció, por otra parte, que hará las modificaciones presupuestales necesarias para atender todas las medidas adoptadas dentro de la declaratoria de la conmoción interior.
Al hacer el anuncio sobre la decisión adoptada, en la noche del jueves en la Casa de Nariño, el presidente Álvaro Uribe señaló que el país afronta una grave perturbación del orden público y social, porque la administración de justicia no se encuentra funcionando de manera normal y adecuada, lo cual atenta contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana. “Como consecuencia del cese de actividades de la rama judicial, han quedado en libertad más de 2.720 personas capturadas por la sindicación de delitos de homicidio, lesiones personales, hurto y tráfico de estupefacientes, entre otros, según informe de la Policía Nacional”, dijo.
En este sentido, reveló que el Fiscal General le había informado sobre la “inminente salida de las cárceles, por vencimiento de términos, de personas sindicadas de delitos relacionados con los trágicos hechos de la toma del Palacio de Justicia, secuestro y otros graves delitos, entre ellos el señalado narcotraficante conocido como Miky Ramírez y los asesinos de Liliana Gaviria, hermana del ex presidente César Gaviria.
[Fuente: El Espectador, Bogotá, Col, 10oct08]
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