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11oct08
Uribe arrincona a huelguistas
El estado de excepción decretado por el Gobierno de Colombia para afrontar la paralización de los despachos judiciales por la huelga que mantienen hace más de un mes los empleados de la administración de justicia generó ayer viernes una polémica entre distintos sectores del país.
La medida excepcional, que en Colombia se denomina “conmoción interior”, fue anunciada la noche del jueves por el presidente Álvaro Uribe, quien señaló que a raíz de la protesta unos 2 mil 700 detenidos por homicidio, narcotráfico y tenencia de armas quedaron libres por vencimiento de términos legales.
El gobernante indicó, igualmente, que la situación en el sector judicial ha llevado a que más de 120 mil procesos estén sin fallos, y que no se hayan celebrado unas 25 mil audiencias desde el 3 de septiembre, cuando empezó el paro.
No obstante, la medida, que, según la Constitución, puede aplicarse por 90 días, prorrogable hasta por dos periodos iguales, despertó voces a favor y en contra.
El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Torres Corredor, defendió la decisión, al indicar que la huelga de la justicia atenta contra la convivencia y los derechos ciudadanos.
Pero el vicepresidente del Consejo de Estado, Rafael Lafont, se declaró en desacuerdo, y señaló que habría sido preferible aguardar y agotar las instancias de diálogo antes de anunciar esa decisión.
Los integrantes de la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial, que convocó a la huelga en demanda de mejoras salariales, además de respeto a su autonomía e independencia, rechazaron la decisión del Ejecutivo.
“Es una medida desafortunada e inconstitucional, porque para decretarla se requieren condiciones precisas que aquí no se cumplen”, dijo a periodistas Fabio Hernández, presidente de ese sindicato.
Dirigentes del partido opositor Polo Democrático Alternativo (PDA) se sumaron al rechazo, mientras que destacados líderes del Partido Liberal (PLC) consideraron “necesaria” la determinación.
El PDA anunció que acudirá “ante la Corte Constitucional para impugnar la constitucionalidad de los decretos anunciados”.
[Fuente: La Prensa, Panamá, 11oct08]
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