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06mar10
Acusados sicarios que iban a atentar contra magistrados
Los dos hombres señalados por la Fiscalía como presuntos sicarios que pretendían atentar contra la vida de tres de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia el pasado jueves, fueron acusados ayer de porte ilegal de armas por este organismo de investigación.
A cada uno de los implicados se le hizo una audiencia de control de garantías en la URI de Toberín, en el norte de Bogotá. El primero en ser llevado al estrado fue Gabriel Jaime Torres, capturado el jueves a las 3 de la mañana en el interior de un carro parqueado al frente de una taberna de mariachis, en la Calle 116 con Avenida 19 de la capital del país.
Al ser alertada por la comunidad, las autoridades llegaron al lugar y encontraron en la parte trasera del vehículo una pistola, un silenciador, un proveedor y trece cartuchos.
Torres fue acusado de porte ilegal de armas, delito que no aceptó, y por el que recibió medida de aseguramiento carcelaria.
Luego, durante un operativo de control realizado a los taxis en la Calle 84 con Carrera 15 en Bogotá, fue capturado Wilber Arley Posada Correa, segundo presunto sicario implicado en el posible atentado fallido.
Posada, quien manejaba un taxi Hyundai y le fue hallada una pistola, un proveedor y 15 cartuchos debajo del asiento de piloto, aceptó su culpa en el porte ilegal y fue dejado en libertad por la juez de garantías, que decidió que el acusado no era peligroso para la sociedad.
Durante las audiencias no se ventiló lo que estos hombres, llegados de Montería a Bogotá, pretendían hacer con sus armas.
De acuerdo con las declaraciones de ayer del Ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, las alarmas de un posible atentado contra la vida de los miembros de la Corte se produjo "por la presencia de unos personajes que venían del departamento de Córdoba y que fueron ubicados en una zona cercana a la residencia de un magistrado. Se está investigando qué relación tienen estas personas con un supuesto plan para acabar con la vida de los magistrados".
La información sobre estos hechos la habría dado inicialmente hace dos semanas el desmovilizado de las AUC conocido como Libardo Duarte, alias Bam Bam, quien se entrevistó personalmente con un par de estos magistrados para informarles sobre los planes que había en su contra para asesinarlos.
Por su parte, el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo Trujillo, se comprometió a reforzar la seguridad de los magistrados en un diálogo que sostuvo con la presidenta encargada de la Corte Suprema de Justicia, Elsy del Pilar Cuello.
La reunión, en la que además estuvo el jefe de seguridad de Palacio de Justicia, concluyó con la decisión de reforzar las medidas de seguridad del alto tribunal, al igual que la de los magistrados Jorge Luis Quintero Milanés, Augusto Ibáñez y Javier Zapata, y sus respectivas familias, contra quienes se cree iría dirigido el atentado que se develó.
[Fuente: El País, Colprensa, Cali, 06mar10]
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