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DERECHOS


7jun02

Situación de seguridad de los abogados de la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"

Introducción.

El Colectivo de Abogados es una ONG fundada en 1980, con sede en la ciudad de Bogotá. Su objetivo principal es la promoción de respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales tanto individuales, como colectivas y la justa aplicación de la justicia en casos de violaciones a esos derechos y libertades. Su compromiso humanitario se centra en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, lo cual se traduce en la realidad concreta en la lucha contra la impunidad, prestando asesoría legal en casos de graves violaciones a los derechos humanos y representando legalmente a las víctimas ante los tribunales nacionales e internacionales.

En razón de su trabajo, desde comienzos de 1990 los integrantes del Colectivo han sido objeto de continuas amenazas y hostigamientos |1|. Los victimarios son agentes del Estado pertenecientes a la Fuerza Pública, miembros de organismos de seguridad del Estado, y particulares que actúan con el apoyo, la aquiescencia, la tolerancia y la protección de servidores públicos, quienes en represalia por la actividad legítima que desarrollan se convierten en objetivo de sus ataques, amenazas y hostigamientos. Como hecho agravante de esta situación, el gobierno de Colombia no ha implementado las medidas de protección y de seguridad solicitadas en numerosas oportunidades por la Organización de Derechos Humanos, lo cual, aunado a la impunidad penal y disciplinaria que se cierne sobre los hechos de agresión contra el Colectivo, ha facilitado el agravamiento de la situación de riesgo de los abogados defensores de derechos humanos que laboran en el Colectivo |2|.

I. Panorama actual.

1. Nuevas acusaciones en contra del Colectivo de Abogados en el presente año.

1. El día martes 21 de mayo, comenzó a circular en algunas universidades y en la Fiscalía General de la Nación, un afiche a color, en el cual se señala a la Corporación Colectivo de Abogados como el "brazo jurídico del ELN", en razón de las actuaciones jurídicas que ha adelantado en la investigación que se sigue ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación por el atentado contra el líder sindical y congresista de la República Wilson Borja Díaz y de su labor como peticionarios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA de las medidas cautelares de las que actualmente es beneficiario Wilson Borja.

2. El comunicado público, contenido en el mencionado afiche, además hacer un llamado al aniquilamiento institucional del Colectivo de Abogados, enaltece la labor del Mayor del Ejército Nacional, César Alonso Maldonado Vidales invitando a solidarizarse con su persona y hacer un reconocimiento público de su inocencia y de su calidad de Héroe Nacional, ante la "guerra sucia" que han desarrollado el líder sindical Wilson Borja y "su Colectivo de Abogados", "con el único fin de acabarlo y destruirlo".

3. En la investigación que se adelanta en la Fiscalía General de la Nación, por el atentado que sufriera el 15 de diciembre de 2000, el Presidente de FENALTRASE Wilson Borja Díaz, se dictó resolución de acusación y llamamiento a juicio, contra el mencionado mayor Maldonado, identificándolo como autor intelectual del hecho.
[Ver texto de un ejemplo de libelo.]

4. En otro caso, que actualmente tramita el Colectivo de Abogados, el señor Maldonado, siendo entonces Teniente del Ejército Nacional participó en la detención arbitraria y tortura contra varios dirigentes sindicales, y la incineración de otro. Por estos hechos y a pesar de estar plenamente probada su responsabilidad penal, el señor Maldonado fue absuelto en la Jurisdicción Penal Militar, proceso que fue declarado nulo. En este momento, la investigación encuentra en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, pendiente de dictar resolución de acusación y llamamiento a juicio contra el mayor Maldonado por estos hechos ocurridos en la ciudad de Cúcuta, Deparatamento del Norte de Santander.

5. En el proceso disciplinario que se adelantó por los mismos hechos ante la Procuraduría General de la Nación, el mayor Maldonado fue sancionado en primera instancia con destitución de su cargo, al comprobarse su responsabilidad en la ejecución de estos crímenes, decisión que fue confirmada por el entonces Procurador General de la Nación Dr. Jaime Bernal Cuellar, quien sustituyó la sanción por la de represión severa.

6. El referido afiche, cuya redacción, encabezado y contenido hacen presumir que el Mayor Maldonado estuvo involucrado en su elaboración, cuestiona nuestra labor de defensa de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, afirmando que ejercemos labores de manipulación y corrupción al interior de sectores de la Fiscalía General de la Nación, Ministerio Público y Magistratura, y presionamos a los organismos internacionales de protección de derechos humanos, poniendo en tela de juicio el reconocimiento de status consultivo que tiene nuestra organización ante la Organización de Estados Americanos OEA.

7. Igualmente, asigna al Colectivo la calificación de como organización testaferra del ELN, financiada por "organizaciones narcoterroristas", controvirtiendo así la naturaleza de las agencias de cooperación internacional que financian nuestra labor, así como la de otras organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos.

8. Señalan nuestro trabajo de difusión y defensa de los derechos humanos y de las violaciones que contra ellos se cometen, como una "vieja estrategia subversiva" para presionar políticamente las decisiones jurídicas. De igual forma, se cataloga nuestra labor de denuncia, como desinformación "al país entero y a la opinión pública internacional".

9. Especial preocupación genera el señalamiento de que es objeto el abogado del Colectivo Luis Guillermo Pérez Casas, quien es tildado como "jefe del brazo jurídico del ELN" y administrador financiero de "del grupo narcoterrorista", y quien actualmente se encuentra fuera del país, precisamente en razón de los hostigamientos y amenazas de que ha sido víctima, como abogado de la parte civil en los procesos penales que se adelantan por la masacre de Mapiripán, y el atentado contra Wilson Borja Díaz, entre otros.

10. En la parte final del texto del afiche, los "firmantes" demandan una "investigación contra el Colectivo de Abogados, para judicializar a sus integrantes", afirmando que "de esta manera se asestaría un duro golpe al E.L.N y sus finanzas", afirmando que la organización de derechos humanos, es más peligrosa que la subversión.

11. Solicitan igualmente la intervención de "todas las organizaciones Defensoras de DDHH que funcionen en el territorio nacional, para establecer si realmente cumplen esta función o son testaferros de las organizaciones narcoterroristas, que le lideran la guerra político-jurídica y sus finanzas", observándose nuevamente, la criminalización de la actividad de defensa de los derechos humanos en Colombia.

Este pasquín, en el que se designa a los abogados del Colectivo, como cabecillas de la organización narcoterrorista, no debe entenderse como un hecho aislado, sino en el contexto de amenazas, hostigamientos, señalamientos y agresiones a nuestra organización de derechos humanos; persecución, que ha tenido múltiples y diversas manifestaciones y que se ubica en nuevo plano de agresión, ya no dirigido contra cada uno de los abogados que la conforman, sino contra al totalidad de la institución.

2. Los seguimientos y acusaciones a los miembros del Colectivo de Abogados por parte de los organismos de inteligencia del Estado, continúan:

Recientemente, el Colectivo de Abogados, ha tenido conocimiento de otros hechos relacionados con señalamientos y actividades de inteligencia militar sobre el trabajo de nuestros abogados defensores de derechos humanos y de la institución misma:

1- El Colectivo de Abogados, a petición de las organizaciones que agrupan desplazados y del Ministerio del Interior, realizó un convenio con aportes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, con el objeto de desarrollar una serie de seminarios regionales y un "Encuentro Nacional de Desplazados" llevado a cabo los días 5, 6 y 7 de abril de 2002, y cuya clausura estuve precedida por la presencia del Ministro del Interior, Armando Estrada Villa.

Con posterioridad al evento, en la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, se inició el Proceso No 1209. En el marco de esta investigación se hicieron por lo menos 17 allanamientos en Bogotá y se detuvieron algunas personas desplazadas que pertenecen a las organizaciones de desplazados que fueron partícipes de los encuentros regionales y nacional. Lo sorprendente es que en este proceso aparece el informe de inteligencia No. 01579, firmado entre otros, por el Capitán Harold Salazar, un Teniente Coronel Echeverry del Batallón 13 de Policía Militar, haciendo cargos contra nuestra institución como una organización de las FARC y diciendo que en la oficina que cedimos para organizar esos talleres operaba el bloque Antonio Nariño de las FARC.

2. Igualmente, tenemos conocimiento de un informe del Cuerpo Técnico Investigativo de la Fiscalía CTI, que da fe de ordenes de ejecutar a varias personas, entre ellas, a ocho fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, a miembros del CTI, a una persona de Minga y a dos miembros del Colectivo de Abogados Luis Guillermo Pérez y Alirio Uribe. Se tiene conocimiento que ésta es una orden dictada por el Ejército Nacional a los grupos paramiliatres de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC.

3. Los seguimientos y vigilancias a la sede del Colectivo se han incrementado, se han hecho presentes en nuestras oficinas, dos personas, una mujer y hombre de quienes sabemos tienen vínculos con la inteligencia militar, preguntando por el abogado Alirio Uribe. Igualmente, han sido vistos en el primer piso del edificio, en actividades de observación o inteligencia.

4. Fuentes de alta credibilidad nos han comunicado que la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, en las investigaciones que corresponden a los radicados No. 590 ó No. 912, realizó inspecciones a los archivos de inteligencia y encontró información respecto de varios de los abogados de nuestra organización. Sin embargo, mediante respuesta a derecho de petición formulado institucionalmente, esta Unidad de la Fiscalía niega esa información.

II. Se perpetúa la impunidad con relación a las amenazas y hostigamientos en contra del Colectivo de Abogados:

En razón de las persecuciones en contra del Colectivo de Abogados, han debido abandonar el país los abogados Maret Cecilia García, en noviembre de 2001, y Luis Guillermo Pérez |3|, en marzo de 2002 con posterioridad a varias persecuciones, que en su debido momento fueron puestas en conocimiento de las autoridades nacionales e internacionales, entre ellas, una fraguada por el DAS cuando presentaron un testigo falso a la Fiscalía, que se presentó en las oficinas del Colectivo, dándonos aviso de posibles atentados contra la vida de los abogados Alirio Uribe Muñoz, Luis Guillermo Pérez y Cecilia García. En razón de dicha denuncia, se inició una investigación interna en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que fue archivada el pasado 31 de diciembre.

1. La investigación disciplinaria que adelantó el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS en razón de las amenazas a los abogados Luis Guillermo Pérez, Maret Cecilia García y Alirio Uribe Muñoz fue archivada.

2. Igualmente fue archivada en la Procuraduría General de la Nación, la investigación disciplinaria por las amenazas al abogado Reinaldo Villalba Vargas, por hechos sucedidos en Fusagasugá, Departamento de Cundinamarca.

3. Las investigaciones penales que se adelantan ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, se encuentran archivadas o en fase preliminar, sin que hasta la fecha exista un solo sindicado por los hechos que dieron origen a cada una de ellas, a pesar de que en varias de ellas aparecen informes de inteligencia en contra del Colectivo de Abogados, suscritos por funcionarios de la Fuerza Pública, sin que se haya procedido a su vinculación en los respectivos procesos.

III. Situaciones antecedentes de amenazas al Colectivo de Abogados.

De manera resumida, podemos resaltar los hechos más notorios, consistentes en amenazas, hostigamientos, señalamientos, detenciones y otras agresiones, las cuales en su conjunto, originaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y su posterior otorgamiento, inicialmente en favor del actual Presidente del Colectivo, Alirio Uribe Muñoz, y posteriormente extendidas en mayo del año 2001, a todos los abogados de la organización.

1. Hechos que originaron el otorgamiento de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Colectivo de Abogados.

A. Informe de Inteligencia "Miscelánea".

El informe que tiene varias fechas, entre ellas, 12 de noviembre de 1996, aparece firmado entre otros por el Teniente Ballesteros. El Brigadier General Rafael Hernández López, Comandante de la Brigada XIII, envió al Comandante del Ejército el informe en mención, que luego apareció en el proceso penal No. 9668 de la Fiscalía Regional de Bogotá, en el se sindica de ser simpatizantes o militantes de la guerrilla a más de dos centenares de lideres cívicos y populares, concejales, alcaldes, defensores de derechos humanos, entres otros. En este informe se nombra a Alirio Uribe como parte de la "red de apoyo del ELN" y quién "lidera una campaña para buscar la calidad de presos políticos de los bandidos".

De la lista mencionada en el informe de inteligencia aludido, algunas personas han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, otras de desaparición forzada, otras de detenciones arbitrarias y otras objeto de constantes amenazas lo que les ha obligado a desplazarse o a exiliarse. A partir de esta temeraria acusación de inteligencia militar, se inicia la cadena de persecución contra el Dr. Uribe Muñoz.

B. Panfletos y listas.

El 7 de agosto de 1999 en algunas vías públicas de la ciudad de Bogotá, fue repartido un panfleto firmado por el "Ejército Rebelde Colombiano", organización que no existe en la práctica y que se utilizó de parapeto para desviar la atención de los verdadero responsables, en el cual se amenaza de muerte a 21 personalidades públicas, intelectuales y lideres sociales, algunos de ellos han salido del país para salvaguardar su vida. Entre los amenazados figura el nombre de Alirio Uribe. Sobre este hecho y sobre los pronunciamientos contra defensores de derechos humanos emitidos por un alto oficial del ejército nacional, el Colectivo de Abogados informó por escrito al propio presidente Andrés Pastrana Arango en carta en radicada el 25 de Agosto de 1999, solicitándole, entre otros puntos, especial atención a los problemas de seguridad de Uribe Muñoz.

En noviembre de 1999 llegó a la oficina de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, un documento en el cual se denuncia un plan de exterminio contra líderes sindicales, cívicos, populares, miembros del congreso, defensores de derechos humanos, entre otros. En esta lista vuelve a figurar el nombre de Uribe Muñoz.

El 5 de mayo de 2000, vuelve a aparecer un panfleto, conocido por el Colectivo de Abogados el 10 de mayo de 2000, donde se informa sobre una ofensiva paramilitar en la ciudad de Bogotá y se anuncia la ejecución de personas, donde aparece la misma lista relacionada en el numeral anterior.

C. Llamadas telefónicas.

Uribe Muñoz en algunos periodos ha detectado seguimientos, especialmente de hombres extraños en motos sin placas; visitas a su despacho de personas sospechosas que aparentemente requerían de su asesoría; llamadas sospechosas a su sitio de residencia, como la realizada en junio de 1999, luego del lanzamiento del libro sobre el caso de la Red de la Armada de Barrancabermeja, en la cual preguntaron por presuntas personas de la Armada que irían a visitarle o que estarían de visita en su casa; llamadas sospechosas a su antigua oficina privada de abogado (en la que hace más de 10 años no trabaja) en las cuales pedían datos de su casa, como ocurrió en diciembre de 1999, en la que le afirmaron que buscaban a Uribe Muñoz para "darle un regalo" dejando nombres y teléfonos los cuales resultaron ser ficticios; llamadas a familiares de Bucaramanga en las cuales aparentemente con su voz anunciaba visitas y pedían direcciones. Igualmente, ha ocurrido que al levantar la bocina del teléfono de su casa se escuchan sonidos como de una central de radio, e incluso, han contestado de la policía; en otra ocasión, envió un fax a la Universidad donde dicta clase y al momento llamaron de una oficina del Ministerio de Defensa preguntando que para quién era el fax enviado. También en la Universidad dónde dicta clases aparecieron panfletos de amenazas contra otros profesores y mencionaban el Colectivo de Abogados, es decir, a la ONG de derechos humanos de la que hace parte Uribe Muñoz.

2. Las amenazas se extendieron a otros miembros.

Es necesario destacar que son varios los miembros del Colectivo de Abogados que han sufrido diferentes formas de represión, que hoy tienen en el exilio a cinco de sus abogados: Rafael Barrios Mendivil |4|, Miguel Puerto Barrera |5|, Oscar Rodas |6|, Maret Cecilia García y Luis Guillermo Pérez Casas |7|.

La salida de los tres primeros motivó la Acción Urgente de la señoras Hina Jilani, Representante Especial del Secretario General para los defensores de los derechos humanos y Asma Jahangir, Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, sumarias o arbitrarias al gobierno de Colombia el 6 de febrero de 2001, reiterada el 2 de abril del mismo año.

A. La situación de Reinaldo Villalba Vargas.

Por su parte, Reinaldo Villalba Vargas, actual secretario del Colectivo de Abogados, ha sido también víctima de amenazas, seguimientos, e inclusive, de una detención arbitraria. El 3 de marzo de 2001, fue asesinado el líder sindical Jorge Darío Hoyos, quien una semana antes de su muerte manifestó a varias personas que él, y otras tres personas entre ellas Reinaldo Villalba Vargas se encontraba en una lista de personas a ejecutar por parte del Estado a través de grupos paramilitares.

Tanto Uribe Muñoz, como Villalba Vargas han tenido bajo su responsabilidad la asesoría jurídica en graves casos de violación de derechos humanos, razón por la cual han sido víctimas de manera permanente de hostigamientos y amenazas contra su vida.

B.Las amenazas contra Maret Cecilia García.

El día 4 de mayo de 2001, el señor Henry Cubillos, se presentó en la sede del Colectivo y manifestó haber conocido un plan en el que al parecer miembros de las Autodefensas de Cundinamarca, al mando del señor Luis Eduardo Cifuentes, estarían planeando atentar contra la vida de los abogados Luis Guillermo Pérez Casas, Alirio Uribe Muñoz y Maret Cecilia García, miembros del Colectivo.

Henry Cubillos Garzón fue testigo clave dentro de un proceso que conoció nuestra organización por la muerte del sindicalista Cesar Chaparro Nivia, ocurrida a manos del DAS en el año de 1992. En ella se vinculó al Jefe de la Unidad de Operaciones Permanentes del DAS, Germán Vicente Cuellar Manrique quien fue condenado a 12 años de prisión por estos hechos y a 50 años de prisión por otros crímenes de lesa humanidad. Este es el único caso en el que han actuado juntos los abogados Luis Guillermo Pérez, Alirio Uribe y la abogada Maret Cecilia García |8|. A raíz de estas amenazas, la abogada debió abandonar el país en el mes de noviembre de 2001.

C. Luis Guillermo Pérez.

Con posterioridad a estos hechos, se dirigieron nuevas agresiones contra el abogado Dr. Luis Guillermo Pérez, miembro del Colectivo de Abogados, quien en desarrollo de su labor como defensor de derechos humanos, visitó al Teniente Coronel Hernán Orozco Castro |9|, recluido en el Batallón Militar de Policía No.13 en el barrio de Puente Aranda, Bogotá, en varias oportunidades.

Estas acciones consistieron en pinchar las llantas del automóvil del abogado, el cual se encontraba parqueado frente al casino de oficiales, acto realizado por dos Mayores del Ejército, quienes protestaron simbólicamente por la presencia del abogado Pérez Casas. El día 21 de junio de 2001, encontrándose conversando con el señor Orozco, el Mayor López, Director del centro de reclusión en ese Batallón, de manera desobligante interrumpió su diálogo y exigió al abogado retirarse de manera inmediata ignorando su labor profesional y exigiendo permiso expreso del Tribunal Superior Militar para visitar a Hernán Orozco.

D. Seguimientos al abogado Pedro Mahecha.

El pasado sábado 9 de marzo, alrededor de las ocho de la noche, un taxi se estacionó por espacio de varios minutos junto a la camioneta que tiene asignada habitualmente el abogado Pedro Julio Mahecha del Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo". La camioneta se encontraba estacionada en la calle, cerca del domicilio del abogado, en el parqueadero de un conjunto residencial, al noroccidente de Bogotá, donde viven varias personas allegadas a aquel.

El celador del edificio, extrañado ante la presencia de ese vehículo no identificado, se dirigió hacia éste y preguntó a quienes se encontraban al interior del vehículo -dos mujeres y un hombre- si habitaban en el conjunto residencial. La respuesta del chofer del taxi, fue que no fuera metido "viejo malparido", a lo que el celador respondió "que más malparido será usted". Justo después de escuchar esto, el chofer, sin salir del taxi, desenfundó una metralleta y la alistó como para disparar. En el último momento, las mujeres se lo impidieron. El portero se escondió detrás de un autobús y los individuos huyeron del lugar a toda velocidad.

Días después, el martes 11 de marzo, se recibió una llamada anónima en una oficina de abogados muy cercana al Colectivo, en la que preguntaban por los abogados Alirio Uribe Muñoz y Miguel Puerto Barrera (ambos miembros del Colectivo). Afirmaron insistentemente en que tenían necesidad de ubicarlos y finalmente dijeron que llamaban a nombre de la Policía Nacional.

Vale la pena señalar, que estos hechos se presentan en el contexto de las audiencias de los casos Pueblorrico y de la Organización Femenina Popular OFP, celebradas en la sede de la Comisión Interamericana en Washington, los días 5 y 6 de marzo y en las que el abogado Pedro Julio Mahecha participó en representación del Colectivo. En el primero de los casos, el Colectivo ha solicitado a la CIDH que la investigación sea adelantada ante la Justicia ordinaria y no ante la Penal Militar, como hasta ahora ha sido desarrollada. Por su parte, en el caso de la OFP, el Colectivo ha solicitado a la CIDH que se amplíen las medidas cautelares de protección a varias de las integrantes de esta organización de Barrancabermeja, ya que las que actualmente ha concedido el Gobierno colombiano resultan insuficientes respecto de los compromisos acordados y las necesidades de seguridad de la OFP.

No nos cabe la menor duda, que los sucesos reseñados constituyen nuevos actos de hostigamiento contra la vida e integridad física de los miembros del Colectivo de Abogados. Esto evidencia una vez más que el Gobierno Nacional no ha adoptado las medidas efectivas para la protección de los miembros que conforman esta institución lo que evidencia una falta de voluntad política para proteger -realmente- a los defensores de derechos humanos.

3. Medidas solicitadas y otorgadas por el gobierno colombiano.

Con fecha abril 25 de 2001, el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" solicitó al gobierno colombiano la adopción de una serie de medidas de consistentes en medidas de protección políticas y de seguridad con fundamento en la profundización del riesgo para los integrantes del Colectivo. El Colectivo de Abogados ha reiterado que las medidas de protección más importantes son las acciones preventivas del Estado y su compromiso de combatir eficazmente las causas estructurales que generan los ataques contra los defensores de derechos humanos, las medidas de seguridad personal, son accesorias y un ejercicio retórico para ocultar su falta de voluntad política. La superación de la galopante impunidad es el primer paso para generar políticas preventivas.

A. Medidas políticas solicitadas.|10|

1. Explicar las razones por las cuales miembros del Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" aparecen en informes de Inteligencia Militar.

2. Avanzar en las investigaciones penales por las amenazas contra los Abogados del Colectivo, establecer la verdad y sancionar a los responsables.

3. Elaborar un estudio y un informe sobre las personas que han sido arbitrariamente detenidas, sometidas a procesos penales, asesinadas, torturadas, desaparecidas, víctimas de atentados, desplazadas, obligadas al exilio y cuyos nombres figuran en el tristemente famoso "informe de inteligencia militar" autodenominado "Miscelanea", procedente del Brigada XIII.

4. Investigar y sancionar a los responsables de la elaboración del citado informe.

5. Destituir o desvincular de forma inmediata a los miembros de la fuerza pública (agentes, suboficiales y oficiales) comprometidos en los casos del atentado contra la vida del dirigente sindical WILSON BORJA y de las ilegales interceptaciones telefónicas a sedes de ONG de derechos humanos y sus miembros.

B. Medidas preventivas de protección solicitadas.

1. Dotación de cinco vehículos blindados, con su respectivo mantenimiento, costos de funcionamiento y conductor pagos por el Gobierno Nacional y dotados de radios Avantel.

2. Adoptar medidas para la oficina acordes con los estudios de seguridad realizados por las autoridades. Entre otras medidas: diseñar el cubículo de entrada de personas, instalar el detector de explosivos que permanece en nuestra sede, un equipo de video que filme las 24 horas la entrada de personas, un circuito cerrado de televisión para controlar el ingreso de personas con tres pantallas una en la recepción y dos en las alas donde se ubican las 9 oficinas para poder confirmar visualmente el ingreso de las personas, un equipo permanente con señales para identificar si se están interceptando las llamadas, identificadores de llamadas, citófono en el piso 25 antes de ingresar a la oficina y en la recepción, sistema de radio o citófono para casos de urgencia entre la recepción de la oficina y la portería en el primer piso. Un portero de confianza que controle el ingreso y salida de personas de las oficinas a cargo del Gobierno Nacional.

3. Desocupar las oficinas que ocupa el Banco Agrario en el piso 25 del edificio AVIANCA con el fin de permitir las condiciones óptimas para garantizar la seguridad de su sede.

4. Instalación de medidas de seguridad en las casas o apartamentos de los abogados que las soliciten o requieran.

5. Financiación de tiquetes internacionales para salidas preventivas de los abogados (20 tiquetes (ida y vuelta) por año)con gastos de estadía.

6. En caso que la medida de protección para cualquier abogado sea la salida del país se pide que el gobierno sufrague los pasajes y los de su familia y que durante el tiempo de exilio.

C. Medidas otorgadas por el gobierno colombiano.

En lo que respecta a las medidas políticas, indispensables para la superación de la situación de riesgo de los abogados del Colectivo, la actividad del Gobierno colombiano ha sido prácticamente nula, lo cual evidencia ausencia de voluntad política para superar las causas que generaron la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos de la OEA.

Los resultados de las investigaciones penales adelantadas por la Unidad Nacional de derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, en orden a identificar y sancionar a los responsables de las amenazas y hostigamientos a los miembros del Colectivo, arrojan un avance poco significativo. La situación de seguridad de los miembros del Colectivo de Abogados, es hoy más grave que a la fecha en que se decretaron las medidas por parte de la Comisión, y no se aprecia un esfuerzo manifiesto por parte de las autoridades estatales en orden a establecer la verdad y sancionar a los responsables, no existiendo un solo sindicado a la fecha en alguna de las investigaciones y profiriéndose el archivo de varias de ellas.

En lo que respecta a medidas de protección personal, solo se han otorgado las medidas complementarias de protección: chalecos antibalas, teléfonos avantel y curso de autoprotección. Igualmente se han otorgado tres(3) vehículos blindados y seis(6) acompañantes; medidas que en ausencia de voluntad política estatal para superar las causas que originaron la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, son insuficientes para superar la preocupante situación de riesgo por la que atraviesan los miembros del Colectivo de Abogados.

Solicitamos:

Dirigirse a las autoridades colombianas para exigir del Estado:

1. Reivindicar el trabajo nacional e internacional que en materia de derechos humanos desarrolla la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo".

2. Denunciar los actos de persecución que se han efectuado desde la cúpula militar y desde la inteligencia militar en contra del Colectivo de Abogados.

3. Solicitar resultados concretos en las investigaciones penales que se adelantan ante la Fiscalía General de la Nación, exigiendo que sean vinculadas las personas que suscriben los informes de inteligencia y sancionados los responsables de las amenazas en contra de la organización de derechos humanos.

4. Exigir que se garantice la vida e integridad física y sicológica, de los abogados y abogadas del Colectivo y el libre ejercicio de su profesión como abogados defensores de derechos humanos.

5. Responsabilizar al Estado colombiano por cualquier atentado contra la vida e integridad física de los defensores de derechos humanos en Colombia.

CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS "José Alvear Restrepo".

Notas al documento:

1. En 1991 se vio obligado a abandonar el país el doctor Eduardo Umaña Luna. A mediados de 1992 el doctor Eduardo Umaña Mendoza por las amenazas contra su vida que se incrementaron por ser el abogado de la víctimas en la masacre de Fusagasuga, ente lo cual aceptó escoltas del DAS y un chaleco antibalas de la Embajada de EEUU en Colombia. A finales de 1994 el doctor Rafael Barrios Mendivil se vio obligado a abandonar el país y refugiarse en Bruselas por seis meses, debido a su actividad en los casos de Caloto -donde fueron asesinados tres abogados- y Los Uvos. Volver

2. Esta situación de riesgo ha sido reconocida recientemente en el Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, Informe 2002, "Este año continuó incrementándose la vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos, incluyendo la de los líderes y representantes comunitarios y sociales, sindicales, de derechos indígenas y de los desplazados, entre otros(...) De igual manera, otros defensores de derechos humanos fueron objeto de amenazas, entre los cuales se encuentran el presidente y otros dos miembros de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, atribuida a miembros del Ejército" Párrs. 273, 276. Volver

3. En el año de 1.995 el abogado Luis Guillermo Pérez, debió abandonar el país por amenazas contra su vida y la de su familia, retornando en 1999, después de haber permanecido cuatro años en el exilio. Volver

4. Salió del país el 5 de agosto de 1999 luego de que una persona en moto sin places fuera a su residencia en marzo de ese año cuando se encontraba fuera del país en las sesiones de la Comisión a llevar un supuesto pedido que habría hecho a una reconocida cadena de comidas rápidas, luego hicieron llamadas sospechosas a su casa, y le entregaron mensajes directos en la reunión de la cúpula militar con las ONG en Bogotá. Volver

5. El 10 de mayo de 2000 el Colectivo de Abogados solicitó medidas cautelares a favor de Miguel Puerto Barrera alegando que el miércoles 12 de julio de 2000, cuando Puerto Barrera llegó al conjunto residencial donde vive, el celador le informó que dos hombres que ocupaban un vehículo Sprint, tipo automóvil, lo habían preguntado y le manifestaron con precisión el apartamento que ocupa Puerto Barrera. También los hombres extraños le preguntaron sobre la hora en que usualmente acostumbra a llegar Puerto Barrera a su apartamento. Los dos hombres extraños estuvieron esperando a Puerto Barrera cerca de dos horas y abandonaron el lugar. Momentos después hizo su arribo Puerto Barrera. El 14 de julio de 2000 la Comisión solicitó información al Estado con relación a la situación antes mencionada. El 4 de agosto de 2000 el gobierno colombiano informó que el CRER del Ministerio del Interior atendió positivamente la decisión del abogado Puerto Barrera de salir del país. Volver

6. El 24 de enero del 2001, en la ciudad de Medellín aproximadamente a las 14:30 horas, su compañera Olga Liliana Vélez fue secuestrada por tres hombres y una mujer armados, quiénes la subieron a un automóvil la amordazaron, le vendaron los ojos y la llevaron a una casa desconocida en donde la golpearon, al final de la tarde la liberaron para que transmitiera un mensaje. Le dijeron que el abogado Oscar Rodas Villegas tenía hasta el 17 de febrero para perderse si no le iban a atacar a su familia y mencionaron a su hija menor que también vive en Medellín, lo más grave es que le dijeron que si no había entendido el mensaje de hace 4 meses, el 23 de septiembre del 2000 cuando su hermano Juan Fernando Rodas Villegas se encontraba transitoriamente en un curso en la ciudad de Bogotá y llegando al apartamento de OSCAR fue asesinado de un disparo en la cabeza, en ese momento se interpreto su muerte como un atraco de los que suelen ocurrir los viernes en la noche en Bogotá, teniendo en cuenta que se trataba de una persona que nunca había tenido ningún problema, amenazas o similares, hoy se abre la duda y la posibilidad de que su muerte tenga una motivación política. Volver

7. En razón de su situación de seguridad ha debido salir en varias ocasiones del país por largos periodos, La última de ellas el 27 de marzo de 2002 con ocasión de asiduos seguimientos de que era objeto. El Dr. Pérez era representante de la parte civil, en los procesos que se adelantan por la masacre de Mapiripán. Igualmente llevaba el caso del atentado contra el sindicalista y hoy congresista Wilson Borja, entre otros. Volver

8. Mediante auto No. 1149 del 31 de junio de 2001, proferido por la Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, se ordenó iniciar la investigación preliminar en averiguación de responsables, con fundamento en el comunicado público emitido por el Colectivo de Abogados, en el que se solicitamos que se estableciera la responsabilidad que pudiere recaer sobre funcionarios del Das, respecto de las amenazas de que fueron objeto los referidos defensores de derechos humanos. Con auto de fecha 31 de diciembre de 2001, la Oficina de Control Interno del Das, decidió archivar definitivamente la indagación preliminar 477-01 por los hechos referidos. Volver

9. El señor Hernán Orozco Castro es beneficiario de medidas cautelares, solicitadas por le Colectivo de Abogados y otorgadas por la Comisión Interamericana de derechos Humanos a partir del 12 de abril del presente año, con fundamento en las amenazas de que ha sido objeto en virtud de las declaraciones rendidas entre los meses de noviembre y diciembre de 2000 en el proceso que se adelantó ante la jurisdicción penal militar en su contra, y la justicia ordinaria, ante el Juzgado Segundo Especializado del Circuito, rendidas del 14 al 21 de agosto de 2001 por los hechos de la masacre de Mapiripán, y en las cuales, éste señala los vínculos entre varios oficiales del Ejército y los grupos paramilitares. Volver

10. En diferentes oportunidades se han dirigido comunicaciones al Gobierno colombiano solicitando medidas de protección para atender la grave situación de seguridad de los miembros de la CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS "JOSÉ ALVEAR RESTREPO", destacándose entre ellas, una comunicación fechada 25 de abril de 2001, que resume la situación histórica de seguridad de los miembros del Colectivo y se hacen una serie de solicitudes concretas en materia de medidas políticas y de seguridad personal, que no han sido tenidas en cuenta por el gobierno colombiano. Volver
(fin del documento)



Direcciones útiles del Gobierno Colombiano
para Solidaridad Urgente

DDHH en Colombia

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Este documento ha sido publicado el 08jun02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights