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04may13
Alberto Rojas Ríos un magistrado sospechoso en la Corte Constitucional
En un artículo de la prestigiosa revista Harvard International Law se decía que la Corte Constitucional de Colombia es la más poderosa del mundo. El argumento central es que en vista de la fragilidad de los partidos y la pobre iniciativa del Congreso, la Corte ha asumido varias de las funciones de ellos para mantener la estructura del Estado.
Ese prestigio se ratifica también cuando se lleva a cabo la cumbre de cortes constitucionales del mundo y la colombiana tiene un puesto asegurado en el podio de las que dan ejemplo.
Por eso, la polémica en medio de la cual llega Alberto Rojas Ríos como magistrado de esta corporación no es un asunto menor. No es solo una silla de las nueve la que se cuestiona, sino que se abre un gran interrogante sobre el futuro de esta Corte.
El presidente Juan Manuel Santos, luego de que su gobierno se mostró dudoso sobre si lo posesionaba o no, decidió finalmente darle la bendición en una discreta ceremonia el pasado jueves.
La duda se debió a tres denuncias que han aparecido en los medios de comunicación sobre él, que han puesto en tela de juicio sus calidades para asumir tan honorable cargo.
En primer lugar, el portal La Silla Vacía denunció que evadió impuestos entre 2010 y 2011, pues el magistrado recibió 567 millones de pesos en honorarios de dos empresas contratistas de alumbrado público y solo reportó en la Dian 67 millones. Rojas Ríos explicó en su momento que había sido "un error" y que lo enmendaría. Sin embargo, Caracol Radio informó el jueves que aún en la Dian no se había reportado el pago.
En segundo lugar, el columnista Armando Montenegro, de El Espectador, denunció que la exsenadora Zulema Jattin, procesada por parapolítica, era una de sus jefes de debate. Rojas Ríos lo negó en La W. Pero luego La Silla Vacía publicó la foto del magistrado Rojas, recién elegido, celebrando en un restaurante con un muy pequeño grupo en el cual se encontraba Jattin.
Y en tercer lugar, Noticias Uno mostró cómo, al parecer, Rojas Ríos se había apoderado mediante documentos falsos de 116 millones de pesos que el municipio de Funza le reconoció a una viuda. El hoy magistrado se defendió de ese señalamiento diciendo que ese proceso era viejo, que él se lo había pasado a otro abogado y que en últimas lo habían exonerado. Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno, señaló que el caso no es tan antiguo (de 2004 a 2009), que el expediente se movió por 17 juzgados hasta que precluyó y que la supuesta cesión, según dos exámenes forenses, no es auténtica.
Es evidente, en los tres episodios, que el nuevo magistrado tiene explicaciones para todo y las sustenta siempre con un particular tono de seguridad en su voz. Sin embargo, cuando sus respuestas se confrontan con la realidad, no parecen estar muy apegadas a ella.
Más allá de un detalle o del otro, lo cierto es que la Corte Constitucional de Colombia, que ha sido baluarte del Estado en los últimos 20 años, se merece que lleguen a ellas personas que no hayan cometido errores en el pago de sus impuestos, que no celebren un triunfo con otra persona que carga un dispositivo electrónico de detención por asuntos tan graves como la parapolítica y, en últimas, que no tengan que defenderse en un caso en donde una viuda resultó estafada.
Al presidente Juan Manuel Santos también le cabe algo de culpa. El gobierno no solo no hizo ningún esfuerzo para evitar que su bancada votara en el Congreso por él, sino que además no se dio el suficiente tiempo para ver si era conveniente o no posesionarlo. El gobierno dijo que no había ningún elemento legal para justificar aplazar su posesión. En la Constitución, sin embargo, dice que para llegar a magistrado se necesita ser un abogado de buena reputación. Y ese punto, por lo menos, podría haber ameritado un análisis más detenido por parte de la Casa de Nariño.
[Fuente: Revista Semana, Bogotá, 04may13]
 | This document has been published on 06May13 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |