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07dic13

Reclutas de jóvenes a la brava

Aunque desde 2011 las detenciones fueron prohibidas, aún se presentan casos de jóvenes reclutados.
Durante dos meses, Liceth Gómez ha intentado sin éxito demostrarle al Ejército que su esposo es el padre de sus dos pequeñas hijas, de año y medio y 4 años, y que responde por las tres. Los derechos de petición, las declaraciones extrajuicio y los registros civil de nacimiento que ha entregado en tres entidades no le han servicio, incluso, en una no aparecen.
Su compañero, Erix Alberto Ovalle, de 25 años, fue reclutado por unidades del Ejército en la mañana del 21 de septiembre cerca del Centro Comercial Tintal Plaza, en el suroccidente de Bogotá, cuando trabajaba con su bicitaxi.
Lo requirieron policías que acompañaban a militares. De allí fue llevado a un CAI en Kennedy y una hora después, junto con otros cuatro jóvenes y varios uniformados, lo trasladaron en una van de Contransguaviare hasta San José del Guaviare, en un recorrido de casi 12 horas. A los tres días, ya motilado, fue enviado al batallón Camacho Leyva de Calamar, municipio que alguna vez fue bastión del frente séptimo de las Farc.
"Un teniente le rompió el denuncio de pérdida de la cédula y el acta de buen trato que le habían dado en julio en el Silva Plaza, un batallón de Duitama (Boyacá), porque, por lo de las niñas, no servía (para el servicio militar)", recuerda Liceth que Erix Alberto le contó por teléfono cuando pudo comunicarse desde la base militar de Calamar y donde, con el argumento de que es padre de familia, se resistió en las primeras dos semanas a ponerse el camuflado.
El caso de Erix Alberto, quien completó un mes separado del resto de reclutas y está pintando el batallón, no es el único en la familia de Liceth. Carlos Eduardo -hermano de la joven madre- también tenía a su cargo dos niños, de 6 y 8 años, pero fue reclutado en enero en una batida en Patio Bonito, en Bosa, y de allí lo llevaron a Chiquinquirá (Boyacá). Desde ese momento, sus hijos quedaron al cuidado de Liceth.
Estos dos casos pueden ser similares a los de otros jóvenes que estando exentos han sido reclutados en las calles de ciudades, aunque la Corte Constitucional (sentencia C879 del 2011) consideró las batidas como "detenciones arbitrarias prohibidas" y estableció que si el joven no está clasificado como remiso "no puede implicar la conducción a cuarteles o distritos militares y su retención por autoridades militares por largos períodos (...)".
Ese fallo declara exequible que una persona pueda ser requerida momentáneamente para que se inscriba con fines de resolver su situación militar y que los remisos (quienes se inscriben, superan los exámenes y son citados a concentración, pero no se presentan) puedan ser retenidos y alistados, siempre que medie una orden.
"Si no tengo los 12 mil o 15 mil pesos que vale cada salida para entregar papeles en el Distrito 53 o en el Batallón de Logística o en el CAN, menos los 70 mil pesos que me cuesta el pasaje al Guaviare. ¿Si trabajo quién cuida a los niños y a mi papá, que tiene cáncer? Mi esposo era quien respondía por nosotras y ahora es mi mamá, que trabaja en una casa", asegura Liceth, que dice que no sólo no ha podido visitar a su compañero, sino que además debe dos meses del arriendo de la pieza en la que vive.
La Defensoría del Pueblo ha recibido este año cerca de 250 solicitudes en todo el país para que intervenga en casos por supuestas incorporaciones irregulares. Los reclamos son principalmente por el reclutamiento en las batidas de jóvenes que estarían eximidos, al encontrarse estudiando, ser hijos únicos, padres de familia, desplazados, indígenas, víctimas del conflicto y discapacitados y enfermos.
Otras quejas son por bachilleres reclutados para engrosar las filas de regulares y unos pocos por el alistamiento de objetores de conciencia.
"Las batidas son un procedimiento no ortodoxo que en la sentencia C-879 del 2011 fue declarado por la Corte Constitucional como detención arbitraria", le dijo a EL TIEM PO el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.
El caso es que el reclutamiento de los soldados regulares -cerca de 75 mil en todas las fuerzas, de ellos casi el 70 por ciento está en el Ejército-, es donde se concentran las quejas por la incorporación de jóvenes que están exentos por ley.
Estos soldados, igual que los campesinos, están obligados a prestar entre 18 y 24 meses y reciben al mes 86.000 pesos (sin los descuentos). Ellos son destinados para cuidar la infraestructura.
Solo en Bogotá, según la Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia de la Alcaldía Mayor, hay registros de 70 batidas durante septiembre. La mayoría ocurrieron en zonas populares de las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa, pero también hay casos en Kennedy, Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Suba y Engativá.
"Tenemos la descripción concreta, con nombres, lugar y placas de camiones. Los 70 casos no dejan de ser un subregistro, en tanto sabemos que es una actividad frecuente por parte de las Fuerzas Militares en la ciudad, con casos graves en los que jóvenes han sido llevados a otras regiones en menos de 24 horas", aseguró Andrés Idárraga, director de Derechos Humanos.
En los registros de la Alcaldía hay vehículos con placas de Bogotá, Ibagué y Santa Marta y otros, como reposa en una queja ante la Procuraduría, que no la tenían o esta no era clara.
Incluso, según Idárraga, hay casos en los que miembros de la Policía han participado en las batidas o entregan a los jóvenes que son conducidos a la Unidad Permanente de Justicia (UPJ). "Yo mismo presencié en el barrio Venecia patrullas de la Policía realizando, de manera conjunta con el Ejército, batidas en horas de la noche", afirmó el funcionario.
El general Feliz Iván Muñoz, comandante de la Jefatura de Reclutamiento del Ejército, reconoce que en las "compilaciones", como las Fuerzas Armadas llaman las batidas, se pueden presentar fallas, más aun cuando en un mes como lo fue septiembre, se realizaron 30 mil incorporaciones. "Lo lógico es que no se presenten (…) y si es un error nuestro, lo reconocemos", señaló el alto oficial.
El general insiste en que la idea de la institución "es incorporar a los mejores hombres" y dice que prestar el servicio militar debe ser un honor. "Qué bonito que todo el mundo dijera: 'vamos a luchar por nuestra patria'", aseguró.
Pero detrás de las batidas no sólo se pueden presentar casos de omisión y hasta de "fuerte desconocimiento" del fallo de la Corte y de la ley 48 de 1993, como lo asegura Otálora, sino también factores como la exigencia de cumplir la cuota de incorporación -tema que está estudiando la Defensoría-, ante las necesidades de seguridad de un país que enfrenta un conflicto interno de más de 50 años; el aumento de jóvenes eximidos y de los que no se sienten motivados.
El general Muñoz niega que se esté presentado "escasez" de soldados y asegura que "no se han dejado de completar las cuotas". No obstante, advierte que "con tantas exenciones" en el servicio militar obligatorio "puede llegar el momento en que el país no tendrá soldados".
La Jefatura de Reclutamiento del Ejército reporta que en este 2013, sus 12 zonas -a través de los 60 distritos- han incorporado 81.249 hombres, entre soldados bachilleres, regulares y campesinos. A todas las fuerzas ingresaron 118.226 reclutas. Sin embargo, también se calcula que los remisos llegan a 881.410.
"El servicio militar es una oportunidad de trabajo. Tenemos más de 70 mil soldados profesionales", dice el general, quien cita como ejemplo a Brasil, donde la persona después de prestar el año de servicio puede seguir en las filas durante cinco años y devengando sueldo.
A diferencia de los soldados profesionales, que van al combate; de los campesinos, que son asignados a sus zonas de origen, y de los bachilleres, que cumplen funciones administrativas, los regulares son los que prestan seguridad en vías, hidroeléctricas, acueductos, campos petroleros y oleoductos, y sin ellos esa infraestructura vital para el país estaría desprotegida.
Por ahora, Liceth Gómez espera que la Defensoría del Pueblo le abra las puertas del batallón Camacho Leyva a Erix Alberto para que él pueda regresar con ella y sus dos pequeñas hijas.
'Estuve 18 días reclutado en un batallón', dice estudiante
Más de una semana de descanso necesitó Luis Guillermo Parra, de 18 años, para recuperarse del agotamiento físico con el que abandonó el batallón Fernando Landazábal, en Bogotá, después de haber sido reclutado en una "batida" en el barrio Lucero Bajo, en Ciudad Bolívar.
El joven cuenta que antes de la orden de salida, en represalia porque insistía en que su reclutamiento había sido irregular, fue castigado con largas jornadas de ejercicios físicos. Durante 18 días fue soldado regular.
"Me pusieron a hacer ejercicios toda la tarde del viernes y luego toda la mañana del sábado. Salí con un cuadro de agotamiento y de dolor en las piernas. Casi dos semanas necesité para retomar mis actividades", le contó este joven a EL TIEMPO después de que con la ayuda de un abogado, que presentó un derecho de petición, lo dejaron abandonar la guarnición militar.
Luis Guillermo había sido reclutado en la mañana del 10 de septiembre, cuando iba por la calle con dos de sus hermanos, no obstante que estaba estudiando en la jornada nocturna del colegio Nicolás Esguerra y que se encontraba inscrito en el Distrito 51 para resolver la situación militar.
"Le dije al cabo tercero Martínez que todavía no tenía cédula ni libreta militar porque estaba estudiando. Él me dijo que me subiera al camión o me subía. Yo le respondí que las batidas son ilegales. En ese momento hubo forcejeo con mi hermana, que terminó en el suelo. Al ver esto, y que mi hermano se iba a meter, subí al camión, donde ya estaban otros muchachos", asegura el joven junto a su mamá.
Y agregó: "El camión siguió y entró al barrio Quiroga; allí cogieron al último. Éramos como 7 u 8, y nos llevaron al batallón de artillería Fernando Landazábal, que queda frente a la Picota. Allá ya había un grupo de civiles", agregó Luis Guillermo, quien desde hace cuatro años trabaja en una droguería del barrio.
Cuatro días después, y tras presentar exámenes odontológicos, médicos y sicológicos -este último le fue realizado en Fusagasugá-, Luis Guillermo recibió el camuflado y al día siguiente se encontró con su familia. "Fue emocionante. Hubo lágrimas. Había bajado de peso, estaba demacrado y calvo", recuerda. Ese día también estuvo el abogado que lo asistió, Alejandro Parra, quien habló con los superiores del joven recluta.
Sin embargo, este hecho lo que hizo fue convertir a Luis Guillermo en objeto de reproches, incluso de algunos de sus compañeros. "Los militares me decían: 'no pierda el tiempo, ya le tocó, sea varoncito' o 'llame a su mamá y dígale que usted ya se resignó'".
Cuenta que su primer polígono fue traumático. "Me puse a llorar. Unos compañeros decían miren a la niña, pero otros pedían que me dejaran quieto (…) En la segunda fase de polígono me dijeron: 'Le voy a conseguir un celular y va a llamar a su mamá y al doble ese que lo está llamando, y les dice que usted ya es un hombre, que se va a quedar".
Ahora, ya fuera del batallón Landazábal, Luis Guillermo asegura que su reclutamiento fue "traumático" y que por eso casi pierde el grado once, porque lo habían sacado del sistema y no presentó varias evaluaciones.
[Fuente: Por Guillermo Reinoso Rodríguez, El Tiempo, Bogotá, 07dic13]

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