9 y 10jul03

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La solución política y la democracia son el camino.

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Las organizaciones que suscribimos este documento consideramos que Colombia requiere urgentemente la búsqueda seria y comprometida de la vigencia de los derechos humanos, del derecho humanitario, de la solución política negociada al conflicto armado interno, así como el fortalecimiento del Estado social de derecho. Estimamos que dichos componentes constituyen el camino más seguro hacia la búsqueda de la paz y la democracia en nuestro país. En consecuencia, respaldamos la cooperación internacional dirigida a apoyar las iniciativas que se encuentren de acuerdo con dichos parámetros y que no sean contrarias a las normas de derechos humanos y derecho humanitario, ni pretendan desmantelar el Estado social de derecho y promover la guerra.

La cooperación que el Gobierno colombiano solicita a la comunidad internacional está dirigida a desarrollar políticas desconocedoras de dichos parámetros y, por consiguiente, sólo escalan el conflicto y nos alejan de la solución negociada de la paz. Existen diferencias centrales entre nuestras organizaciones y los planteamientos del Gobierno en materia de cooperación. Dicho disenso proviene tanto de la valoración diferente de las causas de la grave crisis que vive Colombia, como de las soluciones planteadas frente a dicha crisis.

I. Valoración de nuestras organizaciones sobre las causas de la crisis de derechos humanos y derecho humanitario y del conflicto armado.

Colombia sufre desde hace muchos años una grave crisis política y social reflejada en un alto nivel de violencia sociopolítica. Dicha crisis se encuentra agravada por la existencia de un conflicto armado interno de carácter político cuya solución debe ser el resultado de una negociación política con participación autónoma de la sociedad civil, que incluya soluciones a problemas políticos, sociales y económicos. Dentro de dicho conflicto armado se presentan actos contra la población civil por parte de las guerrillas, grupos paramilitares y agentes estatales violadores de derechos humanos. Los homicidios políticos, las desapariciones forzadas, los homicidios contra personas socialmente marginadas, las torturas, los secuestros, las violaciones sexuales contra mujeres, el uso de armas no convencionales, el ataque a la población civil y al personal protegido como las misiones médicas, los desplazamientos forzados y otras múltiples formas de violencia sociopolítica son parte de la realidad colombiana desde hace muchos años y se han agudizado en forma alarmante en la última década. Las consecuencias de la crisis se continúan sucediendo sin descenso. Entre julio de 2002 y junio de 2003, más de 19 personas en promedio diario fueron asesinadas, desaparecidas o muertas en combate en razón de la violencia sociopolítica. Otro aspecto de esta realidad es el hecho de que la gran mayoría de estos crímenes quedan en la impunidad.

Esta crisis, en la que las violaciones a los derechos humanos han sido masivas y generalizadas, tiene como una de sus causas el deterioro de la situación social y económica de la mayoría de la población. En efecto, las condiciones de inequidad, exclusión y pobreza en las que viven la gran mayoría de los habitantes del país y que enfrentan con mayor rigor las mujeres, las niñas y los niños, la población campesina, los afrocolombianos y los pueblos indígenas se convierten en un obstáculo para el disfrute de los derechos humanos. Dicha inequidad es producto de la aplicación de un modelo económico excluyente. Adicionalmente la última década representó un retroceso en lo social. La concentración de riqueza y el coeficiente Gini pasó de 0,54 en 1980 a 0,57 en 1999, ubicándose por encima del promedio latinoamericano ; el 20% de los hogares más ricos concentran el 52% de los ingresos, mientras que el 60% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza. La población que se encuentra por debajo de la línea de indigencia ha aumentado en los últimos diez años del 20 al 23% . Aproximadamente ocho millones de habitantes rurales (el 69% de dicha población) están por debajo de la línea de pobreza, de los cuales más de cuatro millones están en condiciones de indigencia . El 57,3% de los propietarios, cuyas parcelas tienen menos de 3 hectáreas, posee el 1,7% del área predial rural a la vez que el 0,4% de los propietarios, que son dueños de predios mayores de 500 hectáreas, posee el 61,2% del área predial rural . Las organizaciones campesinas señalan que de 120.000 familias campesinas beneficiadas con la reforma agraria, 70.000 se encuentran hoy desplazadas y despojadas de sus tierras. El 60% de la población desplazada corresponde a familias campesinas. La inequidad e injusticia afectan particularmente a aquellos sectores de la población históricamente discriminados. Las mujeres, por ejemplo, constituyen cerca del 52% de la población total del país y representan el 54% de la población pobre . El hecho de que el 80% de la población afrodescendiente en Colombia viva en extrema pobreza, es una grave muestra de la segregación racial y la marginalización en la que se encuentran las minorías étnicas. El índice de desempleo, que hace 10 años era del 11%, hoy asciende al 16% ; el nivel de cobertura del sistema de salud en el año 2000 fue del 53% de la población total, lo que implica la reducción de 4,6 puntos porcentuales respecto de 1997 . La Defensoría del Pueblo ha señalado que cerca de tres millones de menores en edad escolar están fuera del sistema educativo, lo que significa un 21,5% del total de la población infantil. El modelo de desarrollo también ha generado una crisis ambiental representada en la disminución de los niveles de biodiversidad, la destrucción de los ecosistemas y el aumento de la contaminación en el país.

Dichos factores de inequidad, discriminación y de exclusión social, así como la ausencia de vías institucionales para tramitar las diferencias, guardan estrecha relación con la generación y reproducción de conflictos armados como el colombiano. Tal como lo afirma la entonces Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el documento “Los derechos humanos como marco de Unión”, para enfrentar el terrorismo y, en general, las situaciones de conflicto armado y violencia es necesario tomar medidas, no sólo coyunturales, sino también estructurales, enfrentando las causas de la inseguridad, entre ellas la dominación y la discriminación. La Alta Comisionada recordó los compromisos asumidos por los Estados en la Declaración y el Programa de Acción de Viena de 1993, que se fundamentó en un enfoque amplio y universal de los derechos humanos que exige que los Estados concedan igual importancia a todos los derechos, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. En ese marco, recordó que la extrema pobreza y la discriminación siguen siendo unas de las más graves causas de la inseguridad humana.

II. Valoración de nuestras organizaciones sobre las soluciones a la crisis.

Colombia enfrenta una prolongación indefinida del conflicto armado interno en medio de una grave crisis humanitaria y de derechos humanos. Dicha situación está acompañada de un deterioro de la situación social y económica de la mayoría de la población y de cambios regresivos en el régimen político. Tales cambios tienden a restringir las libertades democráticas y se encaminan a desmontar el proceso de construcción del Estado social y democrático de derecho y el reconocimiento de los derechos humanos logrados en la Constitución de 1991.

El Gobierno propone la conformación de un “Estado comunitario” que se caracteriza por el traslado de las funciones estatales a las comunidades sin dotarlas de medios o recursos para hacerlo – especialmente en materia de seguridad-; por la anulación de elementos esenciales del Estado social de derecho, como la independencia del poder judicial y el reconocimiento y la garantía de derechos humanos y libertades fundamentales y por la anulación de los recursos judiciales idóneos para la protección de tales derechos. En efecto, el Gobierno propone reformas para limitar los alcances de las facultades de la Corte Constitucional, para restringir la procedencia de la acción de tutela –en concreto en casos de derechos económicos, sociales y culturales -, el otorgamiento de facultades de policía judicial a las fuerzas militares y la eliminación de la independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo. Muchas de esas reformas se proponen a pesar de reiteradas recomendaciones internacionales dirigidas a no adelantar ese tipo de reformas.

Las reformas laborales, fiscales y tributarias y la reestructuración de las empresas públicas impulsadas durante el último año han tenido como consecuencia el desfavorecimiento de las condiciones de la población colombiana y de los trabajadores. Dichas reformas se han fundamentado en los acuerdos suscritos por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional y han pasado por alto la obligación del Estado de garantizar de manera progresiva el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Otras reformas, como las del Sistema Nacional del Medio Ambiente, centralizan y tienden a la privatización de la gestión ambiental y a retroceder en los niveles de participación hasta ahora alcanzados. De esa manera, se desconoce la necesidad de enfrentar la inequidad y de respetar las normas internacionales de derechos humanos y de derecho humanitario como fundamento para alcanzar la paz y el desarrollo sostenible.

El fracaso de los diálogos de paz adelantados durante el Gobierno anterior generó un giro de la paz hacia la guerra que alcanza su realización con el comportamiento degradado de las guerrillas y paramilitares y con las políticas implementadas por el actual Gobierno. La solución política y negociada se aleja y hoy todos los protagonistas de la confrontación se encuentran en la lógica de la guerra sin medir los costos sociales, económicos, humanitarios, culturales y políticos para la población. La guerra también se nutre de un ambiente internacional belicista, de internacionalización del conflicto y de un apoyo irrestricto del Gobierno de los Estados Unidos a la política de “seguridad democrática” del presidente álvaro Uribe. Dicho apoyo se manifiesta en más recursos para la guerra interna, en el incremento de la presencia de asesores militares y en mayor injerencia en el conflicto local. En esa lógica, el Gobierno plantea la “internacionalización del conflicto” y , por consiguiente, en una intervención multilateral.

La política que se ha denominado de “seguridad democrática”, eje del Plan Nacional de Desarrollo, se fundamenta en la corresponsabilidad del Estado y la ciudadanía en materia de seguridad , atenta contra la Constitución de Colombia y contraviene principios reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos. En esa política la población no se concibe esencialmente como acreedora de derechos, ni como destinataria de protección estatal y es vista ante todo como un instrumento de la guerra. La militarización del Estado ha tenido como consecuencia la persecución de miembros de diversos sectores sociales, tales como sindicalistas, líderes sociales, organizaciones de mujeres, defensores de derechos humanos y población humilde de zonas con presencia guerrillera.

Si bien, en diversas oportunidades, el gobierno ha declarado que promueve una seguridad respetuosa de los derechos, lo cierto es que un eje fundamental de esta política es el desconocimiento de la distinción entre combatientes y población civil. El programa bandera del gobierno, que es la creación de una red nacional de informantes civiles, “bajo el control, la supervisión, y evaluación de los comandantes militares, policiales y de los organismos de seguridad del Estado”, es una manifestación evidente del desconocimiento por parte de aquel al mencionado principio. El presidente Uribe ha declarado públicamente que él no cree que el principio de distinción entre combatientes y población civil tenga vigencia en Colombia. A su juicio, todos somos combatientes en Colombia, no existe conflicto interno de carácter político y la población civil tiene no solamente el derecho sino la obligación de apoyar a la fuerza pública y de alinearse en torno a ella en calidad de combatiente. El respeto a la distinción entre combatientes y la población civil establecida por el derecho humanitario favorecería el respeto de los derechos de las personas civiles en el conflicto armado. Antes que ser un impedimento para el desarrollo de políticas estatales o un reconocimiento a grupos armados disidentes, ese principio genera obligaciones para todos los grupos armados –guerrillas, Fuerza Pública o paramilitares, entre ellas la obligación de respetar a la población civil y de distinguirse de ella para que ésta no resulte asumiendo las consecuencias de la guerra.

Este contexto ha generado que los diálogos de paz y la solución política negociada tengan un carácter residual o casi inexistente en la política del Gobierno. Si bien con los grupos paramilitares se han iniciado negociaciones, estas son de carácter poco transparente. Por esa razón se dificulta controlar públicamente que los miembros de grupos paramilitares no entren a participar más activamente, y en condiciones legalmente reconocidas en el conflicto armado interno, por ejemplo, a través de su vinculación a las redes de informantes o a los contingentes de soldados campesinos .

Es además preocupante que el Gobierno haya planteado estas negociaciones sin establecer garantías para que no haya impunidad para los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. El decreto 128 de 2003, expedido por el Gobierno, permite el otorgamiento de indultos a personas desmovilizadas por el simple hecho de dejar las armas y solo exime de tales medidas a las personas que tengan un proceso en su contra por graves crímenes de derechos humanos y derecho humanitario. De esa manera, todos los autores de crímenes de derechos humanos y derecho humanitario contra los que no haya proceso en curso –que representan la mayoría de los casos-, pueden ser objeto de indultos o amnistías . Así, la política de reinserción pasa por alto la obligación estatal de garantizar el derecho de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y derecho humanitario a la verdad, la justicia y la reparación. Además, el Presidente ha anunciado que promoverá, a partir del próximo 20 de julio, una ley para dar libertad condicional a personas responsables de crímenes de lesa humanidad. Además, la política de reinserción del Gobierno se ha convertido en un instrumento para sustituir las negociaciones directas con las guerrillas y se ha transformado en una herramienta para fomentar la desvinculación individual y la delación, con las consecuencias de extensión del conflicto y no de su supresión.

La impunidad sigue siendo uno de los factores que más preocupa y favorece la continuidad de graves crímenes de derechos humanos y derecho humanitario. La actual Fiscalía ha desmontado los avances logrados en el pasado con la Unidad de Derechos Humanos, convirtiéndose en una causa más de impunidad.

También resulta esencial atender de manera seria y efectiva la catástrofe humanitaria que significa la inmensa cantidad de población que diariamente se desplaza en Colombia por causa del conflicto armado o por la acción de empresas que hacen prevalecer sus intereses económicos sobre la población que reside en los territorios en los que intervienen. El Gobierno debe desarrollar políticas serias de prevención del desplazamiento forzado y del refugio, así como para el tratamiento de la población afectada por estos fenómenos.

Además, en el documento llamado Una coalición mundial por la paz , el Gobierno propone “detener la deformación de nuestra realidad frente a la opinión pública mundial”. Dicha afirmación pone de presente el desarrollo, por parte del Gobierno, de una política propagandística dirigida a descalificar a las organizaciones sociales, de paz y de derechos humanos por sus análisis de la realidad del país y sus denuncias de violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario. Más que apuntar al fondo de los problemas, el Gobierno está interesado en su imagen. También preocupa que, en ese mismo sentido, el Gobierno afirme en su documento de Política de Seguridad y Defensa que “interesa al Gobierno y a las ONG evitar el uso abusivo de las capacidades de estas organizaciones por parte de personas al margen de la ley, como ha sucedido en algunos casos, por fortuna excepcionales” . El tono aparentemente cuidadoso de esta observación no alcanza a ocultar plenamente la prevención prevaleciente dentro del Gobierno contra las ONG, que se evidencia en la persecución y encarcelamiento arbitrarios de varios de sus miembros.

En conjunto, la política gubernamental se fundamenta en el incumplimiento de acuerdos establecidos con la comunidad internacional en materia de derechos humanos y derecho humanitario, en el desconocimiento del principio de distinción entre combatientes y población civil, en la ausencia de la búsqueda de la solución política negociada y en la inexistencia de políticas dirigidas a enfrentar la inequidad y la exclusión como fundamento para la paz y la democracia en Colombia. Por consiguiente, la política del gobierno contribuye a lesionar más a la población civil, agravar la crisis humanitaria y de derechos humanos y profundizar la inequidad social.

III. La cooperación que Colombia necesita.

A. Criterios generales.

Alcanzar la seguridad ciudadana es un propósito válido para cualquier gobierno. Sin embargo, la seguridad no puede entenderse como un objetivo contrario a la protección de los derechos humanos y a la consolidación de la democracia.

Acertadamente, la cooperación europea y canadiense hacia Colombia han tenido como un eje esencial el respeto de los derechos humanos, del derecho humanitario y de las estructuras democráticas. Igualmente, es de apreciar el papel positivo que han tenido las Naciones Unidas en el cumplimiento de esos propósitos. Por consiguiente, el Gobierno debe dirigir sus acciones y sus políticas a atender sus recomendaciones, a no descalificar su trabajo y a prestar respaldo material y no meramente formal a la labor de las Naciones Unidas en Colombia.

Igualmente, llamamos la atención sobre la inconveniencia de la cooperación dirigida al fortalecimiento militar porque en las condiciones actuales promueve el enfrentamiento y la violación a los derechos humanos. En todo caso, cualquier cooperación militar debería estar condicionada a la verificación de que el Gobierno y la Fuerza Pública estén respetando íntegramente las normas de derechos humanos y derecho humanitario y de que existan mecanismos judiciales para sancionar y prevenir los abusos que se puedan cometer.

B. Propuestas.

Con fundamento en lo anterior, las organizaciones de la sociedad que suscribimos este documento proponemos:

1. Una cooperación para fortalecer la construcción del Estado social de derecho, el respeto integral a los derechos humanos y al derecho humanitario como estrategia para la búsqueda de la paz. En ese sentido, proponemos que la cooperación al Gobierno colombiano se condicione al cumplimiento de las recomendaciones de organismos de derechos humanos de Naciones Unidas y del sistema interamericano y al respeto del Estado social de derecho. Para tal fin, la cooperación debería destinarse a fortalecer mecanismos de seguimiento del adecuado y oportuno cumplimiento de las recomendaciones.

2. Una cooperación para la búsqueda de la paz. Las organizaciones proponemos que la cooperación para la paz tenga en cuenta la necesidad de fortalecer la facilitación de las Naciones Unidas y el restablecimiento de mecanismos de apoyo gubernamental internacional para la búsqueda de procesos de paz con las guerrillas y condicionar su mantenimiento a la expresión de la sincera y seria voluntad de las partes. Igualmente, se debe de tener en cuenta que todas las negociaciones de paz que se adelanten deben ser públicas, incluir a la sociedad civil en la discusión de los modelos de negociación, con observancia de los principios de transparencia y verdad; así como fundamentarse en el respeto integral a los derechos humanos y el derecho humanitario como medio y como fin. Con la finalidad de hacer efectiva la obligación que tienen los grupos armados de respetar el derecho humanitario, también resulta indispensable la celebración de acuerdos humanitarios.

Proponemos el impulso a las experiencias regionales y locales de paz, tales como las Asambleas Constituyentes departamentales y municipales y los laboratorios de paz. El apoyo europeo a los laboratorios de paz debería condicionarse a la prevención del desplazamiento forzado, a la garantía de la seguridad de la población, las organizaciones y sus líderes, así como al fortalecimiento de las capacidades locales y regionales. Para su éxito, debería fundamentarse esa experiencia en el respeto de los derechos humanos y garantizar que allí no se implementen los programas de “soldados campesinos” e informantes, debido a que ocasionarían una profundización del conflicto y facilitarían los ataques a la población civil y el desplazamiento forzado de la población.

3. Una cooperación para superar la impunidad. La cooperación debe condicionarse a que el Estado colombiano garantice una investigación seria, independiente e imparcial de las violaciones de derechos humanos y derecho humanitario; a que se eliminen los vínculos que existan entre agentes estatales y miembros de grupos paramilitares; y a que se garantice la independencia y autonomía de la Rama Judicial.

Los diálogos que se adelanten con todos los grupos armados, incluyendo los grupos paramilitares, deben fundarse en el respeto y garantía de los derechos de las víctimas y sus familiares a la verdad, la justicia y la reparación en casos de graves violaciones de derechos humanos y al derecho humanitario. Igualmente, todas las políticas dirigidas a la reinserción deben tener como finalidad el desmonte de la guerra y no su transformación a través de la vinculación de personas reinsertadas a otros mecanismos de guerra, tales como las redes de informantes o los contingentes de “soldados campesinos”. Con la finalidad de verificar que dichas conversaciones se dirijan en tal sentido proponemos el establecimiento de un grupo de carácter internacional que vigile el proceso de negociación y que formule las recomendaciones que encuentre pertinentes.

4. Una cooperación para alcanzar una seguridad auténticamente democrática. Respaldamos las políticas de seguridad realmente democráticas que, por una parte, enfrenten a todos los actores violentos y, al mismo tiempo, estén encaminadas a garantizar que todas las personas vean satisfechas sus necesidades básicas. Una política de seguridad genuinamente democrática debe significar también que todas las personas tengan la certeza de que el Estado velará por garantizar sus derechos, preservando claramente la distinción entre combatientes y población civil. Las acciones militares para combatir a los actores armados deben limitarse al enfrentamiento de los combatientes y no orientarse a atacar y controlar a la población civil.

5. Una cooperación para responder a la crisis humanitaria. Toda cooperación en esta materia debe condicionarse a que exista una política de prevención del desplazamiento forzado seria y eficaz que proteja a las comunidades y que enfrente todas sus causas. Así mismo, debe basarse en el irrestricto respeto del derecho internacional de los refugiados.

Los países cooperantes podrían confluir en un esfuerzo común para apoyar el Plan de Acción Humanitaria que desarrolla Naciones Unidas ante la magnitud y el drama del desplazamiento forzado, como mecanismo complementario a la responsabilidad del Estado, así como apoyar el esfuerzo de la sociedad civil nacional e internacional para prestar dicha asistencia. Además, dichos países deberían demandar del gobierno de Colombia plenas garantías para la operación humanitaria y para que las comunidades ejerzan el derecho a recibir la atención humanitaria. Dicha asistencia debe caracterizarse por su independencia y autonomía frente a los actores armados. En consecuencia, resulta indispensable que la fuerza pública no interfiera en la ayuda humanitaria.

6. Una cooperación para la protección y el fortalecimiento de los grupos étnicos, el campesinado y una reforma agraria. Proponemos que se incorpore una política seria para el sector agropecuario y, en especial, para la economía campesina que garantice la seguridad y soberanía alimentaria y que busque la conservación y preservación de los territorios ancestrales de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, garantizando los derechos y cosmovisión de desarrollo de éstas. Dicha política también debe tener en cuenta las propuestas de las organizaciones firmantes del Mandato Agrario. Se requiere de un reconocimiento político del campesinado, la población afrocolombiana y los pueblos indígenas como sujetos de derechos específicos y actores sociales diferenciados, con identidad propia para una justa retribución por su significativa e indispensable contribución al país. Igualmente, se deberían iniciar programas para la restitución de las propiedades agrarias expropiadas en desarrollo del conflicto armado.

7. Una cooperación que tenga en cuenta la perspectiva de género. Proponemos que la cooperación promueva la formulación de políticas públicas de atención para los distintos sectores de las mujeres organizadas y víctimas del conflicto armado en Colombia. Dichas políticas deben ser construidas desde un enfoque diferencial y positivo a favor de las víctimas, que reconozcan las necesidades particulares de los distintos grupos poblacionales y que garanticen justicia frente a las inequidades de género.

8. Una cooperación para el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente. Proponemos que las políticas de desarrollo estén fundamentadas en el diálogo con las comunidades, las autoridades locales y las organizaciones de sociedad civil. Las políticas para enfrentar el narcotráfico deben contemplar acciones dirigidas al reemplazo de las fumigaciones por proyectos de erradicación manual y la concertación con las comunidades de proyectos de desarrollo alternativo que tengan en cuenta las causas sociales que generan la proliferación de los cultivos ilícitos. Proponemos la conformación de una comisión internacional de expertos que evalúen las políticas antidrogas y de desarrollo alternativo. Igualmente, se requiere de acuerdos de preferencias arancelarias para la comercialización de productos, con reglas de juego claras, democráticas y sostenibles para los campesinos y productores.

9. Una cooperación para el fortalecimiento de la sociedad civil. La democratización de una sociedad debe partir del fortalecimiento y la legitimación de la sociedad civil y el respeto a la disidencia. Respeto significa no estigmatización o descalificación de la labor de las organizaciones y grupos que expresan sus disidencias frente al Gobierno.

IV. Mecanismo de seguimiento.

Con la finalidad de hacer posible un proceso serio de diálogo en materia de cooperación, proponemos establecer un mecanismo de interlocución y seguimiento de este diálogo que se caracterice por su permanencia y por el establecimiento de una agenda y un cronograma de discusión. Dicho mecanismo debe tener en cuenta los procesos locales y regionales de paz y democracia. De esa manera se puede contribuir a la construcción y fortalecimiento de la democracia regional y local, así como promover la participación ciudadana en los diferentes espacios de toma de decisiones públicas.

En conclusión, consideramos que el apoyo y la cooperación de la comunidad internacional son un aporte valioso e indispensable para la superación de la grave crisis de derechos humanos, derecho humanitario, social, ambiental y de democracia que vive Colombia. No obstante, la comunidad internacional debe cuidar que su cooperación y sus valiosos esfuerzos no se desperdicien en el respaldo de políticas antidemocráticas y contraproducentes dirigidas a la internacionalización del conflicto y caracterizadas por el desprecio de la solución política negociada del conflicto, del Estado social de derecho, de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos y del principio de distinción establecido por el derecho humanitario. Es decir, la cooperación dirigida hacia Colombia debería fundarse en los acuerdos a los que han llegado los Estados reunidos en el seno de Naciones Unidas, es decir, el compromiso de los Estados de fundamentar la búsqueda de la paz y de la seguridad en el respeto integral de los derechos humanos y del derecho humanitario, empezando por el respeto al principio de distinción entre civiles y combatientes, y en una solución política negociada.

Bogotá, julio de 2003

(Documento presentado ala reunión de Londres del 9 y 10 de julio de 2003 por organizaciones colombianas de sectores sociales populares, de iniciativas de paz y de derechos humanos)

Este documento ha sido publicado el 03ago03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights