Plan Colombia
Sobre el Plan Colombia, las negociaciones de paz y las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos.
Resolución de la VI Asamblea de Izquierda Unida sobre la situación en Colombia.
VISTAS:
La Declaración aprobada por la V Asambleas de IU Federal en diciembre de 1997 en la que se quiso dejar en claro la necesidad de que prevaleciera el respeto a los derechos humanos y por la que se expresaba el apoyo a las negociaciones de paz cuyas bases se estaban negociando en ese momento en la República de Colombia.
La carta de los diputados y dirigentes de Izquierda Unida Federal al Gobierno de Colombia de 14 de febrero de 1997 durante la jornada de protesta realizada en el ámbito de la Unión Europea contra la impunidad en Colombia organizada por la Secretaría Federal de IU junto a organismos de derechos humanos europeos.
Lo acordado entre el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) de dar "instalación formal a la mesa de los diálogos de la negociación el próximo domingo24 de octubre de 1999 a las 11a.m., en el municipio de Urbe, departamento del Meta, con la finalidad de desarrollar la agenda común acordada "Agenda hacia una Nueva Colombia" que permita llegar a un acuerdo para encontrar la paz de los colombianos, como también poner en funcionamiento el Comité Temático Nacional, que ha sido integrado por cada una de las partes", así como las negociaciones de paz iniciadas por el gobierno Colombiano con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)
La implementación del denominado "Plan Colombia" elaborado por el Gobierno de la República de Colombia y que recibió el apoyo del Congreso Norteamericano el que estableció una serie de controles humanitarios que fueron anulados de hecho por el veto ejercido por el presidente Bill Clinton y que permitió la aplicación de una ayuda militar de 1.300 millones de dólares.
El apoyo expreso que dio la diplomacia española a la redacción inicial del Plan Colombia y que el Gobierno español resolvió otorgar una ayuda de 100 millones de dólares a dicho plan, ayuda que es superior al monto de la ayuda anual de toda la Unión Europea y que tendrá una aplicación complementaria al plan de ayuda militar norteamericano.
El rechazo generalizado de la comunidad internacional a dicho plan y especialmente de los gobiernos y ministros de defensa de Latinoamérica que se han negado a la aplicación de lo que consideran un plan militar para la invasión de Colombia o la conversión de la guerra civil en una guerra abierta.
CONSIDERANDO:
Que el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Oficina en Colombia de fecha (E/CN.4/2000/11) 09 de marzo de 2000, dice textualmente:
29. La mayor parte de las masacres fueron obra de miembros de los grupos paramilitares, y en repetidas ocasiones se autodeclararon públicamente como responsables de su ocurrencia. Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y el 21 de diciembre de 1999 se registraron 152 masacres atribuidas a grupos paramilitares y/o autodefensas. Éstas estuvieron frecuentemente asociadas con otros hechos de violencia, como desapariciones forzadas, torturas, mutilaciones y desplazamientos masivos.
108. Como ya ha señalado la Alta Comisionada en informes anteriores, el Estado colombiano tiene una responsabilidad histórica innegable en el origen y desarrollo del paramilitarismo, que contó con amparo legal desde 1965 hasta 1989. Desde entonces, a pesar de que las llamadas "autodefensas" fueron declaradas inconstitucionales, han transcurrido ya diez años sin que se haya logrado su desmantelamiento efectivo. En este mismo plano histórico, particular responsabilidad le toca a las fuerzas militares, puesto que durante el extenso período de amparo legal de las "autodefensas", les correspondió promover, seleccionar, organizar, entrenar, dotar de armamento y proveer de apoyo logístico a estos grupos, dentro de un esquema general de apoyo a la fuerza pública en su lucha contrainsurgente.
109. Esta misma orientación volvió a manifestarse cuando el Decreto Extraordinario Nš 356 de 1994 estableció los "Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada", más conocidos como asociaciones "Convivir". Entre 1997 y 1998, la Oficina pudo constatar cómo se alentó y organizó la proliferación de estas organizaciones en varias regiones del país, sin un adecuado mecanismo de control y supervisión. Reconocidos paramilitares encontraron el espacio para liderar algunas de estas asociaciones. Por ello se subrayó ante el Estado colombiano la inconveniencia de su mantenimiento.
110. El hecho de que la mayoría de las violaciones graves de los derechos humanos sea de la autoría de grupos paramilitares debe llevar al Gobierno a combatirlos, de manera privilegiada y eficaz. Resulta sumamente preocupante que investigaciones disciplinarias y judiciales revelen la persistencia de vínculos directos entre algunos miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares.
Ejemplo de esto, durante este año, son los casos relacionados con las actividades de la disuelta Brigada XX de Inteligencia del Ejército, y los hechos relativos a la masacre del 29 de mayo en Tibú (Norte de Santander). Esos vínculos se fortalecieron en algunas regiones del país sin que las autoridades responsables de sancionarlos ejercieran acciones contundentes para enfrentarlos. Estos grupos paramilitares siguen también manteniendo vínculos y contando con el apoyo de algunos sectores de las élites económicas y políticas locales y regionales. Las organizaciones paramilitares han expandido su reclutamiento a guerrilleros desertores, que no sólo actúan como combatientes, sino también como informantes cuyas acusaciones sirven de base para ataques contra la población civil.
111. En este contexto, la ausencia o el débil alcance de las medidas frecuentemente anunciadas por las autoridades colombianas, como el nunca materializado "bloque de búsqueda" reafirma la ambivalencia que aún subsiste en la asunción de responsabilidad por parte del Estado en el combate de los grupos que se denominan "autodefensas". De hecho, la Oficina ha sido testigo de declaraciones de altos oficiales del ejército señalando que los paramilitares no atentan contra el orden constitucional y, por ende, no es función del ejército combatirlos. Situaciones como éstas ponen al descubierto los límites de los deslindes del Estado con el paramilitarismo, limitándolos al campo de las declaraciones públicas o de los diseños de políticas nunca implementadas.
Que según el Informe Anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de los EE.UU.: "El partido de coalición de izquierdas conocido como Unión Patriótica (U.P.) continuó siendo blanco de asesinatos políticos. Ya ha perdido aproximadamente 3.500 miembros dentro de lo que se percibe como una campaña de asesinatos planeada para acabar con toda su dirigencia. Sólo en el Departamento del Meta fueron reportados 600 asesinatos de miembros de la U.P. desde que se inició la campaña de exterminio, incluyendo al Director del Comité del Meta para los Derechos Humanos, Josué Giraldo, asesinado en Octubre de 1.996. En Mayo de 1.996, la Presidenta nacional de la U.P. y concejal por Bogotá Aida Abella (quien asiste a esta V Asamblea Federal de I.U. en nombre de la U.P.), escapo ilesa a un atentado perpetrado a la luz del día en el centro de Bogotá."
El anterior panorama se completa con desapariciones de opositores y activistas sociales y de los Derechos Humanos; práctica generalizada de Torturas y malos tratos; detenciones arbitrarias; desplazamiento de población civil refugiada en número de más de 1.500.000 personas; negación de garantías judiciales a la población, con una impunidad de causa judiciales que alcanza el 90% anual; interferencia arbitraria en la privacidad y la correspondencia; uso de fuerza excesiva y violaciones sitemáticas de la ley humanitaria aplicable en los conflictos internos por parte del estado; así como violación generalizada de los derechos civiles y políticos de la población.
También tomamos nota del conflicto que enfrenta a la empresa multinacional norteamericana OXY (antigua Occidental Petroleum) con la comunidad Uwa y Emberá a causa de un problema sobre la propiedad de la tierra comunal indígena.
POR LO ANTERIOR LA VI ASAMBLEA FEDERAL
PONE DE MANIFIESTO:
1) El apoyo irrestricto a la solución negociada de la guerra civil en Colombia y reafirmar la posición de la V Asamblea Federal en el sentido de que la "la negociación debe garantizar A) la no implementación de normas que favorezcan la impunidad de los delitos considerados crímenes graves contra la humanidad que se quieran establecer como continuidad del propio proceso de paz y que intenten legitimar la propia violación de la actual constitución colombiana y de las normas internacionales de derechos humanos y/o del derecho internacional humanitario. B) la no aceptación de la contrarreforma agraria obtenida por los narcotraficantes en base a la expoliación pura y simple de los pequeños campesinos. Debe garantizarse el derecho a la propiedad de la tierra de todos los desplazados y anular todas las compraventas realizadas bajo presión. De la misma forma se debe impugnar preventivamente todas las compras de tierras que han constituido nuevos latifundios e investigar el origen de los fondos utilizados para su compra de acuerdo a las normas de control del crimen organizado, procediendose a la expropiación de acuerdo a dichas normas.
En ningún caso los países garantes deben permitir que la negociación se convierta en una legitimación del narcotráfico, de la expropiación forzosa y de la legitimación de la contrarreforma agraria. Todos estos hechos han sido analizados incluso por los informes del Departamento de Estado norteamericano y reconocidos por todos los organismos internacionales que han estudiado la situación colombiana, sin excepciones de ninguna naturaleza.
2) Hacemos un llamamiento al gobierno español para que deje de apoyar la prácticas militaristas y no subvencione el denominado "Plan Colombia" y que de instrucciones a sus diplomáticos en la UE y en la propia Colombia de no entorpecer, bajo ningún aspecto y por ningún motivo, el trabajo de la organizaciones internacionales como la Cruz Roja Internacional y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia.
3) Rechazamos las pretensiones del Gobierno de los Estados Unidos de convertir el problema del narcotráfico en Colombia y en la cuenca del Amazonas en una justificación de las políticas encubiertas que han derivado en prácticas de extermino y genocidio como se dio oportunamente en la guerra civil de El Salvador y Guatemala.
4) La solución al problema del cultivo de coca y de amapolas pasa por una reforma agraria que garantice la propiedad de la tierra a los pequeños agricultores y la propiedad comunitaria a los indígenas colombianos, así como por una inversión de capital masivo en las zonas que el estado colombiano no tiene bajo su control desde hace más de 50 años.
5) Denunciamos que la actuación de los paramilitares en Colombia recoge un patrón de instrumentación de operaciones militares encubiertas que hacen responsables a los cuerpos militares y al estado mayor del ejército de Colombia de crímenes de guerra, secuestros, desapariciones forzosas y demás delitos constituidos en la figura de crímenes graves contra la humanidad. Estos delitos ni prescriben, ni son amnistiables tal cual ha dictaminado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los informes que afectan al Batallón Atlacatl en El Salvador. Lo mismo ocurriría si sus responsabilidades fueran depuradas con los parámetros utilizados por los Tribunales Penales Internacionales y la doctrina actual sobre el Derecho Internacional Humanitario.
Es evidente que se están utilizando forma de exterminio de población civil que siguen perfiles de modelos de análisis y control social con la utilización de técnicas de simulación por ordenador que determinan las listas de personas que son "nodos" de activismo civil político, social y cultural y que son: a) son fijadas como blanco; b) son amenazadas como forma de Determinación del blanco a las unidades paramilitares; c) son despejadas las áreas geográficas de actuación paramilitar en zonas rurales o fijadas zonas de cobertura de seguridad en zonas urbanas; d) son otorgadas facilidades de comunicaciones y coordinación y finalmente se determina el momento de la ejecución. Estos hechos son constitutivos de la figura de organización criminal y planificación sistemática de exterminación de población civil.
6) Como fuerza política española comprometeremos nuestros esfuerzos, como hasta la fecha, en la consecución de los objetivos humanitarios y de respeto a los derechos humanos en los que estamos comprometidos actualmente y exigimos que el gobierno español tenga una actitud transparente, efectiva y eficaz tanto en la protección de los refugiados, desplazados y exiliados como en el apoyo a todas las partes en la consecución de la paz.
Elaborada por la Secretaria Federal de Derechos Humanos de Izquierda Unida Federal el 28 de octubre de 2000
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