Plan Colombia
Acta Final de la Comisión I - Paz, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario
Encuentro internacional por la paz y los derechos humanos de Costa Rica
COMISION I
Paz, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario
I. Agenda Principal1. Los participantes en el Encuentro coincidieron en los aspectos siguientes:
1.1 Solución política negociada del conflicto armado. Se impone la solución política negociada del conflicto armado, siendo necesario estimular el diálogo y la negociación con los grupos insurgentes que tienen reconocimiento político.
1.2 Participación de la sociedad civil. La sociedad civil afirma la necesidad de involucrarse en la búsqueda de soluciones de fondo al conflicto armado, conservando su autonomía y, en tal sentido, la presente reunión ha sido saludada como una positiva manifestación del protagonismo de la sociedad civil en el proceso de paz.
1.3 Humanización del conflicto armado. Registramos con preocupación la progresiva degradación del conflicto armado, en virtud de lo cual la población civil aparece como objetivo militar de manera creciente, por lo que se exige con urgencia el respeto de las normas del Derecho Internacional Humanitario.
1.4 El narcotráfico, cuya aparición es posterior al inicio del conflicto armado, es un fenómeno que ha contribuido a su agravamiento y que dificulta su solución. El narcotráfico debe ser erradicado de Colombia; sin embargo, el conflicto armado va más allá del narcotráfico y la sola extirpación de éste no basta para conquistar la paz.
1.5 El origen complejo y multidimensional del conflicto armado. El conflicto armado tiene raíces sociales profundas y remotas en la historia colombiana. Para su superación es necesario atacar sus causas y resolver situaciones de injusticia social y exclusión en lo económico, político e institucional.
1.6 Respeto y garantía de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. La violencia política y común no puede ser excusa para eludir o postergar las obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Asimismo es necesario superar la vulneración de los derechos humanos. Es necesario también superar la vulneración del Derecho Internacional Humanitario. El Estado colombiano afirma su voluntad de observar y poner en práctica las recomendaciones internacionales al respecto. Deben alcanzarse igualmente acuerdos para el respeto y al verificación de la vigencia de los derechos humanos.
1.7 Sería altamente positivo el acompañamiento de la comunidad internacional al proceso de paz y a la verificación de los acuerdos.
1.8 Grupos armados ilegales. El Gobierno Nacional reafirma su voluntad de continuar combatiendo los grupos armados ilegales, de buscar la paz mediante el diálogo y la negociación con las organizaciones insurgentes y de combatir judicial y militarmente a los denominados grupos de autodefensa y justicia privada, lo mismo que cualquier relación de servidores públicos con ellos.
1.9 Convención Nacional. Se reafirma la importancia de continuar impulsando el proceso de Convención Nacional con el ELN y la concreción del diálogo formal entre esa organización y el Gobierno Nacional. Igualmente, respaldar el proceso de paz que viene adelantando el Gobierno Nacional con las FARC.
2. Constancias presentadas por los participantes.Las constancias que se enuncian a continuación no representan en todos los casos divergencias de fondo sobre las materias a las que ellas se refieren, las cuales pueden originarse en meras diferencias de enfoque o en otros aspectos circunstanciales.
2.1 En cuanto a las violaciones a los derechos humanos. El Gobierno admite la gravedad de los hechos pero rechaza la idea de que se trate de una política sistemática o deliberada del Estado y exhibe cifras que demostrarían la disminución de las violaciones a los derechos humanos atribuibles a agentes estatales y logros que habría alcanzado en la captura de paramilitares. Alega asimismo que habría numerosas infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por agentes no estatales. Recordó la creación en febrero del 2000 del Centro de Coordinación de Lucha contra los Grupos de Autodefensa, cuya implementación se encontraría en curso. Informó que el día de ayer habían sido excluidos del Ejército 383 oficiales. Admitió, sin embargo, que es perfectamente claro que esa situación no puede ser una excusa para eludir las responsabilidades estatales derivadas del derecho internacional ni es un motivo suficiente para postergar los deberes constitucionales que le incumben al Estado en el ejercicio de sus deberes de protección y garantía de los derechos humanos. Anunció medidas sobre áreas problemáticas: 1) mecanismos institucionales para someter a la ley a los grupos armados ilegales; 2) atención a la población desplazada por motivos relacionados con el conflicto armado; 3) protección a los defensores de derechos humanos, líderes sindicales, sociales y políticos; y, 4) la política contra la impunidad.
Esta apreciación no fue objeto de consenso en la Comisión. Se afirmó que la tipificación de los delitos de lesa humanidad no depende de la legitimidad del origen del gobierno ni del régimen dispuesto por la Constitución. Se consideró asimismo que existe una estrecha vinculación entre las fuerzas paramilitares o de autodefensa y las Fuerzas Armadas regulares, bajo cuyo amparo aquéllas operarían. Que no se ha dado de baja a ningún oficial señalando expresamente que tal hecho obedecía a la relación de los afectados con los paramilitares. También se cuestionó el resultado de las anunciadas políticas del Gobierno en las llamadas áreas problemáticas:
- 1) no ha sido sometidos los grupos armados ilegales;
- 2) la población desplazada no está siendo atendida;
- 3) las medidas de protección a los defensores de los derechos humanos no son efectivas;
- 4) la impunidad no ha cesado. Se agregó que la violación de los derechos humanos es una de las causas de la guerra y no una de sus consecuencias, como habría alegado en ciertas ocasiones el Gobierno.
2.2 En cuanto a la negociación y concertación de acuerdos de paz. El Gobierno piensa que se debe negociar en paz, es decir, propiciar un cese de hostilidades al más breve plazo. Paz Colombia sugiere la posibilidad de establecer a breve plazo una tregua de cien días a fin de negociar acuerdos mínimos en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, con una moratoria simultánea del Plan Colombia.
2.3. El Plan Colombia. Para el Gobierno y otros grupos, éste puede ser un medio útil para combatir los cultivos ilegales y para impulsar el desarrollo de cultivos alternativos. Para otros sectores, el Plan Colombia es inconveniente, contraproducente e, incluso, inaceptable. Se lo considera un plan de guerra encubierto y un medio de intervención de los Estados Unidos en Colombia para imponer su hegemonía militar y económica. Que agravará el conflicto, puesto que éste va más allá del narcotráfico y todos los grupos armados buscarán incrementar su capacidad bélica. Al mismo tiempo es probable que origine una escalada militar entre los países limítrofes. Acarreará serios daños ecológicos.
2.4 En cuanto a la puesta en práctica del Plan Colombia. El Gobierno no expresó ninguna intención de variar el cronograma original. La propuesta de Paz Colombia solicitaba, al menos, una moratoria de 100 días para su puesta en ejecución. El ELN y otros participantes requirieron su definitiva cancelación.
2.5. Mecanismo de erradicación de cultivos ilícitos. El gobierno considera que la vía más apropiada para hacerlo, especialmente en los grandes cultivos pertenecientes a los "capos", es la fumigación, con productos que minimicen el daño ecológico. Otra posición de la Comisión se inclinó por la erradicación manual.
2.6 Grupos armados ilegales. Paz Colombia deja constancia de que no acepta que los grupos paramilitares sean aludidos, como lo ha hecho el Gobierno como "grupos de autodefensa o justicia privada", por llevar implícito una suerte de legitimidad de sus acciones criminales
2.7 Erradicación de la impunidad. Parte de la Comisión considera insuficientes las medidas adoptadas por el Gobierno para ese propósito y que en realidad no se ha sancionado a nadie por graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. En ese contexto, Paz Colombia deja constancia de que la lucha integral contra la impunidad debe implicar: a) la depuración inmediata de la fuerza pública de todos aquellos miembros que estén involucrados, por acción u omisión, en graves violaciones a los derechos humanos y en actividades paramilitares; b) garantizar que aquellos funcionarios presuntos autores, cómplices, promotores o encubridores, independientemente de su cargo o función, que por acción u omisión participen de graves violaciones de derechos humanos o actividades paramilitares sean efectivamente detenidos en instalaciones civiles y procesados por la justicia ordinaria; c) re forzar la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación con los recursos humanos y financieros necesarios, colocando bajo su control directo, funcional y administrativo un cuerpo de élite especializado dotado de las facultades y recursos técnicos y científicos, logísticos y operacionales necesarios para combatir el paramilitarismo; d) la condena, expresa y pública, al más alto nivel estatal contra el paramilitarismo en la que el Gobierno garantice una campaña masiva, entre otros en los medios de comunicación, de condena y rechazo al paramilitarismo y sus acciones criminales; e) que el Gobierno reivindique permanentemente el trabajo de los defensores de derechos humanos y de los funcionarios que combatan las violaciones de tales derechos y el paramilitarismo; y que tome las medidas efectivas y reales que garanticen su integridad, su libertad, su vida y la continuidad de su labor.
II. Relación de otras propuestas.Las propuestas que se enuncian a continuación fueron presentadas en el curso de las deliberaciones, o por escrito al término de éstas, sin discutirse en su totalidad. Los participantes toman nota de éstas para el futuro desarrollo de las negociaciones. Su enunciación no implica aprobación alguna sobre el fondo de las mismas.
1. Paz Colombia exige vivamente al Gobierno colombiano la liberación inmediata de Angel Quintero y de Claudia Patricia Monsalve, pertenecientes a ASFADES , desaparecidos forzadamente en la ciudad de Medellín en la noche del viernes 6 de octubre del corriente año.
2. Integración de un grupo internacional de seguimiento al cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, derivados de las decisiones emanadas de los órganos de protección de estos derechos. El grupo debe contar con una agenda con tiempos y temas específicos.
3. Declaración de un cese de hostilidades por cien días que abra el camino para iniciar o continuar las negociaciones de paz. Durante ese periodo se elaborará un acuerdo global en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario con la participación del Gobierno, los insurgentes y la sociedad civil y se pedirá la verificación de dicho acuerdo a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
4. Suscripción de un acuerdo humanitario para la liberación de personas privadas de su libertad en virtud del conflicto armado.
5. Creación de una Comisión contra la Impunidad por la Verdad y la Justicia.
6. No fumigación masiva y proceso serio y verificable de erradicación manual de los cultivos ilícitos.
7. Moratoria del Plan Colombia.
8. Protección de misiones medicas y sanitarias y cese inmediato de las hostilidades contra la población civil. Suscripción de un acuerdo humanitario de cumplimiento y ejecución inmediata que se base en normas de derecho internacional humanitario y ponga fin a: hostilidades militares, toma de rehenes, reclutamiento de menores de edad, fabricación y uso de minas antipersonales, ejecución de detenidos.
9. Que la Fiscalía deje de utilizar los informes de inteligencia para el procesamiento de las personas.
10. Respetar la autonomía de las comunidades en la búsqueda de soluciones locales a la problemática de la paz.
11. Los diversos sectores involucrados en el conflicto armado deben tener acceso al diálogo por los medios legales apropiados.
12. Política mas activa del Estado en la sanción a los paramilitares.
13. Depuración de la fuerza publica y campaña masiva contra los paramilitares.
14. Establecer la verdad de violaciones de los derechos humanos, de la justicia y la reparación para las víctimas de crímenes contra miembros de la Unión Patriótica.
15. Creación de una veeduría sobre condiciones carcelarias.
16. Dada la débil institucionalidad del Estado para la protección de los derechos humanos, solicitar el fortalecimiento de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia.
17. Delimitación conceptual clara de la siembra industrial y el pequeño cultivo, previo a la adopción de estrategias de fumigación masiva.
18. Mecanismos de protección a los derechos de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Documentar el impacto del conflicto armado sobre estas comunidades. Respetar el derecho a la diferencia de los grupos étnicos.
19. Dialogo para el análisis de las desapariciones forzadas.
20. Que no se ascienda a altos cargos a militares implicados en violaciones a los derechos humanos.
21. Mecanismos de interlocución permanente con la sociedad civil, para la resolución del conflicto.
22. Cambio de actitud en lo referente a los problemas de canje de prisioneros, que se le vea como un problema humanitario y no desde una perspectiva estrictamente legal.
23. Veeduría internacional para asuntos étnicos.
24. Desplazamiento forzoso incluido en las negociaciones, castigo para los responsables y reparación para las víctimas. Reconocimiento de la comisión de la coordinación nacional de desplazados como interlocutor valido en el proceso de paz.
25. Tipificar la violación en las zonas de conflicto armado como delito de lesa humanidad. Comisión de verificación de seguimiento a los delitos sexuales y reproductivos. Pedir a las partes en conflicto que dejen de usar el cuerpo de las mujeres como botín de guerra.
26. Suspensión y no moratoria del Plan Colombia.
27. Acuerdo integral sobre Derecho Internacional Humanitario, mínimos de humanidad, no transables ,ni negociables.
28. Cese inmediato de practicas violatorias del Derecho Internacional Humanitario y cesación inmediata de la práctica del secuestro masivo.
29. Que continúe este encuentro en territorio colombiano en días próximos.
30. Que las iglesias conduzcan jornadas diarias de oración durante el periodo de diálogo de los cien días.
31. Solución definitiva del Gobierno a las familias que ocupan la Cruz Roja desde hace un año.
32. Que se levante el paro armado dirigido por las FARC en el departamento del Putumayo.
33. Que la guerrilla (FARC) permita el libre funcionamiento del Consejo municipal de desarrollo rural del Putumayo.
34. Que se reconozcan y se respeten los derechos de los refugiados, particularmente en los países fronterizos y en especial en el caso del Ecuador. Que se dé un tratamiento humanitario y no represivo de la situación de las poblaciones del Putumayo así como de las demás poblaciones fronterizas. Que se tomen las acciones conducentes para evitar las actividades paramilitares en la zona.
35 Solicitar a las partes que respondan a las propuestas en el documento de Paz Colombia en un lapso de 30 días.
36. Verificación inmediata de los acuerdos del Gobierno con comunidades campesinas.
37. Presencia efectiva de las mujeres en los procesos de negociación.
38. Invitación a Colombia del Secretario General de Naciones Unidas y de la Directora Mundial de UNIFEM (primeros tres meses del próximo año).
39. Justicia en el caso de la Presidenta de la Asociación de Concheras del Litoral Narinense.
40. Denuncia internacional del asesinato de Adriana Benítez.
41. Que se resuelva indemnización por la contaminación petrolera a los 6295 afectados de la Costa pacifica narinense, causado por Petroecuador en julio del 98.
42. Comisión de la Verdad con siguientes características: individualización de victimarios, mecanismos de esclarecimiento, mecanismos vinculantes para el Estado, medidas ante situaciones de incumplimiento.
- Pedro Nikken. Relator
- Constantino Urcuyo. Relator
- Anders Kompass. Moderador
Editado electrónicamente por el Equipo Nizkor el 27oct00
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