Plan Colombia
Carta al Presidente Pastrana solicitando que suspenda el uso de herbicidas y otros agentes biológicos para la erradicación de cultivos.
Por el Comité Permanente de Derechos Humanos.
Bogotá, D.C, Octubre 2 de 2000Señor Presidente :
La economía de las drogas ilícitas constituye un verdadero circuito mundial cuya mayor rentabilidad está asociada al riesgo que representa comercializar sustancias prohibidas. En ese movimiento económico, los mayores beneficios se obtienen a partir de la exportación y venta de drogas a quienes las demandan en el mercado. Sin embargo la actual política oficial que busca detener ese comercio en la fuente y que se desarrolla principalmente sobre el inicio de la cadena ilegal, culmina equivocadamente teniendo como objetivo principal a los cultivadores de hoja de coca y amapola.
Colombia, como productor de coca y amapola ha desarrollado una fumigación intensiva mediante aspersión aérea con el herbicida glifosato desde 1992 y como productor de marihuana desde 1978. A la vez, y violando disposiciones sobre seguridad ambiental y normas sobre manejo de herbicidas, el país ha sido laboratorio para experimentar otros químicos como el Paraquat, Triclopyr (1985) y granulados como el Tebuthiuron (1986) e Imazapyr (1998).
A pesar de desarrollar una fumigación de coca y amapola entre 1992 y 1999 que sobrepasa el equivalente a las 200.000 hectáreas esto es, de haber esparcido más de dos y medio millones de litros de glifosato, Colombia es hoy el primer productor mundial de coca y mantiene un área importante de producción de amapola para procesar heroína.
Este fenómeno resulta paradójico cuando se sabe que Perú primer productor mundial de coca en 1992, sin arrojar un solo litro de glifosato redujo sus cultivos de coca de 155.000 hectáreas en ese año a 51.000 en 1998. Sabemos que no fue la política antidrogas la causa de esa disminución. Sencillamente el cambio obedeció a la modificación de la estructura monopólica del narcotráfico predominante hasta mediados de 1995, en donde el principal proveedor de pasta básica era Perú, pasando a estructuras descentralizadas, flexibles de las organizaciones del narcotráfico asentadas hoy en Colombia y que se autoabastecen internamente, estimulando la actual demanda de pasta básica y látex de amapola.
A pesar de estas realidades, Colombia se apresta a repetir una vez más una política de dos décadas de fracasos. A instancia de las autoridades antidrogas de los Estados Unidos, el país se prepara para desarrollar una fumigación de grandes proporciones al parecer con glifosato y mantiene en alto su disposición para investigar y ensayar la propagación de plagas contra la hoja de coca bajo el equívoco nombre de "control biológico". Como consecuencia de estas fumigaciones, las áreas de ilícitos se han desplazado a zonas ambientalmente frágiles tanto en el interior de la región amazónica como en las zonas de bosque andino y altoandino, áreas estratégicas en la producción del ciclo del agua. Con ese traslado se han multiplicado los impactos ambientales y se ha agravado la problemática social ante el contundente hecho de que miles de colombianos derivan su ingreso de esa economía.
En cambio de fortalecer los espacios de solución política para el conflicto social y armado, se ha creado una preocupante dependencia para la financiación de la guerra por parte de los distintos actores armados y de otro lado, la aprobación del paquete militar norteamericano para garantizar una "arremetida en el sur del país", único presupuesto seguro del denominado "Plan Colombia", las fumigaciones con herbicidas y la propagación de patógenos, se van a volver verdaderos instrumentos de guerra.
Se desconoce así el proceso de diálogo para la paz como el principal escenario para buscar un tratamiento menos oneroso frente al problema de las drogas en Colombia; pero lo más grave es que la población civil de estas regiones será la principal afectada por los costos económicos, por el desplazamiento forzoso que se está generando, por el impacto en los territorios indígenas, por las violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Por las anteriores razones, seño r Presidente de la República, le solicitamos adoptar las siguientes medidas:
- Parar las fumigaciones.
- Propiciar un cese bilateral del fuego.
- Desmontar definitivamente los grupos paramilitares.
- Generar espacios de concertación con las comunidades dependientes de la economía ilícita para iniciar un proceso de erradicación manual, gradual, de los cultivos ilícitos con inversiones económicas y atención social y con garantías para sus vidas y derechos fundamentales.
- Continuar las conversaciones de paz buscando canalizar los recursos de la Comunidad Internacional en un Fondo Alternativo y social para la Paz, diferente al criterio bélico del Plan Colombia; Fondo destinado a la inversión social y al desarrollo equitativo del país y no a la guerra.
- Abandonar la idea de experimentar con agentes biológicos y en su lugar, desarrollar investigaciones tendientes a desarrollar el conocimiento sobre nuestra biodiversidad, el reconocimiento y defensa de los derechos del saber tradicional en el manejo de los recursos existentes en nuestros ecosistemas y su incorporación como parte de las soluciones a la monodependencia de la economía de los ilícitos.
- Redefinir el concepto de corresponsabilidad internacional alrededor del problema de narcotráfico, señalando que este no puede seguir siendo la aprobación de recursos para desarrollar en nuestro territorio la Guerra contra las Drogas. Corresponsabilidad es reconocer que más del 90% de los recursos que mueve el narcotráfico se queda en el norte estimulando el sistema financiero internacional y la corrupción.
Sólo de esta manera señor Presidente, se empezarán a dar pasos seguros hacia las soluciones de fondo que reclama este complejo problema del cual Colombia es sólo una parte reducida, pero magnificada por los intereses políticos y de la guerra tanto en Colombia como en algunos lugares del mundo.
Atentamente,
Alfredo Vázquez Carrizosa, Directror Ejecutivo; Gelasio Cardona, Subdirector Ejecutivo y Luis Jairo Ramírez, Secretario Ejecutivo
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