Equipo Nizkor - Los crímenes de lesa humanidad en contra de periodistas en Colombia.

El pasado 25 de febrero, la Fiscalía declaró el asesinato de la periodista Silvia Duzán como de lesa humanidad. El anuncio se hizo un día antes de que se conmemorara el aniversario número 30 de su homicidio a manos del paramilitarismo del Magdalena Medio, zona en la que la comunicadora se encontraba realizando un trabajo periodístico para Channel 4 del Reino Unido sobre la resistencia de la organización Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC).

El ente investigador determinó que el crimen de Duzán generó un impacto negativo en el ejercicio de la libertad de expresión en Colomba, por el triple efecto que tiene el homicidio de un periodista: vulnera el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas; genera un efecto de silencio y miedo en los colegas de la víctima; y, por último, viola los derechos colectivos a buscar y recibir información. Todos estos elementos fueron usados para emitir la declaratoria de lesa humanidad.

Sin embargo, para la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) la "decisión resulta tardía" debido a que se tomó faltando solo dos días de que se cumplieran 30 años del homicidio de la comunicadora. Durante esas tres décadas, según la fundación no se presentaron avances significativos en la investigación y judicialización de los responsables.

Como el caso de de Duzán, son varios los crímenes en contra de periodistas que han sido declarados de lesa humanidad pero que, para la FLIP y allegados al caso, no han tenido avances importantes desde que fueron reconocidos bajo esta categoría. Estos son los crímenes de lesa humanidad en contra de periodistas y el avance que ha tenido en la justicia ordinaria.

Guillermo Cano

El caso del director de El Espectador que fue asesinado por orden de Pablo Escobar fue el primero en ser catalogado como de lesa humanidad por la Fiscalía, el 6 de julio de 2010. Para el ente acusador, el homicidio de la cabeza de este diario hizo parte de un plan sistemático y generalizado del narcotráfico, encabezado por el cartel de Medellín, para atentar contra periodistas.

Tuvieron que pasar 8 años desde que el crimen de Guillermo Cano fue declarado de lesa humanidad para que la Fiscalía anunciara nuevos avances en las investigaciones. En 2019 se conoció que John Jairo Velásquez, alias Popeye, estuvo en la planeación del crimen, según la Fiscalía. En esa misma ocasión se reveló que Gustavo Adolfo Gutiérrez, alias Maxwell, también habría participado del crimen al hacer labores de inteligencia contra el director de El Espectador.

"Siempre es preocupante porque no solo es que se reconozca la gravedad del delito, sino que la Fiscalía ponga todos los medios para avanzar rápida y diligente en estos casos" dijo Ángela Caro, asesora legal de la FLIP frente al caso de Guillermo Cano.

Jaime Garzón

Para Ángela Caro, el caso de Jaime Garzón es una muestra de la contradicción de los entes judiciales en Colombia. Mientras que la Fiscalía lo declara de lesa humanidad en 2016, el Tribunal de Bogotá, en la condena en segunda instancia de José Miguel Narváez, señaló que el caso no podía catalogarse de esta forma porque este tipo de crímenes no estaban tipificados para el momento en que ocurrió el crimen.

Jaime Garzón, periodista y humorista, fue asesinado el 13 de agosto de 1990 y de forma rápida fueron procesados dos supuestos sicarios que habrían participado de la ejecución del crimen. Sin embargo, cinco años después, fueron absueltos. Desde entonces, por el crimen de Garzón, solo han sido condenados Carlos Castaño, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, asesinado por orden de su hermano, y el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez.

Por otro lado, en este proceso están siendo investigados el general del Ejército en retiro Rito Alejo del Río, condenado a 25 años por el homicidio de Marino López. Asimismo, en el caso están vinculados el coronel en retiro Jorge Enrique Plazas Acevedo, el general de la Policía en retiro Mauricio Santoyo y 10 exfuncionarios del DAS que habrían participado del desvío de la investigación.

Guzmán Quintero

Tras el crimen, fueron rápidamente capturados Jorge Eliécer Espinel y Rodolfo Rosado, quienes fueron señalados de ser los autores materiales del crimen. Desde entonces el caso no ha tenido mayores avances. El 14 de septiembre de 2019 fue declarado de lesa humanidad, dos días antes de que prescribiera.

Para Ángela Caro, que representa a la FLIP en este proceso, "El análisis que hacemos es que la Fiscalía está adoptando estas decisiones para demostrar avances en las investigaciones de los casos, pero no son avances porque son decisiones que se toman con elementos que reposan en los casos desde hace muchísimos años".

Además, la abogada señala que el caso se había reactivado en 2010 cuando versiones de Justicia y Paz señalaban la vinculación de miembros del Batallón de la Popa en el crimen, pero "la Fiscalía no ha avanzado para vincular a los miembros de este batallón en este caso".

Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres

Los dos periodistas de El Espectador fueron asesinados por hombres del Eln en 1991, en Segovia, municipio de Antioquia. Aunque el doble crimen no fue declarado de lesa humanidad, sí fue catalogado como crimen de guerra, una categoría que tampoco permite que prescriban los términos. Este anuncio fue hecho en 2018, cerca de 30 años después del crimen.

Daniel Chaparro, hijo de Julio Daniel Chaparro, señala que fueron varios los intentos para que el crimen de su padre fuera declarado de lesa humanidad, pero la Fiscalía esperó hasta días antes de la prescripción para declararlo de guerra. Además, asegura, que, al no haber mayores avances en el caso de su padre, el acto de la Fiscalía "fue un acto casi que simbólico que le compete a actores sociales y no al ente acusador, que le compete descubrir los verdaderos responsables del crimen de mi papá".

"Casi 30 años después los casos van quedando en la impunidad, más allá de que sean declarados crímenes de guerra", agregó Chaparro hijo, que también señala que la Fiscalía tenía las herramientas suficientes para vincular al caso al Eln desde el principio de las investigaciones, pero solo lo hizo hasta hace un año, por lo que muchas de las decisiones que ha tomado el ente acusador no pueden ser consideradas como avances sino retrocesos en la investigación.

Eustorgio Colmenares

El crimen del director y fundador de La Opinión de Cúcuta fue declarado de lesa humanidad en 2013. El comunicador fue asesinado el 12 de marzo de 1993, cuando dos sicarios llegaron hasta su casa y le dispararon. De acuerdo con información de ese momento, los posibles asesinos de Colmenares se estrellaron contra un bus en su escapada, sin embargo, nunca se supo su identidad.

En 1996 se archivó el caso contra ellos, pero la Procuraduría pidió que fuera reabierto un año después. Luego, en 2001, un juez absolvió a los dos presuntos implicados en el crimen del periodista cucuteño. Por otro lado, el Eln se adjudicó el crimen de Colmenares y aseguró que el crimen fue cometido por la "parcialidad informativa del periodista". Luego, dos años después de este aviso, esta guerrilla pidió perdón por este crimen.

Yineth Bedoya

Este es uno de los casos de crímenes contra periodistas que fue declarado de lesa humanidad a pesar de que su víctima no resultó muerta. El 25 de mayo de 2000, la periodista Yineth Bedoya, que para ese momento trabajaba en este diario, fue secuestrada, torturada y violada por hombres vinculados al paramilitarismo. La comunicadora había ido a la cárcel de la Modelo para hacer una entrevista relacionada con las desapariciones que estaban ocurriendo en el penal.

El caso fue declarado de lesa humanidad en el 2012 por parte de la Fiscalía. Sin embargo, según allegados al caso, el trabajo del ente acusador fue tardío porque desperdició cerca de 10 años para realizar las investigaciones pertinentes. Hasta el momento se ha condenado a Mario Jaimes Mejía, alias el Panadero, y Alejandro Cárdenas Orozco, alias J.J. En esta última condena el juzgado ordenó adelantar una línea de investigación en contra de José Leonardo Gallego. Sin embargo, de acuerdo con Caro, que lleva este caso ante la justicia, la Fiscalía no ha avanzado en esta línea porque el ente acusador considera que no tiene los suficientes elementos.

Para los allegados al caso, a pesar de que fue declarado en 2012 como de lesa humanidad, la Fiscalía no ha avanzado desde entonces en fortalecer las líneas de investigación sobre los determinadores del crimen. "Los avances que se han tenido han sido por solicitud directa de Yineth y de la FLIP y no por decisión de la Fiscalía", señaló la abogada Caro.

Claudia Julieta Duque

Este es el segundo crimen de una periodista en vida que fue catalogado como de lesa humanidad por la Fiscalía, acción que ocurrió el 19 de octubre de 2017. Duque fue víctima de tortura y seguimientos por parte de agentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Emiro Rojas, exsubdirector del DAS, y el exdetective Néstor Pachón han sido algunos de los señalados por este crimen que involucra a agentes de estado.

Claudia Julieta Duque fue una de las periodistas que investigó el crimen de Jaime Garzón y que pudo identificar la posible participación de agentes del DAS en el crimen del periodista y humorista. Por su labor investigativa, agentes del ente de inteligencia habrían realizado seguimientos en contra de la periodista y hasta incurrieron en casos de tortura.

Frente a la declaratoria de delito de lesa humanidad, Claudia Julieta Duque asegura que tiene dos puntos de vista. Por un lado, lo considera una victoria porque "se reconoce la gravedad de los ataques que sufrí y sus consecuencias para el periodismo en general. Es importante para mí como persona que se reconoció que lo que yo viví fue más que una simple amenaza, que hubo una persecución de la que participó el Estado".

Sin embargo, por otra línea, la periodista asegura que, desde que fueron declarados casos de lesa humanidad, los procesos se paralizaron. "Hay una estrategia total de impunidad por los criminales de Estado. En octubre de 2017 fue declarado de lesa humanidad y un mes después la Fiscalía cerró la investigación en contra de Jorge Noguera bajo el argumento que no tenía conocimiento de lo que había pasado en mi contra, cuando yo desde diciembre de 2003 me reuní con él y le conté lo que estaba pasando y de los vehículos que me seguían", señala.

"En mi caso están paralizados los tres procesos que fueron declarados de lesa humanidad mientras que en el cuarto estamos esperando el fallo desde noviembre de 2017. Siento que para lo que ha servido (que fueran declarados de lesa humanidad) es que como el caso no prescribe pues lo dejan guardadito y solo mandan un informe a los entes internacionales que mi caso es muy grave", concluye la periodista, que tomó la decisión de renunciar a la justicia en Colombia "ante la revictimización por parte de los perpetradores y de los entes judiciales".

28feb20

Los crímenes de lesa humanidad en contra de periodistas en Colombia

[Fuente: El Espectador, Redacción judicial, Bogotá, 28feb20]

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