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19mar17
Algunos congresistas actuaron en función de sus intereses: Todd Howland
El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lleva más de cinco años en Colombia, ha acompañado el proceso de paz con las Farc y visto la transformación del país en materia de derechos humanos. Esta semana su oficina entregó un agridulce informe anual en la materia, en el que pide a la Corte Penal Internacional aclarar si cree que la interpretación del Congreso sobre la Jurisdicción Especial de Paz cumple con las obligaciones internacionales del Estado.
¿Qué lectura tiene del acto legislativo de la Jurisdicción Especial de Paz que el Senado aprobó esta semana?
Algunos congresistas actuaron en función de sus intereses. Y lo grave es que son funcionarios públicos y deben respetar las obligaciones que el Estado tiene en materia de derechos humanos. Para nosotros lo que ha ocurrido con la ley de amnistía o el acto legislativo de la JEP es que se han puesto a consideración de intereses distintos a los derechos humanos. Pero se equivocan quienes creen que los pueden burlar, los derechos humanos son una obligación constitucional del Estado colombiano. Es cierto que para las partes en conflicto fue incomodo acordar el sistema de justicia, pues los mandos que tienen responsabilidades en crímenes eran reacios a afrontar el tema, pero finalmente lo lograron. En la mesa de diálogos trabajamos para cumplir los estándares internacionales. Al final se consiguió algo que no es perfecto, pero no está mal. Eso llevo años de trabajo. Fue un esfuerzo muy grande para que después en el Congreso no se lo tomen en serio. Lo que sacó adelante ese esfuerzo fue el interés por los derechos de las víctimas y ahora los congresistas hicieron como si nada hubiera ocurrido en Cuba.
¿A qué se refiere?
A que desconocieron el acuerdo, el esfuerzo que hicimos para que las partes aceptaran asumir sus responsabilidades. El problema, a mi juicio, es que se ha mal interpretado el concepto de justicia transicional. No hay beneficios para los violadores de los derechos humanos, hay beneficios para la sociedad. Y el Congreso no lo ha visto así, sino que se ha dedicado a pensar en los beneficios que se les ofrecen a los responsables de crímenes. Pusieron los intereses particulares por encima del interés público. No se puede ver a la JEP como una feria de beneficios, no. Los responsables de crímenes tienen que hacer obras que para la sociedad tienen que hacer acciones de reparación y reconciliación. Ese es el concepto. El Congreso no lo entendió. No me gusta desempeñar el papel de quien señala diciendo que no se cumplen los estándares internacionales, pero esto no salió bien. La justicia transicional es un mecanismo para enfrentar un problema que ha sido innegable para una sociedad y un Estado. Lo triste es que no se haya entendido el valor del sistema que se creó, y que se haya visto como una feria de regalos de Navidad. El trabajo del Congreso no es dar regalos por intereses particulares. No saben si servir a intereses particulares o intereses de la sociedad.
Usted dijo que es probable que la Corte Constitucional tome decisiones de fondo respecto a la reforma constitucional de la JEP. ¿Por qué lo piensa?
El espíritu del Acuerdo de Paz debe protegerse. Lo que no entiendo es por qué la gente piensa que la Corte Constitucional no va a tomar las riendas en este asunto. Los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario son parte de la Constitución colombiana. La Cruz Roja, la Corte Penal Internacional y nuestra oficina han advertido sobre los problemas del texto que se aprobó en el Congreso, así que no creo que vaya a pasar de agache el tema. La Corte Constitucional se toma en serio su papel como garante de la Constitución.
También hizo un llamado para que el Estado cumpla con los requerimientos de la CPI en cuanto al traslado de información...
Queremos que este proceso de paz funcione. Y es un hecho que eso depende del respeto por los derechos humanos. Así que para nosotros es importante que la CPI no vaya a intervenir en Colombia. Es mejor que el Acuerdo de Paz se implemente correctamente para que la CPI no se interese en Colombia. Y es natural que hoy ellos tengan los ojos puestos en Colombia, lo mejor para el país es que se avance en el respeto del Derecho Internacional.
Pero las críticas más fuertes señalan que es un acuerdo de impunidad...
Para eso está el elemento de la reparación, que implica que quienes han cometido violaciones a los derechos humanos tienen que trabajar para mejorar a la sociedad colombiana. No es simplemente recibir pagos administrativos por parte del Estado. Los responsables de estos delitos no estarán gastando plata de la sociedad viviendo en una cárcel, sino que van a trabajar para llevar desarrollo a las zonas afectadas por el conflicto. Eso es innovador. Todo esto está encerrado en la idea de la no repetición. El Acuerdo de Paz tiene este objetivo, que no vuelva a ocurrir. Para esto las partes convinieron que debían darse cambios en la sociedad.
Cambios rurales, sustitución de cultivos ilícitos, combate a organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Todo esto está en relación con la no repetición. Esos cambios, en áreas donde las Farc hicieron presencia histórica, son la parte más interesante del acuerdo. Esa es la garantía de no repetición.¿Cómo ve la manera en que el Congreso resolvió el tema de los terceros civiles?
El acuerdo es más amplio. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el financiamiento de grupos paramilitares, se dijo que era de competencia de la JEP. Y el Congreso hizo una reducción de una realidad dolorosa en Colombia, donde hubo empresarios que aprovecharon el conflicto armado para beneficiarse. Pagaron paramilitares para despojar tierra de campesinos y luego ampliaron sus negocios. Aunque entidades del Estado han avanzado en el diagnóstico del tema, lamentablemente ha habido muy pocas sentencias. De manera que pienso que el Acuerdo de Paz complementa el esfuerzo que se ha venido haciendo para esclarecer esta parte de la historia. Pero el Congreso redujo las posibilidades de que la JEP adelante casos de financiación por parte de terceros. Dijo el texto aprobado que si no se prueba la responsabilidad directa en crímenes graves no va a la JEP. El tema despierta preocupaciones en distintos sectores, en los empresarios. Obviamente en Colombia la extorsión ha sido un fenómeno amplio, pero no se pueden confundir con que hay quienes tienen responsabilidades en crímenes graves. Creo que ha habido confusión en torno a este tema, porque ni todos los empresarios han sido sólo víctimas, ni todos han sido victimarios. Hay un grupo pequeño de personas que se beneficiaron económicamente de la guerra. Y esto es parte de la historia de este país.
¿Qué piensa de la respuesta que ha dado el Gobierno sobre el asesinato de líderes?
Gran parte de los muertos este último año coinciden con la salida de las Farc de sus zonas históricas. Puede haber causas múltiples en los asesinatos, pero es importante que haya un cambio en la manera de enfrentar el problema. Es evidente que las muertes ocurren porque sale un actor que mantenía cierto orden inconstitucional claro, y sale la gente que vive en esos territorios, que queda expuesta. Lo que sí veo es que los esfuerzos del Estado, de la Fiscalía, son año a año más grandes. Cada vez se trata con mayor atención. La dificultad es que siempre se asume en tres niveles: ¿cómo va la Fiscalía?, bien pero puede mejorar; ¿cómo está la presencia de la Fuerza Pública?, es importante, pero no es la respuesta, y ¿cómo está trabajando la Unidad Nacional de Protección?, bien, pero no puede proteger a todos los pobladores de estas áreas. Sin embargo, es necesario tener una aproximación más integral al problema de los ataques contra defensores. Es importantes que por esto respondan otras entidades, como el consejero para el posconflicto, la agencia de renovación territorial, etc. Si hay cambios en la economía, en la inclusión de la población, va a bajar la violencia. Si se ve el problema desde la perspectiva de presencia de la Fuerza Pública, como un problema del Ministerio de Defensa, es una mirada errada.
Precisamente en el lanzamiento del informe hubo presencia de distintos sectores sociales y políticos, incluyendo un miembro del Secretariado de las Farc y un general de la Policía. ¿Qué tan difícil fue lograr esto?
Esa es una muestra del trabajo que hace la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Nuestro principio es trabajar con todos los sectores de la sociedad, porque todos fueron afectados por el conflicto armado. Incluyendo grupos armados, con quienes hicimos contactos para mediar en muchas situaciones. Así que la convocatoria no fue tan difícil. Lo que sí es sintomático es que esos sectores hayan querido sentarse a conversar en público a pesar de sus diferencias. Todos tienen interés en mejorar la situación de derechos humanos, desde los cocaleros hasta la Andi, pasando por los evangélicos o los jesuitas, la guerrilla y la Fuerza Pública.
Me dicen que incluso había invitado al Centro Democrático…
Sí, y tenían mucho interés en asistir. La reacción fue favorable. Creo que se está acabando el imaginario de que los derechos humanos es un asunto de la izquierda. Las diferencias políticas no deben ser un problema para los derechos humanos.
Este es un momento histórico por un proceso de paz que ha estado bien concebido. Usted lleva más de cinco años en Colombia, ¿ya es hora de regresar a Estados Unidos?
He puesto mucha energía en este país. Ha sido un desafío físico e intelectual. Este país tiene un ritmo vertiginoso. Periodistas todo el día. Crisis cada día. Madrugan, trasnochan. Yo no sé cuándo duermen los colombianos, y para una persona como yo, que aún estoy en un proceso contra la leucemia es importante dormir. Y el país es enorme, se necesita viajar de un lado a otro, con un elemento adicional, en Colombia hay una enfermedad que se llama reunionitis. Reuniones para todo, en todos lados. Aquí no hay descanso. Incluso he pensado por momentos que una de las razones por las que el conflicto ha durado tantos años es porque aquí no duermen, y por eso son menos tolerantes con el otro (risas). Normalmente uno está por tres o cuatro años en un país, y llevo cinco por la particularidad del proceso de paz, pues aunque con bajo perfil trabajamos mucho en los diálogos.
¿Y cómo va el tratamiento de su leucemia?
Aún estoy en eso. Estoy bien. Creo que voy a sobrevivir a la enfermedad y hasta pienso que Colombia me ha ayudado a sobrellevarla. Tanto trabajo, tantas situaciones que he vivido. Estoy mejor que cuando llegue. Y lo que tengo es agradecimiento con Colombia.
[Fuente: El Espectador, Bogotá, 19mar17]
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