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12mar17
El clima político de la justicia para la paz
A las sesiones extraordinarias en el Congreso, convocadas por el Gobierno para acelerar la implementación de los acuerdos firmados con las Farc, les quedan tres días. Por eso, la prioridad esta semana es la aprobación –en último debate en el Senado– del acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La plenaria está convocada para hoy a las 3:00 de la tarde, y aunque al Ejecutivo le gustaría que este mismo día se votara el articulado, lo más probable es que la sesión se vaya en intervenciones de los congresistas, en lo que será el último pulso entre defensores y contradictores del sistema de justicia especial diseñado para saldar las cuentas de la guerra.
No será fácil. La sesión del miércoles pasado fue una muestra de que la Unidad Nacional ha empezado a diluirse. Ese día, a la urgencia del Gobierno por aprobar la reforma, los partidos contestaron con ausentismo, dilación y conatos de rebelión legislativa a nombre de la repartija burocrática. El lamentable espectáculo de esa sesión desnudó los intereses de muchos parlamentarios: por un lado, las disputas internas en el Partido de la U, la colectividad del presidente Juan Manuel Santos; del otro, el apetito de los conservadores por vender caros sus apoyos a la que es en la actualidad la principal iniciativa del Ejecutivo, y finalmente, una mezcla entre el coletazo del escándalo de Odebrecht, que ya golpea a la clase política, más el temor de muchos frente a un sistema de justicia que obliga a todos los actores del conflicto a comparecer ante los jueces.
Una muestra significativa de ello es que 25 senadores se declararon impedidos para votar la JEP porque o bien tenían familiares vinculados a investigaciones relacionadas con el paramilitarismo o tenían parientes en la Fuerza Pública. Pero, más allá de las razones jurídicas –que en su mayoría no fueron aceptadas por la plenaria–, hubo razones políticas de fondo que hicieron del recurso del impedimento una eficaz herramienta para torpedear la aprobación de la iniciativa, al menos en ese primer intento. Lo grave de esto es que quienes más expresaron este tipo de inconvenientes no fueron los del Centro Democrático, partido que se ha opuesto abiertamente a la reforma, sino congresistas de la bancada de Gobierno. Los datos están a la vista: de la U, cuatro se declararon impedidos; en los liberales lo hicieron tres; de Cambio Radical, otros tres; en el Partido Conservador, seis; de Opción Ciudadana, tres, y del Centro Democrático, otros seis.
Además de estos supuestos 25 impedidos para no votar ni discutir, cerca de 40 senadores no asistieron al debate. O mejor dicho, se registraron para no figurar en la lista de ausentistas, pero no acudieron a votar los impedimentos ni las ponencias alternativas a la del Gobierno. Como si fuera poco, la discusión estuvo salpicada de duros altercados entre congresistas, incluso de un mismo partido. Sucedió en la U, donde Armando Benedetti, su copresidente, y Mauricio Lizcano, presidente del Senado, se trenzaron en una acalorada disputa verbal, desnudando el fuerte pulso que se vive en el interior de la colectividad y que, se comenta en los pasillos del Capitolio, tiene que ver con una disputa por cuotas en entidades.
"La pelea de Lizcano y Benedetti está centrada en la Superintendencia de Vigilancia, donde fue nombrado Israel Londoño, un hombre cercano a Lizcano. Benedetti está defendiendo a Ángel Custodio Cabrera, a quien le correspondía la entidad, según los acuerdos burocráticos", le contó a El Espectador una fuente cercana al partido. Otros aseguran que los congresistas de la U están "apretando" al Gobierno para que les entregue el Departamento para la Prosperidad Social, cuya directora, Tatyana Orozco, renunció hace 15 días. Dicen que detrás de la entidad está el senador barranquillero Eduardo Enrique Pulgar. En otras palabras, lo que buscaban los parlamentarios era tiempo para que el Gobierno aceitara su maquinaria, que, según rumorean, está lista para hoy.
Y si por la U llueve, en el Partido Conservador no escampa. La bancada del partido azul fue la más activa en el boicot de la semana pasada. Sus curules estuvieron casi en su totalidad vacías y además fue el partido, junto con el uribismo, con más impedimentos presentados. Aquí las cosas también tienen cara de perro. Por una parte, todo indica que se avecina el último recambio ministerial del gobierno Santos, y los conservadores exigen el "pago inmediato, no un cheque en blanco" en cuanto a cuotas en el Ejecutivo, como dijo sin tapujos uno de sus miembros de bancada.
Si sale el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, los azules aspiran a poner una ficha suya en su reemplazo. O si no, como mínimo quieren aumentar el número de directores de entidades, preferiblemente en el sector rural. Por ahora, el Gobierno les ha prometido que tendrán la Secretaría Jurídica de la Presidencia, de donde saldrá Cristina Pardo, y cuyo reemplazo sería Claudia Isabel González. Así como también esperan que Juan Francisco Espinosa, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), regrese a la Secretaría Técnica del Consejo de Ministros. "En los partidos hay desconfianza de la nueva composición política del último tramo. Nosotros hemos puesto la carne en el asador para la reforma tributaria, para el plebiscito y para las reformas de la paz. Entonces esperamos retribución. Esperamos espacios de poder, compensaciones políticas", refirió otro parlamentario conservador.
Las relaciones con Cambio Radical, por el contrario, han ido mejorando. Si bien durante el trámite de la JEP en la Cámara de Representantes las mayorías del partido del vicepresidente, Germán Vargas Lleras no votaron, en el Senado tuvieron un intenso pulso para introducir una serie de cambios en la ponencia, especialmente en lo que tiene que ver con las competencias de la Fiscalía, así como el tema de los terceros que tendrán que comparecer ante esa jurisdicción.
Y ambos puntos ya parecen superados. "No hay ánimo de sabotear el proyecto, pero sí un compromiso de tratar de matizar el tema de los terceros. Además hemos impulsado las solicitudes del fiscal. Pero el chaparrón ya pasó. En Comisión Primera hubo mucha presión de distintos sectores: de los militares con lo de la cadena de mando, del fiscal general, de las cortes y hasta de muchos empresarios, que han hecho lobby para cerrarle un poco la llave a lo de los terceros", comentó un senador de esta colectividad.
Aun así, hay señales de que persisten los temores de Cambio Radical con lo de la paz y la muestra es que tres de sus ocho senadores se declararon impedidos para votar la JEP. Por cierto, en esta área de los inconformes moderados está el Partido Liberal, y confidencialmente sus exigencias al Gobierno tienen que ver con Cambio Radical. La colectividad del trapo rojo espera que tras la salida de Vargas Lleras de la Vicepresidencia para preparar su campaña presidencial de 2018, los espacios que deja le sean asignados: el Ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Invías.
Y finalmente están los partidos pequeños. Parte de Opción Ciudadana jugó en contra del Gobierno el pasado miércoles, y no es para menos, en sus filas cuentan con familiares de parapolíticos, como Luis Alberto Gil, Álvaro García y Hugo Aguilar. Con este panorama, quienes han completado el quórum, los votos y el debate han sido el Polo Democrático y la Alianza Verde, e incluso el mismo Centro Democrático.
Un senador de estas fuerzas minoritarias hizo su propio diagnóstico: "Las mayorías siempre son a ras porque hay un sector de congresistas que van cinco minutos y salen a cobrar en los ministerios, o se la pasan en Palacio en busca de entidades. Operan como oficinas bancarias: buscando contratos. Para mí, lo que hay es una disidencia concertada. Un día lloran los conservadores, luego los de la U y después los liberales. Ante los medios todos aman la paz y en privado piden cuotas".
Y hay quienes reconocen que el caso de Odebrecht tiene nervioso a más de uno: "Los escándalos de corrupción han caído muy mal. Hay un sector solidarizado con los 'ñoños' (como se conoce a los senadores Musa Besaile y Bernardo Elías Vidal), y tienen miedo de que se destape una cacería de brujas. Eso explica el llamado del presidente Santos a los medios a actuar con responsabilidad cuando acusan de corrupción a alguien, no vaya y sea que se desbarate el quórum otra vez".
Por cierto, hoy puede ser también la última gran prueba de fuego para el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de quien se dice se irá del Gobierno para aspirar a la Presidencia. Y la verdad es que será con unas mayorías debilitadas, pues se trata de un Congreso que ya piensa en la campaña de 2018, en puestos que le aseguren votos y que les teme profundamente a los alcances que pueda tener el desarrollo de investigaciones judiciales, ya sea en la justicia ordinaria o en la jurisdicción especial que nacería de la aprobación de esta reforma constitucional. Lo claro es que en este escenario crispado se dará una de las últimas batallas por la paz.
El fin de semana, el presidente Santos advirtió que hay sectores que quieren desviar el camino e invitó a los congresistas a que se unan en una cruzada por el optimismo y para consolidar el objetivo. "Yo le pido al Congreso, le pido al Senado, que allá estén presentes todos, porque es una de las votaciones más importantes", dijo. Un momento definitivo en el que volverán a verse las movidas del fiscal general por ganar terreno en la JEP, las de los empresarios por cerrar la entrada de terceros civiles y las de los militares por blindar a su cúpula de la llamada responsabilidad de mando. La discusión será a brazo partido, por lo que se estima que la votación del articulado no sea hoy mismo y se deje para mañana.
[Fuente: El Espectador, Bogotá, 12mar17]
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