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26feb17
Los militares están tranquilos con la justicia especial para la paz
Luego de dos días de intensos debates en la Comisión Primera de Senado, en torno al tratamiento que tendrán los militares en la justicia especial para la paz, los uniformados dieron un parte de "tranquilidad" sobre lo aprobado, lo cual queda pendiente solo de una prueba más en la plenaria de esa corporación.
La Comisión Primera de Senado debatió y aprobó, en tercero de cuatro debates, el proyecto de acto legislativo que le da vida a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la cual deberán acudir los excombatientes -guerrilleros y militares- señalados de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio.
La ley de amnistía, aprobada en diciembre pasado, y la creación de la JEP son dos de los puntos que más atentos tienen a los líderes de las Farc, quien están en medio del proceso de dejación de armas para reinsertarse a la vida civil.
Los militares también han estado al pie del cañón en el trámite de la justicia especial para la paz, la cual dedica un capítulo y cinco artículos específicos a definir la forma como ellos serán juzgados por delitos cometidos con ocasión del conflicto armado.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó el pasado miércoles que esta norma "tiene pleno apoyo de los mandos" y "de las fuerzas activas".
"Para nuestros hombres no habrá amnistía, sino renuncia a la acción penal y libertad condicionada. Son alrededor de 1.200, pero tenemos que ver caso por caso, por eso toma tiempo para poder tener unas listas que sean impecables", anunció el Ministro.
Los retirados
Pese a algunas observaciones que los uniformados en retiro habían presentado sobre varios puntos de la justicia especial para la paz, luego de aprobado el proyecto también manifestaron su "tranquilidad" con el mismo.
El general Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), dijo que estaban más "tranquilos" frente al tema, porque los senadores entendieron la preocupación que tenían y se dieron cuenta de la necesidad de cambiar algunos términos.
"Estábamos muy preocupados porque en la parte inicial se establecía que el derecho penal internacional se podría utilizar contra los miembros de la Fuerza Pública, es decir, el Estatuto de Roma y su artículo 28. Entonces había que blindar a nuestros hombres y se hicieron unos cambios en la redacción del proyecto, lo que dejó el tema bastante claro", dijo Ruiz.
Las condiciones
Los senadores de la Comisión Primera aprobaron que habrá un tratamiento diferenciado entre guerrilleros y militares, y para los uniformados que tengan responsabilidad de mando tendrán que comprobarse cuatro condiciones antes de condenarlos.
La primera es que la conducta o conductas punibles "hayan sido cometidas dentro del área de responsabilidad asignada" y "que tengan relación con actividades bajo su responsabilidad". La segunda es que se demuestre que el superior tiene "la capacidad legal y material de emitir órdenes, de modificarlas o de hacerlas cumplir". La tercera es que "tenga la capacidad efectiva de desarrollar y ejecutar operaciones dentro del área donde se cometieron los hechos punibles".
Y la cuarta, que el superior "tenga la capacidad material y directa de tomar las medidas adecuadas para evitar o reprimir la conducta o las conductas punibles de sus subordinados, siempre y cuando haya de su parte conocimiento actual o actualizable de su comisión".
Algunas voces han sugerido que este modelo de juzgamiento para los militares no está acorde con normas del derecho internacional y que los uniformados, eventualmente, podrían ser investigados por la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, el Gobierno logró superar este obstáculo y sacó adelante el proyecto, que, en todo caso, está pendiente de un debate más en el Congreso.
Lo que se viene en Senado
Esta semana debe llegar el proyecto de acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la plenaria del Senado para su último debate.
Por ser la votación final, se espera que varios sectores que han tenido observaciones sobre la norma las lleven a la sesión del Senado para tratar de que queden incluidas en el texto.
Entre estas están las que ha manifestado el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, varias de las cuales ya han sido incluidas.
Una de las mayores preocupaciones del jefe del ente investigador es el tratamiento al delito de ejecución permanente, que es el que se comete de manera continua.
Entre ellos, desaparición forzada, secuestro y lavado de activos.
Esta preocupación por el tratamiento a estos delitos que cometan los guerrilleros fue retomada esta semana por el senador por Cambio Radical Germán Varón.
Varón pidió que se precise cómo se vinculará a los terceros no combatientes a la JEP y que se establezcan "condiciones" para los magistrados del Tribunal para la Paz cuando se extralimiten.
EL TIEMPO pudo establecer que es posible que para el debate final la posición de Cambio Radical (9 senadores) se endurezca, especialmente en los temas que ha venido pidiendo el Fiscal.
Para que el proyecto sea aprobado, deben conseguirse 67 votos, de 102 posibles, por el sí. Se espera que los 20 uribistas lo voten en contra y es una incógnita el sentido de la decisión de los de Cambio Radical.
El reto del Gobierno es conseguir los 67 apoyos favorables, pese a la oposición uribista y a la incertidumbre del voto de Cambio Radical.
Presos de Farc, en huelga
Los prisioneros de las Farc de la cárcel de San Isidro, en Popayán, se declararon este sábado en huelga de hambre por tiempo indefinido.
Los 97 guerrilleros exigieron el mejoramiento del servicio de salud en ese centro penitenciario, ya que, según dicen, "es muy precario", y hasta se han registrado muertes. Los guerrilleros también le pidieron al Gobierno dar celeridad a la ley de amnistía y a la adecuación de las zonas veredales. "No dilaten más la excarcelación de los prisioneros políticos", se lee en el comunicado.
Los reos condicionaron el levantamiento de la huelga al cumplimiento de sus exigencias.
[Fuente: El Tiempo, Bogotá, 26feb17]
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