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13oct16
Uribe entregó las bases para un nuevo acuerdo con las FARC
El ex presidente Álvaro Uribe reclamó penas de prisión efectiva de entre cinco y ocho años -aunque de cumplimiento en lugares de reclusión alternativa, como granjas agrícolas- para los guerrilleros que hayan reconocido su responsabilidad en delitos graves, entre otras propuestas que le presentó al gobierno colombiano como resultado de la derrota del Sí en el plebiscito para refrendar el actual acuerdo de paz con las FARC.
Uribe entregó el miércoles por la noche a las autoridades nacionales un texto de 26 páginas en el que también reiteró su oposición a que aquellos insurgentes alcanzados por acusaciones de delitos graves puedan presentarse como candidatos en elecciones, y ahora el presidente Juan Manuel Santos deberá resolver si admite la propuesta tal como la recibió y la traslada a los negociadores de paz de la insurgencia.
Uribe pide también que se deje sin efecto el espacio de justicia transicional que habían acordado el gobierno y la guerrilla, por un Tribunal Transicional, pero dentro de la estructura de la Rama Judicial ordinaria, que tendría unas salas especializadas que se denominarían "Cortes para la paz", adscritas al Tribunal Superior de Bogotá, reseña la revista Semana.
El jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, afirmó el miércoles que la insurgencia no está dispuesta a reabrir la discusión sobre la justicia transicional, para la cual habían alcanzado un acuerdo "que nos llevó más de un año y medio" de discusiones en La Habana.
"Bases de un Acuerdo Nacional de Paz", es el título del texto de Uribe, que además exige que el Acuerdo Final no se incorpore a la Constitución nacional "con carácter inmodificable", y que su implementación se haga mediante los mecanismos institucionales necesarios para darles seguridad jurídica. Es decir, señala que la implementación debe ser en el Congreso, con las reglas actuales, y que allí se puedan modificar los acuerdos.
En el tramo referido a la justicia, propone la creación de un Tribunal Transicional dentro de la estructura de la Rama Judicial, pues permite la "no sustitución del sistema de Cortes y crea confianza institucional".
Ese Tribunal tendría unas salas especializadas que se denominarían "Cortes para la paz", dedicadas a amnistías e indultos, reconocimiento de la verdad, control de garantías y juzgamiento.
La investigación la llevaría a cabo la Fiscalía General de la Nación, donde se crearían las denominadas Fiscalías para la paz, con dos objetivos: adelantar la lucha contra las organizaciones derivadas del conflicto, y la investigación y acusación ante las salas de las Cortes de Paz, añade el reporte de Semana.
Dice que la responsabilidad de los jefes de las FARC por los actos de sus subordinados, según la cadena de mando, deberá fundarse en lo que llama "el control de la voluntad por virtud de la doctrina de la autoría mediata en los aparatos organizados de poder".
Propone amplia amnistía e indulto a terceros no combatientes, como colaboradores o auxiliadores, siempre y cuando se entregue cualquier material bélico que se posea.
Plantea un mínimo de cinco años y un máximo de 20 años de privación de la libertad para quienes hayan cometido graves violaciones de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario, penas que se reducirían a un mínimo de cinco años y un máximo de ocho, si hay reconocimiento de responsabilidad.
Además, habla de "privación efectiva de la libertad", cuando el Acuerdo de La Habana utiliza el término "restricción", pero admite que las sanciones se paguen en lugares de reclusión alternativos, como granjas agrícolas.
Según Uribe, las Cortes de Paz que propone "no podrán desconocer el carácter de cosa juzgada de las decisiones anteriores de la jurisdicción ordinaria", pero admite la homologación de condenas, mediante el principio de favorabilidad, de quienes hayan sido sentenciados por la justicia ordinaria a una pena superior a la contemplada en el mecanismo de justicia transicional.
Respecto de la participación política, se opone a que el partido político que surja del tránsito de las FARC a la vida civil tenga "beneficios excesivos", sino que cuente con los mismos recursos y herramientas de los demás partidos.
"Bajo ningún concepto tendrá asiento en el Consejo Nacional Electoral, prerrogativa que muchos partidos actuales no tienen", señala.
Sobre el narcotráfico, dice que es necesario que las FARC se comprometan a entregar toda la información de sus zonas de cultivo, entregar información de rutas empleadas, entre otras. También que quede claro que por razones de seguridad el gobierno pueda utilizar la aspersión aérea para erradicar cultivos. Y que el texto de La Habana diga de forma textual que el delito de narcotráfico no es amnistiable.
También le pide a la guerrilla una demostración de arrepentimiento y de perdón por sus actos, y al respecto cuestiona que en el acuerdo no exista un compromiso explícito de las FARC para contribuir de manera efectiva con la reparación económica de sus víctimas.
"Si bien el documento habla de reparación material, el término es difuso y requiere ser precisado con el compromiso de entrega total de bienes para el resarcimiento de sus damnificados", puntualiza.
[Fuente: Télam, Bs As, 13oct16]
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