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13feb16
Se enredó la justicia transicional
En este país de leguleyos no fuimos capaces de tejer un itinerario de la justicia para la reconciliación con los insurgentes de las Farc, no obstante que tenemos abogados para todo y contamos además con miles de facultades de derecho que anualmente botan a las calles hordas de profesionales del derecho de todos los pelambres.
Difícilmente podía haberse concebido un proyecto de justicia tan controvertido como el que se facturó en la mesa de negociación de La Habana. Ni siquiera al mismo Gobierno le parece convincente ni confiable, a juzgar por las tibias declaraciones de varios de sus altos funcionarios, algunos de los cuales dan la impresión de ni siquiera conocerlo a profundidad. A nadie parece haberle gustado este Acuerdo de Justicia, del que primero nos dijeron que estaba listo cuando no lo estaba, y cuando ya lo estuvo a muchos nos pareció improvisado y ligero.
Pero lo más grave en este mar de inconformismo son las voces de quienes desde el exterior vienen cuestionando con argumentos sólidos el malhadado documento. No me refiero solamente al contundente juicio de José Miguel Vivanco, quien abrió plaza con sesudas críticas que aun hoy siguen sin ser resueltas por el Gobierno. En efecto, recientemente, un agudo editorial del influyente diario americano, The New York Times, ha puesto el Acuerdo de justicia transicional en el ojo del huracán, criticando la ligereza con la que a su juicio se habrían pactado algunas condiciones para juzgar y sancionar a los guerrilleros de las Farc. Preocupante señal que se hace pública apenas una semana después de que el presidente Santos fuera recibido en la Casa Blanca para celebrar los 15 años del Plan Colombia, acompañado de varios de sus ministros y un ejército gigantesco de lagartos, vividores y oportunistas. Parecería que a pesar del ruido mediático que se promovió sobre este encuentro tan inusual con el presidente Obama, ello no hubiera impresionado a muchos sectores de la sociedad y el poder estadounidense que siguen atrincherados en su discurso contra los Acuerdos de la Habana. Mientras aquí se aplaudía todo lo que nos mostraron en televisión por cuenta de lo que quiso divulgar el Gobierno, en el epicentro del mundo silenciosamente se cocinaban dramáticas y estudiadas opiniones que ponen en entredicho el futuro mismo de la paz.
En el mismo tono de escepticismo, por decir lo menos, ya se oye al poderoso senador demócrata, Patrick Leahy, plantear dudas sobre el flamante Acuerdo de justicia transicional que vio la luz en un país repleto de juristas. Y también empiezan a repicar las campanas de la inconformidad de Amnistía Internacional. Aquí nadie parece conmoverse con semejante voz de alerta.
Y como al que no quiere caldo se le dan dos tazas, el vicefiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), James Stewart, le sacó tarjeta amarilla a los acuerdos de La Habana sobre justicia transicional, al afirmar que el aval a los acuerdos del Gobierno con las Farc dependerá de las sanciones que se impongan a los responsables de crímenes de guerra y violaciones del Derecho Internacional Humanitario. Muy preocupante que tan alto funcionario de la CPI se haya abstenido de emitir su juicio sobre el Acuerdo de justicia transicional que tiene tan orgullosos a muy pocos. Para colmo de males, el anuncio del vicefiscal fue hecho nada más ni nada menos que en un foro en la OEA, en el que además categóricamente expresó que es necesario consagrar prisión efectiva para los culpables de crímenes.
Lo que tiene de aburridor esta situación, es que los enemigos de la paz, como Álvaro Uribe y el procurador Ordóñez, se ufanan de que otros piensen como ellos. Por supuesto se equivocan. Los de afuera expresan criterios científicos fundados en convicciones sanas frente a lo que debe ser la paz; lo de Uribe y Ordóñez es diferente porque ellos quieren la guerra, pues es el único escenario en el que sus propósitos políticos tendrían audiencia.
Adenda. La CVC debería hacer notorio el censo de los dueños de predios que se han apropiado indebidamente de grandes extensiones en la Laguna de Sonso en Buga. ¿A quiénes pretende proteger con su silencio?
[Fuente: Por Ramiro Bejarano Guzmán, El Espectador, Bogotá, 13feb16]
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