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05may14
El problema del mensajero
Eduardo Montealegre se convirtió en mensajero del Ejecutivo. Hablando como Fiscal General de la Nación lanzó una serie de opciones sobre penas alternativas para las guerrillas y, para igualar la travesura, como si esto se tratara de un juego de suma cero, incluyó a los militares y a los policías en su propuesta.
Sus comentarios despertaron la ira de varios y los aplausos de otros. Hoy, comparto con ustedes inquietudes que parecen formales, pero que tienen repercusiones materiales serias.
Montealegre es el jefe de la entidad de la Rama Judicial a cargo de la investigación y la acusación de los infractores de la ley penal. Esta es una función clave del ejercicio del poder público en Colombia. Como jefe de la Fiscalía, es responsable de que la justicia penal sea efectiva y de que la ley se cumpla. Sus tareas principales son las de enfrentar la criminalidad, respetar los derechos de los procesados, proteger los derechos de las víctimas del delito, y velar por la independencia y autonomía del organismo.
Las propuestas del Fiscal General son posturas oficiales. No es serio que el jefe del ente acusador hable a título personal o como promotor de la paz. Justamente, por ser representante institucional, considero que sus planteamientos son inconvenientes.
En vez de demostrar la eficacia del ejercicio investigativo y acusador de la Fiscalía, su jefe está prometiendo penas blandas. En un país en el que la justicia se conjuga con impunidad y los opositores de la paz acuden al discurso moralizante y popular de los justos merecidos, ¿qué busca el Fiscal General prometiendo lenidad?
Que sea el representante del ente que dirige la persecución penal el que propone penas alternativas tiene tres repercusiones negativas.
La primera: pareciera que la paz se resuelve a golpe de derecho penal o mejor dicho quitándole la mordida al derecho penal. Esta concepción vuelve a caer en la trampa de equiparar a la justicia transicional con una forma de justicia penal especial que trae regalitos para los perpetradores o que permite negociar las consecuencias de los actos. Es posible que, en el marco de un proceso de paz con réditos concretos, se puedan adoptar medidas -entre ellas, con efectos penales- para contribuir a un cambio significativo. El error está en que el mensajero es el encargado de la persecución penal y la discusión se concentra en su campo: el penal.
La segunda: el Fiscal General está prometiendo una justicia especial para unos, pero seguirá aplicando la misma justicia rancia y amarga para otros. Lejos de justo, el planteamiento despierta frustración social y mucha confusión. Como Fiscal General en ejercicio, el mensajero escogido para pasar el mensaje de los beneficios penales es equivocado. Su mensaje está condicionado por su mandato actual y despierta preguntas sobre cómo se aplica la justicia para los que no están en la guerra.
La tercera, resulta obvia: el Fiscal General, quien debe ser independiente del Ejecutivo, le está haciendo mandados al gobierno. Para eso hay un ministro de Justicia, quien también fue Fiscal General.
Soy consciente de que el proceso de paz necesita la participación de todo el poder público y de toda la sociedad colombiana, amantes y disidentes del proceso. La conjugación de este amplio espectro no implica confusión en relación con los roles desempeñados. El respeto por la separación de poderes resultará clave para la paz.
[Fuente: Por Michael Reed Hurtado, El Colombiano, Medellin, 05may14]
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