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13abr13
Montealegre hace pública que se aplicará un marco legal negociado en La Habana
El martes pasado, en la marcha por la paz y las víctimas de la violencia, el fiscal general, Eduardo Montealegre, destapó sus cartas frente a los diálogos con las Farc en La Habana y se alineó definitivamente al lado del presidente Juan Manuel Santos. Dijo que el Marco Legal para la Paz --el acto legislativo que examina actualmente la Corte Constitucional-- está bien direccionado, pues permite que en desarrollo del concepto de justicia transicional se otorguen beneficios penales a quienes se desmovilicen. Y habló de la participación en política de jefes guerrilleros, pues hasta hoy no hay condenas por crímenes de lesa humanidad contra ellos.
Una postura que produjo la ira del procurador Alejandro Ordóñez, quien cree que la Fiscalía quedó desdibujada al perder su neutralidad y que no se puede permitir que responsables de ese tipo de crímenes no vayan a pagar un solo día de cárcel. Ordóñez acusó a Montealegre de fungir como ministro de Santos y reiteró que el Marco para la Paz es sinónimo de impunidad.
En entrevista con El Espectador, el fiscal general ahonda en sus tesis jurídicas --tan contrarias a las del procurador y por las que quiere debatir con él públicamente-- enfatizando que la paz es un derecho fundamental que puede limitar otros derechos y que si se cae el Marco Legal en la Corte, se dejaría herido de muerte el proceso con las Farc. De paso advierte que a la guerrilla se le está acabando el tiempo, pues las investigaciones en su contra siguen adelante, a la luz del Derecho Penal Internacional.
¿Qué es lo que quiere debatir con el procurador?
Las posiciones ideológicas y jurídicas diversas que sostienen la Procuraduría y la Fiscalía frente al proceso de paz. Respeto las ideas del doctor Ordóñez, le tengo un gran aprecio y es mi amigo, pero difiero profundamente del modelo que le está planteando al país, que en el Derecho Penal Internacional y los Derechos Humanos es maximalista, es decir, implica que todos los delitos y todos los autores en un conflicto armado tienen que ser investigados y sancionados, lo cual en la experiencia de justicia transicional ha demostrado su fracaso.
¿Por qué?
Porque por tratar de investigar a todos los responsables se conduce a la impunidad. Ningún sistema penal en el mundo, frente a estos grandes casos de macrocriminalidad --estamos hablando de violaciones masivas a los Derechos Humanos, que en el caso colombiano son más de 300 mil--, puede abarcarlos.
¿Y cuál es entonces su enfoque?
Es un enfoque minimalista, que va en el sentido de que debemos utilizar los criterios de selectividad, los cuales han sido utilizados por tribunales como la Corte Penal Internacional. Lo que dice es que hay que enfocar la investigación, acusación y juzgamiento en los máximos responsables. Ese es el modelo que ya se incluyó en la Constitución con el Marco Legal para la Paz.
¿Cómo explicarle al país que el Secretariado de las Farc, que ha cometido delitos de toda índole, puede terminar en el Congreso?
No estamos en un proceso de sometimiento a la justicia, sino de negociación. Eso implica un reconocimiento de que las Farc tienen un estatus político --por la insurgencia-- porque están vinculadas a una concepción tradicional del siglo XIX que es el delito político. Hay que abrirles espacios de participación democrática para que busquen los mismos fines de consecución de reformas sociales, pero con métodos no violentos.
¿Y qué pasará con las investigaciones ya en curso?
Estamos preparando a la Fiscalía para investigar los delitos cometidos por las Farc, desde el punto de vista del Derecho Penal Internacional. Nosotros vamos a determinar si las investigaciones en curso contra las Farc obedecen o no a planes sistemáticos de ataques contra la población civil o de ataques generalizados. Si en este proceso llegamos a comprobar que es así, haremos acusaciones por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra contra los máximos responsables. Ahora, al día de hoy, la justicia colombiana no ha declarado por sentencia en firme como delito de lesa humanidad y crímenes de guerra las conductas de las Farc.
O sea, el mensaje para las Farc sería: firmen rápido porque aquí avanzan las investigaciones...
Mientras no se firme un acuerdo, seguiremos impulsando los procesos y acusando y, si es el caso, por delitos de guerra y de lesa humanidad.
¿Pero entonces 'Timochenko' o 'Iván Márquez' podrían participar en política?
La situación judicial hoy es que no han sido condenados por delitos de lesa humanidad y de cara al proceso de paz podrían participar, porque es la única excepción que trae la Constitución.
Pero si en 50 años no ha habido una condena por lesa humanidad, es de pensar que de aquí a noviembre que se firme un eventual acuerdo de paz no habrá ninguna...
A partir de mi gestión como fiscal general estamos impulsando una metodología de investigación frente a graves violaciones a los derechos humanos. Yo creé la Unidad de Análisis y Contexto para estudiar esos fenómenos de violaciones masivas a los derechos humanos sobre la base de asociación de casos; de estudiar los contextos; de hacer interrelaciones entre los diversos delitos cometidos.
¿Qué pasa si se cae el Marco Legal para la Paz en la Corte Constitucional?
Sería un golpe muy duro para la paz, porque este nuevo marco de justicia transicional que se incluyó en la Constitución el año pasado corrige todos los defectos del proceso de desmovilización con las autodefensas, impulsado por el gobierno del expresidente Uribe, en el que no ha habido ni verdad, ni justicia, ni reparación. Si se llega a caer sería una herida de muerte para el proceso de paz.
¿Y cuál es su expectativa frente a ese fallo?
Creo que la Corte debe declarar su exequibilidad, porque el debate en este momento es si sustituye o no el modelo constitucional existente. Eso es lo que sostiene el procurador y yo pienso que no es así. Hay una jurisprudencia muy decantada en la Corte que establece que cuando hay una colisión entre el derecho fundamental a la paz y los derechos a la verdad, justicia, y reparación, estos últimos pueden ser limitados en ciertos casos.
¿Pero qué pasaría si, por ejemplo, 'Timochenko' llega al Congreso y la Fiscalía encuentra posteriormente que participó en delitos de lesa humanidad?
Ese es un tema que debe solucionar la ley estatutaria que debe desarrollar el Marco para la Paz. Esa ley deberá prever ese tipo de casos y darle una solución. Yo prefiero a Timochenko en el Congreso y no sembrando terror.
El mensaje podría ser también: o firman la paz o terminan condenados por delitos de lesa humanidad...
Los tiempos se les están agotando a las Farc. Aquí también hay unos tiempos de la justicia y nosotros no hemos parado mientras se adelanta el proceso de paz en La Habana.
El procurador ha pedido claridad en que se le diga al país si va a haber impunidad...
No va a haber impunidad. Lo que pasa es que el procurador tiene una concepción de la justicia penal propia del idealismo alemán del siglo XVIII. En el mundo moderno se han abierto espacios, en especial después de la Segunda Guerra Mundial, sobre un concepto diferente de justicia, que es el de justicia restaurativa. Se entiende que la prisión y la concepción retributiva de la pena no es la única forma de hacer justicia y existen unos modelos distintos para hacerla. El Marco para la Paz busca un equilibrio entre verdad, justicia y reparación. A los máximos responsables hay que llevarlos a una sanción penal y ahí el Estado ya tiene la posibilidad, bajo ciertos requisitos, de suspender la ejecución de la pena.
¿Y no sigue abierta la puerta para la entrada de la Corte Penal Internacional?
De ninguna manera, y esa es otra discrepancia con el procurador. El Estatuto de Roma estableció que los estados tienen el deber y la obligación de investigar, acusar y juzgar las graves acusaciones a los derechos humanos. Pero si vamos a un análisis serio de esa norma, hay que entender que ésta puede ser relativizada en aras de la paz. Existe un deber de perseguir delitos de lesa humanidad, pero hay otro principio que también se desprende del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es el de la paz. A mí me parece que en casos de colisión de principios de derecho internacional, se debe resolver con una metodología que han utilizado todos los tribunales en materia de derechos humanos, que es la teoría de la ponderación.
Mejor dicho, toca tragarse muchos sapos en aras de la paz...
Indiscutiblemente, y yo hago un llamado muy respetuoso al procurador para que actuemos en términos realistas. Debemos bajar a la realidad y no andar pensando en la utopía, como fue la desmovilización de las autodefensas, que se quiso investigar absolutamente todo y lo que se montó fue un sistema frágil, con serias deficiencias.
Según el procurador Ordóñez, usted está fungiendo como un ministro del gobierno Santos…
Pues si el procurador considera que cumplir con la Constitución es fungir como ministro, pues entonces soy ministro. Yo lo que he hecho es defender un modelo que está en la Constitución y el que se está apartando de la Carta Política es él. Lo mío no es una interpretación personal ni caprichosa del ordenamiento jurídico, sino que estoy obedeciendo un mandato constitucional que estableció unas reglas de juego y un modelo de justicia transicional que en este momento está vigente porque la Corte no ha declarado, y creo que no lo va a hacer, la inconstitucionalidad del acto legislativo del Marco para la Paz. Lo que tiene que hacer el procurador es no vincular a las concepciones institucionales sus concepciones personales.
¿Será que él está oficiando como ministro de Álvaro Uribe?
Yo sí veo un binomio conceptual Uribe-Ordóñez, en términos de concepción del Estado y del derecho, lo cual es absolutamente respetable.
Pero entonces también se puede hablar de un binomio Santos-Montealegre...
Es que eso está consignado en la Constitución. Se estableció un modelo y tanto el procurador como yo --gústenos o no-- tenemos que cumplirlo.
¿Se ha sentido irrespetado por el procurador?
De ninguna manera. Es un gran jurista, respeto sus ideas, pero estamos en orillas diferentes.
Pues el viernes lo mandó a leer el artículo 122 de la Constitución, que habla de las funciones y deberes de los funcionarios públicos...
Él es un maestro del derecho y de pronto no tengo su estatura intelectual, pero algo debo haber aprendido en los cuatro años que estuve de magistrado en la Corte Constitucional.
¿Cuál es el mensaje para las Fuerzas Militares, donde se han sentido voces de preocupación por lo que se pueda negociar en La Habana?
Si nosotros estamos pensando en una solución negociada y una paz verdadera, esa paz no la podemos construir ni a espaldas de los militares ni de las víctimas. Tienen que entrar todos los actores del conflicto, incluyendo los militares, y tienen que hacerlo a través de un marco de justicia transicional especial para los que han cometido graves violaciones a los Derechos Humanos.
O sea, los cobijarían los mismos beneficios que se les otorguen a los guerrilleros…
Otro de los elementos importantes del Marco para la Paz es que permite que existan marcos diferenciados para las autodefensas, para la guerrilla y para los miembros de la Fuerza Pública. Le corresponde al Congreso, con una ley estatutaria, determinar hasta dónde llegan esos marcos.
Uno podría decir que quien tiene la llave de la paz no es Santos sino usted…
La llave de la paz la tiene el pueblo colombiano que en últimas, en una consulta, va a decidir si avala o no una salida negociada al conflicto. Esa llave no la tiene guardada ni el presidente, ni las Farc, ni el fiscal y mucho menos el procurador.
Del expresidente Álvaro Uribe
¿Qué le quisiera decir al expresidente Álvaro Uribe y sus duras críticas al proceso de paz?
Que tenga un acto de grandeza con Colombia. Él ha contribuido mucho al fortalecimiento del país y se puede decir que evitó que Colombia fuera un Estado fallido, pero creo que tiene unos deberes superiores. La paz y la salida negociada del conflicto están por encima de los intereses políticos particulares y de las pequeñas peleas de la minucia política.
En la filtración de las coordenadas del despeje militar, ¿quién cometió el delito, el funcionario que se las dio a Uribe o éste que las divulgó en Twitter?
La conducta indebida, sin anticipar ningún juicio, recae en el servidor público que entregó una información reservada. Respeto mucho el respaldo del expresidente Uribe a los militares, pero todos los colombianos reconocemos y valoramos su importancia y él no se puede apropiar del corazón de la Fuerza Pública.
[Fuente: Por Hugo García Segura y Juan David Laverde Palma, El Espectador, Bogotá, 13abr13]
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