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27ago08
La empresa Control Total Ltda comenzó sus operaciones en 1993 en le metro de Medellín
La empresa de seguridad privada Control Total Ltda., la misma que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le acaba de cancelar la licencia de funcionamiento por los presuntos nexos de su representante legal y uno de sus accionistas mayoritarios con grupos paramilitares, tuvo contratos con el Estado por más de 1.285 millones de pesos.
Archivos electrónicos conocidos por la Agencia de Prensa IPC indican que parte de esa contratación se hizo entre marzo y septiembre de 2004, así como en septiembre de 2007, a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz, organismo creado en 1997 y adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, actualmente dirigido por María Inés Restrepo Cañón.
Según las normas que lo regulan, el Fondo tiene por objeto "la financiación de programas de paz encaminadas a fomentar la reincorporación a la vida civil de grupos alzados en armas, que demuestren su voluntad de incorporarse a la vida civil mediante su desmovilización y la dejación de armas".
Sin embargo, con recursos de este Fondo se contrató con Control Total Ltda. buena parte de la prestación de servicios de seguridad privada en la modalidad de escoltas y vehículos a través de una Orden y cinco adiciones más que se ejecutaron entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre de ese año por un total de 1.285 millones de pesos.
Los valores de la orden inicial y sus adiciones se discriminan de la siguiente manera: Orden 04/04, iniciada el 1 de marzo y terminada el 31 de marzo, por un valor de 145 millones 643 mil 285 pesos; adición 01/04, por 131 millones 833 mil 123 pesos, se ejecutó entre el 31 de marzo y el 3 de mayo; la adición 02/04, por 189 millones 881 mil 496 pesos, se ejecutó entre el 4 de mayo y el 31 de mayo; la adición 03/04, por 179 millones 146 mil 062 pesos, inició el 31 de mayo y finalizó el 30 de junio; la adición 04/04, por 215 millones 425 mil 498 pesos, se ejecutó entre el 30 de junio y el 31 de julio; y la adición 05/04, por 423 millones 901 mil 786 pesos, se ejecutó entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre.
Al conocer los archivos electrónicos respecto del año 2004, la Agencia de Prensa IPC consultó con el Fondo de Programas Especiales para la Paz varios aspectos de esos contratos. En particular, cuál fue el proceso de selección, quiénes fueron sus beneficiarios y dónde se prestaron los servicios.
En carta fechada el pasado 22 de agosto, su directora respondió que para la escogencia de la empresa Control Total Ltda. "se solicitaron cotizaciones a varias empresas, verificándose que cumplieran con todos los requisitos legales".
En este punto, el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, admitió a la W Radio que Control Total Ltda. prestó servicios de seguridad a los desmovilizados de las Auc desde noviembre de 2003, cuando se dieron las primeras desmovilizaciones de los miembros del Bloque Cacique Nutibara, hasta agosto de 2006, cuando los jefes paramilitares de las Auc fueron recluidos en el centro especial del municipio de La Ceja, Oriente antioqueño.
"Tengo entendido que el procedimiento que se utilizó fue el de hacer una convocatoria pública y dentro de las empresas que se presentaron estaba Control Total. Ellos hicieron una oferta que fue la que se escogió y siguieron prestando este servicio hasta el momento en que los jefes desmovilizados de las Auc fueron trasladados a La Ceja en el año 2006. Esa fue la tarea que ellos adelantaron", indicó el Alto Comisionado.
No obstante lo dicho por el Alto Comisionado, otro registro electrónico conocido por esta Agencia permitió establecer que la relación con Control Total Ltda. no paró en la fecha que indicó el Alto Comisionad de Paz. El Fondo de Programas Especiales para la Paz contrató en septiembre de 2007 de nuevo los servicios de la empresa de seguridad. Ello consta en el contrato No. 561, cuyo objeto es el desembolso "por concepto de servicio de transporte terrestre, prestado el día 24 de septiembre de 2007 en la ciudad de Medellín con destino a transportar a la Directora de Fondo Paz en funciones propias de su cargo y según factura No. 10672". Por este servicio se cancelaron 863.600 pesos.
Sobre los beneficiarios de los servicios, Restrepo Cañón dijo que con base en las leyes 418 de 1997 y 782 de 2002 "fueron protegidas las personas que se consideraron miembros representantes o voceros del grupo armado al margen de la ley que se desmovilizó y que por razones de seguridad se consideró necesario brindarles este servicios", sin que precisara nombres, pero fue específica al indicar que "el servicio se prestó en la ciudad de Medellín" y para ello se utilizó "un número de vehículos que varió entre 2 y 4 camperos blindados, 1 campero sin blindaje y entre 1 y 6 automóviles blindados".
Esta contratación sugiere cuando menos dos preguntas: ¿por qué se están utilizando fondos destinados a procesos de paz al pago de seguridad privada de desmovilizados de las Auc y a las actividades propias de la Dirección del Fondo? Además, ¿el fraccionamiento de los contratos es una manera de evitar procesos licitatorios para beneficiar a una empresa en particular?
Otros datos
Hoy estos contratos causan, cuando menos inquietud, dado que su accionista mayor y representante legal, Juan Felipe Sierra Fernández, fue detenido el 4 de agosto junto a varios hombres ligados a las estructuras militares y narcotraficantes de Daniel Rendón Herrera, alias de don Mario, y en cuyas investigaciones fue involucrado Guillermo Valencia Cossio, ex director de Fiscalías de Medellín y Tunja.
A la estructura accionaria de esta firma están vinculados Andrés Sierra Fernández, hermano de Felipe, y su padre, Ricardo Sierra Caro, director de la caja de compensación familiar Comfenalco.
Control Total Ltda., según la información de su página web, inició operaciones en 1993 con cinco guardas y un gerente, siendo sus primeros clientes El Metro de Medellín y Reencauchadora Dural. "Posteriormente, la Empresa, gracias a la visión de sus directivos y el trabajo de su personal, creció sólidamente, cambiando de sede en diciembre de 2002 a la sede que tiene en la actualidad, en el Barrio Zúñiga del Municipio de Envigado", se lee en el portal de Internet.
A finales del año 2004, iniciaron operaciones en Bogotá, con dos almacenes de las tiendas Carrefour y en la actualidad con el grupo Inversura, Centro Comercial Atlantis y Almacenes éxito, entre otros. Su crecimiento permitió crear 1.200 empleados, que hoy están en vilo dada la decisión estatal de cancelar su licencia de funcionamiento y devolver los registros de las 350 armas que posee.
[Fuente: Instituto Popular de Capacitación, IPC, Medellin, 27ago08]
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