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23oct04
Más de 400 de los 917 desmovilizados del M-19 piden cuentas del dinero que el Estado dio a ese grupo.
Miemrbos de la base de la ex agrupación guerrillera se oponen a que el vocero Otty Patiño firme en su nombre un acuerdo de punto final.
Desde hace un año, ellos empezaron a reagruparse en diferentes partes del país: Huila, Tolima, Valle, Caquetá, pese a que el M-19 se desmovilizó junto con su cúpula el 9 de marzo de 1990.
La razón: se enteraron accidentalmente de que el vocero Otty Patiño venía definiendo con el Gobierno un acuerdo para ponerle punto final a los compromisos adquiridos con el M-19 tras la firma de la paz.
Pero algunos de ellos exigen que se les rinda cuentas del dinero girado desde 1990 -que estiman en 35 mil millones de pesos- antes de firmar cualquier cosa y otros piden que se les entreguen los beneficios que nunca recibieron si se quiere un punto final.
En total, son cerca de 400 ex combatientes que desconocen la vocería de Patiño y que no están dispuestos a que se les ignore en el acuerdo que se cocina con el Gobierno.
Entre los que protestan están ex guerrilleros que participaron en el secuestro del dirigente sindical José Raquel Mercado; en la toma al vespertino Diario 5 PM, en los célebres combates del monte Yarumales y en el derribamiento 'a bala' del primer helicóptero que el Ejército perdió en la lucha antisubversiva, en La Magdalena, Buga (Valle).
Desde hace más de un año -el 24 de octubre del 2003- sus representantes enviaron una carta a los antiguos dirigentes del M-19 -Antonio Navarro, Otty Patiño, Vera Grabe, Gustavo Petro y Rosemberg Pabón- en la que se quejan de falta de equidad en la distribución de recursos y piden un corte de cuentas.
"Conocemos de algunos miembros de la organización que se jugaron la vida en la base en aras de la democracia y que fueron parte decisiva en los acuerdos y hoy se encuentran marginados, han sido abandonados por la dirigencia que debió liderar realmente un proceso de reinserción social de los militantes", les dicen, pero aún no han recibido respuesta.
También le han exigido al Gobierno la rendición de cuentas y que les revele los alcances del punto final. Pero, aseguran, tampoco lo han logrado.
Por esto, el pasado 8 de octubre pidieron al procurador, Edgardo Maya, su intervención para que se clarifiquen estos puntos.
"La otrora organización armada no es propiedad privada del vocero ni de sus amigos más cercanos (...)", le dicen en la carta a Maya. El Tiempo indagó al respecto y comprobó que efectivamente, tanto el M-19 como la Corriente de Renovación Socialista (Crs); el Ejército Popular de Liberación (Epl); el Partido Revolucionario de los Trabajadores (Prt); el Quintín Lame (QL); el Movimiento Independiente Revolucionario Comandos Armados (MIR-COAR) y el Frente Francisco Garnica, decidieron aceptar el año pasado la iniciativa del Gobierno Uribe de firmar un acuerdo de punto final.
Es más, su beneplácito está registrado en una comunicación enviada a Uribe en enero del 2003.
'El caso lo tiene Pretelt'
La negociación con cada una de las agrupaciones recayó en la oficina de Reinserción del Ministerio del Interior y de Justicia, en cabeza de Carlos Bula, ex miembro de la Alianza Democrática M-19 y quien presentó su renuncia debido a las declaraciones del presidente álvaro Uribe sobre la participación del narcotráfico en la toma del Palacio de Justicia.
Con todo, la oficina a su cargo logró concretar en tiempo récord seis de siete proyectos de acuerdo que fueron firmados por el entonces jefe de esa cartera, Fernando Londoño. Se estimaban desembolsos por 25 mil millones de pesos pero se transó con las organizaciones por 9 mil 500 millones con los que se saldaron giros y compromisos pendientes desde hacía varios años.
Pero otra es la realidad respecto al M-19, el único grupo con el que no se ha firmado. Según la oficina de Reinserción, la negociación no se ha concretado por problemas internos de esa organización. Pero no entraron en detalles pues informaron que el caso pasó a ser del resorte exclusivo del jefe de esa cartera, Sabas Pretelt.
Tan solo dijeron que no es posible tasar cuánto de los 233 mil millones de pesos que ha manejado el programa de reinserción desde 1989 le correspondieron al M-19 -tal como se lo están exigiendo- pues muchos proyectos se hicieron en conjunto con otras organizaciones.
Además, que el Gobierno no tiene la potestad de intervenir las ONG a las que esta organización pidió girar los recursos: "Para eso están los organismos de control.
"Se pagó según las normas"
Al respecto, El Tiempo conoció apartes de una Auditoria para los 'Acuerdos de Paz de los 90' realizada recientemente por la Contraloría General en la que se asegura que la falta de precisión en los compromisos adquiridos por el Gobierno en este campo generó una demanda permanente de recursos por parte de los voceros de estos grupos, sin que se hiciera seguimiento a los programas de inversión social: "Hoy se desconoce cuánto dinero invirtió el Estado durante más de 14 años. La dispersión de los archivos y el desorden administrativo imposibilitaron obtener la información exacta".
Con todo, el ministro Pretelt manifiesta que las diferencias internas del M-19 son tan solo uno de los ingredientes -además de la cuantía pactada y algunos proyectos- por los que no se ha firmado el acuerdo, pero que se está logrando llegar a un consenso y que incluso ya hay un preacuerdo avanzado. También dice que el tema sigue en manos de la oficina de Bula y que él tan solo ha servido para acercar a las partes en las diferencias que se han presentado.
Por su parte, Otty Patiño manifiesta que el M-19 ya no existe, que él no es el vocero de los desmovilizados y que es el Gobierno el que debe rendir cuentas. Petro y Everth Bustamante se refirieron al tema, pero no fue posible obtener la posición de Antonio Navarro y de Rosemberg Pabón por encontrarse fuera del país.
Con todo, los desmovilizados inconformes anunciaron que preparan para el próximo 4 y 5 de noviembre una cumbre en Bogotá en la que -además de realizar un acto de reconciliación por la toma del Palacio de Justicia, en 1985- se definirá el tema de la vocería, del rendimiento de cuentas y de la participación en el acuerdo de punto final.
Habla la cúpula
Gustavo Petro
Ex dirigente M-19"El problema fundamental es de plata. Desde 1991 me excluí de ese proceso porque me parecía indigno, un instrumento económico del Gobierno para cooptar rebeldes. Dispersaron recursos, hay una montaña de proyectos y un desorden. Ahí pudo pasar cualquier cosa y el resultado es nulo".
Everth Bustamante
"El Gobierno no tuvo una supervisión y eso generó desatenciones y vacíos y, por su parte, los dirigentes nos dedicamos más al tema político y no concentramos mayores esfuerzos en la base... Muchos no recibieron ayuda y algunos guerrilleros, en especial campesinos, están hoy peor que en esa época. Por eso se debe examinar caso por caso para mirar qué se hizo y quiénes son los que verdaderamente necesitan ayuda".
[Fuente: El Tiempo, Bogotá, Col, 23oct04]
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