EQUIPO NIZKOR |
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29jun07
Ante la presunta ejecución de once diputados del Valle del Cauca.
La Corporación para la Defensa y Premoción de los Derechos Humanos "Reiniciar", con ocasión de la información divulgada por los medios de comunicación relacionada con la presunta ejecución de once diputados del Valle del Cauca, secuestrados por la guerrilla de las FARC, se permite transmitir a la opinión pública el siguiente:
COMUNICADO
La Corporación Reiniciar lamenta el extremo al que ha llegado el Estado colombiano en la desprotección de los secuestrados en Colombia, sin perjuicio de las responsabilidades que le corresponden a las guerrillas de las Farc autoras del secuestro de los diputados del departamento del Valle del Cauca.
La reclamación de los familiares de los secuestrados de que no se proceda al rescate militar de sus seres queridos es una legitima aspiración que se corresponde con las obligaciones de un Estado Social de Derecho.
Los familiares de los secuestrados han reclamado la protección de sus seres queridos a través de la firma de un acuerdo humanitario que las diversas instancias del Estado se han negado a atender de manera seria, oportuna y decidida.
El Gobierno colombiano no ha mostrado una verdadera voluntad política de atender y realizar acciones que conduzcan de manera firme y efectiva a llegar a acuerdos que permitan la liberación con vida de los secuestrados.
Las instancias judiciales, a las que varios familiares de personas secuestradas han acudido reclamando la protección de sus seres queridos, a fin de que se fijen las obligaciones del Estado en relación con el acuerdo humanitario, se han negado sistemáticamente a atender esas solicitudes. La Corporación Reiniciar ha coadyuvado algunas de esas acciones y ni siquiera la Corte Constitucional ha decidido revisar los fallos contrarios a las protecciones solicitadas.
Los órganos de control, como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, que tienen por función constitucional "Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad", tampoco han reclamando de las autoridades del Gobierno y de las autoridades judiciales el deber protección y garantía que les corresponde.
Es evidente que un resultado como el que se anuncia hoy en los medios de comunicación demuestra la condición de indefensión en que se encuentran los secuestrados y sus familiares.
EXIGIMOS
- 1. Que el Gobierno facilite las condiciones para que una Comisión constituida, por lo menos, con representantes de la Conferencia Episcopal, el CICR, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y los familiares de los secuestrados, previo consentimiento de ellos, verifiquen la información divulgada y en consecuencia inicien la búsqueda y recuperación de los cuerpos.
- 2. Que el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Velez, suspenda inmediatamente la orden de "rescatar a sangre fuego" a los secuestrados.
- 3. Que el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Velez inicie las acciones necesarias para que, junto con los países amigos, España, Suiza y Francia, se concreten los términos de un acuerdo humanitario que permita la preservación de la vida, integridad personal y libertad de los secuestrados.
Bogotá, 29 de junio de 2007
Corporación para la Defensa y Premoción de los Derechos Humanos "Reiniciar"
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