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28ago08
Con creación de supercorte se buscaría quitar competencias a Corte Suprema
A juicio de analistas y congresistas, la creación de una Sala de Gobierno en el Consejo Superior de la Judicatura, que propone la reforma judicial, supondría una confusión en materia de competencias
Señala el proyecto de reforma judicial que el Consejo Superior de la Judicatura quedará dividido en dos salas: una de Gobierno y otra Jurisdiccional Disciplinaria. Mientras que esta última conservará sus características y atribuciones constitucionales, agregándosele la de conocer en primera instancia de procesos disciplinarios contra congresistas, la primera se constituiría en un importante órgano de cierre en materia de juzgamiento y administración de la rama judicial.
Integrada por los Presidentes de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, y tres magistrados comisionados, uno por cada uno de estos Altos Tribunales, esta Sala es para el Gobierno y los integrantes de la coalición oficialista un órgano que permitirá mayor seguridad jurídica.
Sin embargo, a juicio de analistas e integrantes de la oposición, esta Sala de Gobierno que podrá fijar la división del territorio para efectos judiciales; ubicar despachos; crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia; organizar salas de decisión de tutela; conocer en segunda instancia procesos contra el Presidente; fijar los requisitos y las condiciones en que proceda, excepcionalmente, la acción de tutela contra sentencias judiciales, entre otras, podría terminar por convertirse en una suerte de 'supercorte' que no sólo suplantaría los órganos límite y desordenaría el sistema de competencias, sino que instauraría un "roscograma uribista".
¿Y quién vigila los fallos?
A juicio del senador liberal Héctor Helí Rojas, ésta efectivamente "terminaría siendo una supercorte", pues en manos de esta Sala quedaría el juzgamiento en segunda instancia de los congresistas.
"El gran problema es que el doctor Uribe está con su mayoría en el Congreso eligiendo a quienes van a desempeñar esos cargos durante ocho años. Además de eso, está proponiendo ampliarles el periodo a 12 años.
Además de eso está proponiendo que haya cooptación. Entonces la oposición de este país va a quedar durante 24 años en manos de los magistrados que hoy día está eligiendo el presidente Uribe", agregó el parlamentario.
Rojas, quien se mostró a su vez preocupado por la ‘puerta giratoria’ contemplada por la reforma que permite a Ministros y Magistrados pasar del Ejecutivo al Judicial, algo que supondría "un gran ‘roscograma
Uribista’", añadió: "Imagínese a la oposición juzgada por ese grupo de magistrados que el Presidente está haciendo elegir".
Con las consideraciones de Rojas coincidió el ex magistrado y analista José Gregorio Hernández, quien consideró que lo propuesto por la reforma "supone crear una supercorte".
"El día de mañana habrá quienes digan: ‘¿quién va a vigilar a esa supercorte y quién va a corregir sus fallos?’ Sencillamente es crear más burocracia judicial y hacer interminables los procesos porque el día de mañana se querrá que también haya vigilancia", apuntó el jurista.
A su turno, el analista Juan Manuel Charry estimó que "hay una terrible confusión de competencias. Las competencias de esta Sala van de lo administrativo de la justicia hasta el juzgamiento de altos funcionarios que implican control político y judicial".
"Confunde control político y desconoce o transforma los órganos límite y los deja supeditados a la decisión de miembro de los mismos órganos", agregó Charry, quien consideró que incluso "los presidentes y los magistrados que designen tendrían que revocar las decisiones de sus compañeros".
A explorar alternativas
De estas consideraciones se apartó el senador y presidente de Convergencia Ciudadana, Samuel Arrieta, quien calificó la Sala de Gobierno propuesta como "una Sala con muchas competencias por su origen".
El legislador evitó referirse a supercorte. "Hablemos más bien de un Consejo Superior de la Judicatura que recoge todas las demás Cortes y se convierte en una instancia con muchos puntos de vista y un enfoque que le da mayor seguridad jurídica a cualquier sindicado o procesado", expresó.
Por su parte, el ex fiscal y senador de Cambio Radical, Alfonso Valdivieso, quien consideró que no se podría hablar de un órgano que suplantaría las competencias de los Altos Tribunales pues la Sala planteada tiene "unas funciones muy específicas para efectos de las segundas instancias", destacó que lo importante "sobre ese tema es explorar alternativas".
"Me parece que es definitivo que la segunda instancia para el juzgamiento de personas aforadas que son investigables por la Corte, debe tener un órgano que realmente cuente por lo menos con la aceptación o el aval de las Cortes", consideró el legislador.
[Fuente: El Nuevo Siglo, Bogota, 28ago08]
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