07sep08

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Ex asesor de Uribe propone que militares presos sean procesados con la ley de impunidad, también llamada de Justicia y Paz

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Nada justifica un crimen, ni siquiera la defensa de Dios. Pero no se debe perder la perspectiva histórica, sobre todo a la hora de los juicios

Se veía venir, era sólo cuestión de tiempo. La desmovilización de los grupos paramilitares y la aplicación de la Ley de Justicia y Paz tarde o temprano llevaría a los tribunales a los militares y policías que en el pasado actuaron en connivencia con esos grupos ilegales.

No se puede tapar el sol con las manos. Es absolutamente innegable que durante muchos años en distintas regiones del país hubo alianzas entre miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional con grupos paramilitares. Pero no puede afirmarse que esta fue una política de Estado, por más frecuentes que, desafortunadamente, hayan sido los casos de colaboración activa o pasiva con esas bandas ilegales. Menos del 1 por ciento de los miembros de la Fuerza Pública han sido señalados de realizar esas alianzas. Por eso la justicia tiene que actuar y develar las responsabilidades penales individuales que sean del caso.

No obstante, en perspectiva histórica, es necesario señalar que las alianzas de muchos militares con los paramilitares fue el resultado nefasto de la debilidad del Estado para combatir a las guerrillas y a los mismos paramilitares. Esto no lo justifica, pero lo explica. En efecto, entre 1990 y 2002 los grupos guerrilleros tuvieron un crecimiento muy acelerado doblando su tamaño, mientras que los paramilitares se multiplicaron por seis. Todos los gobiernos los vieron crecer y fueron impotentes para neutralizarlos. El Ejército se rezagó y el gasto militar y en seguridad no fue suficiente para controlar la situación. Las guerrillas estuvieron a punto de desbordar al Ejército entre 1996 y 1998. En medio de esta situación calamitosa muchos militares no vieron otra opción que aliarse con los paramilitares para contener a las guerrillas en las zonas que estaban bajo su responsabilidad. Esas alianzas facilitaron la realización de muchos crímenes de los grupos paramilitares.

Esta situación empezó a cambiar a partir del año 2000 y la seguridad se comienza a recuperar desde 2002, como resultado del acelerado fortalecimiento de la Fuerza Pública. Esas alianzas se hicieron innecesarias. Era una terrible paradoja. Y lo dijimos desde siempre. Para terminar la alianza entre militares y paramilitares era necesario incrementar el presupuesto militar, pero los mayores opositores a ese aumento eran algunas ONG defensoras de derechos humanos, acérrimas denunciantes de las alianzas entre militares y paramilitares. La prueba: después de 2002 se reducen verticalmente esas alianzas.

Pero ni el número ni la importancia de los miembros de nuestra Fuerza Pública que sean llamados a juicio y eventualmente condenados, puede poner en entredicho ni cuestionar la legitimidad de las Fuerzas Militares ni de la Policía. Y no solamente porque la responsabilidad penal es individual, sino porque en los últimos años esas instituciones han avanzado en forma extraordinaria en su sujeción a la Ley y en el respeto al Derecho Internacional Humanitario. Y esto no es sólo una frase: lo corrobora el hecho de que no obstante que el número de sus integrantes prácticamente se ha duplicado, la cantidad de denuncias por violaciones a los derechos humanos se ha reducido a menos de la mitad. O sea que en relación con su tamaño los hechos dolosos se han reducido en un 80 por ciento. ¡Ejemplar en cualquier país del mundo…! Y eso que la guerrilla, los grupos emergentes y el narcotráfico continúan activos.

Los juicios a los militares que se aliaron con los paramilitares hay que ponerlos en perspectiva histórica, para evitar la satanización de esos servidores públicos. Su proceder fue a todas luces condenable y tendrán que ser castigados. Pero muchos de ellos creían –equivocadamente– que estaban cumpliendo con su deber: evitar que el país se lo tomara la guerrilla. Suele suceder en todas las guerras, particularmente en las religiosas: los peores crímenes se cometen con las mejores intenciones. Nada, ni la defensa de Dios, justifica un crimen. Pero no se debe perder la perspectiva histórica, sobre todo a la hora de los juicios.

Porque otra gran paradoja sería que los militares que facilitaron los crímenes de los paramilitares terminen condenados a penas mayores que las impuestas a quienes efectivamente cometieron esos crímenes. Creo que en aras de la reconciliación nacional debería abrirse la posibilidad legal para que esos militares se puedan acoger a la Ley de Justicia y Paz. Hacerlo posible debería ser un gran reto para el Congreso Nacional.

[Fuente: Por Alfredo Rangel, Revista Semana, Bogotá, 07sep08]

DDHH en Colombia

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