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21nov07
El Consejo de Estado resuelve que haber firmado el Acuerdo de Ralito no implica, necesariamente, pertenecer a las AUC
Mientras nadie se atreve a apostar sobre lo que pasará con los procesos penales que lleva al Corte Suprema de Justicia contra los congresistas acusados de ‘parapolítica’, los dirigentes cuestionados acaban de ganar su primer ‘round’ ante el Consejo de Estado.
Este tribunal, encargado de decidir si las actuaciones de los legisladores se ajustan o no a la ley, tiene en sus manos la potestad de retirarles la investidura a los senadores y representantes procesados por supuestos vínculos con grupos de autodefensas.
Según el Consejo de Estado, en el caso del senador conservador William Montes no hay evidencias de que "pertenece" a las estructuras políticas de los grupos al margen de la ley y por tal razón no debe ser despojado de su condición de congresista.
Montes fue uno de los 28 políticos que en junio de 2001 se reunieron en Tierralta, Córdoba, con los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Jorge 40, Don Berna y Ernesto Báez para suscribir un acuerdo con el fin de "refundar la Patria". La cita se cumplió en el mismo lugar que un año después fue escogido por el presidente Álvaro Uribe como zona de despeje para la desmovilización paramilitar y ocurrió en momentos en que el frustrado proceso de paz de Andrés Pastrana con las Farc atravesaba una fase de crisis, precisamente por el auge del paramilitarismo en el país.
El tema es investigado penalmente por la Corte (indaga las responsabilidades de los congresistas activos) y la Fiscalía (encargada de los que ya no son legisladores) pero al mismo tiempo el Consejo de Estado decide en proceso separado –y más breve- si unos y otros pueden o no desempeñar el cargo de congresistas.
La de Montes es solo una de las 11 demandas de pérdida de investidura instauradas ante el Consejo contra los suscriptores del Pacto de Ralito.
Según el Consejo, Montes debe permanecer con su investidura por cuanto no está demostrado que tuviera vínculos con las autodefensas.
El argumento del Consejo es el mismo de muchos de los implicados en el caso, quienes sostienen que acudieron a la cita por presión de los paramilitares y que no sabían lo que estaban firmando.
Aun cuando es públicamente conocido que para el momento de los hechos los paramilitares eran quienes mandaban en esa región del país, diversas fuentes sostienen que no lo habrían podido lograr sin el apoyo decidido de los políticos de la región, varios de los cuales asistieron a la reunión de Ralito. Algunos, como la ex representante Eleonora Pineda, hasta aceptaron su pertenencia al grupo armado y se acogieron a sentencia anticipada por concierto para delinquir en asocio con grupos de autodefensas.
De otro lado está la tesis de quienes sostienen que el solo hecho de reunirse con paramilitares en momentos en que esos mismos actores sembraron de terror el país dice mucho de la actitud ética de los implicados. Hasta se les cuestiona por mantener el pacto en secreto durante cinco años, pese a haber tenido la oportunidad de denunciarlo.
Las decisiones de la Corte y la Fiscalía no tienen por qué coincidir con las del Consejo de Estado. Si bien existe un principio de colaboración entre los distintos órganos de la justicia, los procesos en este caso son separados. Puede ocurrir que uno no halle pruebas contra un dirigente y el otro sí.
Sin embargo, el caso de Montes no es la primera buena noticia para los salpicados. Hace una semana la propia Corte Suprema, pionera en las investigaciones, archivó el proceso contra el congresista José de los Santos Negrete, también procesado por el pacto de Ralito. Como en ese momento, todos los involucrados buscan a esta hora la forma más rápida de hacer que la decisión favorable para uno los cobije de inmediato a ellos también.
[Fuente: Revista Semana, Bogotá, Col, 21nov07]
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