21feb02
La ruptura del proceso de paz en Colombia conduce a una devastación de derechos humanos.
La Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia (OIDHACO), que coordina su trabajo con 35 ONGs europeas de derechos humanos, de cooperación al desarrollo, de iglesias y de solidadridad, expresa su profunda preocupación por la ruptura del diálogo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Condenamos las continuas violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por ambas partes que han contribuido a deteriorar gravemente el proceso de conversaciones.
Nuestra preocupación central es el drástico aumento de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en el contexto de una confrontación militar sin precedentes, que pueda provocar miles de desplazamientos y con un alto costo en vidas humanas en la población civil. El presente escalamiento militar igualmente pone en peligro el bienestar y la actuación de organismos humanitarios, colombianos e internacionales, que juegan un papel crucial en la protección y asistencia a las poblaciones en necesidad y contribuye a una devastación irreversible de los derechos humanos y una catástrofe humanitaria.
La situación se ve particularmente agravada por la impune y criminal acción de grupos paramilitares que reiteradamente anunciaron su apoyo y participación en la recuperación de la anterior zona de distensión y la existencia de la Ley 684 sobre Defensa y Seguridad Nacional que según las Naciones Unidas facilita a las fuerzas militares actuaciones incompatibles con tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución Colombiana.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional y en partícular a la Unión Europea para que aumente significativamente su presencia y monitoreo en el país y haga todos los esfuerzos posibles para respaldar la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el fin de asegurar que la Oficina siga con las plenas garantías para implementar su mandato y tener acceso a las zonas y poblaciones que requieren su presencia. Solicitamos que el respaldo y el acompañamiento de la comunidad internacional a todas las gestiones de la Oficina sea constante y visible.
Pedimos a la Unión Europea que siga insistiendo en el cumplimiento de las recomendaciones de las Naciones Unidas. Entendemos que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de responder a través de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al reto que impone esta catástrofe humanitaria y de derechos humanos y de tomar las decisiones correspondientes como son una resolución y el nombramiento de un relator especial como mecanismos complementarios a la Oficina.
Hacemos un llamado al gobierno de los Estados Unidos recordando primero, que la ayuda militar del Plan Colombia tiene unos condicionamientos de derechos humanos que las fuerzas militares colombianas no cumplen, y segundo que dicha ayuda militar no debe ser útilizada en la confrontación militar entre el ejército colombiano y los grupos armados de oposición. En este sentido el gobierno de los Estados Unidos ha puesto serios obstáculos para el proceso de paz y ha contribuido al escalamiento que resultó en la ruptura del diálogo. El gobierno de los Estados Unidos tiene una responsabilidad directa en la catástrofe humanitaria y de derechos humanos que afronta la población civil colombiana y debe por lo tanto expresarse claramente en favor de una solución política negociada en coherencia con otros actores de la comunidad internacional.
Llamamos a la comunidad internacional y en particular a los países facilitadores, los países vecinos de Colombia y las Naciones Unidas a que hagan todas las gestiones necesarias en coordinación con los sectores de la sociedad civil colombiana e internacional para que sea posible una solución política negociada, que es la única alternativa viable y sostenible para superar los problemas estructurales que condujeron a la confrontación armada más antigua de Latinoamérica. Solicitamos que la comunidad internacional rodee de garantías el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional.
Hacemos un llamado a los movimientos por la paz y los derechos humanos, a los intelectuales, los académicos y las Iglesias, en particular en Estados Unidos y en Europa, para que se expresen contra la ruptura de las conversaciones y sumen su voz a la defensa de los derechos humanos, que demanda legítimamente unos diálogos en la perspectiva de un proceso de paz con justicia social en Colombia.
Bruselas, 21 de febrero de 2002
OIDHACO
Este documento ha sido publicado el 07mar02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights