La Habana, 29 y 30ene02s
Mesa Regional de Trabajo Permanente por la Paz en el Magdalena Medio
Ponentes:Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia (CFP)
Señores y señoras
En nombre de la Mesa Regional de Trabajo Permanente por la Paz en el Magdalena Medio, saludamos con beneplácito y esperanza este evento el cual esperamos sea un paso real en la construcción de la tan anhelada paz.
La Mesa Regional de Trabajo permanente por la Paz del Magdalena Medio surge en el marco de los acuerdos que suscribieron representantes del éxodo campesino llevado a cabo por más de 10.000 pobladores y pobladoras del sur de Bolívar, con el gobierno de Andrés Pastrana que concluyó con la firma de Acuerdos el 4 de Octubre de1998.
Podemos decir sin temor a equivocarnos y con la satisfacción del deber cumplido que todo lo que era posible y necesario a favor de la paz lo hemos hecho los hombres, mujeres, niños y niñas de las comunidades campesinas y mineras del sur de Bolívar. Hemos partido de un principio fundamental: el de no callar ante la barbarie y el exterminio a que venimos siendo sometidos por parte de grupos paramilitares por ello nos hemos movilizado reiteradamente exigiendo garantías para nuestras vidas y para permanecer en nuestras tierras, el éxodo del 98 constituyó el acto mas fehaciente de confianza en el Estado Colombiano de cuyos acuerdos se emanaba fundamentalmente garantías para el retorno y permanencia en nuestra tierra, la elaboración e implementación de un Plan integral de Desarrollo y el desmonte de los grupos paramilitares; partiendo de estos acuerdos las comunidades del sur de Bolívar elaboramos el Plan Integral de Desarrollo que presentamos al gobierno Nacional en su momento, a pesar del exterminio, el miedo, la miseria y la represión hemos conservado como comunidades campesinas y mineras nuestros principios de autonomía y civilidad declaradas en resistencia desde el año 99: hemos decidido permanecer en nuestra tierra, conservar nuestra cultura y sistemas productivos y continuar construyendo nuestros proyectos de vida.
En Noviembre de 1999, cuando enfrentábamos la más cruenta represión llegó como una luz de esperanza la posibilidad de que nuestro territorio sirviera de escenario para las conversaciones entre el Ejercito de Liberación Nacional, el gobierno Nacional y la sociedad civil; desde el primer momento no dudamos en dar nuestro respaldo a la llamada zona de encuentro. Significaba para nosotros la posibilidad de tener un espacio de tiempo y lugar para descansar de la confrontación armada cotidiana que se vive en nuestra región, significaba la posibilidad de recuperar nuestras formas productivas y organizativas, nuestros espacios familiares y comunitarios, llegaría el desarrollo integral, pero sobre todo nuestra región tendría un lugar importante en el escenario nacional e internacional, aportando a la construcción de la paz no solo para nuestra región sino para toda Colombia.
Como comunidades organizadas en la Mesa Regional desarrollamos un proceso organizativo tendiente a dar a conocer al gobierno nacional y a la opinión pública en general nuestra decisión de aceptar que nuestro territorio fuera el escenario de zona de encuentro, nuestro cronograma incluyó asambleas populares en cada una de las comunidades donde se analizaron los puntos a favor y en contra de esa propuesta, luego desarrollamos diversas concentraciones en diferentes puntos de la región. Estuvimos presentes en cada una de las convocatorias que hizo el gobierno Colombiano a Través del señor Camilo Gómez en conjunto con la comandancia del ELN para que manifestáramos nuestra opinión, de igual manera tuvimos la oportunidad con el grupo de países amigos y la Comisión facilitadora y manifestamos nuestro apoyo para dicha zona de encuentro. Ante los medio de comunicación locales, regionales y nacionales, hicimos llegar nuestra voz de paz.
Entonces diríamos aquí que no hay peor sordo que aquel que no quiere oír; porque muy a pesar de todos nuestros esfuerzos de las miles y miles de voces que gritábamos "SI A LA ZONA DE ENCUENTRO" se impuso la presión de las armas que originaron las famosas marchas contra el despeje en el mes de Febrero del año 2000 y que después de 45 días con todo el apoyo de los militares y el gobierno Nacional en cabeza del Ministro del Interior Néstor Humberto Martínez surge ASOCIPAZ, quienes se toman arbitrariamente la vocería de los habitantes del sur de Bolívar para distorsionar el verdadero sentir de quienes pasamos trabajando en esta tierra. Paradójicamente mientras el clamor del pueblo del Sur de Bolívar se acallaba, el gobierno nacional y los medios de comunicación le posibilitaron todos los medios de expresión a estos movimientos claramente manipulados e impulsados por los grupos paramilitares y las Fuerzas armadas.
En Mayo del 2000 este movimiento igualmente bloqueó diferentes zonas de acceso a la región y lo mismo ocurrió en el 2001 al bloquear la troncal del Magdalena Medio. Con eso han ido demostrando sus verdaderas intenciones de una paz a fuerza de represión.
Respuesta del Estado a las Comunidades
Mientras las comunidades campesinas y mineras del sur de Bolívar hemos centrado todo nuestro esfuerzo por la paz, no podemos decir lo mismo del gobierno nacional en Cabeza del señor Presidente Andrés Pastrana, lamentamos profundamente dañar su imagen de trabajador de paz pero para nosotros, campesinos del sur de Bolívar la realidad ha sido muy diferente. Testimonio de ello es:
Total incumplimiento a los acuerdos firmados con su puño y letra por el señor Pastrana que cuando seguramente apenas se secaba la tinta de su firma, ya caían asesinados los primeros lideres del éxodo campesino y se desataba el mas indiscriminado exterminio contra los pobladores de esta región, sin que por parte del gobierno nacional se nos hubiera atendido como es su deber sino mas bien por el contrario, la realidad nos mostró como tanto policía como ejercito se vieron involucrados en esta tragedia contra nosotros.
En Noviembre de 1.999 a un año de la firma de los acuerdos en mención, mientras que en la región dada la arremetida atroz con bombardeos, quemas de caseríos y donde la población se refugia en las montañas, uno de los lideres de nuestras comunidades EDGAR QUIROGA que regresaba de Bogota de denunciar estos hechos al mismo gobierno nacional, embajadas y oficina de Naciones Unidas, es detenido-desparecido junto con el campesino Gildardo Fuentes, testigo de excepción de la connivencia de paramilitares-ejército nacional, en la vereda Cerro Azul, municipio de San Pablo.
En Febrero del 2000 en medio de las marchas contra la zona de despeje, la creación de ASOCIPAZ, no solo significo el desconocimiento de las comunidades de la región, su proceso organizativo, su proyecto de vida sino que se establece el posicionamiento de los grupos "paramilitares" en los cascos urbanos, desde donde entonces conviven con la policía, ejército y se realizan retenes permanentes, bloqueo económico permanente donde se impide en ocasiones y en otras se restringe el paso de medicinas, alimentos de primera necesidad, los lideres y muchas personas fueron declaradas objetivo militar por su labor en las comunidades, se impide la libre movilización, a todo esto nos vemos enfrentados hoy en esta región.
El 22 de julio de 2000 mientras se siguen los debates si hay o no zona de encuentro, en una incursión conjunta de ejercito y paramilitares, fue quemado el caserío de vallecito que en varias ocasiones fue escenario de encuentros entre insurgencia, gobierno y países amigos. Este caserío reconstruido con nuestras manos y la ayuda solidaria de organizaciones internacionales, por segunda vez es quemado en su totalidad en octubre del mismo año 2000.
Ante toda esta arremetida y cuando se esperaba una acción del gobierno a favor de las comunidades y contra los grupos paramilitares en febrero del 2001, se inicia la "operación Bolívar" que significó la presencia de 3.000 hombres del ejercito nacional y que ante la opinión publica se mostraba como una acción en contra de los paramilitares, pero que en realidad significo un ataque directo a las comunidades; las fumigaciones indiscriminadas durante la operación Bolívar y posteriormente acabaron con los cultivos de pan coger, animales de consumo, animales de carga, envenenadas varias fuentes de agua y afectada la salud de los pobladores lo que significó una vez mas desplazamientos hacia las montañas para protegerse de los ametrallamientos del ejercito. Claro, al empezar dicha operación, los paramilitares fueron evacuados de sus bases en Monterrey, San Blas y Pozo azul. En conclusión dicha operación, no era en contra de los paramilitares, esto lleva a romper los diálogos y la propuesta de despeje y es la excusa perfecta para que en abril del 2001 fueran nuevamente quemados caseríos, desplazadas varias familias y en este momento además nuevamente se bloquean vías como la troncal del magdalena medio en contra de la Zona de encuentro.
La crisis humanitaria con todo lo anterior se acentúa en la región, los diálogos se suspenden definitivamente mientras que el terror recorría por nuestros caminos y veredas. Esta situación lleva a que en Agosto del 2001, mas de cien organizaciones internacionales y nacionales, organizaran lo que se llamó la CARAVANA POR LA VIDA, para acompañar y llevar ayuda humanitaria a las comunidades sometidas al bloqueo. A pesar de que se le informó al gobierno nacional y se solicitaron todos las garantías, esta caravana fue señalada por parte de los alcaldes de la región que esta iba dirigida a la guerrilla y que en esta región no había campesinos. En el municipio de San Pablo fue bloqueado el ingreso de la caravana. Ante esto, la actitud del gobierno fue de indiferencia, hoy no conocemos ninguna acción por parte de las autoridades, que apunte a sancionar a los responsables de este hecho.
Para las comunidades del sur de Bolívar, la Mesa Regional y otras organizaciones de Barrancabermeja, la caravana por la vida puso en evidencia la realidad que vivimos los pobladores de esta región y a lo que estamos sometidos, pero también pudieron constatar nuestra voluntad de paz, que solo puede tener la gente como nosotros enseñados a trabajar. Esta voz de esperanza trajo como era de esperarse, dirán algunos, nuevos hechos de represión como ha sido el caso de criminalización de nuestro trabajo en la mesa regional. La Fiscalía General de la Nación, ha implicado en un proceso jurídico, por el delito de rebelión, a tres de nuestros compañeros: GLADYS ROJAS, CARLOS MEJIA Y RAMON RANGEL. Los dos primeros tienen orden de captura y el tercero está detenido. Es de anotar que el compañero Ramón Rangel es miembro de la comisión de derechos humanos de la Unión Sindical Obrera y ECOPETROL.
A pesar de los inconvenientes e infortunadas situaciones que no han permitido avanzar este proceso, y donde los pobladores de esta región hemos sufrido las consecuencias del terrorismo de Estado que se opone a la paz, estamos aquí una vez más en nombre de nuestras comunidades para apostarle a un proceso de construcción de paz con justicia social.
Proponemos que como gestos de paz a tener en cuenta en este proceso:
- Que se de cabal cumplimiento a los acuerdos firmados entre campesinos y el gobierno de Andrés Pastrana, el 4 de octubre de 1998, este aspecto deberá ser aceptado por todos los candidatos presidenciales y comprometerse seriamente a la materialización de los mismos.
- Que cesen las acciones de destrucción en nuestra región expresadas en operativos militares, quemas de caseríos, asesinatos, bloqueos, fumigaciones, que nos han dejado sin techo, sin comida, sin muchos de nuestros amigos que han sido asesinados o desaparecidos y que nos han dejado sin tranquilidad ni futuro.
- Que se esclarezcan todos y cada uno de los crímenes cometidos en nuestra región, se aplique la justicia a sus responsables y se repare integralmente el daño que nos han causado.
- Que cese la criminalización a que estamos sometidas las organizaciones sociales en Colombia y en nuestro caso particular se ordene la libertad inmediata de Ramón Rangel y demás personas detenidas dentro de este infame montaje orquestado por la Fiscalía General de la Nación. Además que se desvinculen del proceso, a los demás implicados entre ellos Gladis Rojas y Carlos Mejía.
- Que se reconozca la existencia de las comunidades campesinas del sur de Bolívar y se nos permita, con plenas garantías, participar en este proceso de construcción de la paz.
Este documento ha sido publicado el 10feb02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights