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26ago08
Por primera vez el Juez Garzón hace público en un acto institucional su apoyo a la justicia transicional y la actuación de la Fiscalía colombiana
Intervención del Magistrado Jefe de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón Leal
"Buenos Días, señor Fiscal General de la Nación, fiscales generales anteriores, compañeros, compañeras fiscales, los amigos. En primer lugar quiero destacar mis agradecimientos al fiscal Mario Iguarán por haberme invitado a participar en este acto tan singular e importante. Por el contenido, el simbolismo y el momento importante que vive Colombia en el ámbito de la justicia.
"Mi profesión es la de juez y como juez y como amigo principalmente hoy comparezco ante ustedes. Créame si les digo que a pesar de la aparente real crisis, que algunos intuyen, se vive entre instituciones básicas en las que poderes del Estado están poniendo a prueba la fortaleza de aquello. Nunca antes se ha constatado mayor voluntad para solucionar los problemas y nunca antes mayor sensibilidad con la victimas y mayor entrega del Ministerio Publico y de la Fiscalía para superar los graves problemas a los que se enfrentan.
"Mi mayor decisión por parte del poder judicial de contribuir a la erradicación de la actividad criminal que le llamamos actores armados que desde mi punto de vista y la legislación española no son sino meras organizaciones terroristas. Así mismo me consta el empeño del poder ejecutivo en combatir los mismos males. Son muchos los avances que se han desarrollado en estos últimos años.
"Especialmente hace tres años que la ley 975 del 2005 dio la luz en Colombia y con ella un intento de solución desde el punto de vista de la justicia transicional del problema más grave al que se enfrenta Colombia: el de la violencia Política. Problema que contamina a otras esferas de la delincuencia común cuando no se nutre de ellas, especialmente del narcotráfico.
"Esta ley, con las correcciones establecidas en la Corte Constitucional y por los decretos que la han desarrollado posteriormente, dándole vida al invento más serio desde la Ley y el derecho de hacer compatibles los conceptos de verdad, memoria, reparación y justicia en Colombia. Por hoy hice el esfuerzo de los que has sido impulsores militares hasta la fecha con su trabajo, la Fiscalía General de la Nación, especialmente la Unidad de Justicia y Paz se encuentra seriamente amenazada o al menos eso aparenta. A principio en el mes de junio de 2005 tuve mis dudas al embarcarme en esta aventura de apoyo a esta ley, apoyo critico, apoyo dialéctico, apoyo jurídico. Y esta decisión tomada entonces de la que no me arrepiento me trae hoy aquí ante ustedes, ofreciendo mi apoyo, apoyo que sigo prestando a esta iniciativa porque creía y creo que es una solución, sino bien, si aceptable para ser frente a un problema que se debate entre el anquilosamiento y la inevitabilidad del mismo y la impunidad repugnada por algunos, mientras que las victimas continúan sufriendo sus consecuencias.
"La manipulación que también desde diversos sectores se cierne sobre ellos. Las victimas son la parte fácil de lo mas digno del problema porque en su debilidad entre comillas, esta la grandeza de mantener la memoria de lo que sucedió y la garantía de que no pueden olvidarse tales crímenes, porque la naturaleza de estos crímenes, como crímenes contra la comunidad internacional, los hace crímenes universales.
"Estos crímenes de lesa humanidad agreden de la forma mas brutal a la persona como tal y como miembro de una sociedad como perteneciente al genero humano, en sus derechos mas elementales, a la vida, a la integridad física e intelectual, la libertad, la dignidad, valores y derechos que representan los pilares sobre los que se constituye unas sociedad civilizada y democrática y el propio Estado de Derecho. De ahí que la justicia tenga un papel muy relevante en la forma de abordar la comisión de tales crímenes y resolver sobre la sanción penal que corresponda a los responsables de los mismos. Entendida es la responsabilidad en su justo sentido, es decir, comprensiva no solo de los hechos materiales y sus autores, sino también y finalmente de los inductores o autores morales e intelectuales, cooperadores necesarios, silenciadores, cómplices y encubridores, así como quienes se hayan lucrado o aprovechado con la actividad criminal y quien obstaculice la percepción.
"Así como la creación de organizaciones o integración, o concierto para delinquir en el sentido amplio de organización criminal. Señoras y señores, tratándose de una norma de justicia transicional, en las que las concesiones en detrimento de la penalidad extraordinaria, y la reparación de las víctimas, son muchas y muy amplias la interpretación de esa norma y su aplicación tiene que ser muy exigente y restrictiva, de modo que otorguen credibilidad y seriedad frente a todos al sistema de justicia y reparación instituidos por esta ley.
"En este sentido, es cierto que los esfuerzos iniciales en la implementación del servicio de Justicia y Paz se han quedado desbordados desde hace tiempo, y la ineficiencia de medios materiales y humanos ha hecho peligrar el sistema que podría no estar respondiendo ni a sus expectativas ni protegiendo adecuadamente a las víctimas.
"El escaso número de fiscales e investigadores hoy ha aumentado cerca al número ciento ochenta; se calcula la tarea de combatir el universo criminal descubierto y por descubrir, la falta de mecanismos adecuados y ágiles de recuperación, de reinversión y adjudicación provisional y definitiva de bienes, directa o indirectamente vinculados con la actividad delictiva perseguida, hacen peligrar la reparación y resarcimiento del las víctimas.
"Y por tanto la credibilidad del sistema diseñado para que los mecanismos previstos tales como el fondo nacional de reparación o la comisión nacional, funcionen a pleno rendimiento y ello pese a los esfuerzos administrativos para incrementarlos. La falta de juicios como acto en los que definitivamente se ha de plasmar la verdad judicial de unos hechos en las sentencias puede debilitar la propia asistencia y necesidad de ese sistema. Resulta absueltamente necesario que la aplicación de Justicia y Paz mas allá del suministro mediático que día a día da por el enfrentamiento que recibo entre instituciones básicas del Estado, ofrezca resultados a través de juicios públicos, aunque sea sobre crímenes concretos y no respecto de todos y de una vez. Sería nefasto que los responsables acudieran al juicio en libertad y que pudieran convertir en un circo lo que es un escenario de máximo rigor para las víctimas. Lo que debe ser el acto principal de reparación de aquellos, además de las eventuales responsabilidades internacionales que pudieran predecir.
"Por estas razones causa perplejidad y sorpresa desde el ámbito internacional, el desarrollo de acontecimientos en los últimos meses, incluso desde que comenzó a descubrirse lo que se ha conocido como el mundo de la 'parapolítica' y la extradiciones a Estados Unidos, de los principales responsables de las Autodefensas Unidas de Colombia, por encima de la Ley de Justicia y Paz, aunque es cierto que se han denunciado medidas para garantizar la aplicación de esta.
"Debe quedar claro en todo momento que a todos los investigados les corresponde el derecho de presunción de inocencia, a pesar de que su versión libre o confesión les haga responsables ante la sociedad y que también debe de advertirse que su versión puede y debe ser contestada para evitar la arbitrariedad de la misma. Antes se ha dicho que esta ley, y como esta diseñada la ley y que la misma se encuentra en su límite de la aplicación de los principios de proporcionalidad penal, justicia debida y de un proceso y simulaciones debidas, su aplicación deber de ser preferente a cualquier otro, contundente y sin censuras, para poder trasmitir la sensación y certeza de justicia a pesar del detrimento objetivo que esta sufre en prejuicio de las víctimas. Esos mecanismos en caso de la extradiciones como los de la suspensión de la aplicación de Justicia y Paz, la suspensión de los periodos de prisión preventiva, la suspensión de la posibilidad de concurrencia de penas impuestas debe ser abordada, analizada y aprobada. Si así lo quisiere desde lo que pudiera acontecer el sistema tiende a apresurarse y podría considerarse inaceptable dentro de unos parámetros asumibles de justicia ordinaria local e internacional con todo lo que ello supondría.
"Parece claro que la interpretación de los márgenes de aplicación de la ley corresponde a los jueces y no a otros poderes del Estado que deben aceptar con responsabilidad institucional las decisiones en estos.
"Este principio da vida a los de legalidad, independencia e imparcialidad, responsables y exclusivos del poder judicial como poder equilibrar las relaciones, por tanto podría considerarse que sino se aplican la leyes necesarias para evitarlo, que las extradiciones de los principales responsables de las Autodefensas Unidas de Colombia, puede ser el obstáculo insalvable para la aplicación de la Ley de Justicia y Paz y eso haría necesaria la intervención de la corte Penal Internacional, y en su caso, mediante la aplicación del principio de justicia penal universal y otros sistemas judiciales.
"Si se constata esa imposibilidad y que esta ha podido se inducida, tal obstaculización podría tener alcance penal, máxime si además de las extradiciones se producen por un país que no es parte de la Corte Penal Internacional por tanto llegaran a implementarse las leyes a través de esos acuerdos con las autoridades norteamericanas mediante entregas comparables y otros similares y el principio de que no serán aceptables pactos de impunidad que supongan eludir la aplicación de Justicia y Paz, hay una aplicación tardía, una justicia tardía no es justicia; en todo caso la aplicación de esta norma debe ser decidida por el poder Judicial, si esto no se produce, la intervención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional también debe ser ineludible y pronta.
"Así mismo, resulta imprescindible que se llegue con todas las garantías a establecer las responsabilidades penales a que dieran lugar en el ámbito de aquellos responsables públicos que hayan podido prestar su apoyo, logístico, intelectual, o financieramente o que se hayan aprovechado de la acción criminal investigada.
"Con ello, el sistema democrático adquirirá firmeza y credibilidad. Todos los representantes de las instituciones, desde la mas alta magistratura hasta el ultimo responsable público, están obligados a coactivar para que esto se consiga y a colaborar con el poder judicial, específicamente la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, como organismos constitucionales señalados para ello, la falta de respuesta judicial por imposibilidad u obstaculización podría dar lugar también a la intervención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Nos enfrentamos a un sistema de corresponsabilidad y por ende de colaboración y respeto institucional. Es muy difícil que los ciudadanos comprendan un enfrentamiento de sede de la zona crítica de las resoluciones judiciales, contribuir al deterioro de las instituciones básicas del estado por acción u omisión es irresponsable con unas proporciones amplias y masivas, para una sociedad democrática venga de donde venga.
"Lo conseguido con la Ley de Justicia y Paz ha sido mucho, aunque insuficiente. Por ello es responsabilidad de todos eliminar los fantasmas para su aplicación y ello implica un decidido apoyo a la Fiscalía y al poder Judicial, facilitándoles los medios materiales, humanos y garantizándoles el ámbito de acción institucional que le corresponde con máxima responsabilidad también para esto sin impresiones y sin descalificaciones. Como también arbitrar los mecanismos para que los responsables respondan cuanto antes ante la justicia y para que los derechos de las víctimas sean reparados propiciando su participación. Solo con un sistema así, integrado, Justicia y Paz podrá trasmitir esa sensación y realidad de que es un instrumento eficaz y no un fracaso o la historia de una ilusión desvanecida de lo que pudo ser y no fue y que finalmente la impunidad gane la partida.
"Señores y señoras, autoridades, les pido su compresión a mis palabras y que no las tomen como una injerencia en temas internos de Colombia porque no es así. Especialmente porque ante la categoría de los crímenes en los que toda la comunidad internacional es la víctima y por tanto todos nosotros lo somos y eso lo legitima, además de mi especial sensibilidad con los problemas y éxitos de este gran país al que considero como mío. Y dichas las palabras desde la objetividad y la distancia deben ser comprendidas.
"Todavía estamos a tiempo de recuperar ese respeto y consorcio institucional para que la labor judicial que tiene que ser hecha y se esta haciendo se realice sin él será imposible y será el fracaso de todos.
"Cuando pase el tiempo y como juez severo ponga a cada uno en su sitio estoy seguro, querido y admirado doctor Iguarán que lo importante como uno de los grandes impulsores de este proyecto y le estarán agradecidos esos esfuerzos porque con un escaso numero de profesionales se intentó hacer justicia ante el fenómeno criminal mas grande que viene sufriendo Colombia. Por eso, respetado fiscal, que no le tiemble el pulso a la hora de continuar. Hágalo dentro de la Ley como lo viene haciendo y cumpla aquel viejo principio que enunciara Marco Tulio Cicerón: "ser esclavo de la ley os hará libres", esa es la grandeza de la misión del ministerio público y del poder judicial, aunque pobremente se tenga que pasar el desierto de la incomprensión de algunos.
"Señor fiscal, sus logros al frente de la Fiscalía General de la Nación son palpables. Sin duda, habrá cometido errores, como todos, pero eso lo refuerza más. El trabajo de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH esta ahí y un escaso número de profesionales están dedicando mucho esfuerzo y energía en averiguar los crímenes contra sindicalistas, de la unión patriótica, los crímenes cometidos por agentes del estado y en grupos de trabajo que ofrecen y merecen una especial atención. Reclutamiento de menores, crímenes contra defensores de derechos humanos, ONG's, crímenes contra periodistas, casos de violencia sexual y conflicto armado, trata internacional de personas, crímenes contra indígenas, las investigaciones en el caso del fenómeno preocupante de las bandas emergentes, en las que la imprevisión o imposibilidad quizás de dar una salida a los desmovilizados han podido favorecer su aparición.
"Los esfuerzos para que las extradiciones no se conviertan en casos de impunidad. Lo invito señor fiscal, en el tiempo que le reta de mandato, a continuar con el esfuerzo sin esperar contrapartida más allá del conocimiento y el convencimiento del trabajo del oficio. Y le pido a todos sus fiscales y colaboradores que le ayuden en esta importante misión. En sus manos está en gran medida la credibilidad de la cuestionada ley de justicia y paz.
"Por último quiero hacer un justo homenaje a las víctimas que suelen ser las grandes olvidadas en las mesas de negociación o los denominados procesos de paz, cuando son la parte necesaria, darle legitimidad a cualquiera de ellos. Y deseo decirles que sean exigentes con todas las instituciones que participan en el desarrollo de rendición del proceso. Exigir con igual alcance e intensidad que no exista impunidad. Que se ofrezcan a la vida reparación, con su activa participación y sin manipulación.
"Exigir a aquellos que dirigen desde diferentes ámbitos, en decir a las autoridades y funcionarios públicos que sean el espejo en donde todos podamos mirarnos y limpiarnos las purezas de la corrupción y la impunidad.
"El único medio para luchar contra la peste, llámese fascismo, violencia terrorismo, política etc., es la honestidad. ¿Qué es la honestidad? No sé lo que es, pero en mi caso, sé que no es más que hacer mi oficio. Gracias"
[Fuente: Fiscalía General de la República de Colombia, Bogotá, Col, 26ago08]
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