EQUIPO NIZKOR |
|
11sep09
Nuevos dislates
No puede tildarse de menos que un dislate la propuesta del partido de La U para romper las vértebras de la Constitución y eliminar las facultades de la Corte Suprema de Justicia para investigar a los parlamentarios. No vale la pena ni siquiera entrar a debatir los términos del proyecto.
Hay que rechazarlo in limine. Y debe ser así porque cualquier intento de coartar las competencias jurisdiccionales en medio de los graves escándalos que todo el país conoce, no puede interpretarse sino como la indebida intromisión de la Rama Legislativa en asuntos que no le competen. No porque no pueda hacerlo si la motivación fuera altruista y libre de las presiones del momento, nacida de las convicciones surgidas del estudio sereno y sin la precipitud propia de quien parecería querer cambiar la suerte de las instituciones, sino porque resulta a todas luces evidente que las pretensiones son las de suscitar incordios y trabas.
Ya antes se había propuesto otro despropósito en la resucitación de la inmunidad parlamentaria que de alguna manera sirvió para que narcos y alimañas utilizaran al Congreso para evadir la Justicia. Ahora surge esta idea de raponearle a la Corte Suprema de Justicia sus competencias para crear un Tribunal Especial surgido del Consejo Superior de la Judicatura que, como se sabe, ha sido una entidad proclive a desestimar las sentencias del Tribunal máximo a través del fallo de tutelas que, desde luego, no han prosperado.
Lo que debería hacer el Parlamento, por el contrario, es mostrar el respaldo íntegro a las investigaciones de la Corte. ¿Por qué no lo hace? No se entiende que no recurran al deber constitucional de la armonía entre las tres ramas del Poder Público y la sincronía para sacar avante los propósitos mancomunados del Estado que, en primer lugar, deben ser los de la aplicación de la Ley a través de la pronta y debida justicia. En lugar de ello, el Congreso se deja enredar en proyectos de esta índole y por eso es que su imagen decrece por el desbarrancadero.
No más hace unos días el Congreso se vio envuelto en una curiosa sesión en la que algunos de sus integrantes mostraron su insatisfacción por las investigaciones de la Corte justo en el preciso momento en que ésta había ordenado un allanamiento de trámite a la casa del senador Alirio Villamizar.
Fueron muchos los discursos, las arengas, la retórica, en los que se quiso acusar al máximo Tribunal de la Justicia de politizar sus funciones. A las pocas horas, sin embargo, el país quedó estupefacto al descubrir que en la dicha casa el senador Villamizar guardaba millones de pesos en efectivo y que una Notaria habría confesado que mensualmente le entregaba dineros al parlamentario por pactos non sanctos. El Congreso quedó mal por haber recurrido a un nocivo espíritu de cuerpo que no le hace bien en ningún caso.
Es lo que vuelve a pasar si a proyectos de este tipo, cuya pretensión obvia es trancar a la Corte Suprema de Justicia, se les da debate y prosperan. Por fortuna la reacción en contra ha sido casi inmediata. El Partido Conservador, en cabeza de su Presidente, fue rotundo en advertir que la bancada no lo respaldaría. Lo mismo ocurrió con voceros de Cambio Radical, el Partido Liberal y el Polo Democrático. Incluso, parlamentarios de La U mostraron su desacuerdo, pese a que el mismo director de esa colectividad, Luis Carlos Restrepo, se presentó como adalid del tema, un verdadero estropicio idéntico al de revivir la inmunidad parlamentaria.
No se sabe por qué los miembros del partido de La U le temen tanto a la Corte Suprema de Justicia. Es obvio que son iniciativas que deben contar de antemano con el aval gubernamental, y eso es lo grave. Lo hacen, precisamente, cuando la Corte ha recuperado la integridad de sus competencias para investigar a los parlamentarios y la Fiscalía y los jueces comienzan a entregarle los casos cuando se comprueba que los delitos se han cometido con ocasión o en gracia del cargo. No hubo orden perentoria de la Corte a los efectos, sino que lo dejaron al libre albedrío de los demás operadores judiciales y éstos, según su propio arbitrio, han venido decidiendo que eso es lo mejor para hacer prevalecer la institucionalidad y el debido proceso.
Al mismo tiempo la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con lo ordenado por la Corte Constitucional, ya incorporó la doble instancia en la corporación. Era, igualmente, lo que el Congreso quería y en tal sentido se ha oficiado armónicamente entre las diversas ramas del Poder. No hay, pues, espacio para los dislates señalados y parece que el Congreso comienza a desprenderse del espíritu de cuerpo que, en mal momento, algunos prometieron.
[Fuente: El Nuevo Siglo, Bogotá, 11sep09]
 | This document has been published on 30Nov09 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |