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03sep08
Uribe consigue control del órgano que vigila y sanciona a los jueces
Este miércoles el Congreso en pleno elegirá los reemplazos de Guillermo Bueno Miranda y de Eduardo Campo Soto a quienes se les cumplió su tiempo como magistrados en el Consejo Superior de la Judicatura. Para el reemplazo de Bueno Miranda, el Presidente Álvaro Uribe postuló a Ovidio Claros, a Claudia Patricia Ospina y a José Joaquín Plata. Para reemplazar a Campo Soto, el primer mandatario postuló a William Giraldo, a Pedro Alonso Sanabria y a Nancy Muñoz.
Con estos nuevos nombramientos, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quedaría con cinco magistrados nombrados elegidos por un Congreso de mayorías uribistas de ternas propuestas por Uribe. Pero, antes de finalizar este año, el gobierno también deberá postular las ternas para reemplazar a los magistrados Temístocles Ortega y Rubén Darío Henao, a quienes también les llegó la hora de dejar el cargo y la sala quedará compuesta en su totalidad por integrantes postulados por este gobierno.
Es decir, toda esta sala cuyo poder sobre la Rama Judicial es enorme, estará integrada por personas postuladas por el Ejecutivo. Según opiniones de analistas y ex magistrados recogidas por Semana.com, no sería exagerado decir que con este paso se quebró un eje central de los que sostienen un principio básico de la democracia: la independencia de los poderes públicos.
Esto no se había dado antes, debido a que como los Presidentes sólo duraban cuatro años, no alcanzaban a nombrar sino a una minoría de los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior. La Constitución lo había diseñado así para que el Presidente tuviera juego allí, pero no mayoría, ya que esta había sido nombrada por su antecesor.
¿Cuál es la función de esta Sala?
El Consejo Superior de la Judicatura es un tribunal con un alto grado de poder que fue creado con la Constitución de 1991 para garantizar el autogobierno de la rama judicial. Su creación se inspiró en el principio de independencia de la justicia de la tutela del gobierno.
Para esto se crearon las dos salas que componen el alto tribunal: la administrativa y la disciplinaria.
La administrativa es la encargada las actividades de organización y gestión de los recursos de la rama judicial. La disciplinaria se ocupa de la investigación de la conducta de los funcionarios judiciales y de los abogados y de dirimir los conflictos de competencia que se planteen entre las distintas jurisdicciones.
Las decisiones del Consejo Superior de la Judicatura, en materia disciplinaria, son sentencias que no se someten estudios posteriores ni a pronunciamientos de otra jurisdicción, salvo por la vía de la tutela.
El hecho de que esta corporación judicial quede en manos de fichas del Ejecutivo riñe con el espíritu constitucional de independencia que se le quiso imprimir en el 91, pues éste podría eventualmente tener una gran influencia en las decisiones que afecten la carrera de jueces y abogados. Así, si por ejemplo, algún juez o magistrado auxiliar de las Cortes, toma una decisión que no convenga a los intereses políticos del Ejecutivo, éste tendrá una capacidad especial de influir sobre las personas que nombró en la Sala Disciplinaria para que éstas busquen la manera de investigar o sancionar al juez en cuestión.
Para Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales ‘Plural’, el hecho de que el Presidente tenga copadas todas las cuotas burocráticas en la Sala Disciplinaria es una amenaza a la independencia de la Rama Judicial, producto de la reelección presidencial. “La cooptación de la Sala Disciplinaria se podrá utilizar como un disuasivo de las investigaciones por la parapolítica”, advirtió Novoa.
A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes son los encargados de las investigaciones a los parapolíticos, los protege su fuero constitucional y sólo pueden ser investigados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. “Pero la Sala Disciplinaria sí puede investigar a magistrados auxiliares y a los fiscales que llevan los casos de la parapolítica”, explicó Novoa.
El analista además advirtió que con uno de sus fallos, la Sala Disciplinaria podría revertir el proceso de la parapolítica. Esta Sala estará integrada por figuras postuladas por el Ejecutivo y escogidas por congresistas de partidos uribistas y la mayoría de los congresistas investigados son de la coalición del gobierno, por eso Novoa asegura que esta Sala no tiene una buena perspectiva.
Javier Revelo, investigador del Centro de Estudios de Derecho de Justicia y Sociedad, DeJusticia, argumentó que con el nombramiento de toda la Sala Disciplinaria por injerencia del gobierno ésta quedaría amarrada a sus intereses. “La garantía de independencia de la Justicia quedaría en entredicho. Quien juzga a los jueces debería ser independiente. Si se afecta la independencia de los jueces se afecta la independencia de la Justicia”, dijo Revelo.
La preocupación no es infundada, pues en los casos en que abogados defensores de derechos humanos lleven procesos contra funcionarios del gobierno, éste eventualmente podría intimidarlos ejerciendo su influencia en la Sala Disciplinaria.
Y debido a que dentro de las facultades de esta corporación está la de “dirimir las los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones y entre éstas y las autoridades administrativas”, el Ejecutivo tendrá preponderancia a la hora de que la Sala tenga un caso de estos.
Un ejemplo del alcance de la corporación con sus mayorías afines al gobierno se evidenció en el caso de la extradición del jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. La magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Martha Inés Montaña falló una tutela a favor de una víctima del jefe paramilitar, el fallo impedía la extradición de ‘Macaco’. El argumento fue que "el gobierno no puede extraditarlo mientras él no responda por sus delitos de lesa humanidad en Colombia y no repare a las víctimas".
Sin embargo, el gobierno apeló la decisión ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y se revocó el fallo de la primera instancia. En ese momento, el gobierno contaba con cuatro de sus postulados en la corporación. Dejó un mal sabor que la revisión y consecuente decisión que dio vía libre a la extradición de los jefes paras a pesar de los reclamos por los derechos de las víctimas, fue tomada por la Sala Disciplinaria con una celeridad inusual.
“Toda tutela que los jueces serios no reciben, llega allá porque parece tener un ambiente más propicio; y también es un escenario de empleo perfumadamente remunerado a quienes nunca se destacaron ni en el foro, ni en la jurisdicción, ni en ninguna de las ocupaciones que tenemos los abogados. Hace rato se recluta en la retaguardia de la profesión de abogado, como parte de una piñata política que algunos jefes del Congreso logran con la complacencia de los Presidentes de la República, del actual y de todos”, dijo Hernando Yepes Arcila, quien fue el primer presidente del Consejo Superior de la Judicatura, en una reciente entrevista publicada por el diario La Patria.
Las ternas propuestas, otro roscograma
Analistas y sectores de la oposición han criticado la manera en que el Presidente está proponiendo las ternas para elegir, no solo a los funcionarios de la Sala Disciplinaria, sino de otras instituciones del Estado.
En la pasada elección del Defensor del Pueblo, en la que la Cámara de Representantes eligió a Vólmar Pérez la terna estuvo compuesta por integrantes del partido Conservador. De la misma manera, en la terna propuesta para elegir magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, en la que salió elegida Julia Emma Garzón, la terna estaba integrada por miembros del partido de la U.
Según trascendió, la terna para reemplazar al magistrado Eduardo Campo Soto está integrada en su totalidad por miembros del Partido Conservador.
Por esta razón, Armando Novoa dijo a Semana.com: “el gobierno está conformando las ternas, no con el criterio de escoger los mejores juristas, sino con el de que sean miembros de los partidos de la coalición con el objetivo de extender el esquema de sus mayorías del Congreso a la Rama Judicial”.
En la Reforma a la Justicia propuesta por el gobierno el mecanismo de conformación de la Sala Disciplinaria cambia al sistema de cooptación (es decir, saldrían de las mismas corporaciones judiciales, mediante el mecanismo que se fije en una Ley específica). Sin embargo de aquí a que la reforma sea aprobada los nuevos magistrados ya estarán posesionados en sus cargos y tendrán que terminar su período, pues la reforma no plantea la revocatoria de su elección.
Con la reforma constitucional, esta Sala también tendría facultades en las investigaciones disciplinarias contra los congresistas.
[Fuente: Por César Paredes, Semana, Bogotá, 03sep08]
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