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DERECHOS


28jun07


Exigimos "Acuerdos humanitarios... Ya".


El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos - Nariño, se solidariza con la campaña de Movilización y socialización por la implementación inmediata de los Acuerdos Humanitarios que está adelantando nuestro compañero y amigo Gustavo Moncayo docente del Municipio de Sandoná, Departamento de Nariño quien sufre la ausencia de su hijo; Pablo Emilio Moncayo, retenido hace 9 años por la FARC-EP, en el ataque a la Base militar de Patascoy, Nariño y quién hace cuatro años no recibe pruebas de supervivencia de su hijo.

Como defensores de derechos Humanos, compartimos la propuesta de los Acuerdos humanitarios como única alternativa para salvaguardar la vida de personas retenidas por la insurgencia en Colombia. Coadyuvamos a los familiares de personas retenidas para que se interceda ante el Gobierno Colombiano y las FARC-EP, con el fin de que se adelante un proceso de negociación inicial que conlleve a la liberación de personas retenidas en el marco del conflicto social y armado en los términos en los que los familiares lo planteen.

Compartimos plenamente la acción adelantada por Gustavo Moncayo y su familia en su afán de hacer conocer el drama familiar por el que atraviesa pero al mismo tiempo, instando a que la sociedad Colombiana e internacional se solidarice y afiance la propuesta de un acuerdo humanitario con carácter urgente y firmado entre las partes en conflicto.

Rechazamos la liberación de personas retenidas, por la vía de los operativos militares ya que esas acciones solo dejan más víctimas en esta larga historia de muertes superfluas. Es necesaria una salida política y negociada al conflicto social y armado lo que necesita el País. Nos solidarizamos con las familias de los once diputados muertos en circunstancias extrañas, estas muertes no hubieran sido necesarias hubiere primado el respeto por la vida y no la terca decisión de un rescate a sangre y fuego como es común escuchar al Gobierno de Uribe Vélez.

Hacemos un llamado de atención a los gobiernos locales y regionales por los que la caravana pase para que le brinden las garantías de salud, seguridad y asistencia humanitaria, para que puedan desarrollar su proceso de movilización social. Lo mismo que al gobierno nacional para que atienda las peticiones realizadas por la caravana de manifestantes.

Pasto, Junio 28 de 2007
Javier Dorado Rosero. Director CPDH-Nariño

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