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07sep08
La estrategia de Palacio
Cómo desde la Casa de Nariño hay una ofensiva para desprestigiar a la justicia y desacreditar a los opositores. Hay manipulación de testigos, intentos de grabaciones clandestinas y búsqueda de expedientes pasados.
El país ya se acostumbró al tono enérgico con el que el Presidente ataca y se defiende. Lo que sí empieza a sorprender -y preocupar- es la estrategia con la que el alto gobierno está buscando deslegitimar la justicia y desprestigiar a sus contradictores políticos. Porque una cosa es el intenso debate público de las ideas, que es sano y necesario, y otra muy distinta que esa dialéctica política se transforme en una estrategia detectivesca de persecución urdida desde el propio Palacio Presidencial.
Eso es lo que ha venido ocurriendo en la Casa de Nariño durante los últimos meses, donde altos funcionarios del gobierno se reúnen con emisarios del paramilitarismo para buscar pruebas contra la justicia, se manipulan testigos para desacreditar la labor de la Corte, se filtran informaciones a la prensa contra la justicia y hasta se envían funcionarios del DAS a rastrear la vida de los magistrados con la intención de pescar un escándalo.
Funcionarios de Palacio, convencidos de que existen planes secretos para poner a tambalear el mandato del presidente Álvaro Uribe y cuestionar su legitimidad, han emprendido tareas bastante cuestionables que ponen en entredicho la majestad de la institución presidencial. Aunque algunos de los casos son conocidos, lo que no se ha contado de ellos es cómo funcionarios muy cercanos al Presidente resultan envueltos en maniobras, que en el mejor de los casos son indebidas y en algunos otros rayan con lo ilegal.
El escándalo que desató la entrada a escondidas de Antonio López, alias 'Job', de la tenebrosa 'oficina de Envigado' y enviado del jefe paramilitar 'don Berna' a la Casa de Nariño, para llevar información contra la Corte a miembros de la guardia pretoriana de Uribe, es apenas el más reciente de esos escándalos.
Uno de los episodios más recordados es el ya célebre caso de 'Tasmania', el cual la propia Fiscalía calificó hace pocas semanas como un "burdo montaje". Se trataba de acabar con el prestigio del investigador estrella de la para-política, el magistrado auxiliar Iván Velásquez y quien para ese entonces -septiembre del año pasado- le había abierto investigación a Mario Uribe, el primo del Presidente.
Lo que el país ha conocido de ese caso es que el paramilitar 'Tasmania' mandó una carta al primer mandatario para denunciar al magistrado de la Corte por ofrecerle beneficios judiciales a cambio de implicar al Jefe de Estado en un asesinato. Pero el detalle de lo que ocurrió, que es lo que muestra de donde viene el montaje, no se ha contado. Hace menos de dos meses, 'Tasmania' se retractó y confesó que el abogado Sergio González le llevó esa carta para que la firmara y le prometió que le darían una casa y dinero si declaraba contra Iván Velásquez. ¿Quién es González? No solo es vecino del hermano del Presidente, Santiago Uribe, y el día anterior al de la firma de la carta había almorzado con Mario Uribe, sino que el propio 'Tasmania' al retractarse le dijo al CTI que cuando el abogado González le hizo firmar la misiva, le advirtió que le traía mensajes de Mario Uribe y Santiago Uribe. Como si fuera poco, uno de los hombres del círculo íntimo del Presidente le admitió a SEMANA que de Palacio llamaron al DAS para que fueran en busca de la carta, de tal manera que el documento no tuvo que seguir el trámite normal sino que llegó expedito al escritorio del primer mandatario.
Pero la intención de desacreditar al alto tribunal no se ha quedado en los episodios de 'Job' y 'Tasmania'. A la Corte Suprema le han llegado alertas de organismos del Estado en el sentido de que sus magistrados están siendo rastreados por agentes de seguridad. Hace unos meses, y según pudo establecer esta revista, un grupo de detectives del DAS llegó a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita a revisar los libros de registro de abogados para buscar en las listas nombres de algunos magistrados de la Corte con el propósito de saber si en su tiempo de litigio han defendido clientes relacionados con el narcotráfico. La directora del DAS niega categóricamente todos los señalamientos. "No se ha dado ninguna orden en ese sentido desde el nivel central en Bogotá", dijo a SEMANA.
También en la Dirección Nacional de Impuestos al parecer ha habido indagaciones del mismo tipo. "Tenemos información de que el gobierno está averiguando en la Dian por nuestro historial tributario", dijo uno de los magistrados de la Corte Suprema a SEMANA.
La situación se vuelve más compleja si a esto se le suma que asesores del Presidente de la República han intentado mandar a hacer grabaciones clandestinas. Una de las piezas más polémicas del episodio 'Job' es un video en el cual un abogado (Henry Anaya) se hace pasar como hombre muy cercano a la Corte y le dice al apoderado de 'don Berna' que puede conseguir favores de la Corte para su cliente a cambio de 15.000 dólares. La denuncia era bomba porque pondría en tela de juicio la honradez de los magistrados.
Sin embargo, una grabación hecha por ex paramilitares no tendría mucha presentación. En la Casa de Nariño llamaron entonces al DAS para pedir que instalaran micrófonos ocultos e interceptaran los teléfonos del magistrado Iván Velásquez y del abogado Anaya no solo para tratar de ratificar la relación entre ambos sino también para tener grabaciones 'legales' que respaldaran el escándalo.
En el DAS la petición no fue atendida. "A nosotros nos han llamado funcionarios de la Casa de Nariño para que hagamos seguimientos y hagamos interceptaciones telefónicas, pero no nos hemos prestado para eso", dijo un funcionario del organismo de seguridad a SEMANA. En ese contexto no resultan entonces extraños los roces que se han dado entre la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, y miembros del círculo más cercano del Presidente. Incluso algunos medios han hablado de su inminente salida del DAS por diferencias con la Casa de Nariño.
Otro episodio polémico en esta estrategia fue la publicación, en abril de este año, de una denuncia según la cual 23 magistrados de las Cortes viajaron a Neiva en un vuelo chárter pagado por Ascencio Reyes, un cuestionado empresario, conocido de tiempo atrás en las Cortes y en la Fiscalía.
Las Cortes quedaron muy mal paradas con el episodio y aun hoy dicen que Reyes no pagó el viaje. Pero, más allá del legítimo cuestionamiento que se les ha hecho a los magistrados, resulta insólito que la investigación de lo ocurrido fuera llevada a cabo por miembros de la Casa de Nariño y filtrada desde allí a los medios de comunicación. ¿Qué hacen asesores del Presidente investigando a los magistrados? Aun más, ¿por qué estaban esculcando un caso que ocurrió en 2006?
Y esa no es la única filtración de expedientes que han hecho a los medios de comunicación. A pesar de que el presidente Álvaro Uribe fue enfático en decir que la información que 'Job' llevó a Palacio contra la Corte no se la habían entregado a las autoridades porque era "irrelevante", lo paradójico es que sí se la entregaron a un medio de comunicación con la intención de que éste la publicara. Incluso, las trascripciones hechas por la Casa de Nariño y entregadas al medio tienen amplios fragmentos contra la Corte que no están en los audios.
Y como si fuera poco, ahora esa actitud de fabricar ataques que ronda en el ambiente palaciego ha puesto su mira ya no sólo sobre la Corte sino que la ha intensificado en la oposición política. La consigna pareciera ser que la mejor defensa es el ataque.
Si se recopilan todas las andanadas de la Casa de Nariño de los últimos días se encuentra que se han encargado de desempolvar desde un decreto de hace 15 años del gobierno de César Gaviria (ver artículo en la página siguiente), hasta viejos archivos de prensa de hace 18 años que hablan de un llamado a indagatoria al senador liberal Juan Fernando Cristo.
La información contra Cristo no salió de manera clandestina de Palacio, por el contrario, fue dada a conocer por un comunicado de prensa. Lo cual indica que la estrategia contra los liberales existe como un propósito político de bajarle la guardia frente a la opinión a quienes son unos permanentes opositores.
Fuentes de la Registraduría General de la Nación aseguraron a SEMANA que los libros contables de las campañas políticas de los liberales, que son documentos públicos, han sido consultados por personas cercanas al gobierno.
Y el presidente Uribe pidió que investigaran a uno de los periodistas más críticos del régimen, Daniel Coronell, pues considera que es un delito que haya guardado varios años el video con la confesión de Yidis Medina en el que asegura que le compraron su voto a favor de la reelección. La Sociedad Interamericana de Prensa, a través de su vicepresidente Enrique Santos, dijo que el procedimiento de Coronell no riñe con la ética periodística.
Frente a toda esta situación, el presidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, ha salido a denunciar que se trata de un complot desde la Casa de Nariño contra la Corte. Y el viernes pasado, el propio Ricaurte en un seminario en Cartagena volvió sobre el tema de los ataques del gobierno y lanzó una frase lapidaria: "La Corte, así como hace más de dos décadas no se dejó amedrentar de los violentos que quisieron acallarla y consumirla en llamas, tampoco lo hará ahora frente a quienes pretenden silenciarla para que campee la impunidad".
Y ante el relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Leandro O. Despouy, Ricaurte soltó otra bomba de profundidad. Denunció que el presidente Álvaro Uribe amenaza la independencia judicial "cuando dirige críticas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en las que nos tilda de prevaricadores, de golpistas, de tener un sesgo ideológico, de comparar nuestras decisiones con pescas milagrosas y de señalarnos de cohonestadores del terrorismo y de calificar nuestras actuaciones como un coletazo agónico del terrorismo". El relator de la ONU sólo atinó a decir: "Me siento preocupado por los testimonios que he recibido".
Es muy cierto que todos los Estados deben protegerse de infiltraciones de la mafia o posibles atentados contra la seguridad nacional provenientes de grupos ilegales o de fuerzas desestabilizadoras, como ha ocurrido en la historia reciente de Colombia. Pero una cosa es la legítima y necesaria defensa del gobierno frente al crimen organizado y otra, muy distinta, que desde el alto gobierno se utilice el poder del Estado para hacer un trabajo sucio que pretende salpicar a los poderes que le hacen un contrapeso constitucional al poder Ejecutivo, imprescindible en cualquier democracia, y que termina haciéndoles un gran daño a las instituciones del país.
[Fuente: Revista Semana, Bogotá, 07sep08]
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