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14may08
El Gobierno se decide por extradición de los jefes paramilitares, antes que por la justicia ordinaria
Den manera sorpresiva en la madrugada de ayer fueron extraditados a Estados Unidos 13 ex jefes paramilitares, correspondientes a la cúpula de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia.
Al decir de fuentes policiales cercanas a EL NUEVO SIGLO, los cabecillas situados en diferentes cárceles del país (Barranquilla, Itagüí y La Picota) pensaron que iban a ser cambiados de prisión, como había ocurrido en anteriores ocasiones. Sin embargo, a los pocos minutos fueron sorprendidos con la noticia de que serían extraditados.
Desde hace un tiempo el abogado norteamericano Robert Davis se había entrevistado con algunos jefes paramilitares, en especial Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y se había ofrecido para adelantar una negociación en Estados Unidos. Posteriormente, Diego Fernando Murillo, alias Berna pensaba seguir la misma ruta. Luego Jhon Freddy Rendón, alias El Alemán, se habría interesado en el tema por si acaso era pedido en extradición por la justicia norteamericana. Su hermano, alias Don Mario, sí está en la mira debido a que es considerado unos de los jefes de las Águilas Negras.
Al mismo tiempo, el Gobierno venía estudiando la posibilidad de la extradición general de quienes habían sido solicitados por los Estados Unidos, sobre la base de que habían reincidido en actividades delincuenciales o no cooperaban con la justicia o evadían la reparación a las víctimas.
La contradicción
Según algunos expertos consultados, no dejaba de ser incomprensible que el Ejecutivo estuviera notificado de que los ex jefes paras estuvieran delinquiendo desde hace tiempo, pero las autoridades ni el Inpec hubieren actuado de forma contundente para evitarlo.
Por eso desde la semana pasada se venía trabajando sobre la posibilidad de extraditar a todos los pedidos por EU, pues cada vez era más difícil explicar por parte de la Casa de Nariño por qué extraditaba a todos los demás ciudadanos implicados en temas de narcotráfico, pero no a quienes desde hacía tiempo el Ejecutivo tenía la autorización para hacerlo por parte de la Corte Suprema de Justicia.
En efecto, el Alto Tribunal venía autorizando desde hacía más de tres años las diversas extradiciones de los jefes paramilitares pero el Presidente había anunciado en su oportunidad que "la extradición se puede evitar" sobre la base de adelantar el proceso de negociación pactado en Ralito y codificado en la Ley de Justicia y Paz.
Esa Ley, como se sabe, había sufrido diferentes modificaciones hasta el resultado final consagrado en el fallo de la Corte Constitucional que advirtió que si algún paramilitar reincidía o delinquía desde la cárcel debía ser sacado por los jueces de la jurisdicción de Justicia y Paz y trasladado a la justicia ordinaria.
Es decir que si el Gobierno, de acuerdo con el fallo de la Corte, tenía sospechas o certezas sobre los malos procedimientos de los ex jefes paras tenía que recurrir a un trámite a través de los jueces para que fueran sacados de Justicia y Paz y trasladados a la jurisdicción ordinaria.
Hace 15 días el Ejecutivo intentó cambiar esta situación al emitir un decreto en el que evitaba el paso por los jueces y asumía esa decisión a su discrecionalidad, circunstancia que parecía inconstitucional por controvertir lo dicho en la ley y los fallos.
En los últimos días, pues, el Gobierno pensó que era mejor utilizar la facultad discrecional de extraditar antes que pasarlos a la justicia ordinaria. La diferencia consiste en que en los Estados Unidos sólo pueden ser procesados por narcotráfico y se deja a un lado todo lo referente a los crímenes de guerra, de lesa humanidad y los atentados contra los colombianos y la democracia.
De esta manera, tanto Estados Unidos como Colombia han hecho prevalecer delitos de menor jerarquía frente a aquellos más graves y que encarnan muertes, matanzas, terrorismo y pactos para minar las instituciones.
El acuerdo
Sin embargo, según fuentes consultadas por EL NUEVO SIGLO, trascendió que autoridades colombianas debidamente facultadas por el Gobierno habrían llegado a un acuerdo con la Fiscalía General estadounidense, en el que se procedería a la extradición generalizada sobre la base de que con los bienes incautados se resarciría a las víctimas que, igualmente, podrían ser escuchadas en ciertos juicios.
No suele, ciertamente, Estados Unidos devolver los dineros o bienes incautados al narcotráfico o procedentes de las negociaciones con los delincuentes, pues consideran que apropiar esas sumas es una manera de sufragar los gastos que se producen en la persecución del crimen, y que por lo tanto los recursos deben hacer parte del presupuesto norteamericano.
Como se sabe de otros procesos, el resarcimiento o el mecanismo de audiencia de personas diferentes al motivo del encausamiento principal no suelen tener mayor éxito o impacto, pues no dependen de la legislación americana ni tampoco a un trámite definido.
Además, aunque el Gobierno insistió ayer en que los extraditados seguían en el proceso de Justicia y Paz, varios juristas advirtieron que eso era totalmente imposible, porque la misma norma establece que quien reincida o no cumpla con los requisitos de verdad, justicia y reparación –tal como lo advirtió ayer el presidente Uribe- sale de esa jurisdicción especial y pierde los beneficios penales y penitenciarios.
Al cierre de esta edición el país estaba dividido entre quienes aplaudían al presidente Uribe por haberse quitado el ‘piano’ paramilitar de encima y otros que consideraban que era la manera más expedita para no llegar a la verdad que los líderes de las autodefensas venían declarando.
Procederán ahora los jefes paramilitares extraditados a negociar penas y bienes con jueces y fiscales norteamericanos. En medio de ello la gente se preguntaba por las investigaciones de la parapolítica que, de acuerdo con fuentes consultadas por este diario, seguirán su ruta inalterable. Se presume, ciertamente, que la Corte Suprema de Justicia, que actúa de fiscal en el caso de los congresistas implicados e investigados, pedirá acceso pronto y expedito a los extraditados.
[Fuente: Nuevo Siglo, Bogotá, Col, 14may08]
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