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14may08
El proceso con los paras: lo que comienza mal, termina mal
Se fueron los ex jefes de las autodefensas y ninguno de sus subalternos ha terminado de dar sus versiones libres. El balance de los enviados a juicio también está en ceros y en rojo está el saldo de las víctimas, las cuales no han sido reparadas
Aunque LA extradición de 14 ex cabecillas paramilitares a los Estados Unidos ha sido calificada como un golpe mortal a la ley Justicia y Paz, si se observa el largo y tortuoso camino que desde 2003 ha recorrido el país en busca de la verdad y la reparación, la orden impartida ayer por el Gobierno Nacional parece la consecuencia lógica de un proceso marcado por la improvisación y la falta de voluntad de parte de los líderes de las Auc.
El proceso arrancó mal. Aunque con acuerdos base logrados entre 2003 y 2004 en las mesas exploratorias, la desmovilización de combatientes empezó sin un marco jurídico adecuado y sin perspectivas claras sobre el escenario posterior a la dejación de armas.
Esta etapa del proceso coincidió con el debate iniciado en torno a la primera reelección del presidente Álvaro Uribe, situación considerada en su momento como un elemento que ‘vició’ el proceso de paz en curso.
Aprobada por el Congreso la ley 975 de 2005, conocida como ley de Justicia y Paz, los cuestionamientos de parte de los cabecillas paramilitares no se hicieron esperar. Aduciendo que su contenido era demasiado severo, pidieron una amnistía general, algo a lo que el Gobierno se negó.
Para mediados de 2005 las Auc continuaron con la entrega de armas. Sin embargo, durante las movilizaciones registradas durante ese año, se denunció la ‘compra’ de frentes paramilitares por parte de narcotraficantes. El caso de los mellizos Mejía Múnera, quienes por cinco millones de dólares se hicieron a uno de los bloques próximos a desmovilizarse fue muy sonado entonces.
Para comienzos de octubre, las desmovilizaciones se interrumpieron a causa del traslado de Diego Murillo, alias Berna a una cárcel de alta seguridad y los rumores sobre su inminente extradición a los Estados Unidos. Tres días después, Berna fue llevado a Itagüi.
Dos semanas después y en medio de los primeros rumores y señalamientos sobre las actividades delincuenciales de los cabecillas paramilitares en prisión, así como reportes sobre un rebrote paramilitar en algunas regiones del país, el presidente Uribe removió la cúpula del DAS luego de que se denunciara que la institución estaba infiltrada por paramilitares.
Las denuncias sobre la actuación de grupos paramilitares emergentes tomaron fuerza en marzo de 2006, cuando desde Washington, el departamento de Estado aseguró en su informe anual sobre Derechos Humanos que las autodefensas seguían perpetrando crímenes.
Fue en ese mismo mes, que las autoridades encontraron el computador de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, en el que se mencionaban congresistas y funcionarios que tenían nexos con la organización criminal.
Al mes siguiente y en medio de las primeras amenazas contra la vida de las víctimas de los paramilitares, el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, aseguró que "las Auc se acabaron", luego de que 30.150 combatientes entregaran las armas.
La tensión aumentó por cuenta de una sentencia de la Corte Constitucional que endureció las penas consignadas en la ley de Justicia y Paz, algo que provocó que los paramilitares aseguraran que se sentían "traicionados" por el Gobierno.
Para agosto, en medio de un álgido debate por cuenta de la forma en la que los paramilitares debían ser juzgados (se decidió al final que no fuera el delito político sino el común la figura jurídica), el Gobierno ordenó su reclusión en un antiguo centro vacacional de La Ceja, Antioquia.
Para diciembre, Uribe, aduciendo un posible plan de fuga, ordenó que 59 paramilitares, incluidos los de La Ceja, fueran trasladados a Itagüi. El proceso de paz se daba por sellado.
2007 comenzó con llamados por parte de la Corte Suprema de Justicia a ex congresistas, funcionarios y familiares de la entonces canciller María Consuelo Araújo por sus presuntos nexos con paramilitares. Para febrero, el alto tribunal ordenaba la captura de los congresistas Álvaro Araújo, Mauricio Pimiento, Dieb Maloof, Luis Eduardo Vives y Alfonso Campo Escobar. Comenzaba así el escándalo de la parapolítica.
Entretanto, comenzaron las versiones libres de los ex cabecillas paramilitares ante la Fiscalía. La demora en la concreción de un marco legal adecuado para dichas versione, fue objeto de diversas críticas. Cerca de 20.000 paramilitares ‘rasos’ seguían en el limbo y el Gobierno intentaba endurecer la vigencia de la ley de Justicia y Paz mediante decretos.
En medio de los primeros pulsos sobre las postulaciones para la ley de Justicia y Paz, fueron reveladas pruebas relacionadas con actividades delincuenciales de los paramilitares en prisión. Nueve altos mandos de la Policía y las Fuerzas Militares fueron removidos.
El presente año comenzó con el escándalo de la parapolítica en aumento (para entonces cerca de 40 congresistas tenían investigaciones abiertas en su contra o estaban en prisión) y evidencias latentes sobre el rebrote paramilitar.
En medio de intensos debates sobre la utilidad de la ley de Justicia y Paz y nuevos señalamientos de parte de investigadores y ex congresistas sobre la vinculación de un número mayor de parlamentarios y líderes políticos con las autodefensas, la decisión del Gobierno Nacional de extraditar a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, generó un nuevo pulso entre el Ejecutivo y la Corte Suprema, instancias que ya venían chocando por cuenta de las investigaciones de la parapolítica.
Para el pasado 1 de mayo, una semana antes de que Macaco fuera enviado a los Estados Unidos, la cifra de congresistas vinculados a la parapolítica llegaba a 63.
Ayer, el Uribe autorizó la extradición de 14 cabecillas paramilitares aduciendo que se tienen pruebas fehacientes sobre el incumplimiento de los compromisos adquiridos y actividades ilegales en prisión.
Es todavía prematuro aventurar las consecuencias que la decisión del jefe de Estado tendrá en el mediano y largo plazo. Sólo una cosa es clara: 14 personas arribaron a Estados Unidos para ser procesadas por delitos de narcotráfico.
Aunque el Gobierno colombiano se comprometió a buscar que desde Estados Unidos los cabecillas paramilitares reparen a sus víctimas, hoy, cinco años después de iniciado el proceso de paz, 19.000 ex combatientes ‘rasos’ permanecen en el limbo y miles de víctimas siguen esperando sin verdad, justicia, ni reparación.
[Fuente: Nuevo Siglo, Bogotá, Col, 14may08]
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