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01jul07
Cazarrecompensas habrían causado masacre
Los 11 diputados colombianos recientemente asesinados en cautiverio cuando permanecían secuestrados en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, murieron, al parecer, en medio de fuego cruzado entre los captores que los cuidaban y cazadores de recompensas que buscan cobrar los $2.5 millones que el gobierno ofrece por cada uno de los ocho miembros del ''secretariado'', máxima jefatura de esa organización criminal, dijeron ayer a El Nuevo Herald fuentes militares y analistas vinculados al ministerio de Defensa.
Un oficial de inteligencia de la Armada Nacional contó que, además de las recompensas por los máximos jefes, el gobierno colombiano mantiene ofertas de aproximadamente $800,000 por líderes de las FARC de segundo nivel; $100,000 por los de tercero y $70,000 por los de cuarto.
El alto precio por las cabezas de los jefes de la organización ha atraído a mercenarios de Estados Unidos, Israel y Europa, contaron las fuentes, pero ninguno ha logrado, al parecer, acercarse a los rebeldes principales dentro de Colombia.
Solamente en Ecuador y Venezuela, militares y policías de esos países consiguieron arrestar, en Quito y Caracas, a dos miembros de las FARC de segundo nivel (alias Simón Trinidad y Rodrigo Granda, respectivamente) y las recompensas se pagaron apenas fueron entregados los guerrilleros.
''Esto hace que detrás de los terroristas de las FARC no estén solamente las fuerzas militares'', dijo una de las fuentes consultadas.
La oferta de recompensas, explicó, es una invitación ''abierta y legal'' para que ''nacionales o extranjeros se pongan a buscar'' a los guerrilleros.
La invitación a encontrar a los jefes de las FARC es hecha por el Ministerio de Defensa a través de una baraja que distribuye entre los interesados: cada carta lleva la foto de un guerrillero, el precio que se paga por él y, en el anverso, instrucciones sobre la manera como pueden ser contactadas las autoridades para darles información.
'En la carta más representativa de la baraja, el `as de diamantes', se encuentra el máximo cabecilla de las FARC, Pedro Antonio Marín, alias Tirofijo, quien es buscado a nivel internacional a través de una Circular Roja de INTERPOL y cuyo expediente suma 21 órdenes de captura por delitos como terrorismo, homicidio, secuestro extorsivo y homicidio con fines terroristas'', dijo una comunicación del Ministerio de Defensa entregada ayer a El Nuevo Herald.
Otras hipótesis sobre los diputados muertos indican que pudieron haber sido asesinados por las mismas FARC o por paramilitares que atacaron el inhóspito campamento andino en el que supuestamente permanecían los secuestrados desde hace cinco años.
El viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, expresó anoche a El Nuevo Herald ''absoluta certeza'' de que fueron las propias FARC quienes asesinaron a los diputados y consideró que de todas las teorías que ha conocido, la de un combate con cazadores de fortunas es, a su juicio, ''la menos probable''. La consideró, incluso, ''traída de los cabellos''. Agregó, sin embargo, que, por el momento, ''es muy difícil descartar con seguridad'' cualquier hipótesis.
Ninguna posibilidad ha sido confirmada hasta ahora porque las FARC no han entregado los cadáveres ni informado el sitio exacto donde se encuentran, lo que es imprescindible para las investigaciones que deben hacer los forenses para establecer las circunstancias de los once homicidios.
La probabilidad de que la masacre hubiera ocurrido durante un enfrentamiento armado de las FARC con mercenarios cazadores de fortunas se basa, entre otras cosas, en el hecho de que al anunciar la muerte de los secuestrados los guerrilleros no señalaron al Ejército Nacional, como suelen hacerlo en estos casos, sino a ``un grupo militar sin identificar hasta el momento''.
Lejos de ser la fuerza rebelde que hace medio siglo fue inspirada en delirios de libertad, justicia social e igualdad, las FARC, con cerca de 11,000 combatientes, en su mayor parte niños, constituyen unas de las empresas criminales contemporáneas más ricas, grandes y crueles del mundo, después de Alqaida.
A la fecha, las FARC tienen en su poder y en condiciones infrahumanas a más de 1,200 civiles secuestrados de los aproximadamente 3,500 que se cree existen hoy en este país y son responsables de la muerte de más de la mitad de los cerca de 1,200 que han muerto en cautiverio en Colombia durante la última década, de acuerdo con la fundación independiente País Libre.
Desde 1997, 815 secuestrados han sido rescatados por las autoridades, 313 cobraron la libertad por presiones militares y de policía sobre los captores y 103 han escapado por sus propios medios, de acuerdo con estadísticas del CONASE, (Consejo Nacional de Lucha contra el Secuestro y demás Atentados contra la Libertad Personal).
Aparte de las FARC, la organización que más secuestra en Colombia, durante los últimos tres años han aumentado los casos cometidos por organizaciones criminales distintas, entre ellas otras guerrilleras como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, o los paramilitares, escuadrones de la muerte de extrema derecha, muchos de cuyos frentes de guerra ingresaron a un proceso de paz con el gobierno pero no han entregado a los secuestrados que tienen en su poder pese a estar obligados a hacerlo.
De los más de 1,000 que están en poder de las FARC, solamente 46 forman parte de un grupo conocido como el de ''los canjeables'', a quienes las FARC intentan usar para liberar a millares de presos que mantienen en las cárceles colombianas y exigir la desmilitarización de un territorio en el sur occidente de Colombia.
Entre estos se encuentran la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, su compañera de fórmula Clara Rojas y su bebé; cinco congresistas; un ex gobernador, un diputado (otros 11 fueron los asesinados), cuatro militares de EEUU, 32 militares y policías, algunos de los cuales van a cumplir 10 años en campos de concentraciones improvisados en las selvas del sur.
Los demás (más de 1,000) pertenecen a la categoría de ''secuestrados con fines extorsivos''. De ellos no se conocen muchas veces ni los nombres y su libertad no depende de gestiones políticas o posibles intercambios. Se quedarán o saldrán cuando sus familias consigan con qué pagar el dinero que los secuestradores exigen por ellos. Si pasados aproximadamente dos años no es desembolsado el rescate, son, por lo general, asesinados.
[Fuente: Por Gonzalo Guillen, El Huevo Herald, Miami, 01jul07]
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