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07sep08
La detención del general Rito Alejo del Río abre el capítulo de los nexos entre las Fuerzas Armadas y los paramilitares
En la historia de Colombia quizá no existe un militar más cuestionado que Rito Alejo del Río. Su nombre aparece en diversos informes sobre violaciones a los derechos humanos de organismos internacionales. Las ONG lo consideran el símbolo del terrorismo de Estado. El gobierno de Estados Unidos le quitó la visa hace nueve años por sus presuntos vínculos con los paramilitares, lo que también llevó al entonces presidente Andrés Pastrana a retirarlo del Ejército ese mismo año. La Fiscalía lo investigó durante cinco años, y tuvo un breve período en la cárcel. La preclusión de esta investigación en 2004 desató una controversia que aún hoy continúa.
Este controvertido general, odiado por muchos, y aclamado como un héroe por otros, fue capturado por segunda vez el jueves pasado, al finalizar un almuerzo con su familia en el Club Militar de Bogotá. Los fiscales del CTI se le acercaron y de manera discreta, sin armas ni uniformes, le anunciaron la detención. En dos camionetas civiles lo llevaron hasta el búnker de la Fiscalía. El general especuló durante el trayecto sobre los motivos de su detención. Por unos momentos alegó que estaba protegido por el fuero militar. Después decidió que las ONG le estaban molestando con alguna denuncia. Pero sólo cuando se enteró de que se le acusa de homicidio en persona protegida, palideció. No recordaba cuál era la Operación Génesis, que él mismo ordenó en 1997, ni quién era Marino López, un campesino que fue asesinado por los paramilitares, y de cuya muerte se le considera cómplice.
Los hechos que reposan en el expediente y que motivaron su captura son escalofriantes. El 24 de febrero de 1997 el general Rito Alejo del Río, comandante de la Brigada XVII con sede en Urabá, ordenó que se iniciara la Operación Génesis que tenía como propósito retomar zonas con presencia guerrillera en la cuenca del río Cacarica, en Riosucio, Chocó. Una región adyacente al Golfo de Urabá. Según testimonios de los habitantes de esta zona, los bombardeos del Ejército fueron tan violentos que de inmediato se desplazaron más de 2.000 campesinos. Otros se quedaron, sólo para ver la terrible incursión de paramilitares y militares que, según testimonios del expediente, actuaron conjuntamente en las riberas de los ríos Cacarica y Salaquí.
Tres días después de los bombardeos, ya la zona estaba copada por los hombres de las autodefensas (Bloque Élmer Cárdenas), comandados por el ‘Alemán’. Cerca de 30 paramilitares llegaron a una comunidad llamada Bijao. Allí se encontraron a Marino López, un agricultor de contextura maciza, que tenía a lo sumo 30 años, y dos hijos pequeños. Lo obligaron a bajar varios cocos para calmar la sed con el agua. Marino, invadido por el miedo, cumplió la orden y se trepó a las palmeras. Una vez saciados, un paramilitar desenvainó el machete y en cuestión de segundos le cortó una mano al campesino. Éste se lanzó al río, intentando huir, pero ante la inminencia de que no sobreviviría, se devolvió. Al salir a la orilla, el filo mortal del machete lo esperaba y de un solo golpe, fue decapitado. Luego, su cuerpo aún tembloroso fue cortado en pedazos ante la mirada estupefacta de sus vecinos. Como si fuera poco, los paramilitares tomaron la cabeza de Marino y la patearon en varias ocasiones –dice el expediente–, como si se tratara de un balón de fútbol, a la vista de una niña, una mujer y un hombre. Después de este episodio, y a lo largo de un año, este grupo de paramilitares tomó posesión de ese territorio y cometió en ese lapso otros 81 crímenes, casi todos documentados.
Este increíble episodio de sevicia y crueldad ha sido relatado muchas veces por los sobrevivientes de esta zona –organizados en Cavida, y por Justicia y Paz, organización cristiana que ha liderado el sacerdote jesuita Javier Giraldo– ante la Fiscalía y ante organismos de derechos humanos. Muchos pensaban que podría ser más leyenda que realidad. Pero varios paramilitares confesaron en sus versiones libres esta incursión, y por lo menos cuatro de ellos, incluido Freddy Rendón el ‘Alemán’, han ratificado que "se trató de una operación conjunta" con la Brigada XVII del Ejército, que comandaba Rito Alejo del Río.
Historia de vida
Pero este es apenas un episodio en una larga cadena de denuncias que han convertido al general Del Río en una leyenda negra. Cuando era apenas teniente coronel en el Magdalena Medio, ya sonaba su nombre asociado a los paramilitares. Alonso de Jesús Baquero, alias el ‘Negro Vladimir", quizá el más temido sicario de la primera generación de los paramilitares, dijo en una indagatoria en 1995 que Rito Alejo del Río se había reunido con las autodefensas de Puerto Boyacá en varias ocasiones. Otro testigo incluso afirmó que el entonces coronel había facilitado el transporte de varios fusiles desde Medellín hasta el Magdalena Medio. No obstante, Rito Alejo del Río siguió siendo uno de los hombres fuertes del Ejército. Un oficial considerado tropero, que daba excelentes resultados y mostraba grandes cifras de bajas en el bando enemigo. Su fama creció, así como sus medallas de honor, y a principios de los 90 obtuvo como premio un viaje al Sinaí, lo que se considera un privilegio reservado a los mejores en las Fuerzas Militares.
Pero sería a mediados de la década pasada cuando llegaría al cenit de su carrera y su fama. En diciembre de 1995, ya convertido en General de la República, asumió la comandancia de la Brigada XVII del Ejército, con sede en Urabá, en un momento en el que la región afrontaba uno de sus peores momentos de violencia guerrillera.
Después de la desmovilización de la guerrilla del EPL la región se había hundido en un caos político y una honda disputa armada entre las Farc, que les declaró la guerra a los desmovilizados, un sector de estos que se rearmó y que, peor aún, buscó el amparo de los paramilitares. Las masacres eran pan de todos los días y la disputa por el control de la región era a muerte entre los paras y las Farc.
En medio de esta guerra, en diciembre de 1995, llegó Rito Alejo del Río a la región. Cuando salió de ella, dos años después, la guerra ya había sido ganada por el Estado en alianza con los paramilitares. La guerrilla había sido arrojada a la periferia de Urabá, y reducida a su mínima expresión en esa región del país. Por eso Del Río se convirtió para empresarios, comerciantes, ganaderos en el ‘pacificador’ y Urabá en un modelo que todos querían replicar.
Pero el modelo estaba lejos de ser ejemplar. En los años que Rito Alejo estuvo al frente de la Brigada en Urabá, la guerra se recrudeció. Entre 1995 y 1997 en esta zona hubo 216 muertes por cada 100.000 habitantes, según un informe de la Vicepresidencia de la República. Los paramilitares lograron apoderarse de la región e imponer un régimen de terror excluyente y mafioso. Todas las empresas de la región, incluidas multinacionales como Chiquita Brands tuvieron que pagarles altas extorsiones para financiar a sus ejércitos privados. Desplazaron a miles de campesinos, robaron tierras, y el narcotráfico se apropió de una de las esquinas más estratégicas del país, que conecta los dos océanos. Acumularon mucho de ese poder gracias a la complacencia y la connivencia de los militares, que si bien no se inició, al parecer sí se exacerbó con el paso del ‘pacificador’ por la Brigada XVII.
Desde allí Rito Alejo del Río, con el apoyo de Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno de Antioquia, y del propio gobernador Álvaro Uribe Vélez, promovió abiertamente la conformación de las cooperativas de seguridad Convivir. El único problema es que, según se sabía en la época, y parece demostrado hoy, muchas de éstas pertenecían a los paramilitares. Pedro Hazbún, Antonio Peñuela, y otros paramilitares hoy desmovilizados fueron los líderes de las Convivir, que obraron apenas como fachadas para sus campañas de exterminio. "Todas las Convivir eran nuestras" ha dicho en su versión libre Éver Veloza, conocido como ‘H.H.’ y quien fue el jefe militar de Urabá, bajo órdenes directas de Carlos Castaño.
Como si fuera poco, algunas organizaciones de derechos humanos relacionan a la Brigada XVII comandada por Rito Alejo del Río con desapariciones forzadas. El Banco de Datos del Cinep en su libro Deuda con la Humanidad cuenta que Alcides Torres Arias y Ángel David Quintero fueron detenidos y llevados a las instalaciones de la Brigada XVII en diciembre de 1995. Muchos testigos vieron la captura, y los familiares alcanzaron a llegar a la guarnición militar donde esperaron en la puerta para saber de ellos. Jamás se volvió a saber de su paradero, a pesar de que Del Río afirmó que habían sido liberados.
Este episodio puede llegar a complicar aún más la situación del general puesto que la desaparición forzada es un crimen que no prescribe, y porque ‘H.H.’ ha reconocido, en su versión libre, que sacó a dos hombres de la guarnición militar y que luego los mató.
Las denuncias sobre operaciones y patrullajes conjuntos entre militares y paramilitares también son múltiples. Por un lado, subalternos del general Del Río han denunciado esta complicidad ante las autoridades. En febrero de 1999 un soldado que había prestado servicios en Urabá, Oswaldo de Jesús Giraldo, declaró ante la Procuraduría que los soldados eran obligados a patrullar y apoyar a los paramilitares y que con frecuencia los asesinatos de las autodefensas era ‘legalizados’ y presentados como muertos en combate. Giraldo fue asesinado y muchas organizaciones no tienen duda de que su muerte está vinculada con sus declaraciones.
Pero quizá el testimonio más poderoso contra el general Del Río fue el del coronel Carlos Alfonso Velásquez, quien siendo su segundo comandante se atrevió a denunciarlo ante sus superiores. Primero ante el general Manuel José Bonnet que había ido a inspeccionar a la Brigada, y luego ante el alto mando en Bogotá. Velásquez expresaba su preocupación porque Del Río no consideraba como una amenaza a los paramilitares y veía que claramente no tenía intención de combatirlos. Pero en lugar de ser escuchado, Velásquez fue vapuleado, sancionado severamente y finalmente separado de la institución.
Las denuncias de Velásquez y las de muchas organizaciones de la región le dieron la vuelta al mundo. Por ellas fue investigado y exonerado Del Río. La situación actual es que hay nuevos elementos que pueden revivir cargos en su contra por promoción de grupos paramilitares. En lo fundamental los testimonios de los jefes paramilitares ‘H.H.’ y Salvatore Mancuso. ‘H.H.’ ha sido contundente: "El general también debe responder por los hechos que ocurrieron cuando sus tropas patrullaban directamente con nosotros y cometieron delitos con nosotros", dijo en octubre del año pasado. También dijo que "el señor Rito Alejo se reunía con ‘Doble Cero’ y con Carlos Castaño, de quien era amigo personal". Aunque ‘H.H.’ no fue testigo de estas reuniones, Salvatore Mancuso sí admitió que se reunió con el general Del Río, Castaño y el ‘Alemán’ en la finca La 21, en San Pedro de Urabá, donde funcionaba la base principal de las AUC. Incluso Mancuso dice recordar que el general llegó con el uniforme camuflado pero en un helicóptero civil. Y agrega que en dicha reunión se habló sobre la expansión de los paramilitares.
Justamente la expansión de las autodefensas es un tema por el que el general Del Río deberá también responder. El año pasado la Fiscalía ordenó que se investigara la actuación de la Brigada XVII en la masacre de Mapiripán, Meta, ocurrida en julio de 1997. Como se sabe, hasta el sur del país llegaron 200 paramilitares que salieron de los aeropuertos de Necoclí y Apartadó en Urabá, que eran custodiados por el Ejército, y viajaron en aviones que generalmente les prestaban servicios a los militares. Llegaron a cometer una de las peores masacres de las que se tenga memoria y aunque se ha investigado a los militares que fueron cómplices cuando llegaron al Meta, apenas se empieza a analizar a quienes propiciaron su salida de Urabá, cuyo mando estaba en manos del general Del Río.
De la gloria a la cárcel
Aunque el general Rito Alejo del Río salió de Urabá en medio de aplausos por sus resultados en la lucha antisubversiva ese mismo año, exhibiendo en el pecho una condecoración que le otorgó el gobernador de Antioquia, su carrera estaba por terminar abruptamente. Tuvo un fugaz pero controvertido paso por la Brigada XIII con sede en Cundinamarca, pues su hombre de confianza y jefe de inteligencia, tanto en Urabá como en la Brigada XIII, era el coronel Alfonso Plazas Acevedo, quien resultó involucrado en el secuestro y asesinato del empresario Benjamín Khoudari, hecho que destapó una red de corrupción dentro de un sector militar, especialmente en el área de inteligencia. Rito Alejo logró sortear la crisis y seguir su carrera ascendente, pues pasó a convertirse en jefe de operaciones del Ejército, cargo que lo ponía muy cerca de ser comandante general del Ejército.
Pero para 1999 su situación era insostenible. En Estados Unidos estaba por aprobarse el programa de cooperación militar más ambicioso del continente para Colombia, pero el récord de violaciones de derechos humanos era un obstáculo enorme. En todos los informes del Departamento de Estado el nombre de Rito Alejo del Río se repetía sin cesar vinculado al de los paramilitares en múltiples violaciones de derechos humanos. El gobierno de Estados Unidos le canceló la visa Del Río y a otros generales, y en cuestión de días el entonces presidente Andrés Pastrana lo separó de las Fuerzas Armadas. Para entonces ya la Fiscalía tenía un grueso expediente que le dio paso a una tortuosa investigación judicial.
Pero no todo eran dardos contra el general. Inmediatamente se supo de su retiro un grupo de amigos, indignados, le hicieron un homenaje de desagravio en el Hotel Tequendama, que estuvo lleno hasta las banderas. Asistieron, entre otros, Fernando Londoño Hoyos, empresarios, ex ministros, líderes de opinión, y como orador principal estaba el ex gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez. En el acto hubo consenso entre los asistentes de que todo se debía a una campaña de las ONG, y a la guerra política de la guerrilla. Por eso la pancarta al fondo del salón rojo decía: ‘Somos el país que no se rinde’.
Las presiones sobre la Fiscalía y los testigos fueron inmensas. Por ejemplo, un ex concejal de Urabá, José de Jesús Germán, que le había ofrecido a la Fiscalía un testimonio sobre un asesinato que presumiblemente implicaba a Del Río, fue asesinado dos días antes de cumplir su cita con la justicia. Aun así en julio de 2001 la Fiscalía detuvo al general Rito Alejo del Río, en una decisión que causó gran revuelo. Una semana después la unidad de derechos humanos le dictó medida de aseguramiento, decisión duramente criticada por Luis Camilo Osorio, quien se acababa de posesionar como Fiscal General. Pero la detención duró poco. Un juez ordenó su libertad luego de atender un recurso de habeas corpus. El episodio generó una crisis dentro de la Fiscalía y la renuncia de varios funcionarios (ver recuadro). La investigación se estancó por mucho tiempo hasta que, en 2004, Osorio decidió precluir el proceso.
Mientras tanto Rito Alejo del Río, en uso de buen retiro, se había dedicado a las asesorías privadas. Durante el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe se convirtió en asesor del director del DAS Jorge Noguera. También se había lanzado como candidato al Senado, sin obtener los votos suficientes.
Sin embargo el nombre del general salió a relucir cada vez más en las versiones de los paramilitares. "¿Dónde está el pacificador de Urabá?" había dicho desafiante ‘H.H.’ hace pocas semanas. Al mismo tiempo, la Unidad de Derechos Humanos seguía adelante en la investigación por el asesinato de Marino López, el hombre que en Cacarica había sido decapitado y su cabeza convertida en balón de fútbol, y cada vez aparecían más testimonios que reforzaban la tesis de que este crimen se había cometido en el contexto de una operación conjunta de militares y paramilitares en el Urabá chocoano. Tan insostenible era la situación que la semana anterior la Procuraduría pidió que se rea-
briera el caso de Del Río. Hasta que a mediados de la semana pasada el fiscal 14 de la Unidad de Derechos Humanos expidió la orden de captura contra el general Rito Alejo del Río por el delito de homicidio en persona protegida.
Lo que se viene
"Si a mí me detienen no va a quedar títere con cabeza", le había dicho el general Del Río a un periodista, horas ante de su captura. Y es que con su expediente se abre un largo y seguramente doloroso capítulo de la verdad de la guerra: el estrecho vínculo que tuvo un ala importante e influyente de los militares, con los paramilitares.
Un general que pidió la reserva de su nombre dice que esta alianza se dio en muchos casos por corrupción, y en otros por ideología. Algunos altos oficiales terminaron involucrados con las autodefensas y el narcotráfico, por el dinero, por aparecer en sus nóminas y simplemente por mirar para otro lado. Otros, sencillamente porque creyeron que frente a la cruenta ofensiva de la guerrilla, que tenía desesperadas a varias regiones del país, era necesario hacer este tipo de alianzas. Pensaron, erróneamente, que los actos de los paramilitares, basados en la premisa de quitarle el agua al pez –acabar con la sociedad civil que le sirve de sustento a la insurgencia– les daría una ventaja militar, y los llevaría a ganar la guerra.
Para muchos colombianos, sobre todo quienes padecieron los embates de la violencia guerrillera, lo que sucedió en Urabá con Rito Alejo, y en muchas otras regiones del país, hay que mirarlo dentro del difícil contexto histórico de la época. Para ellos, son circunstancias de fuerza mayor ante un peligro inminente de fuerzas que podían desestabilizar al Estado.
Pero muy tarde, quizá, estos colombianos se dieron cuenta de que la connivencia del Estado con la ilegalidad destruye la legitimidad de las instituciones y que la alianza con los paramilitares, sólo les hizo perder terreno como Fuerzas Militares y alimentó un monstruo como el paramilitarismo que 10 años después puso en jaque al país. Esto le ocurrió no sólo a quienes actuaron de la mano con las autodefensas, sino a quienes actuaron como si éstas no existieran, mirando para otro lado.
Durante muchos años en sectores de los militares se enquistó el discurso de que la reivindicación de los derechos humanos, y las denuncias por sus violaciones, eran un obstáculo para ganar la guerra. Los rotundos éxitos recientes que han tenido las Fuerzas Militares en la lucha contra las Farc han demostrado todo lo contrario. Operaciones como Jaque, donde primó la inteligencia y el respeto a la integridad de los rehenes, o las capturas y desmovilizaciones de importantes jefes guerrilleros como ‘Martín Sombra’ o ‘Karina’, le han dado una ventaja estratégica a las Fuerzas Armadas, y les han hecho ganar el respeto y la confianza dentro y fuera del país.
Rito Alejo del Río simboliza de alguna forma el pasado de unas Fuerzas Militares que consideraron a los grupos de autodefensa un mal menor frente a lo que significaban las guerrillas. Una visión que aunque persiste en algunos sectores, está siendo superada por una nueva generación de oficiales que ha sentido en carne propia la presión internacional, y la necesidad de ganar las batallas sin perder la legitimidad.
Pero eso no quiere decir que lo que se viene no sea profundamente doloroso. A pesar de que los paramilitares han mencionado ya a más de 30 oficiales de las Fuerzas Armadas y de Policía, el capítulo de la alianza militar y paramilitar apenas comienza, y puede ser tan o más doloroso y difícil que el de la para-política. Obviamente en una institución tan numerosa en miembros como la castrense las cifras de implicados pueden resultar mucho mayores. Además, a diferencia del Congreso, los militares estuvieron durante muchos años por fuera del escrutinio público, protegidos por el fuero y por el secreto de guerra. Aspectos que se han flexibilizado mucho más.
Esta coyuntura puede resultar difícil para un país que aún está en guerra, pues los errores del Estado pueden ser capitalizados por sus enemigos, en este caso las Farc. Pero, por difícil que resulte, es necesario. Solamente sobre la base del reconocimiento de un pasado donde hubo grandes equívocos, se pueden sentar las bases de una cultura militar moderna, eficaz y civilizada.
Quizá el proceso contra Rito Alejo del Río se convierta en la oportunidad de hacer una catarsis, que redunde en un fortalecimiento de las instituciones.
La desgracia de los investigadores
Los fiscales que en 2001 trabajaron el proceso que llevó a la cárcel al general Rito Alejo del Río cayeron en desgracia. Todos los que tuvieron alguna participación importante salieron de la Fiscalía, algunos incluso se asilaron para garantizar su seguridad. Estos son los casos:
Pablo Elías González
Se desempeñaba como vicefiscal general. Cuando Osorio asumió la dirección del ente investigador lo retiró de su cargo. En diciembre de 2001 se asiló con toda su familia en Canadá. A su regreso en 2002 tuvo que recibir protección del Ministerio del Interior, pues el jefe paramilitar Carlos Castaño aseguró por un medio de comunicación que la Fiscalía "ahora sí era confiable, no como cuando estaban los fiscales González y Virgilio Hernández". La declaración se asumió como una amenaza cifrada y por ello se ordenó un esquema de protección.
Pedro Díaz Romero
Era coordinador de la Unidad de Derechos Humanos. El 9 de agosto de 2001 presentó su renuncia por "solicitud" del recién posesionado fiscal general Luis Camilo Osorio. Tras su salida tuvo que asilarse en Estados Unidos. En junio pasado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó restituirlo e indemnizarlo, pues se estableció que su renuncia no fue voluntaria sino que se debió a la presión de Osorio.
Virgilio Hernández
Coordinó la Unidad de Derechos Humanos, cuando arrancó la investigación contra el general Rito Alejo. Luego pasó a la unidad anticorrupción. Fue retirado de Fiscalía y tuvo que salir del país con protección de Estados Unidos.
Lucía Luna Prada
Fue la fiscal que recopiló un conjunto de declaraciones en las que se afirmaba que el general Rito Alejo del Río participó en la conformación de grupos paramilitares. El primero de agosto de 2001, tras valorar los testimonios, libró medida de aseguramiento contra el general. Fue destituida el 15 de diciembre y se vio obligada a irse para Canadá.
Fernando Niño
Dirigía la central de información del CTI y estuvo al frente de la detención del general Del Río. En diciembre de 2001 fue declarado insubsistente por motivos discrecionales de las directivas de la Fiscalía General. Actualmente está vinculado al sector privado.
[Fuente: Revista Semana, Bogotá, 07sep08]
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