Equipo Nizkor - Consideraciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil presentadas al Señor Chris Patten, Comisario de Relaciones Exteriores de la Unión Europea.

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DERECHOS

21ene04

Consideraciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil presentadas al Señor Chris Patten, Comisario de Relaciones Exteriores de la Unión Europea.

El Gobierno colombiano sigue caracterizándose por la ausencia de una política de derechos humanos y por la implementación de políticas opuestas a los mismos y contrarias a principios democráticos esenciales de las 24 recomendaciones hechas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Estado y en particular el Gobierno únicamente cumplen de manera parcial 7 de ellas e incumplen la mayoría (17 recomendaciones, incluyendo la creación de un grupo especial de la Fiscalía para investigar vínculos de la fuerza pública con fuerzas paramilitares y el hacer efectivo el sistema de alertas tempranas).
Aun más grave, en 10 de ellas se están tomando medidas abiertamente en contra de las mismas (incluyendo el otorgamiento de funciones judiciales a las fuerzas militares, el desconocimiento público del principio de distinción por parte del Presidente de la República y las declaraciones del Presidente estigmatizando y poniendo en peligro la labor de las ONG junto con la negación de una debida rectificación).
La reforma constitucional que otorga funciones judiciales a las fuerzas militares (detenciones, allanamientos e interceptación de comunicaciones sin orden judicial) fue aprobada y será reglamentada en el año 2004. Sin aplicar esta reforma aún, las detenciones masivas y las llamadas zonas de rehabilitación han generado graves violaciones a la libertad personal y al debido proceso creando condiciones que favorecen la arbitrariedad. Es previsible, entonces, que al aplicar la reforma constitucional estas arbitrariedades se incrementarán, quedarán encubiertas y en la impunidad.
Por orden Presidencial, se han desarrollado de manera sistemática capturas masivas que han generado amplias violaciones a la libertad personal y al debido proceso.
El Gobierno mantiene la pretensión de debilitar instituciones democráticas que proveen mecanismos y medios para proteger y desarrollar los derechos fundamentales de las personas y controlar los abusos estatales:
El Gobierno ha establecido como una de las prioridades para el 2004 impulsar la propuesta de reforma a la justicia, que recorta la acción de tutela y las funciones de la Corte Constitucional.
El Presidente se pronunció además a favor de una iniciativa que buscaba impedir el ejercicio de la competencia de la Procuraduría para investigar y sancionar faltas disciplinarias de miembros de la fuerza pública.
En el marco de su política de seguridad, el Gobierno continúa utilizando el conflicto armado para justificar acciones y políticas que contradicen abiertamente principios y normas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y afectan fundamentalmente a la población civil. Estas acciones están basadas en la negación expresa del principio de distinción [1], en la que se invierten las responsabilidades del Estado y la población civil: El Estado delega en los civiles una labor de defensa y protección que le es exclusiva, teniendo como resultado la militarización de la sociedad.
El Gobierno sigue pretendiendo incorporar a toda la población civil en una red de informantes al servicio de la fuerza pública. Informantes encapuchados se han utilizado en muchos casos para justificar detenciones masivas que han resultado en arbitrariedades y violaciones al debido proceso.
Continúa la aplicación del programa de soldados campesinos, en el cual se promueve la participación de los familiares en labores que corresponden al Estado, tales como el servir de informantes para la fuerza pública.
El gobierno continúa promoviendo proyectos que involucran a los civiles en el conflicto armado, como el proyecto de armas y municiones que les permite el uso de armas de guerra.

La situación de violaciones de derechos humanos y derecho humanitario continúa crítica. Algunos índices han disminuido relativamente, mientras otros han aumentado de manera preocupante. La situación de violaciones de derechos humanos y derecho humanitario continúa siendo muy crítica.
El promedio de homicidios y desapariciones forzadas por razones sociopolíticas se mantiene en casi 20 personas diarias (septiembre de 2003).
Se registra casi una víctima de tortura cada día, siendo este el promedio más alto presentado a lo largo de los últimos siete años (junio de 2003).
Se disparó el número de detenciones arbitrarias y violatorias del debido proceso. Durante el primer semestre de 2002 se registraban 192 detenciones arbitrarias. Entre julio de 2002 y junio de 2003 se registraron 4.362 violaciones de este tipo [2]. En muchas oportunidades las víctimas son líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos, sindicalistas o personal de salud.
El secuestro se redujo en los últimos dos años. Sin embargo, se mantiene un grave promedio de casi seis personas secuestradas diariamente (noviembre de 2003).
Desplazamiento forzado: hay una reducción en los registros tanto gubernamentales como no gubernamentales pero, se mantiene la crisis humanitaria. En promedio cada día 650 personas fueron obligadas a desplazarse entre enero y septiembre de 2003. Además, se agudizaron las restricciones al derecho a la libre circulación de la población civil y la persecución y discriminación contra la población desplazada. Las detenciones arbitrarias son una nueva causa de desplazamientos forzados.
Se registra una reducción importante en el número de violaciones al derecho a la vida contra sindicalistas. Sin embargo, durante el año 2003, por lo menos 65 sindicalistas fueron víctimas de violaciones al derecho a la vida. El Gobierno continúa realizando acciones para disolver los sindicatos e imposibilitar el ejercicio del derecho a la sindicación.
Se mantienen las violaciones al derecho a la vida de defensoras y defensores de derechos humanos (17 víctimas en el año 2002 y 16 en el año 2003).
Las violaciones al derecho a la vida contra niñas y niños por razones sociopolíticas se mantienen en un promedio de casi una víctima diaria (septiembre de 2003). Se sigue presentando también la utilización e involucramiento de niñas y niños en el conflicto armado por parte de todos los grupos combatientes.
No existe una política encaminada a erradicar la violencia intrafamiliar; la explotación sexual infantil; el trabajo infantil; el abandono; ni otras graves violaciones a los derechos de la infancia.
El promedio de una mujer muerta diariamente por razones sociopolíticas, se mantuvo (septiembre de 2003). No hay una política encaminada a erradicar la discriminación contra las mujeres. Por el contrario, se les imponen nuevas cargas como el servicio militar obligatorio, en un proyecto de ley que cursa en el Congreso. Las facultades otorgadas a las fuerzas militares para violar el derecho a la intimidad, seguramente las afectarán específicamente.
Se desconoce abiertamente el Convenio 169 de la OIT. Por consiguiente las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas han aumentado.
El Plan Nacional de Desarrollo prioriza el gasto militar y el pago de la deuda externa, al punto que el Presidente ha afirmado que "para la democracia es tan grave que su Estado no pague las deudas como que sus ciudadanos aguanten hambre por pagar las deudas". Se han continuado desmejorando los derechos y garantías en el mundo del trabajo. Se ha desmantelado la estructura de atención a la población desplazada.
De las cuatro recomendaciones de la OACNUDH dirigidas a grupos armados ilegales - guerrillas y paramilitares- (relativas a la protección de civiles y en general, al respeto por el DIH), todas se siguen incumpliendo de manera grave y sistemática por grupos guerrilleros y paramilitares que continúan cometiendo graves crímenes contra la población civil como secuestros, masacres, reclutamiento de menores y uso de minas antipersonales
Ausencia de política de paz integral y sostenible. El gobierno promueve un proceso de desmovilización que desconoce los derechos de las víctimas y la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación, garantiza la impunidad (inclusive de crímenes de lesa humanidad, y crímenes de guerra) y no ataca las bases estructurales del paramilitarismo
A pesar de la existencia de un proceso de negociación con grupos paramilitares, el Gobierno no ha establecido ningún mecanismo de verificación del cese de hostilidades (pactado hace más de un año). Los paramilitares han sido presuntos autores de más de 750 violaciones al derecho a la vida desde la iniciación de conversaciones con el gobierno el primero de diciembre de 2002.
Se promueve un proyecto de "alternatividad penal", que promueve la impunidad y no se fundamenta en la participación de las víctimas, el cual ha sido ampliamente criticado por la O.N.U. y por diversos sectores sociales como la Conferencia Episcopal Colombiana
El Gobierno no ha cumplido con la recomendación de la OACNUDH relacionada con la creación de un grupo especial de la Fiscalía para investigar vínculos de la fuerza pública con fuerzas paramilitares
Proceso de desmovilización de algunos grupos paramilitares sin garantía de investigaciones judiciales, verdad, justicia o reparación adecuada y sin prever medidas de desmantelamiento de las estructuras paramilitares.
Según informes de prensa, al menos 300 de las personas que se entregaron a las autoridades en el proceso de desmovilización habían sido incorporados hacía tres meses. Solamente cerca de un 15% de los desmovilizados entregaron armas, y estas no corresponden a los modelos automáticos usados por estos grupos. Los paramilitares desmovilizados fueron "reincorporados" a la vida civil después de únicamente tres semanas de "rehabilitación".
El promedio de homicidios y desapariciones cometidos por grupos paramilitares se mantiene en casi cinco personas diarias (enero - septiembre de 2003). El promedio diario de personas secuestradas por los grupos paramilitares se mantiene en una víctima cada dos días (noviembre de 2003).

Hostigamiento contra las ONG y organizaciones sociales
A pesar de una petición formal de las organizaciones invitadas a la pre-mesa de Londres, el Presidente se ha negado expresamente a rectificar las Declaraciones que emitió en contra de las ONG. Por el contrario, el Gobierno las ha ratificado argumentando que estas "son la expresión política del Primer Mandatario" y que estas se realizan "para servir de inspiración a los colombianos o simplemente, para crear una opinión pública de orden general de quien está llamado por el constituyente a dirigir o gobernar un país, o lo que es lo mismo, de quien simboliza la unidad nacional." Adicionalmente, se sigue incumpliendo la recomendación de la OACNUDH relativa a la revisión de archivos de inteligencia y la suspensión de funcionarios que pongan en peligro la labor de las ONG.
Desconocimiento de compromisos internacionales
El Gobierno ha hecho lo posible por negar, tergiversar y relativizar los compromisos internacionales que adquirió a través de los acuerdos que dieron lugar a la Declaración de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Abril 2003), y reiterados en la Declaración de Londres de la pre-mesa de donantes en Julio del 2003. El Gobierno también ha buscado evadir las obligaciones basadas en tratados internacionales de derechos humanos, a pesar de la prevalencia jurídica que les da la Constitución.
1. El Gobierno se negó a tomar medidas para retirar el proyecto de Acto Legislativo que otorga funciones judiciales a las fuerzas militares afirmando que no acepta la obligatoriedad de estas recomendaciones basadas en el requerimiento de las Naciones Unidas, "pues dicho argumento iría en contra de principios fundamentales consagrados en el artículo 9 de la Constitución Política, según los cuales, las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la soberanía nacional".
2. El ex asesor del Gobierno para la cooperación internacional afirmó en relación con los compromisos establecidos en la Declaración de Londres que:
"si hay compromisos no son del Gobierno". Además afirmó que la Declaración de Londres "es unilateral", y que los únicos compromisos son aquellos que son "el resultado de la política de Gobierno y no de la Declaración de Londres" [3].
3. El día 4 de Noviembre la entonces Ministra de Defensa en su intervención ante el Congreso afirmó que un delegado del Vicepresidente de la República había firmado de manera inconsulta dicha declaración, la cual no es un documento con rango jurídico. "Fue solo una declaración", añadió.[4]
4. En una mesa redonda realizada en Bruselas el 1º de diciembre de 2003 entre Gobiernos europeos, delegados de las Naciones Unidas, varias ONG y Francisco Santos, el Vicepresidente afirmó que su gobierno agradecía los buenos "consejos" de la OACNUDH, pero que es el Gobierno quien decide cuando acogen o no dichos consejos.
5. El 13 de diciembre, en una entrevista hecha por el periódico El Tiempo, ante la pregunta sobre si la Declaración de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU había sido consultada previamente, Carlos Franco (asesor de derechos humanos del Vicepresidente) afirmó: "Se consultan los términos, pero no puede entenderse como un compromiso."
Recomendaciones:
Solicitar al Gobierno tomar con la urgencia y prioridad que debe los compromisos derivados de la Declaración de Londres, que ha sido definida por los donantes como la agenda fundamental para la cooperación internacional.
Insistir en que las recomendaciones de la OACNUDH, así no se consideren literalmente como condiciones para la cooperación internacional, no solo son la manera legítima y especializada para implementar las obligaciones internacionales de Colombia, sino que su cumplimiento es definitivo para mejorar la situación crítica de derechos humanos. Además, insistir en que las recomendaciones sí son determinantes para definir qué tipo de apoyo se debe dar a Colombia y son fundamentales para evaluar la seriedad del compromiso del Gobierno colombiano ante los países donantes, ante las Naciones Unidas y ante la comunidad internacional en general.
Insistir en que los medios y prácticas estatales que contradicen las normas y principios internacionales de derechos humanos y de derecho humanitario debilitan al mismo Estado, desconocen los derechos fundamentales de las personas y socavan el Estado de Derecho. Aunque estos mecanismos antidemocráticos puedan mostrarse como la causa de la disminución a corto plazo de algunos índices de violencia y de una mejora en la seguridad para ciertos sectores, abonan el terreno para mayor violencia, mayores abusos y violaciones y cada vez menor legitimidad de las instituciones públicas, generando así mayor inestabilidad e inseguridad a mediano y largo plazo y obstaculizando la posibilidad de una solución sostenible al conflicto armado.
Tomar las medidas necesarias para garantizar que los proyectos que resulten de la cooperación internacional sean absolutamente consistentes con la totalidad de las recomendaciones de OACNUDH, estén dirigidos a promover una solución política negociada al conflicto armado, a respaldar el principio de distinción y a desarrollar proyectos de desarrollo humano sostenible. No deben dirigirse a apoyar procesos de desmovilización que promueven la impunidad y que desconocen los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Notas
[1] El Presidente ha expresamente afirmado que en Colombia toda la población civil es combatiente en contra de los terroristas, y que por lo tanto no cree en el principio de distinción. El principio de distinción es un principio fundamental de los derechos humanos, del derecho humanitario y de la democracia en el mundo.[Volver]
[2] Esta cifra es provisional y está sujeta a cambios después de consolidar la información. Muchos de estos casos corresponden a detenciones masivas en las cuales no hay información precisa sobre el número de detenidos; por lo tanto están en procesos de verificación.[Volver]
[3] Reunión con las ONG el 27 de Octubre en el Hotel Dann Carlton, Bogotá D.C..[Volver]
[4] (El Tiempo, Noviembre 5 de 2003, páginas 1-5).[Volver]
Bogotá, 21 de Enero de 2004

DH en Colombia
Este documento ha sido publicado el 11feb04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights