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21mar11
Un negocio turbio
La negociación con los grupos paramilitares fue un negocio turbio. Nueve años más tarde, no tenemos muy claro con quién se negoció ni qué se negoció. Sabemos pedazos: la muerte estuvo presente en la mesa de negociación, el narco se tomó la agenda, todos reclaman incumplimiento, nadie es responsable, y el chantaje y la muerte siguen rondando.
Ante la situación de crisis continua, gobierno y paramilitares lograron instalar un ambiente que tendía a que "cualquier cosa podía pasar". Y es, precisamente, esa inestabilidad la que le inyectó la irregularidad al proceso y bajo la cual se transó. La naturaleza soterrada de todo lo que pasó en clubes, hoteles, haciendas y en Ralito no sólo signó la negociación, sino que marcó todo lo que se desenvolvió a partir de la misma. La desmovilización no es ajena a esta dinámica.
El escándalo reciente sobre la falsa desmovilización de un supuesto frente de las Farc y las acusaciones del "pacificador" del gobierno pasado al ejército son suficientes para evidenciar un profundo malestar y la intromisión de intereses espurios en la desmovilización. Lo peor es que ésta no es la única desmovilización extraña. Algunos recordarán las imágenes de indígenas caucanos desmovilizándose como Autodefensas Campesinas de Ortega o la farsa de las desmovilizaciones de los bloques Héroes de Tolová y Libertadores del Sur.
Además de las falsas desmovilizaciones, es urgente revisar todo el proceso y depurar las listas de los desmovilizados sobre la base de un ejercicio técnico y público. El exministro Pretelt volvió a manifestar ayer que "las listas estaban infladas" y que él lo había advertido.
Lo cierto es que la desmovilización de las AUC fue un proceso calculadamente imperfecto e incompleto. Las ceremonias de desarme se utilizaron como recurso de inflación de la tropa y como dispositivo de escondite de personas y estructuras enteras. Algunas dinámicas observadas durante las desmovilizaciones deberían ser objeto de consideración por parte de las autoridades actuales con el fin de reorientar el proceso.
Primero, varios jóvenes no vinculados al conflicto fueron obligados o convencidos mediante estímulos a participar en las ceremonias de desarme. Por ejemplo, en el Magdalena Medio se documentó la oferta de hasta 500 mil pesos a quienes estuvieran dispuestos a presentarse en las ceremonias de desmovilización como miembros del grupo armado al que nunca habían pertenecido. De igual forma, situaciones de conscripción forzada para la desmovilización fueron documentadas en los departamentos de Vichada y Casanare, y en las ciudades de Medellín y Cartagena.
En relación con los desmovilizados, algunos grupos de combatientes no recibieron información sobre el proceso de desarme; en el momento de la concentración para la desmovilización, no sabían que se preparaban para entregar las armas. Después de participar en la ceremonia, siguiendo órdenes militares, volvieron a sus actividades bélicas.
Algunos de los desmovilizados reportaron haber recibido la orden de no entregar el arma o entregar una en desuso. Los hallazgos de caletas de armas pertenecientes a los paramilitares, en zonas rurales de sur de Bolívar y de Antioquia, confirmaron esta práctica.
Muchos combatientes se desmovilizaron en lugares ajenos a su área de operación, como mecanismo para ocultar responsabilidades. Esta práctica se detectó, particularmente, en relación con combatientes de los bloques Norte, Catatumbo y Calima. Además, mandos medios se desmovilizaron anónimamente como patrulleros.
Y, finalmente, en el proceso de identificación de los desmovilizados se usaron identidades falsas, incluyendo la utilización de cédulas de las personas que habían sido sus víctimas.
Aunque resulten traumáticos para las autoridades los recientes escándalos sobre falsas desmovilizaciones y ausencia de controles en el desarme de los combatientes, es positivo para el país que se tomen en serio estas denuncias y que se llegue al fondo del asunto. Si el gobierno quiere recuperar el interés público alrededor de los procesos de reinserción de combatientes, es hora de la verdad y de inyectarle transparencia al proceso.
[Fuente: Por Michael Reed, El Colombiano, Medellín, 21mar11]
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