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05abr11
La sombrilla legal de los paramilitares en Urabá
Cuando Vicente Castaño ordenó en 1997 la incursión de los paramilitares en la política, lo primero que hicieron fue crear movimientos o asociaciones que sirvieran de fachada para elegir a sus ‘fichas’ en alcaldías y concejos para luego infiltrarse en el Congreso.
Una de ellas fue la Asociación Comunitaria del Urabá y Córdoba (Asocomún), una organización que en el papel y a la vista de la comunidad ayudaba a los campesinos de la región con proyectos, pero que en realidad fue el medio utilizado por los paramilitares para elegir a sus políticos.
Así lo contó la Fiscalía 17 durante la más reciente de audiencia de control de legalidad contra Hébert Veloza alias ‘H.H.’, exjefe paramilitar del Bloque Bananeros que delinquió en los municipios de Turbo, Apartadó, Chigorodó y Mutatá en el Urabá antioqueño. “Tenemos elementos documentales que indican que gran parte de la financiación de las campañas se hacía por medio de esta asociación”, dijo la Fiscalía.
Según la Fiscalía, Asocomún administró un programa de erradicación de cultivos y administró dineros del programa Familias Guardabosques, iniciativas del Gobierno Nacional para pacificar el campo. Sin embargo, dijo un investigador de Justicia y Paz, los paramilitares les cobraban una cuota a los campesinos del dinero que recibían por trabajar en el proyecto de erradicación, para financiar las campañas de los candidatos de los paramilitares.
La persona encargada, según la fiscalía, de vigilar Asocomún fue Jairo Rendón Herrera alias ‘Germán Monsalve’, hermano de Fredy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’, el exjefe paramilitar del Bloque Élmer Cárdenas, encargado a su vez por la Casa Castaño de implementar el proyecto político paramilitar en el Urabá.
“Asocomún no fue una asociación de campesinos, sino el componente político del Bloque Élmer Cárdenas por medio de la cual se le cobró un porcentaje a los campesinos para fomentar el proyecto de ‘El Alemán’”, dijo alias H.H. a un magistrado de Justicia y Paz.
Votos a cambio de ‘micos’
Además de la financiación, la Fiscalía tiene indicios de que los políticos apoyados por los paramilitares les devolvieron el favor con proyectos en el Congreso. Es decir, promoviendo leyes que atendieran sus intereses. Según el organismo investigador, para el período 2002-2006 los exsenadores Humberto de Jesús Builes y Rubén Darío Quintero presentaron 26 proyectos de Ley.
Según la Fiscalía, Quintero, condenado a siete años y seis meses de prisión por vínculos con los paramilitares, presentó el Proyecto de Ley 68 de 2006 “Por medio del cual se le asignan funciones a los notarios”, que luego se convirtió en la Ley 1183 del 14 de octubre de 2008, que está vigente. La Ley reglamenta la titulación de tierras por medio de notarios de una forma que, para la Fiscalía, puede ser un indicio de la forma como se legalizó el despojo de tierras en el Urabá.
“Es curioso que en el artículo 5, la Ley solo establece tres puntos para legalizar tierras: la identificación del solicitante y su cónyuge, la identificación del inmueble y la declaración jurada del solicitante, diciendo que no hay procesos pendientes sobre la propiedad. Creemos que con resoluciones del Incoder, muchos se hicieron a tierras diciendo que eran baldías pero que en realidad eran de propiedad de campesinos que no tenían los títulos de éstas”, advirtió un investigador de Justicia y Paz.
En el reporte de víctimas, la Fiscalía 17 de Justicia y Paz tiene registrados en los municipios del Eje Bananero por lo menos 2.350 casos de despojo, con mayor intensidad en las tierras ubicadas alrededor del Golfo de Urabá.
Otro de los ejemplos citados por la Fiscalía fue el Proyecto de Ley 099 de 2004 presentado por el exsenador Humberto de Jesús Builes, condenado a 90 meses de prisión por nexos con los paramilitares. Aunque el proyecto terminó archivado, la iniciativa “por el cual se autoriza la prestación del servicio de transporte público terrestre en la modalidad de mototaxi y se dictan otras disposiciones”, otro indicio de los intereses de los paramilitares en este servicio de transporte que es ilegal en varias ciudades del país.
“El tema de los mototaxistas en el Urabá fue uno de los compromisos del Bloque Élmer Cárdenas. Alias ‘El Alemán’ decía que los desmovilizados debían trabajar en el mototaxismo. El norte del Urabá y Necoclí son dos zonas inundadas por este tipo de transporte”, dijo el investigador.
Aunque la Fiscalía aclaró que todavía no tiene certeza de que todos los proyectos presentados por los ‘parapolíticos’ atendieron las solicitudes de los paramilitares, un grupo de analistas estudia los 26 proyectos presentados por los exsenadores así como un paquete de 52 proyectos presentado por los llamados ‘Cuatrillizos’, Manuel Darío Ávila, Jesús Doval, Estanislao Ortiz y César Andrade, los expresentantes apoyados por ‘El Alemán’ que se rotaron la curul en la Cámara entre 2002 y 2006, y que fueron capturados en septiembre de 2010.
Aunque la Fiscalía dijo que ‘H.H.’ ha colaborado con Justicia y Paz, cree que pudo haber un pacto entre algunos exjefes paramilitares para guardar silencio sobre el tema de tierras. La Fiscalía se refirió a El Alemán’, que solo habló del tema cuando ‘H.H.’ empezó a contar cómo los paramilitares desplazaron a campesinos y se quedaron con las mejores tierras. También mencionó a alias ‘René’, exjefe paramilitar del Bloque Suroeste de Antioquia, y a alias ‘Memín’, exjefe paramilitar del Bloque Noroccidental de Antioquia, que no quisieron participar de Justicia y Paz, y que eran clave para conocer la sistematicidad del despojo.
“Vemos con preocupación que quienes fueron ‘Promotores de Desarrollo Social’ (los comisarios políticos formados por los paramilitares para promover la candidatura de sus fichas) se están retractando en los juicios que lleva la Corte por ‘parapolítica’”, señaló la Fiscalía.
La audiencia de control de legalidad contra alias ‘H.H.’, una etapa del proceso judicial antes de dictar sentencia, se extenderá hasta el 7 de abril de 2011.
[Fuente: Verdad Abierta, Bogotá, 05abr11]
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